Sentencia 11 de abril 4 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Exp. 130012331000200300011 01, abr. 4/2003

C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié

Actor: Rosa Esther Quiceno Segura y otro C/EPS Dirección General de Sanidad Militar

Asuntos Constitucionales - Acción de Tutela

Fallo

Se decide la impugnación interpuesta por el accionante contra el fallo de tutela del doce (12) de febrero del año 2003, proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar que denegó la solicitud interpuesta mediante apoderado por la señora Rosa Esther Quiceno Segura y Urbano Rebolledo Torres, contra la Dirección General de Sanidad Militar.

Invocaron los accionantes la protección de los derechos a la vida y a la salud.

Antecedentes

Hechos:

Afirmaron los accionantes que basan su pretensión en los siguientes hechos:

La señora Rosiris Rebolledo Quiceno, en calidad de técnico viene laborando con el Hospital Naval de Cartagena, entidad adscrita al comando general de las Fuerzas Militares, Dirección General de Sanidad Militar.

A la señora Rosiris Rebolledo Quiceno se le asignó como EPS la Dirección General de Sanidad Militar, a la cual realiza sus aportes respectivos, teniendo como beneficiarios a sus padres Rosa Esther Quiceno Segura y Urbano Rebolledo Torres.

Ambos tienen dependencia económica total de su hija y además padecen de enfermedades o dolencias que exigen la obligatoria prestación de servicios médico - hospitalarios constantes, consecutivos e ininterrumpibles, de tales características que la suspensión de los servicios propiciaría de inmediato el advenimiento de la muerte.

Sostuvieron que en ambos casos existe prueba suficiente en lo relativo a su situación actual de salud, ya que en las historias clínicas se establece la obligatoria necesidad de continuar con el tratamiento y que los médicos tratantes, bajo la gravedad de juramento, podrán corroborar esas afirmaciones.

A pesar de lo anterior la EPS Dirección General de Sanidad Militar, fundándose en el texto del Decreto 1795 de 2000 y en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, les niega el acceso al servicio de salud en directa y clara violación al derecho fundamental a la vida consagrado en la Constitución Política; colocándolos en condiciones de inferioridad, y por ende, frustrando cualquier posibilidad de vida digna.

Las razones en que se fundamenta la negativa no presta ninguna claridad, sin embargo, aunque no es señalado en ninguno de los apartes de la respuesta, el fondo del asunto guarda relación con el hecho de que la señora Rosiris Rebolledo Quiceno contrajo matrimonio con un miembro activo de la institución.

Afirmaron que cada uno de los cónyuges realiza los aportes correspondientes como titulares del derecho.

Para la accionada, el hecho de que la señora Rebolledo Quiceno haya contraído matrimonio, es razón suficiente para que los accionantes pierdan su calidad de beneficiarios y como consecuencia el derecho a los servicios médicos necesarios para poder sobrevivir a los padecimientos graves adolecidos.

Petición

Los accionantes solicitaron que se les protejan los derechos a la vida y a la salud, por considerar que están siendo vulnerados por parte de la Dirección General de Sanidad Militar.

Contestación

La Dirección General de Sanidad Militar - Hospital Naval de Cartagena dio respuesta a la acción de tutela, basándose en la Ley 100 de 1993 artículo 279 y Decreto 1795 de 2000 artículos 5º, 23 y especialmente el literal d) del artículo 24 que señala: A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, la cobertura familiar podrá extenderse a los padres del afiliado, no pensionados que dependan económicamente de él” (subrayado y resaltado fuera de texto); y aseguró que el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional no es una EPS de las creadas por la Ley 100 de 1993, sino un régimen de excepción de seguridad social en salud.

Sostuvo que para recibir los servicios médicos del sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, se debe tener la calidad de afiliado o de beneficiario del mismo, conforme a lo establecido en el Decreto 1795 de 2000.

Manifestó que hay que tener en cuenta que la señora Rosiris Rebolledo, contrajo matrimonio, y por lo tanto no es posible continuar prestándole los servicios médicos a sus padres, toda vez que con el matrimonio pierden la calidad de beneficiarios (D. 1795/2000, art. 24, lit. d)). Así lo certifica el señor capitán Jain Antonio Beltrán Dussan, jefe del Centro Nacional de Afiliación Cenaf, en constancia de fecha de 22 de noviembre de 2002.

Por las anteriores razones la accionada manifestó no poder expedirle carné de servicios médicos del SSMP a los padres de la señora Rebolledo Quiceno, ni prestarle los servicios médicos.

Concluyó solicitando que el fallo se profiera a favor de la Dirección General de Sanidad Militar, teniendo en cuenta que se ha dado estricto cumplimiento a las disposiciones legales que rigen para el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

Por ultimo instó a que se estudie la posibilidad de la violación del juramento presentado por el doctor Alfredo Mouthon Espinosa, apoderado de la parte actora, por considerar que se trata de una acción temeraria, teniendo en cuenta que ya había sido incoada una acción de tutela por parte de la señora Rosiris Rebolledo Quiceno en nombre de los actuales accionantes y sobre los mismos hechos.

El fallo impugnado

El Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar inicialmente explicó que no hubo pronunciamiento de fondo por parte del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, ya que la acción fue denegada por improcedente y por lo tanto se pronunció sobre la presente acción y consideró que es viable, porque si bien es cierto, tiene fundamento en los mismos hechos, pero también lo es, que está promovida por otras personas por lo que su trámite resulta procedente.

El tribunal encontró asidero en los argumentos de la accionada en cuanto a las disposiciones legales reseñadas y sostuvo que la posibilidad de que los padres sean beneficiarios dentro del sistema normativo mencionado, se encuentra supeditada a que la cotizante no tenga cónyuge o compañero permanente o beneficiarios de mejor derecho.

De lo anterior concluyó que la posibilidad de afiliación de los padres es de carácter residual.

Finalmente, sostuvo que la entidad accionada ha actuado de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia, por lo que no ha vulnerado los derechos fundamentales de los actores.

Por lo tanto denegó las pretensiones solicitadas por la parte accionante.

Impugnación

La señora Rosa Esther Quiceno Segura y el Señor Urbano Rebolledo Torres, impugnaron el fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por intermedio del doctor Alfredo Mouthon Espinosa, apoderado judicial.

Adujo que subsiste una excepción en cuanto a la cobertura de la ley, teniendo en cuenta la época de la vinculación de la titular del beneficio, es decir que el ingreso de la hija de los accionantes se produjo con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, y que como consecuencia está y debe estar sometida a lo regulado en tal normatividad.

Termina la impugnación del fallo, reiterando que la titular del derecho se encuentra claramente incursa en la excepción de la Ley 100 de 1993 y que las normas del Decreto 1795 de 2000 no le son aplicables en su caso y como consecuencia, no le cabe el procedimiento que se le viene aplicando negándole el derecho a sus padres.

Trámite: En esta instancia se ordenó oficiar al Tribunal del Distrito Judicial de Cartagena para que éste enviara copia de la sentencia de tutela del 16 de enero de 2003 actor: Rosa Esther Quiceno Segura, providencia que fue allegada.

Consideraciones de la Sala

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos se vean amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares. Una decisión de tutela puede referirse a un derecho no señalado expresamente por la Constitución como fundamental, pero su naturaleza permite su tutela para casos concretos. Y el artículo 86 de la C.P. dice que procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.

En primer término, procede la Sala a resolver sobre la presente acción de tutela, como quiera que inicialmente fue interpuesta por la señora Rosiris Rebolledo Quiceno hija de los hoy accionantes y cotizante de la EPS general de sanidad militar, pero fue denegada por el Tribunal Superior de Cartagena —Sala Civil Familia— por falta de legitimación por activa, toda vez que no era la titular de los derechos fundamentales que invocaba sino sus padres, los hoy accionantes, quienes la interponen ante esta jurisdicción.

De manera que procede la Sala a resolver si le fueron vulnerados los derechos a la salud en conexidad con el derecho a la vida a los actores, por la EPS general de sanidad militar al no aceptar su inclusión como beneficiarios en salud de su hija Rosiris Rebolledo Quiceno, quien ingresó a laborar en el Hospital Naval de Cartagena, entidad adscrita al comando general de las Fuerzas Militares Dirección General de Sanidad Militar, vinculada en vigencia la Ley 100 de 1993.

En segundo término, sostiene la parte accionada que para ingresar a los servicios médicos en salud de las Fuerzas Militares debe tenerse en cuenta la calidad de afiliado o beneficiario conforme a lo estipulado en el Decreto 1795 de 2000 y que en el presente caso como la señora Osiris contrajo matrimonio los padres pierden la calidad de beneficiarios de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 24 del mencionado decreto.

Ahora, si bien es cierto que la acción de tutela no fue instituida para dirimir conflictos de orden legal, también lo es que cuando se trata de amparar el derecho constitucional fundamental a la salud en conexidad con el derecho a la vida, la acción de tutela se torna como mecanismo principal, por lo que el juez de tutela debe verificar si este derecho efectivamente se encuentra conculcado.

La Ley 100 de 1993 en el artículo 279 de la citada norma, que contempla:

“Excepciones. El sistema integral de seguridad social contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas …” (se destaca).

Así mismo, el artículo 163 de la misma ley, reza:

“La cobertura familiar. El plan obligatorio de salud tendrá cobertura familiar. Para estos efectos, serán beneficiarios del sistema el (o la) cónyuge o compañero o la compañera permanente del afiliado cuya unión sea superior a 2 años; los hijos menores de 18 años de cualquiera de los cónyuges, que haga parte del núcleo familiar, y que dependan económicamente de éste; los hijos mayores de 18 años con incapacidad permanente o aquellos que tengan menos de 25 años, sean estudiantes con dedicación exclusiva y dependan económicamente del afiliado. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, e hijos con derecho, la cobertura familiar podrá extenderse a los padres del afiliado no pensionados que dependan económicamente de éste”. (Subrayado fuera de texto).

En el mismo sentido la anterior disposición también se encuentra transcrita en el Decreto 1795 de 2000 en el literal d) del artículo 24, respecto a los beneficiarios de los afiliados, así:

“Beneficiarios. Para los afiliados enunciados en el literal a) del artículo 23 serán beneficiarios los siguientes:

“(...).

d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, la cobertura familiar podrá extenderse a los padres del afiliado, no pensionados que dependan económicamente de él”.

De lo anterior, la Sección encuentra, que es cierto que tanto la ley como el Decreto 1795 (art. 24) disponen que los padres serán beneficiarios del derecho a salud en forma residual, es decir, que a falta de cónyuge o hijos con derecho podrá extenderse el beneficio a los padres del titular, pero hay que tener en cuenta, que la ley se refiere y así debe interpretarse, en lo referente a que el cónyuge o los hijos desplazan a los padres sólo cuando éstos son beneficiarios.

En efecto, el Decreto 806 de 1998, modificado por el Decreto 47 de 2000 (art. 1º), reglamentarios de la Ley 100 de 1993, aclaran la anterior situación como sigue:

“ART. 39.—Cobertura familiar cuando los dos cónyuges cotizan al sistema. Cuando los dos cónyuges o compañeros permanentes son afiliados cotizantes en el sistema, deberán estar vinculados a la misma entidad promotora de salud y los miembros del grupo familiar sólo podrán inscribirse en cabeza de uno de ellos. En este caso, se podrá inscribir en el grupo familiar a los padres de uno de los cónyuges siempre y cuando dependan económicamente de él y no se encuentren en ninguna de las situaciones descritas en el numeral 1º del artículo 30 del Decreto 806 de 1998 —ser afiliado al régimen subsidiado— en concurrencia de los hijos con derecho a ser inscritos, siempre y cuando la suma de los aportes de los cónyuges sea igual o superior al 150% de las unidades de pago por capitación correspondiente a los miembros del grupo familiar con derecho a ser inscritos incluyendo a los cónyuges y a los padres que se van a afiliar.

(...).

En el presente caso, la señora Rosiris Rebolledo Quiceno y su esposo son cotizantes y titulares del derecho a la salud que presta la EPS dirección general de sanidad, lo que quiere decir, de acuerdo a la normatividad anterior, que los accionantes, padres de la señora Rebolledo Quiceno, de quien dependen económicamente, no pueden ser privados del derecho a salud que les corresponde por conducto de su hija y por virtud de la ley, toda vez que por su situación de salud requieren de un tratamiento médico - hospitalario.

Por lo tanto considera la Sala que la EPS vulnera el derecho a la salud en conexidad con el derecho a la vida de los accionantes ya que éstos requieren de tratamiento médico, constantes e ininterrumpidos, por lo que habrá de ampararse este derecho y en consecuencia, se revocará el fallo impugnado y se ordenará a la EPS accionada a incluir a los accionantes como beneficiarios en salud de la señora Rosiris Rebolledo Quiceno.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Revócase el fallo impugnado. En su lugar,

AMPÁRESE el derecho a la salud en conexidad con el derecho a la vida de los señores Rosa Esther Quiceno Segura y Urbano Rebolledo Torres.

En consecuencia:

ORDÉNASE a la EPS dirección general de sanidad militar que incluya a los señores Rosa Esther Quiceno Segura y Urbano Rebolledo Torres como beneficiarios del servicio de salud de la señora Rosiris Rebolledo Quiceno, en el término de 48 horas, contados a partir de la notificación de la presente providencia.

Dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y envíese copia al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

Magistrados: Ligia López Díaz, Presidente—Germán Ayala Mantilla—María Inés Ortiz Barbosa—Juan Ángel Palacio Hincapié.

Mercedes Tovar de Herrán, Secretaria.

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