Sentencia 12644 de septiembre 12 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 12644

Rad. 13004-23-31-000-1994-9803-01

Consejera Ponente:

María Inés Ortiz Barbosa

Actor: Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. “Confianza”.

Bogotá, D.C., doce de septiembre de dos mil dos.

Apelación sentencia de 5 de octubre de 2000 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Descongestión en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos que declararon no probadas las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago 10446 de 27 de agosto de 1993 y ordenaron seguir adelante con la ejecución.

EXTRACTOS: «Fallo:

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandada contra la sentencia de 5 de octubre de 2000 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Descongestión, estimatoria de las súplicas de la demanda en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones 10009 de 7 de diciembre de 1993 y 02 de 11 de marzo de 1994, expedidas por la división de cobranzas de la Administración de Impuestos y Aduanas de Cartagena, por medio de las cuales decidió las excepciones propuestas dentro del proceso administrativo de cobro coactivo por las obligaciones derivadas del contrato de seguro (póliza de cumplimiento CDL-013258183), aportada por la contribuyente Exportaciones Zucuks Ltda., para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales por la solicitud de devolución del saldo a favor correspondiente al impuesto sobre las ventas por el primer bimestre de 1991.

Antecedentes

La sociedad Exportaciones Zucuks Ltda. allegó con la solicitud de devolución de saldo a favor del impuesto sobre las ventas correspondiente al primer bimestre de 1991, la póliza de seguro CDL-013258183 de fecha 22 de marzo de 1991 expedida por la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. “Confianza”, para garantizar el cumplimiento de los requisitos fiscales requeridos para dicho trámite.

Previos requerimiento especial 614 de 8 de octubre de 1991 y pliego de cargos 705 de la misma fecha, la administración local de Cartagena, profirió la liquidación oficial de revisión 482 de 8 de julio de 1992 en la cual determinó un saldo a pagar de $ 37.767.000 y la Resolución Sanción 206 de 8 de julio de 1992 a través de la cual declaró improcedente la devolución del saldo a favor ordenada a Exportaciones Zucuks Ltda., e impuso como sanción la suma de $ 21.552.621.

Posteriormente la división de cobranzas libró el mandamiento de pago 10446 de agosto 27 de 1993 (fl. 30), mediante el cual decidió hacer efectiva la póliza de cumplimiento CDL-013258183 de 22 de marzo de 1991 expedida por la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., “Confianza”, y librar orden de pago contra la citada compañía de seguros a favor de la Nación en cuantía de $ 21.552.621, más los intereses a que hubiere lugar, gastos y costas del proceso; dicho acto fue notificado por correo recibido por la aseguradora el 20 de octubre de 1993 (fl. 29).

La Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., “Confianza”, propuso contra el citado mandamiento de pago las excepciones de falta de ejecutoria del título ejecutivo, falta de título ejecutivo, prescripción de la acción de seguros e indebida tasación del monto de la deuda.

Mediante la Resolución 10009 de diciembre 7 de 1993 (fls. 32 a 37) la división de cobranzas denegó las excepciones propuestas y ordenó seguir adelante la ejecución.

Por medio de la Resolución 02 de marzo 11 de 1994 (fls. 77 a 85) la administración confirmó la anterior decisión al decidir el recurso de reposición interpuesto por la actora. Este último acto agotó la vía gubernativa.

(...).

Consideraciones de la Sala

La recurrente sostiene que la actuación controvertida se ajustó a derecho, toda vez que de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 6º del Decreto 2314 de 1989, dentro del procedimiento de cobro coactivo para entender debidamente constituido el título ejecutivo, es suficiente el aviso que se le da a la garante de la notificación a la contribuyente del traslado de cargos por la improcedencia de la devolución respaldada por la garantía de la aseguradora, por tanto no era obligatoria la notificación a ésta del acto administrativo que declaró improcedente la devolución.

La Sala confirmará la sentencia apelada por las razones que se exponen a continuación.

De los antecedentes de la actuación impugnada se advierte que la administración libró el mandamiento de pago 10446 de 27 de agosto de 1993 en contra de la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., “Confianza”, por la suma de $ 21.552.621 más “los intereses a que hubiere lugar, gastos y costas del proceso”. Para el efecto ordenó hacer efectiva la póliza de cumplimiento CDL-013258183 de 22 de marzo de 1991 expedida por la mencionada compañía de seguros con fundamento en el artículo 860 del estatuto tributario que prevé la solidaridad del garante por las obligaciones afianzadas.

El artículo 860 del estatuto tributario es del siguiente tenor literal:

ART. 860.—Devolución con presentación de garantía. Cuando el contribuyente o responsable presente con la solicitud de devolución una garantía a favor de la Nación, otorgada por entidades bancarias o de compañías de seguros, por un valor equivalente al monto objeto de devolución, la administración de impuestos, dentro del término de los cinco (5) días siguientes deberá hacer entrega del cheque, título o giro.

La garantía de que trata este artículo deberá tener una vigencia de seis (6) meses. Si dentro de este lapso, la administración tributaria practica requerimiento especial o pliego de cargos por improcedencia, el garante será solidariamente responsable por las obligaciones garantizadas, incluyendo el monto de la sanción por improcedencia de la devolución, las cuales se harán efectivas junto con los intereses correspondientes, una vez quede en firme el acto administrativo de liquidación oficial o de improcedencia de la devolución, aun si éste se produce con posterioridad”. (destaca la Sala).

Por tratarse de un procedimiento administrativo coactivo, el artículo 828 ibídem determina qué documentos constituyen títulos ejecutivos, así:

ART. 828.—Títulos ejecutivos. Prestan mérito ejecutivo:

1. Las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las declaraciones tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelación.

2. Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas.

3. Los demás actos de la administración de impuestos debidamente ejecutoriados, en los cuales se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco nacional.

4.Las garantías y cauciones prestadas a favor de la Nación para afianzar el pago de las obligaciones tributarías, a partir de la ejecutoria del acto de la administración que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas.

5. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas, que decidan sobre las demandas presentadas en relación con los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses que administra la Dirección General de Impuestos Nacionales” (destaca la Sala).

De la interpretación armónica de las disposiciones transcritas se observa que en el caso de devoluciones amparadas mediante una garantía, será la resolución que declara la improcedencia de la devolución y ordena el correspondiente reintegro, el acto administrativo que determina la responsabilidad del garante y la exigibilidad de la obligación afianzada, vale decir que la existencia de la aludida decisión del ente fiscal constituye la fuente que da origen a la actuación administrativa en procura de recuperar los dineros indebidamente devueltos.

De otro lado, para que tal acto administrativo pueda servir de fundamento para el cobro coactivo debe estar debidamente ejecutoriado, vale decir que respecto de él se cumpla alguno de los presupuestos previstos en el artículo 829 ibídem.

En el sub examine la Sala advierte que mediante la Resolución 206 de 8 de julio de 1992, la administración impuso sanción por devolución improcedente al contribuyente Compañía Exportaciones Zucuks Ltda., que según los antecedentes y el anotado mandamiento de pago es la sociedad afianzada por la hoy actora.

La anterior resolución junto con la póliza ofrecida por la Compañía Exportaciones Zucuks Ltda. a favor de la Nación sirvieron de base al mandamiento de pago 10446 librado en contra de la aseguradora (demandante). No obstante no aparece en el expediente constancia de que aquélla se le hubiese notificado a la garante, hecho que admite la apoderada de la administración. Esta sola circunstancia se traduce en que el acto que integra el título ejecutivo —resolución sanción—, no pudo adquirir firmeza respecto de quien no lo conoció a pesar de tener interés, pues es claro que sus efectos se extienden a la aseguradora como quiera que ahora se procura el cobro coactivo en cabeza suya y mal puede admitirse que con el aviso previsto en el parágrafo único del artículo 6º del Decreto 2314 de 1989 se supla la diligencia de notificación ya que aquél se refiere a la eventualidad de la responsabilidad mientras que para recuperar lo indebidamente devuelto a través del procedimiento administrativo de cobro, la ley exige la ejecutoria del acto administrativo que, como se indicó, en el presente caso se trata de la Resolución Sanción 206 cuya firmeza ha de entenderse respecto de quien se cobra la obligación.

De lo anterior y acorde con lo expresado por la representante del Ministerio Público en su alegato, la Sala concluye que la administración vulneró las disposiciones invocadas en el libelo respecto de la excepción de falta de ejecutoria del título por lo que se confirmará la sentencia apelada, relevándose de pronunciarse sobre los demás argumentos de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Confírmase la sentencia apelada.

Se reconoce personería al doctor Antonio Granados Cardona, para representar a la parte demandada.

Devuélvase el remanente de la suma consignada para gastos ordinarios del proceso, si hay lugar a ello.

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

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