Sentencia 12956 de mayo 18 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

DESPIDO COLECTIVO DE TRABAJADORES

LA AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO LO HACE EFICAZ

EXTRACTOS: «Dada su finalidad, el cargo no puede prosperar, toda vez que la Corte, al resolver las demandas de otros trabajadores afectados por el mismo licenciamiento de personal, ha definido que en estos casos, como en el de los trabajadores amparados por el numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, no opera la estabilidad laboral cuando se trata de despidos colectivos debidamente autorizados por el Ministerio el Trabajo y Seguridad Social.

En aquellos procesos similares al que ocupa la atención de la Sala esta vez, la Corte ha encontrado improcedente la acción de reintegro bajo la consideración de que el diligenciamiento ante el Ministerio de Trabajo del permiso para el despido masivo de trabajadores es un trámite legal que prevalece sobre lo pactado en la convención colectiva con respecto a la estabilidad, preceptos que no pueden tener operancia frente a la autorización, pues ello haría nugatoria la figura del despido colectivo autorizado e inanes sus efectos perseguidos y previstos por la ley. Ha interpretado esta Sala que el permiso otorgado expresa el reconocimiento del Estado de haber comprobado que existe para el empleador alguno de los motivos calificados en la ley, que le permite efectuar despidos de trabajadores en los porcentajes que al efecto señala el artículo 67 de la Ley 50 de 1990, por no poder continuar los contratos de trabajo. De lo contrario carecería de sentido que el patrono solicitara el permiso ajustándose a los requisitos que contemplan los preceptos legales, “pues el despido previamente autorizado y el que no lo fue tendrían la misma consecuencia, esto es, quedarían sin efecto, lo que resulta contrario a la interpretación lógica y sistemática de las normas que regulan la institución, que obliga a entender que la autorización regularmente expedida por el Ministerio de Trabajo tiene precisamente la virtud de hacerle producir plenos efectos a los despidos colectivos, que de otra manera resultarían ineficaces, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 40 del Decreto 2351 de 1965 y 39 y 40 del Decreto Reglamentario 1469 de 1978”.

Como en casos anteriores resueltos por esta Sala de la Corte, aquí no se discute que Avianca solicitó y obtuvo permiso del Ministerio de Trabajo, mediante la Resolución 002 de 1993, para despedir a 567 trabajadores por razones económicas y financieras, la cual quedó en firme luego de que fueran resueltos los recursos de reposición y apelación por medio de las resoluciones 11 y 2689 de 1993, respectivamente, decisiones administrativas en las que se dijo que la autorización concedida no levanta fueros sindicales ni exime de la obligación indemnizatoria que corresponde por ley.

(...).

Se funda el recurrente en su interpretación particular de que el artículo 67 de la Ley 50 de 1990 no consagra la posibilidad de que se autorice el despido del personal antiguo; por tanto que, a su juicio, aun cuando exista la autorización del Ministerio de Trabajo para el despido masivo de trabajadores, éste no puede recaer sobre trabajadores con derecho al reintegro consagrado en el numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, ni con estabilidad lograda mediante la negociación colectiva. Vale decir que, para la censura, lo previsto en el mencionado artículo 67 no se aplica a aquellas empresas que han estipulado la estabilidad laboral para todos sus servidores.

No obstante, como bien lo señala el propio recurrente, el fallador no puede hacerle decir a la ley aquello que no establece; y el artículo 67 de la Ley 50 de 1990, que fundó la autorización dada con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a la empresa Avianca para el despido masivo de 567 de sus trabajadores, no excluye a empleador alguno. De ahí que para la hermenéutica de esta disposición el tribunal se remitió a lo expresado por ésta Sala de la Corte al examinar y decidir otros procesos de trabajadores cuya desvinculación tuvo el mismo origen y esa posición doctrinaria es la de la Corte y ha sustentado la absolución de la misma demandada al decidir los procesos de otros trabajadores que fueron despedidos por la misma causa del demandante.

En sentencia del 29 de enero de 1997, con radicación Nº 9187 y previa la consideración de que Avianca obtuvo permiso para despedir a 567 de sus trabajadores expresó esta Sala: “...sin que fuera indispensable la identificación de los afectados por dicha medida, dado que la ley no contempla esta exigencia para la empleadora al momento de formular la petición, ni para la autoridad administrativa resolverla”. Se dijo que si resolución administrativa no eximía a la empresa de “dar cumplimiento a los trámites legales y convencionales vigentes”, también es claro que de ninguna manera estaba condicionado el despido colectivo a los trámites consagrados en la cláusula 6ª de la convención colectiva para despedir por justa causa, “pues de un lado, las consideraciones no tratan el tema, y, de otro, porque resultaría un contrasentido que, mientras se estaba facultando a la empresa para el despido colectivo se le estuviera restringiendo a hacerlo individualmente”. Agrega: “Igual razonamiento, resulta, luego de analizar la cláusula 7ª que prohíbe la terminación de los contratos de trabajo sin justa causa, cuando el trabajador tenga ocho años o más de servicios continuos y que en caso contrario debe darse aplicación al artículo 8º del Decreto 2351 de 1965...”.

Por tanto, no es que exista contradicción entre los artículos 67 de la Ley 50 de 1990 y el 8º del Decreto 2351 de 1965, sino que estas normas se complementan, permitiendo la primera recurrir a obtener el permiso administrativo cuando el empleador se halle en la imperiosa necesidad de disminuir su personal sin que la estabilidad consagrada legal o convencionalmente constituya camisa de fuerza que le impida actuar legalmente ante las eventualidades previstas en el aludido precepto.

Significa lo dicho que, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial transcrita aún vigente, ante la inexistencia de razones que conduzcan a su rectificación, tampoco prospera el segundo cargo».

(Sentencia de casación, mayo 18 de 2000. Radicación 12.956. Magistrado Ponente: Dr. Luis Gonzalo Toro Correa).

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