Sentencia 13005 de abril 24 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

COMPATIBILIDAD DE PENSIONES DE DOCENTES

LAS PENSIONES DEBEN SER DE DISTINTA CLASE

Consejera Ponente:

Dra. Dolly Pedraza de Arenas

Santafé de Bogotá, D.C., abril veinticuatro de mil novecientos noventa y siete.

Ref.: Expediente 13005

Autoridades nacionales apelación sentencia. Actor: La Nación —Ministerio de Educación Nacional— (Ana Cecilia Espinosa Fernández).

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, el 24 de octubre de 1995, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda promovida por la Nación —Ministerio de Educación Nacional— a fin de obtener la nulidad de la Resolución 02417 de enero 14 de 1994 expedida por el representante del Ministerio de Educación Nacional ante el fondo educativo regional del Tolima.

Antecedentes

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho la actora solicitó al tribunal declarar la nulidad de la citada resolución, mediante la cual se reconoció a favor de Ana Cecilia Espinosa Fernández pensión de jubilación que había solicitado al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio, el 14 de octubre de 1993, y que en consecuencia de tal declaración se disponga el reintegro de las mesadas pensionales que han sido pagadas a partir del 29 de diciembre de 1991.

Al exponer el fundamento fáctico de sus pretensiones, el libelista relata que la asamblea departamental, por medio de la Ordenanza 57 de 1966 estableció los requisitos y condiciones para que los maestros obtuvieran la pensión de jubilación, reglamentando un status de edad y tiempo de servicios más benéfico; que dicha ordenanza fue declarada nula en sus artículos 25, 26 y 27; que a sabiendas de haber obtenido el reconocimiento de la anterior pensión Ana C. Espinosa elevó solicitud de pensión al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio; que la oficina regional del fondo efectuó por error la liquidación y ordenó el reconocimiento y pago de una pensión mensual a partir de diciembre 29 de 1991, con lo cual no sólo resulta infringido el artículo 128 de la Constitución Nacional, que prohíbe la doble percepción de asignaciones del tesoro público, sino los artículos 1º y 2º de la Ley 91 de 1989 y 5º y 15 del Decreto 1775 de 1990.

La sentencia

El tribunal, luego de declarar no probadas las excepciones propuestas, denegó las súplicas de la demanda apoyándose en jurisprudencia sobre el tema y bajo la consideración de que la pensión ordinaria de jubilación nacional no es incompatible con la pensión especial de jubilación departamental reconocida por la Caja de Previsión Social del Tolima con fundamento en la Ordenanza 57 de 1966 de la asamblea de ese departamento.

Expresó que la pensión ordinaria de jubilación nacional no es incompatible con la pensión especial vitalicia de jubilación departamental que reconoció la Caja de Previsión Social del Tolima en vigencia de los artículos 25, 26 y 27 de la Ordenanza 57 de 1966 porque una es nacional y la otra departamental; en la primera se exige tiempo de servicios y edad y en la segunda no tiene importancia la edad.

Agregó que la compatibilidad y los derechos adquiridos no han sido desconocidos por las leyes que cita el accionante ni por norma alguna y que el artículo 6º de la Ley 60 de 1993 estableció que el régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones, será el reconocido por la Ley 91 de 1989 y las prestaciones en ella reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneración. Agregó que igualmente el artículo 115 de la Ley 115 de 1994 y el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 establecen en su orden la prohibición de desmejorar los salarios y prestaciones de los educadores y el régimen exceptivo al sistema integral de seguridad social.

El recurso

La parte actora al sustentar el recurso de alzada contra la anterior sentencia expresó que la pensión reconocida con fundamento en la Ordenanza 57 de 1966 es una pensión ordinaria, si se tiene en cuenta que la citada ordenanza se expidió con fundamento en el numeral 4º del artículo 97 de la Ley 4ª de 1913 y con anterioridad al Acto Legislativo 1 de 1968 que fijó en el Congreso la facultad exclusiva de establecer las prestaciones sociales.

Agregó que el a quo no hizo un estudio armónico del artículo 3º de la Ley 43 de 1975, del artículo 2º de la Ley 91 de 1989 y el Decreto 2676 de 1993 con el objeto de determinar las obligaciones prestacionales pensionales a cargo de la Nación, de las entidades territoriales y del fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio.

Llegado el momento de decidir, a ello se procede previas las siguientes

Se controvierte la Resolución 2417 de 14 de enero de 1994 expedida por el representante del Ministerio de Educación Nacional ante el fondo educativo regional del Tolima, por medio de la cual se reconoció a la docente Ana Cecilia Espinosa Fernández la pensión ordinaria de jubilación.

Se resolverá el problema jurídico con base en el siguiente razonamiento:

En el ramo de la educación es jurídicamente viable devengar simultáneamente pensión y sueldo. A ello se refiere el artículo 5º del Decreto 224 de 1972, cuando expresa:

“El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de jubilación, siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la tarea docente, pero se decretará retiro forzoso del servicio al cumplir 65 años de edad”.

Igualmente el artículo 70 del Decreto 2277 de 1979, señala que el goce de la pensión de jubilación no es incompatible con el ejercicio de empleos docentes, con excepción de los indicados en el artículo 32 del mismo decreto.

La anterior normatividad permitió a la actora percibir la pensión vitalicia de jubilación con fundamento en la Ordenanza 57 de 1966 y simultáneamente seguir prestando sus servicios en el ramo de la educación, devengando el sueldo respectivo.

Ahora bien, sobre la posibilidad de percibir simultáneamente dos pensiones que provengan del tesoro público, debe tenerse en cuenta que por disposición del artículo 128 de la C.N., es regla general que no se puede recibir más de una asignación de tal naturaleza, salvo disposición expresa consagrada en la ley.

En el caso de los docentes, en lo pertinente los artículos 6º y 279 de las leyes 60 y 100 de 1993 respectivamente prescriben:

El artículo 6º de la Ley 60:

“El régimen aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones, será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al fondo nacional de prestaciones del magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial”.

El artículo 279 de la Ley 100:

“Así mismo, se exceptúa a los afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración”.

Luego efectivamente las disposiciones transcritas consagran la compatibilidad de las prestaciones reconocidas por el fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio con otras pensiones.

Sin embargo el análisis del problema jurídico sometido a consideración de la Sala en el sub lite, permite llegar a la conclusión de que no se trata de un caso de compatibilidad de pensiones, sino del reconocimiento doble de una misma pensión, la ordinaria de jubilación, fenómeno no contemplado en las citadas leyes 60 y 100 de 1993, que sólo hacen referencia a la compatibilidad prestacional.

En efecto, como antes se dijo, la beneficiaria goza de una pensión vitalicia de jubilación reconocida por la Caja de Previsión Social del Tolima, con base en la Ordenanza 57 de 1966, prestación que ostenta la naturaleza propia de la pensión ordinaria de jubilación establecida en forma general para todos los servidores oficiales en la Ley 6ª de 1945 y demás disposiciones que posteriormente la han regulado, aunque es indiscutible que su reconocimiento se sujetó a lo normado en aquella ordenanza que estableció unos requisitos, que si bien no eran idénticos a los señalados en las disposiciones legales vigentes, carecían de la virtualidad de tornar en especial tal prestación. Así se observa que el requisito relacionado con el tiempo de servicio se mantuvo en 20 años, pero se modificó la exigencia atinente a la edad de los beneficiarios, ya que se permitió acceder a dicha prestación con el aludido tiempo de servicios, independientemente de la edad.

El hecho de que estos docentes del departamento por virtud del artículo 25 de la Ordenanza 57 pudieran acceder a la pensión de jubilación ordinaria en una forma más ventajosa que la fijada a los demás servidores públicos en el artículo 18 de la misma, sólo significa que se trata de una pensión de jubilación con regulación especial, no de una pensión especial diferente a la de jubilación, como sí sucede por ejemplo con la pensión consagrada por la Ley 114 de 1913 respecto de la cual el mismo legislador le dio el calificativo de pensión “gracia”, para diferenciarla de la pensión ordinaria de jubilación.

Así lo entendió la sección segunda de esta corporación cuando al declarar la nulidad de los artículos 25, 26 y 27 de la Ordenanza 57 expresó:

“... En el auto de 15 de noviembre de 1990, por medio del cual la Sala confirmó la suspensión provisional de los artículos 25, 26 y 27 de la Ordenanza 57 de 1966, proferida por la asamblea del Tolima, se fijaron dos criterios perfectamente definidos sobre el aspecto que ha de analizarse.

El primero hace relación a que, siendo el régimen prestacional de los empleados públicos de todos los órdenes, de carácter estrictamente legal, fue por ello que, precisamente, por medio de la Ley 4ª de 1913, o sea, el Código de Régimen Político y Municipal, se facultó a las asambleas departamentales para decretar pensiones a los maestros y maestras de las escuelas oficiales. En desarrollo de la facultad conferida en el artículo 9º numeral 4º del anterior código, la asamblea departamental del Tolima produjo los artículos demandados de la ordenanza mencionada.

El segundo criterio fijado en dicha oportunidad, hace relación a la vigencia de los artículos acusados a partir de la expedición del Acto Legislativo 1 de 1968, que al subrogar el primitivo artículo 187 de la Constitución de 1886, dejó en manos exclusivamente del Congreso, la facultad de regular las cuestiones del sistema jubilatorio. En razón de dicha prohibición desapareció de la vida jurídica el artículo 97 de la Ley 4ª de 1913, cuestionándose la vigencia de los artículos acusados.

Ahora bien, estudiando la Sala con más detenimiento la cuestión planteada, surge que cuando la asamblea del Tolima, el 30 de noviembre de 1966, produjo los artículos 25, 26 y 27 de la Ordenanza 57 en los cuales se establecieron las condiciones para que los maestros del departamento aludido tuvieran derecho a pensión de jubilación, lo hizo en ejercicio de una facultad legal aparentemente válida, al tenor de los artículos 97 numeral 4º de la Ley 4ª de 1913. Sin embargo, ya para ese entonces el artículo 62 de la original Constitución de 1886 reservaba al legislador lo atinente a las pensiones de jubilación; en otras palabras, la reforma constitucional de 1968, no hizo otra cosa que reafirmar de una manera más clara y precisa dicha atribución para la ley, o sea, al Congreso o al Presidente de la República extraordinariamente, de lo que deduce que, constitucionalmente hablando, la asamblea del Tolima jamás tuvo la facultad de la que hizo uso, motivo por el cual la determinación del a quo se ajusta a derecho; debe, por ende, confirmarse.

No obstante lo anterior, la Sala estima indispensable dejar en claro que el anterior pronunciamiento no afecta pensiones hasta ahora reconocidas”.

Pero además, basta la lectura de la ordenanza, para llegar a la conclusión de que ésta no creó una prestación especial sino que lo que hizo fue señalar unos requisitos especiales para el reconocimiento de la pensión de jubilación de los maestros. En efecto, el artículo 25 se encuentra dentro del capítulo II titulado “pensión de jubilación” y prescribe:

“Las pensiones de jubilación de maestros serán decretadas por la Secretaría de Educación Pública, tan pronto como el titular del derecho haya cumplido veinte años de servicios continuos o discontinuos en el ramo oficial, sin consideración a su edad. Los maestros que hubieren servido en el magisterio oficial del Tolima durante quince años, y otros cinco por lo menos en establecimientos privados, impartiendo enseñanza primaria o secundaria en el departamento, tendrán derecho a la pensión de jubilación”.

De manera que es incuestionable el carácter ordinario de la pensión de jubilación reconocida a la beneficiaria por la Caja de Previsión Social del Tolima, que bien podría ser compatible con otras pensiones, por ejemplo, con la pensión gracia del orden nacional, pero no con otra pensión ordinaria de jubilación.

En estas condiciones mal podría accederse a reconocer otra pensión de jubilación, como lo hizo la entidad. Ello significaría un reconocimiento doble de la misma prestación.

Resta agregar que si se efectuara el reconocimiento de la pensión requerida por el demandante dentro de los 20 años de servicio exigidos para ese efecto, se estaría tomando en parte el mismo tiempo de servicios que el departamento del Tolima tuvo en cuenta para reconocer la pensión de jubilación por parte de la caja de previsión de esa entidad territorial.

La pensión fue reconocida en 1985 en atención a que la beneficiaria había laborado a esa fecha 20 años, para entonces tenía 44 años de edad; de modo que al cumplir los 50 años de edad el 28 de diciembre de 1991 para la nueva pensión necesariamente habría de contarse el tiempo ya reconocido, con lo cual por el mismo tiempo se haría acreedor a dos pensiones de la misma naturaleza, o a tres si se tiene en cuenta que podría aspirar a la pensión gracia.

Las razones que anteceden son suficientes para afirmar que hay lugar acceder a declarar la nulidad del acto acusado.

Lo anterior no obsta para que la beneficiaria, luego de su retiro del servicio, pidiese a la entidad correspondiente la reliquidación de la pensión ordinaria de jubilación de la cual disfruta, en los términos que establece la ley.

En cuanto a la pretensión relativa a la devolución de las mesadas pensionales que han sido pagadas a la beneficiaria, cabe señalar que al tenor del artículo 136 —inciso 3º— del Código Contencioso Administrativo, cuando se demanden actos que reconozcan prestaciones periódicas, la acción podrá proponerse en cualquier tiempo, pero no hay lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe. En el sub judice no aparece nada que indique que la señora Ana Cecilia Espinosa Fernández se hubiere valido de medios ilegales para conseguir el reconocimiento pensional contenido en el acto acusado, de manera que habrá de presumirse la buena fe, conforme lo dispone el artículo 83 de la Constitución Nacional.

Por lo anteriormente expuesto se revocará la sentencia apelada y en su lugar se decretará la nulidad de la Resolución 02417 de 14 de enero de 1994, proferida por el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el Fondo Educativo Regional del Tolima. Esta decisión implica rectificación de la orientación jurisprudencial contenida en las sentencias dictadas entre otros, en los procesos distinguidos con los números 12627 y 13013.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia de veinticuatro (24) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995) proferida por el tribunal administrativo del Tolima, en el proceso incoado por la Nación —Ministerio de Educación Nacional—.

En su lugar,

DECLÁRASE LA NULIDAD de la Resolución 02417 de catorce (14) de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994), proferida por el delegado permanente del Ministerio de Educación ante el fondo educativo regional del Tolima.

NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

RECONÓCESE PERSONERÍA al Dr. Germán Calderón Calderón, para actuar en el presente proceso, en los términos y para los efectos del memorial de sustitución que obra a folio 108.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión celebrada el día veinticuatro (24) de abril de mil novecientos noventa y siete (1997).

Javier Díaz Bueno—Antonio Alvarado Cabrales—Silvio Escudero Castro, salva voto—Clara Forero de Castro—Carlos A. Orjuela Góngora, salva voto—Dolly Pedraza de Arenas.

Eneida Wadnipar Ramos, Secretaria.

SALVAMENTO DE VOTO

Con todo comedimiento nos permitimos sintetizar las razones que nos llevaron a separarnos de lo resuelto por la mayoría de la Sala en este asunto, a saber:

En virtud del literal b del artículo 17 de la Ley 6ª de 1945 se estableció una pensión vitalicia de jubilación a favor de los empleados y obreros nacionales de carácter permanente que cumplieran 50 años de edad y 20 años de servicio.

Posteriormente, a través del artículo 27 del Decreto 3135 de 1968 se varió la edad de jubilación para los varones en los siguientes términos:

“Pensión de jubilación o vejez. El empleado público o trabajador oficial que sirva veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años si es varón, o 50 si es mujer, tendrá derecho a que por la respectiva entidad de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio”.

Es oportuno destacar que el monto pensional del 75% fue incorporado mediante el artículo 4º de la Ley 4ª de 1966, modificando en lo pertinente el literal b del artículo 17 de la Ley 6ª de 1945.

La eventual percepción de una doble asignación de parte del erario público, así como la opción de morigerar la restricción constitucional en tal sentido, en el campo docente fue encontrando algunas prerrogativas auspiciadas por el Gobierno Nacional. Una muestra de ellas la encontramos en el artículo 5º del Decreto 224 de 1972, por el cual el ejercicio de la docencia se consideró compatible con el goce de la pensión de jubilación, “siempre y cuando el educador sea mental y físicamente apto para el ejercicio docente...”.

Por mandato del artículo 1º de la Ley 33 de 1985 la edad de la mujer para efectos de jubilación se equiparó a la del varón, conforme al siguiente tenor:

“El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años, tendrá derecho a que por la respectiva caja de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio”.

En relación con los empleados que ya llevaran un tiempo de servicio de 15 años a la fecha de expedición de esta ley, el precitado artículo a través de su parágrafo 2º dispuso:

“Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley.

Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan los cincuenta (50) años de edad, si son mujeres, o cincuenta y cinco (55) si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían en el momento de su retiro”.

En virtud del proceso de implantación de la nacionalización de la educación (L. 43/75) se expidió la Ley 91 de 1989, por la cual se crea el fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio. En lo tocante a la asunción de obligaciones prestacionales para con el personal docente por parte de la Nación y las entidades territoriales, en el numeral 2º del artículo 2º de esta ley se estipuló:

“Las prestaciones sociales del personal nacionalizado causadas hasta el 31 de diciembre de 1975, así como los reajustes y la sustitución de pensiones, son de cargo de las respectivas entidades territoriales o las cajas de previsión, o las entidades que hicieren sus veces, a las cuales venía vinculado este personal y, en consecuencia, seguirán siendo pagadas por dichas entidades”.

Considerando que durante el proceso de nacionalización (delimitado entre el 1º de enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1980) se causarían prestaciones sociales, reajustes y sustituciones pensionales en relación con el personal nacionalizado, mediante el numeral 3º del prenotado artículo 2º se estableció que tales erogaciones, “son de cargo de la Nación o de las respectivas entidades territoriales o de las cajas de previsión, o de las entidades que hicieren sus veces”.

En esta forma se hizo un alinderamiento suficientemente claro sobre la responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales en punto a las prestaciones sociales del personal nacionalizado. Más aún, al referirse al titular de la función pagadora en el plano nacional, y con arreglo al artículo 6º de la Ley 43 de 1975, la ley en comento prescribió en su artículo 5º:

“Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se causen a partir del momento de la promulgación de la presente ley, son de cargo de la Nación y serán pagadas por el fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio”;

A continuación se aclara lo atinente al pago de las sumas adeudadas hasta la fecha de promulgación de esta ley, las cuales deben sufragarse a dicho fondo. De suerte que el fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio dentro de su función administradora de recursos incorpora la de pagar las cantidades causadas por concepto de prestaciones sociales, en los casos y términos ya vistos.

Ahora bien, con el fin de salvaguardar el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales ya causadas a la fecha de promulgación de la Ley 91 de 1989, en el segundo inciso del parágrafo de su artículo 5º se prescribió:

“Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente ley, se seguirán reconociendo y pagando de conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en vigencia la Ley 43 de 1975”.

De este tenor, las prestaciones sociales preexistentes de personal nacionalizado, sin importar su especie o condición, continuarían vigentes sin solución de continuidad. A este respecto coadyuva lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 15 de la Ley 91, el cual expresa:

“Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes”.

La Ley 91 de 1989 fue reglamentada a través del Decreto 2563 de 1990, el cual, para nuestro caso, ordenó en su artículo 7º lo siguiente:

“Las prestaciones sociales del personal docente nacionalizado, que se causen a partir del 30 de diciembre de 1989, así como los correspondientes reajustes y la sustitución de pensiones que se reconozcan a partir de dicha fecha, son de responsabilidad de la Nación y serán pagados por intermedio del fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio”.

Aun cuando la pretranscrita fecha excede en nueve (9) años la culminación del proceso de transición, la responsabilidad exclusiva de la Nación frente a las referenciadas prestaciones sociales no ofrece dudas a partir de la misma fecha.

Posteriormente, en materia de derechos adquiridos con anterioridad a la Ley 4ª de 1992, a través del artículo 1º del Decreto 1440 de 1992 se regló:

“Aquellos docentes oficiales que al entrar en vigencia la Ley 4ª de 1992 se encontraban en las situaciones previstas en el Decreto-Ley 2277 de 1979 y la Ley 91 de 1989, conservarán los derechos adquiridos a esa fecha consagrados en tales normas”.

Dentro del derrotero seguido por el régimen prestacional de los docentes nacionales o nacionalizados y particularmente en lo relacionado con la compatibilidad de las asignaciones recibidas del tesoro público, con arreglo a lo preceptuado en los artículos 151, 288, 356 y 357 de la nueva Carta Política se expidió la Ley 60 de agosto 12 de 1993 que a términos del inciso tercero de su artículo 6º reza:

“El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas (sic) reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al fondo nacional de prestaciones del magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial”.

Como bien sabemos, la nueva Constitución Nacional definió a Colombia como, “... un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada...”. Bajo la perspectiva de la descentralización previo la Carta en su artículo 356 lo relativo a los servicios a cargo de la Nación y de las entidades territoriales, defiriéndole a la ley su fijación, salvo en lo previsto por la misma Constitución.

Sobre el anterior basamento constitucional se promulgó la Ley 60 de 1993, la cual reguló en su capítulo I lo correspondiente a la distribución de competencias, señalando en el numeral 1º de su artículo 2º las competencias de los municipios en el campo docente, las cuales abarcan, entre otras, la administración de los servicios educativos estatales en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria y media. Así mismo se les asigna a los municipios potestades en lo atinente a la financiación de inversiones en infraestructura y dotación, así como en lo tocante a labores de inspección, vigilancia, supervisión y evaluación de los servicios educativos estatales.

Por su parte los departamentos merced a los numerales 1º y 5º del artículo 3º ibídem tienen competencia para administrar los recursos cedidos por la Nación, al propio tiempo que para planificar lo pertinente en materia de educación y salud. También deben dirigir, y coadministrar con los municipios el servicio de la educación estatal en los niveles ya relacionados. Igualmente deben participar en la financiación y cofinanciación de los servicios educativos estatales y en las inversiones de infraestructura y dotación.

Como bien puede apreciarse, a partir de la nueva Constitución la descentralización del servicio educativo estatal implica la redefinición del cumplimiento de vitales responsabilidades a cargo de los municipios y departamentos, amén de los distritos. Para tales efectos la Nación continuará sosteniendo financieramente dicho servicio a través de las correspondientes transferencias. Con todo, las obligaciones del tesoro nacional frente a las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados se circunscriben al régimen previsto en la Ley 91 de 1989, sin detrimento de la compatibilidad entre las prestaciones reconocidas en la esfera territorial y las pensiones u otras remuneraciones de escala nacional. Adicionalmente la supradicha ley enfatiza el respeto al régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial, a propósito del personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal que por mandato de la misma ley debe ser incorporado al fondo nacional de prestaciones del magisterio.

De acuerdo con lo anterior las prestaciones de rango territorial existentes a la fecha de vigencia de la Ley 60 mantienen todo su vigor, siendo por lo tanto predicable su reconocimiento y pago simultáneamente con otras prestaciones o remuneraciones de nivel nacional. Pero hay más, la Ley 100 de 1993 al relacionar en su artículo 279 las excepciones al sistema integral de seguridad social reivindica la compatibilidad prestacional. Al efecto la norma prevé:

“Así mismo, se exceptúan a los afiliados del fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración”.

En consonancia con lo expuesto la Ley 115 del 8 de febrero de 1994 al tenor de su artículo 115 prevé:

“El ejercicio de la profesión docente estatal se regirá por las normas del régimen especial del estatuto docente y por la presente ley.

El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente ley”.

Y en el inciso tercero de esta misma norma se lee: “En ningún caso se podrán desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los educadores”.

Conclusión inequívoca de todo lo anterior es la de que la legislación positiva preserva incólume la compatibilidad entre prestaciones de carácter territorial y pensiones o remuneraciones de jerarquía nacional, rescatando además el imperio de los derechos adquiridos, según mandato del artículo 58 de la nueva Carta Constitucional.

Por consiguiente, para la fecha de expedición de la Ley 33 de 1985 el actor ya había cumplido más de 15 años de servicio, circunstancia que lo privilegiaba a efectos de acceder a la pensión ordinaria de jubilación tan pronto como cumpliera los cincuenta años de edad, según voces del literal b del artículo 17 de la Ley 6ª de 1945.

El artículo 25 de la Ordenanza 57 de 1966, proferida por la asamblea del Tolima, dice:

“Las pensiones de jubilación de maestros serán decretadas por la Secretaría de Educación Pública, tan pronto como el titular del derecho haya cumplido veinte años de servicios continuos o discontinuos en el ramo oficial, sin consideración a su edad”.

Si cotejamos la anterior preceptiva con el artículo 18 de la misma ordenanza, fácil es concluir que la pensión reconocida en la mentada resolución tiene un carácter especial, puesto que para su causación sólo eran necesarios 20 años de servicio, esto es, sin consideración alguna a la edad. Dicho de otro modo, esta inferencia se apoya en el hecho de que el prenotado artículo 18 alude al derecho a la tradicional pensión vitalicia de jubilación, siguiendo los precisos términos del literal d del artículo 17 de la Ley 6ª de 1945, al paso que el artículo 25 de la susodicha ordenanza se aparta parcialmente de los lineamientos establecidos en esta ley. Para mayor ilustración veamos el contenido del referido artículo 18:

“El derecho a la pensión vitalicia de jubilación se causa a favor de todo empleado u obrero que haya prestado veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos al Estado (sic), y que cuente además con cincuenta (50) años de edad”.

El contraste normativo que subyace entre los referidos artículos de esta ordenanza muestra nítidamente la calidad especial que entraña la pensión reconocida por la Caja de Previsión Social del Tolima.

Dentro del espectro jurídico ya reseñado en estas disquisiciones hay lugar para las dos pensiones en cuestión, vale decir, la ya reconocida pensión especial de jubilación de linaje departamental y la pensión de jubilación de estirpe nacional que hoy impetra el demandante, son perfectamente compatibles.

Con toda atención,

Silvio Escudero Castro—Carlos A. Orjuela Góngora.

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