Sentencia 13 de febrero 12 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PLENA DE CASACIÓN LABORAL

ACTOS DE CARÁCTER GENERAL

NO TIENEN ACCIÓN DE TUTELA

Magistrado Ponente:

Dr. Rafael Baquero Herrera

Rad. 013

Santafé de Bogotá, D.C., doce de febrero de mil novecientos noventa y dos.

Se decide la impugnación interpuesta oportunamente por Francisco J. Peñaloza Castro, en su condición de Alcalde Mayor de Ibagué, contra el fallo de fecha 13 de diciembre de 1991, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, que ordenó tutelar el derecho al trabajo de Jorge Luis Arcila González.

I. Antecedentes

a) El Alcalde de Ibagué, en desarrollo de los artículos 63 de la Codificación Nacional y 6º de la Ley 9ª de 1989, dictó el Decreto Número 742 de 1991 mediante el cual prohibió la instalación de ventas callejeras y revocó los permisos otorgados con anterioridad para la ocupación del espacio público, excepción hecha de las ventas estacionarias que estén ancladas, tengan permiso de la administración y aparezcan en el censo oficial, elaborado con destino al proyecto de reubicación de vendedores estacionarios en la zona centro de la ciudad.

b) El solicitante consideró que el Alcalde de Ibagué carecía de competencia por cuanto la función de protección del espacio público era atribución exclusiva del Concejo Municipal.

c) Con fundamento en lo anterior, el peticionario solicitó al Tribunal Superior de Ibagué la suspensión del mencionado decreto por violación del derecho fundamental al trabajo que consagra el artículo 25 de la Constitución Nacional.

d) El Tribunal Superior de Ibagué —Sala Laboral— acogió la petición propuesta por el actor y en providencia de 13 de diciembre de 1991 dispuso acceder a la tutela reclamada.

e) La mencionada decisión fue impugnada por el representante legal del municipio de Ibagué quien considera que la acción de tutela en este caso es improcedente con fundamento en estas razones: 1ª El acto administrativo contenido en el Decreto 742 de 1991 tiene carácter general, impersonal y abstracto; 2ª El peticionario carece de interés jurídico para el ejercicio de esta acción; 3ª El aludido acto es susceptible de anulación por la jurisdicción contencioso administrativa; y, 4ª El interés público prevalece sobre el individual.

f) El Tribunal Superior de Ibagué remitió a esta Sala de la Corte el expediente para tramitar y decidir la impugnación.

II. Consideraciones de la Corte

1. La acción de tutela propuesta tiene su origen inmediato en el Decreto 742 de 1991, expedido por el Alcalde Mayor de Ibagué, el cual es del siguiente tenor:

“DECRETO NÚMERO 742 DE 1991

(Diciembre 4)

Por medio del cual se dictan normas para la ocupación del espacio público por parte de los vendedores ambulantes.

El Alcalde de Ibagué,

en uso de sus atribuciones legales, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 63 de la Constitución Nacional y el artículo 6º de la Ley 9ª de 1989 “Los parques y zonas verdes que tengan el carácter de bienes de uso público, así como las vías públicas no podrán ser encerradas en forma tal que prive a la ciudadanía de su uso, goce, disfrute visual y libre tránsito”.

Que en los últimos días se ha visto un crecimiento descontrolado en el número de vendedores informales que ocupan el espacio público.

Que dichos vendedores impiden la correcta movilización de peatones y vehículos ocasionando conflictos y haciendo que aumente el riesgo de accidentes en las vías del centro.

Que la ciudad presenta un alto grado de deterioro físico espacial, que va en detrimento de los intereses de la ciudadanía en general,

DECRETA:

ART. 1º—Prohíbese la instalación de ventas callejeras en el espacio público, localizadas entre las carreras 1ª a 5ª y las calles 10 a 19 de la ciudad de Ibagué.

ART. 2º—Como consecuencia de lo anterior revócanse todos los permisos expedidos con anterioridad para la ocupación del espacio público.

ART. 3º—Exceptúanse de esta medida las ventas estacionarias que estén ancladas, tengan permiso de la administración y aparezcan en el censo oficial, elaborado para el proyecto de reubicación de vendedores estacionarios en la zona centro de Ibagué.

ART. 4º—El presente decreto rige a partir de su expedición.

Comuníquese y cúmplase”.

2. De la sola lectura del aludido decreto se deduce inequívocamente que es un acto creador de situaciones jurídicas impersonales y objetivas, toda vez que del mismo no se desprende que afecte derechos particulares. Nótese, por ejemplo, que la prohibición contenida en su artículo 1º no se refiere a persona determinada, ya que simplemente se limita a prohibir la instalación de ventas callejeras en un sector de la ciudad de Ibagué, sin que ello en manera alguna implique reconocimiento individual y concreto que vulnere derechos subjetivos del accionante.

3. La doctrina ha entendido que la situación general es por naturaleza abstracta e impersonal que comprende un número indeterminado de casos y los regula con carácter de permanencia.

La jurisprudencia contencioso administrativa con reiteración tiene declarado que el acto general, dadas sus características intrínsecas, no puede violar o desconocer derechos particulares, pues sólo en desarrollo de aquél, se producirían las decisiones administrativas que en definitiva vulnerarían los derechos individuales, y contra las mismas procedería la acción de restablecimiento del derecho que estatuye el artículo 85 del Decreto 01 de 1984.

4. El Consejo de Estado ha definido que las acciones contra un acto de carácter general, impersonal y objetivo se encauzan a la protección del orden jurídico. Por ello, normalmente, están dentro del marco del contencioso popular de anulación, al paso que las acciones que persiguen la nulidad del acto administrativo de carácter particular se dirigen a la protección del interés concreto y por tanto quedan cobijadas por el contencioso de restablecimiento del derecho.

5. De conformidad con la orientación precedente, la Sala califica la naturaleza jurídica del Decreto 742 de 1991 como un acto creador de situaciones generales, abstractas e impersonales que por lo tanto está excluido de la acción de tutela de conformidad con el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

6. Si por otra parte la administración incurre en abuso o desviación de poder en la expedición de un acto de carácter general, como es el caso sub examine, cualquier particular interesado puede ocurrir ante la jurisdicción de lo contencioso a efecto que por ésta se determine la legalidad o ilegalidad del mismo.

En este último evento el perjuicio no es irremediable, porque en el CCA, existen medios procesales de alcance inmediato para evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico subsistan en el tiempo, como son la suspensión provisional y la suspensión automática (arts. 152 y 158, CCA).

Y siendo ello así, tampoco se da el presupuesto a que se contrae la excepción prevista en el ordinal 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

Al haberse acreditado que el actor dispone de medios de defensa judiciales como son la acción de nulidad y la de restablecimiento del derecho y que el perjuicio que se le irrogaría no es irremediable, no procede la acción de tutela en los términos del artículo 86 de la Constitución Nacional.

Las anteriores consideraciones son suficientes para que esta Sala revoque la decisión impugnada.

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y, en su lugar, DENIEGA la acción de tutela reclamada por Jorge Luis Arcila González.

Comuníquese de inmediato el contenido de esta providencia al Tribunal de origen enviándole copia auténtica. (art. 32, Decreto 2591 de 1991).

Cópiese, notifíquese y remítase el expediente a la Corte Constitucional para lo de su competencia.

Rafael Baquero Herrera—Manuel Enrique Daza Álvarez—Ernesto Jiménez Díaz—Jorge Iván Palacio Palacio—Hugo Suescún Pujols—Ramón Zúñiga Valverde. 

Javier Antonio Fernández Sierra, Secretario.

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