Sentencia 12963 de febrero 18 de 2000 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

VINCULACIÓN AL PROCESO DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE

NOTIFICACIÓN PERSONAL O POR CONDUCTA CONCLUYENTE

EXTRACTOS: «El segundo inciso del artículo 44 del Código de Procedimiento Penal establece que los llamados a responder de acuerdo con la ley sustancial, como es el caso del tercero civilmente responsable, deben ser notificados personalmente del auto admisorio de la demanda. Eso significa que para la vinculación al proceso de dicho sujeto procesal no basta el proferimiento de la decisión ordenándola, sino que se hace indispensable notificársela en la forma anotada. A partir de que esto último suceda adquiere la calidad de parte y naturalmente puede intervenir en el proceso para ejercer el derecho de controversia.

Si la ley impone la notificación personal al tercero vinculado, eso significa que el funcionario judicial debe proceder a citarlo a través de un medio expedito para el fin indicado en el artículo 189 del Código de Procedimiento Penal. Obviamente a condición de que su dirección sea conocida. Y si citada la persona se niega a concurrir impidiendo de tal manera la notificación personal, el mecanismo supletorio de ésta —a falta de norma en el Código de Procedimiento Penal que lo consagre— es, por virtud del principio de integración, el previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. Y se aplicará el 318 del mismo código en el evento señalado en el primer inciso de la norma, es decir cuando el interesado en la notificación personal exprese “... que ignora la habitación y el lugar de trabajo de quien debe ser notificado personalmente y que éste no figura en el directorio telefónico, o que se encuentra ausente y no conoce su paradero...”.

En los dos casos la vinculación del tercero responsable finalmente se logra, si no concurre a la notificación personal, con la designación de un abogado de oficio para que lo represente y con quien quedan garantizados sus derechos de parte.

Está de acuerdo la Sala con la idea de que la notificación por estado no suple la personal dispuesta por la ley para la vinculación del tercero. Aunque el artículo 190 del Código de Procedimiento Penal establece la notificación por estado en aquellos casos en que no fuere posible la notificación personal, dicha hipótesis opera frente a los sujetos procesales y es claro que para el momento que se examina dicha calidad todavía no ha sido adquirida por la persona natural o jurídica cuya vinculación al proceso ha sido ordenada.

En el caso propuesto la vinculación como tercero civilmente responsable de Cootranshuila Ltda. se produjo por solicitud expresa de la apoderada de la parte civil y fue ordenada por la Fiscalía el 8 de agosto de 1994 (fl. 43 c. de acción civil). Se ordenó en la misma providencia su notificación personal al representante legal de la compañía y la secretaría —según informe de agosto 10/94— dejó constancia del envío del respectivo telegrama al gerente (fl. 45 vto. del c. citado). Éste no concurrió al acto de notificación personal, la resolución se notificó por estado y de dicha manera se continuó con la actuación.

Si se tiene en cuenta que el 27 de octubre siguiente el fiscal a cargo del caso decidió (negando) una petición de embargo y secuestro de bienes de Cootranshuila y que en dicha determinación se refirió a la persona jurídica como parte, es porque la estimaba vinculada. Sin embargo, de acuerdo con lo dicho en precedencia, la notificación personal (o la supletoria) no habían tenido lugar, por lo que en realidad la vinculación del tercero no se había producido.

El 15 de diciembre de 1994, sin embargo, se produjo un hecho que a criterio de la Corte originó un cambio fundamental en la situación de la sociedad de personas demandada. Fue el ingreso al expediente del poder que le otorgó el gerente de la Cooperativa de Transportadores del Huila Ltda., al abogado aquí recurrente, quien en la fecha anotada lo presentó personalmente ante la Fiscalía. El mismo está obrante a folio 56 del cuaderno de la acción civil y se trata de un mandato especial al profesional “... para que represente a la cooperativa en el proceso..., en el cual ha sido llamada con el carácter de tercero civilmente responsable”.

Dicha circunstancia fue convalidante del defecto formal en la notificación del auto admisorio de la demanda. A través de dicho poder el representante legal de la persona jurídica se dio por enterado de la vinculación de la compañía como tercero civilmente responsable. Y se trató evidentemente de un acto objetivado en el poder que traduce el conocimiento de la decisión, es decir el mismo propósito perseguido con la notificación personal. Con la presentación del poder, entonces, se produjo un típico caso de notificación por conducta concluyente, que está autorizada por la ley procesal penal como forma de notificación y mecanismo rectificador de notificaciones no realizadas o realizadas irregularmente.

El auto admisorio de la demanda, entonces, se entiende que quedó notificado con la presentación del poder y a partir de tal fecha Cootranshuila adquirió la calidad de sujeto procesal, quedó legalmente vinculada al proceso penal, surgiendo desde el mismo momento para la compañía la posibilidad de intervenir en el proceso con la totalidad de derechos que como parte le correspondían en defensa de sus intereses.

Si se tiene en cuenta que la Sala ha sostenido en diferentes oportunidades que la vinculación del tercero responsable debe producirse hasta cuando el expediente se deja a disposición de los sujetos procesales en cumplimiento del artículo 446 del Código de Procedimiento Penal, para darle la oportunidad de solicitar o presentar pruebas tendientes a controvertir los cargos que se realizan en su contra, es claro en el evento examinado que la vinculación de Cootranshuila Ltda. se produjo oportunamente.

No cabe discusión, entonces, sobre la vinculación como parte de la compañía mencionada. La misma, como se dijo, se produjo legalmente, fue oportuna y el gerente de la firma le confirió poder a un abogado para que asumiera su representación. Y para la Sala es claro que con la presentación del poder dicho profesional podía actuar de inmediato, sin que se hiciera necesario su reconocimiento. Pero ni siquiera solicitó copias del proceso y decidió marginarse de la controversia hasta la audiencia pública, en la cual presentó alegato de fondo.

El derecho de defensa en tales circunstancias estuvo garantizado, no siendo de recito el reclamo del apoderado consistente en que no pudo actuar porque no se le reconoció personería. De hecho, como puede constatarse en el acta de audiencia, actuó en dicha diligencia sin impedimento o dificultad de ninguna naturaleza. Es que la facultad para intervenir en el proceso en representación de Cootranshuila se derivaba del mandato y no del reconocimiento judicial de personería. Pero si pensaba que lo requería lo cierto es que nunca lo reclamó del instructor o del juzgador, siendo evidente, además, que en ningún momento dentro del proceso se produjo el más mínimo acto de la autoridad judicial que le impidiera intervenir en representación de su poderdante. Este hecho traducía, por ende, un reconocimiento tácito y mal se puede ahora plantear, cuando la falta de actividad del profesional fue manifiesta, que una simple informalidad a todas luces intrascendente tenga la virtud de socavar la estructura del proceso en lo que al tercero civilmente responsable se refiere.

Quiere señalar la Sala que el defensor del sindicado, sin que exista razón para no aplicar la regla al tercero responsable, puede actuar “... a partir del momento en que presente el respectivo poder...” y sólo por estar irregularmente conferido el funcionario judicial lo podrá rechazar dentro de los tres días siguientes a su presentación (CPP, art. 142).

Así las cosas, la irregularidad planteada por el censor no tuvo ocurrencia, por lo que el cargo de nulidad elevado no está llamado a prosperar».

(...)