Sentencia 1299-07 de agosto 21 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Ref.: Expediente110010325000200700063 00

Número interno: 1299-07

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Decretos del gobierno

Actor: Jairo Villegas Arbeláez

Bogotá, D.C., agosto veintiuno de dos mil ocho.

Decide la Sala el recurso de reposición interpuesto por las demandadas - ministerios de Hacienda y Crédito Público y del Interior y de Justicia contra el auto de septiembre 13 de 2007 proferido por esta Sección, mediante el cual admitió la demanda y decretó la suspensión provisional que en ejercicio de la acción de simple nulidad solicitó el señor Jairo Villegas Arbeláez.

El auto repuesto

Mediante auto de 13 de septiembre de 2007 esta Sección admitió la demanda y decretó la suspensión provisional del artículo 4º del Decreto 2305 de 1938 por medio del cual se reforma el Decreto 586 de 1934, reglamentario de la Ley 45 de 1933, sobre la caja de auxilio y recompensas de la Imprenta Nacional; por considerar que del cotejo normativo entre el acto parcialmente acusado y la norma citada como infringida aparece la flagrante vulneración que exige el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo.

La reposición

Los ministerios de Hacienda y Crédito Público y del Interior y de Justicia —como parte demandada— interpusieron recurso de reposición contra el anterior proveído (fls. 33 a 35 y 41 a 47), respectivamente.

Manifestó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que el acto demandado es fruto de la legítima y constitucional potestad reglamentaria del Gobierno Nacional, teniendo este la facultad no solo de desarrollar las leyes y normas de mayor jerarquía, sino como en este caso, de dar luces y aclarar las normas, de tal manera que su aplicación corresponda al espíritu que el legislador quiso imprimirle.

Sostuvo que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre la legalidad y constitucionalidad de normas relativas a las recompensas, pudiendo extraer de sus consideraciones a lo que se intentaba llegar con la expedición del decreto demandado: “... Toca a la ley estatuir sobre principios, dar reglas amplias y generales; la labor de detalle para la cumplida ejecución de la ley, corresponde al órgano ejecutivo por medio de los llamados decretos reglamentarios que han de dictarse, teniendo en cuenta que la misión fundamental de este es asegurar la ejecución de la ley, pero no elaborarla”.

Por su parte el Ministerio del Interior y de Justicia sostuvo que una interpretación sistemática de la ley junto con el acto que la reglamenta, permite inferir que la acumulación de tiempo consagrada en el artículo 5º de la Ley 45 de 1933, no ha sido desconocida, modificada o vulnerada por el artículo 4º del acto acusado, sino que es ratificada con el acto reglamentario al establecer que dicha acumulación es perfectamente aplicable y válida para obtener la recompensa siguiente en la escala definida en el artículo 4º de la Ley 45 de 1933.

Para resolver se

Considera

Análisis de la Sala

El acto parcialmente acusado, es el Decreto 2305 de 1938 que en su artículo 4º reforma el Decreto 586 de 1934 reglamentario de la Ley 45 de 1933, relacionado con los auxilios y recompensas de la Imprenta Nacional, en el sentido de que el tiempo de servicio es acumulable, caso en el cual, debe descontarse de la suma que se vaya a reconocer la que se haya dado por la recompensa anterior.

La ley reglamentada, es decir, la Ley 45 de 1933, al respecto estableció un tiempo de servicio determinado para el otorgamiento de la recompensa, como es, por 10 años de servicio 6 meses de sueldo, por 15 años de servicio 12 meses de sueldo, por 20 años de servicio 18 meses de sueldo y, por más de 20 años de servicio 24 meses de sueldo.

Al establecer el Decreto 2305 de 1938 en su artículo 4º una acumulación de tiempo de servicio impreciso y crear un descuento no previsto en dicha ley, este incurre en franca y manifiesta violación de aquella, toda vez que si el legislador fijó un periodo de servicio a la entidad —Imprenta Nacional— para tener como recompensa determinados meses de sueldo, de acuerdo al tiempo laborado; no era necesario que el acto parcialmente acusado, creara una situación distinta a la establecida en la Ley 45 de 1933.

En conclusión, se reitera, como se dijo en el auto recurrido, del cotejo normativo entre el acto parcialmente acusado y la norma citada como infringida aparece la flagrante vulneración que exige el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

RESUELVE:

No reponer el auto de septiembre 13 de 2007 proferido por esta Sección, mediante el cual admitió la demanda y decretó la suspensión provisional que en ejercicio de la acción de simple nulidad solicitó el señor Jairo Villegas Arbeláez.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

Magistrados: Bertha Lucía Ramírez de Páez—Jesús María Lemos Bustamante—Gustavo Gómez Aranguren—Gerardo Arenas Monsalve—Alfonso María Vargas Rincón.

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