INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS EN EL PROCESO PENAL

TAMBIÉN FAVORECE A QUIENES NO SE CONSTITUYERON COMO PARTE CIVIL

EXTRACTOS: «Cargo 3º. (Subsidiario). Está apoyado en la causal 2ª de casación prevista en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, es decir en la inconsonancia de la sentencia con los hechos y pretensiones de demanda de parte civil. El ataque se refiere a los dos aspectos siguientes:

a) Que en contravía del artículo 305 del Código de Procedimiento Penal resultaron beneficiadas con la condena de perjuicios personas que no se constituyeron en parte civil dentro del proceso. Como tales personas no aparecen en el libelo como demandantes y resultaron favorecidas con indemnización de perjuicios, no resultó congruente la sentencia con las pretensiones de la demanda.

b) Que las pretensiones de la demanda formulada por Samuel Salamanca Otero y Graciela Farfán de Losada no son consonantes con las disposiciones del fallo.

Sobre el primer punto, la Corte empieza por señalar que la circunstancia de que el Procedimiento Penal disponga que cuando la casación tiene como único objeto lo referente a la indemnización de perjuicios decretados en la sentencia condenatoria se debe acudir a las causales y a la cuantía para recurrir establecidas en la casación civil, ello en manera alguna traduce que sean las reglas del proceso civil exclusivamente las que rigen el problema indemnizatorio en el proceso penal.

El numeral 1º del artículo 250 de la Constitución Nacional establece como atribución de la Fiscalía General de la Nación “...tomar las medidas necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indenmización de los perjuicios ocasionados con el delito”. Acorde con dicha disposición constitucional, el artículo 334 del Código de Procedimiento Penal relaciona como objeto de la investigación criminal la determinación de “los daños y perjuicios de orden moral y material que causó el hecho punible”.

Tanto la Constitución como la ley, entonces, le imponen al funcionario judicial como deberes la recaudación de medios de prueba orientados a la demostración de los perjuicios y la adopción de las medidas que sean del caso para garantizar su efectivo resarcimiento. No se trata, en consecuencia, como es fácilmente identificable, de una actividad de la justicia penal condicionada a pedido de parte interesada y ello hace una enorme diferencia con las reglas aplicables a casos de responsabilidad civil —contractual o extracontractual— en el proceso civil:

No obstante dichos deberes oficiosos de la jurisdicción penal, la ley autoriza a los perjudicados con el delito a ejercitar la acción indemnizatoria dentro del mismo proceso penal o por fuera de él. En este último caso, probado que el ofendido promovió independientemente la acción civil, el juez penal se abstendrá de imponer condena al pago de daños y perjuicios. La Sala quiere precisar, sin embargo, que la no imposición de dicha condena, de ser varios los perjudicados con el hecho punible, únicamente opera frente a quien decidió la pretensión de perjuicios por fuera delproceso penal. No frente a los demás que no lo hicieron, independientemente de que se hayan constituido o no en parte civil.

Ahora bien, si son varios los perjudicados con el hecho y sólo alguno o algunos de ellos deciden ejercitar la acción civil al interior del proceso penal, no existe razón para variar la lógica antes anotada. Siendo deber oficioso del funcionario judicial establecer los perjuicios y obviamente identificar los perjudicados con el delito, y del juez en particular decretarlos en la sentencia condenatoria, como se le impone en los artículos 55 y 180-8 del Código de Procedimiento Penal cuando el delito los haya originado, resulta absurdo afirmar que por el hecho de que alguno de los perjudicados con el delito haya decidido constituirse en parte civil, los demás no puedan ser cobijados por la sentencia.

El censor, en consecuencia, no tiene razón. Los juzgadores, al reconocer como perjudicados con los delitos a los hijos de los occisos, no hicieron otra cosa que cumplir con el imperativo legal señalado en el artículo 55 del Código de Procedimiento Penal. No era necesario, como quedó demostrado, que los mismos figuraran en la demanda presentada por Samuel Salamanca y Graciela Farfán o que hubieran presentado la suya, para que en su favor el juez decretara el pago de los respectivos perjuicios que se les ocasionaron por razón de la muerte de sus parientes. Se trató, se repite, de una actividad oficiosa de la jurisdicción penal (y no de un invento del juzgador como lo arguye el . casacionista), expresamente prevista por la Constitución y la ley.

Significa lo dicho, si son varios los perjudicados con el hecho punible, que el contenido de la demanda de quienes decidan hacerse parte en el proceso no tiene por qué ser comparado con los pronunciamientos que decreten perjuicios en favor de las personas no demandantes. En hipótesis así, entonces, resulta absurdo proponer una inconsonancia entre una demanda y unas declaraciones judiciales carentes por completo de cualquier vínculo que fue precisamente lo que hizo el censor.

Los hechos y las pretensiones de la demanda de constitución de parte civil, esto es otra cosa, deben estar en consonancia con el pronunciamiento del juez que la decide. El ejercicio de la acción indemnizatoria supone la presentación de la demanda y ésta debe cumplir con los requisitos que establece el artículo 46 del Código de Procedimiento Penal, debiendo ser inadmitida si no los satisface (art. 49). Si entre las exigencias de contenido del libelo se establecen el señalamiento de los hechos causantes de los daños y perjuicios, así como la determinación de éstos “...y la cuantía en que se estima la indemnización de los mismos...”, es porque con fundamento en dichos hechos y pretensiones debe producirse la sentencia, sin que le sea dable al juez fallar más allá o por fuera de lo pedido.

Para el censor —éste es el segundo aspecto del cargo examinado—, lo decidido por el tribunal no corresponde a las pretensiones de la parte civil, las cuales estuvieron limitadas “a solicitar la represión punitiva del procesado y a la solicitud de medidas de cautela con ánimo de mortificación y retribución punitiva”.

Aunque transcribe el capítulo de las pretensiones de la demanda y en él no aparecen determinados ni cuantificados los perjuicios, deja de referirse al resto de ella. Si lo hubiera hecho se habría quedado sin piso su reclamo. Los hechos de la misma corresponden a los que tuvo en cuenta el fallador para decidir sobre los perjuicios. El libelista, además, detalló quiénes eran las víctimas, sus edades, ocupaciones, ingresos mensuales, estado de salud y edad de vida probable; frente a cada delito de homicidio demandó unos perjuicios materiales concretos y solicitó la indemnización máxima prevista en el artículo 106 del Código Penal por concepto de perjuicios morales. Así las cosas, como se ve, no es cierto el presupuesto del ataque y entonces es evidente que no puede prosperar, encontrándose la Sala imposibilitada para el examen de congruencia entre el fallo y la demanda desde cualquier otra óptica no planteada por el casacionista, ya que ello significaría transgredir el principio de limitación que rige en materia de casación. En conclusión, ninguno de los cargos prospera y por lo tanto no se casara la sentencia».

(Sentencia de casación, febrero 18 de 2000. Radicación 12.963. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar).

_________________________________