Sentencia 130012331000199800162 01 de noviembre 3 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 130012331000199800162 01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: AGA FANO Fábrica Nacional de Oxígeno

Bogotá, D.C., tres de noviembre de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 29 de mayo de 2003 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual niega las súplicas de la demanda, en el proceso de la referencia.

CONSIDERACIONES:

1. El acto acusado es la Resolución 121 de 31 de mayo de 1995, de la división operativa de la Administración Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales de Cartagena, mediante la cual, con base en el artículo 281 del Decreto 2666 de 1984, declaró el incumplimiento de un reembarque que le fue autorizado y se ordenó la efectividad de la correspondiente garantía otorgada por ella, conjuntamente con las que la confirmaron en la vía gubernativa. Mediante la misma, se resolvió:

“ART. 1º—Declarar el incumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, contempladas en el artículo 281 del decreto 2666 de 1984 el cual regula la figura del reembarque.

“ART. 2º—Ordenar hacer efectiva la póliza CDL013463202 del 29 de septiembre de 1994, expedida por la aseguradora Confianza S.A. a favor de la Nación-Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Administración Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales de Cartagena, lo anterior previa notificación al garante y al tomador de la póliza”.

Las razones aludidas son, en síntesis, las siguientes:

Mediante auto de 27 de octubre de 1994 se autorizó el reembarque de una determinada mercancía a solicitud del representante de AGA FANO Fábrica Nacional de Oxígeno, y para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales referentes al reembarque la solicitante constituyó la póliza de cumplimiento antes referenciada, por la suma de $ 19.169.114 para garantizar la presentación de la prueba de la llegada de la mercancía a país extranjero.

El 24 de abril de 1995 el grupo garantías de la división operativa de la Administración Especial de Cartagena libró oficio para que dicha empresa compareciera mediante su representante legal dentro de los 5 días siguientes a esa fecha para establecer el cumplimiento del régimen, pero “transcurrido un tiempo prudencial”, no se aportó prueba que demostrara la terminación del régimen de reembarque, por lo cual debía procederse a declarar su incumplimiento, como en efecto se hizo.

En la Resolución 36 de 29 de noviembre de 1996 se precisa que la actora tenía plazo hasta el 27 de marzo de 1995 para presentar la prueba en comento y esta solo fue presentada el 23 de junio de 1995 con el recurso de reposición, incumpliendo así el artículo 30 de la resolución 1794 de 1993 al acumular un total de 8 meses para aportarla, pues en la legislación aduanera existe una norma específica (D. 2666/84, art. 281) que establece un término perentorio de cinco meses para que el importador presente a la autoridad aduanera la prueba de llegada de la mercancía a otro país.

2. La impugnación de la actora contra esa decisión descansa en el argumento de que cumplió cabalmente con su obligación material sustancial, como era la reexportación de la mercancía, según lo acreditó mediante la simple transmisión del conocimiento de embarque, atendiendo el artículo 923 del Código de Comercio ante la ausencia de norma aduanera que señale cómo debe probarse el cumplimiento de esa obligación.

3. Sobre el particular, la Sala observa que el objeto de la póliza es efectivamente el que se ha mencionado, esto es, garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales en relación con la presentación de la prueba de llegada de la mercancía a país extranjero, según se lee a folio 105 del expediente. Así mismo, que la obligación legal respectiva era la señalada en el pluricitado artículo 281 del Decreto 2666 de 1984, que a la letra dice:

Requisitos (del reembarque). Los administradores de aduana podrán autorizar reembarque de mercancías importadas antes de la presentación de la declaración o antes de la expiración del término legal de abandono, pero siempre que el declarante preste una fianza por el doble de los derechos de aduana correspondientes para garantizar la presentación de la prueba de la llegada de esa mercancía a país extranjero, la cual deberá acreditarse dentro de los cinco (5) meses siguientes a la autorización de reembarque...” (resalta la Sala).

La obligación y, por ende, el objeto de la póliza, consiste entonces en presentar dentro de los cinco (5) meses siguientes a la autorización del reembarque la prueba de la llegada de la mercancía a país extranjero (1) , en concordancia, incluso, con el auto que autorizó reembarque; y no como lo pretende hacer ver la accionante, garantizar la llegada de la mercancía al país de destino dentro de los 5 meses siguientes a la autorización del reembarque, y que por la ausencia específica de regulación sobre cómo se ha de probar ese hecho basta probar la entrega de la mercancía al transportador. Con este argumento simplemente está pretendiendo pasar por alto o desconocer los términos de la póliza que ella misma tomó y, por lo tanto, los del correspondiente contrato de seguro celebrado entre ella y la aseguradora.

Por consiguiente, al estar demostrado que se incumplió el término para allegar la prueba de la llegada de la mercancía, lo cual constituye el siniestro o riesgo amparado por la póliza (2) , y solicitar que la Sala deje sin efecto las resoluciones acusadas, la actora está igualmente persiguiendo que implícitamente esta jurisdicción deje sin efecto o desconozca un contrato comercial entre particulares y la obligación que mediante el mismo asumió, sin tener en cuenta que el contrato es ley para las partes y que su control escapa a esta jurisdicción.

Comoquiera entonces que la demandante no dio oportuno cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 281 del Decreto 2666 de 1984 —pues una cosa es probar el embarque o la entrega al transportador y otra muy distinta es probar la llegada de la mercancía al país de destino de la reexportación—, es claro que aconteció el siniestro objeto de la garantía, surgiendo así para la aseguradora la obligación de cancelar la suma asegurada en la correspondiente póliza, como se ordenó en los actos acusados, de suerte que la sentencia impugnada se encuentra acorde con la situación procesal, lo cual amerita su confirmación.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada, de 29 de mayo de 2003 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda.

2. RECONÓCESE a la abogada Amparo Palacios Cortés, como apoderado judicial. de la Nación - UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, en los términos y para los fines del poder conferido que obra a folio 34 de este cuaderno.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de 3 de noviembre de 2005.

Magistrados: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Presidente—María Claudia Rojas LassoCamilo Arciniegas AndradeGabriel Eduardo Mendoza Martelo».

(1) Así lo precisó la Sala en sentencia de 3 de diciembre de 1998, expediente 5005, consejero ponente doctor Manuel Urueta Ayola, al manifestar: “Sobre el particular, la Sala observa que lo que exige la norma anteriormente trascrita es la prueba de la llegada de la mercancía reembarcada al extranjero, que fue precisamente lo garantizado mediante la póliza de la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza, como se observa a folio 15 del cuaderno de antecedentes en los siguientes términos: ‘Garantizar la prueba de la llegada de la mercancía al país extranjero, reembarque autorizado mediante Resolución 2791 de noviembre 23 de 1990’”. Igualmente en sentencia de 13 de abril de 2000, expediente 5923, consejero ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa, al decir que en el caso “coincide con lo expuesto en la vista del Ministerio Público y lo argumentado por la entidad demandada, en el sentido de que la obligación objeto de la garantía es la de demostrar o acreditar dentro de los 5 meses siguientes a la autorización del reembarque la llegada al país de destino de la mercancía reexportada”.

(2) En la sentencia precitada, la Sala dejó en claro que “el siniestro que hace exigible la póliza, o mejor, el riesgo amparado por ella, es ni más ni menos que la no presentación, dentro de los cinco meses que tenía la actora, de la prueba que demuestre o acredite el cumplimiento de la mentada obligación”. En otro caso igual al del presente proceso, la Sala advirtió: “Obsérvese que la garantía constituida, en los términos del artículo 281 del Decreto 2666 de 1984 no fue para garantizar el reembarque y su efectiva llegada a un país extranjero, lo cual, a juicio de la actora, sería su ''obligación sustancial'', sino para ''garantizar la presentación de la prueba de la llegada a país extranjero'', que son objetos y riesgos asegurados muy diferentes. Y esa ''presentación de la prueba'' no queda al arbitrio de los interesados, ni siquiera de la autoridad aduanera, pues es la ley la que señala un término preclusivo para ello" (sent. de 6 de septiembre de 1999, exp. 5362, consejero ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa).

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