Sentencia 13016 de septiembre 4 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 66001233100020000178-01

Exp. 13016

Consejero Ponente:

Germán Ayala Mantilla

Actor: Marino de Jesús Puerta Sánchez. C/. La Nación - DIAN. Apelación sentencia del 11 de octubre de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda. Impuesto renta.

Fallo

Bogotá, D.C. cuatro de septiembre de dos mil tres.

EXTRACTOS: «Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, contra la sentencia de fecha 11 de octubre de 2001, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Risaralda, declaró la nulidad de la liquidación oficial de revisión 900027 del 10 de mayo de 1999, de la Resolución 611 del 29 de octubre de 1999 y denegó la declaratoria de nulidad del Auto Admisorio 900026 del 30 de julio de 1999, todos proferidos por la Administración de Impuestos Nacionales de Pereira, correspondientes al impuesto de renta del año gravable 1995.

Antecedentes

El contribuyente, Marino de Jesús Puerta Sánchez, presentó el día 4 de julio de 1996 su denuncio rentístico por el año gravable de 1995 en el Banco de Colombia, radicado con el 0372702051705-7.

Dentro del programa de presunciones bancarias adelantado por la administración, le fue enviado el requerimiento ordinario 000145 el 16 de enero de 1998 y con base en la respuesta dada por el contribuyente, así como en la investigación tributaria adelantada, se expidió el requerimiento especial 026 de 10 de agosto de 1998, en el cual se propuso la corrección de la declaración privada del impuesto sobre la renta año gravable 1995, con el propósito de que adicionara los ingresos declarados privadamente, en atención a la diferencia detectada y que surge de la comparación entre los ingresos (consignaciones) reportados por las entidades financieras y los ingresos consolidados en la declaración privada. Consecuente con ello se le determinó la renta liquidada y una sanción por inexactitud de $ 407.013.000, para un total a pagar de $ 661.409.000 que incluye el mayor impuesto determinado por esta causa.

Una vez atendido el requerimiento especial, el 10 de mayo de 1999, la administración expidió liquidación oficial de revisión 900027 para efectos de modificar la liquidación privada. Contra esta decisión el actor interpuso recurso de reconsideración, el cual fue desatado mediante Resolución 611 del 29 de octubre 1999 confirmatoria de la liquidación oficial y con la cual quedó agotada la vía gubernativa.

(...).

Consideraciones de la Sala

Corresponde en esta oportunidad resolver el recurso de apelación interpuesto por la Nación en su calidad de parte demandada, contra la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad de los actos administrativos que modificaron la liquidación privada del impuesto sobre la renta del año gravable 1995, por encontrar consignaciones no declaradas por valor de $ 11.032.110.253, lo que produjo un incremento en la renta líquida por adición de ingresos y por ende un mayor impuesto y la imposición de sanción por inexactitud.

La sentencia que es objeto del presente recurso, declaró la nulidad de los actos administrativos luego de considerar que se vulneró el debido proceso porque no se dio cumplimiento al principio de correspondencia entre la declaración, el requerimiento y la liquidaron de revisión, habida cuenta que la inspección tributaria investigó unos hechos, el requerimiento se expidió con base en ésta, pero la liquidación oficial de revisión y la sanción impuesta fue por otros hechos.

En esta instancia el recurso do apelación controvierte la decisión del a quo en cuanto la falta de correspondencia entre el requerimiento y los actos administrativos, como quiera que la modificación de la liquidación privada fue producto de la investigación tributaria adelantada por la administración en ejercicio del artículo 684 del estatuto tributario, con el fin de velar por la correcta determinación del impuesto del contribuyente.

En efecto, tal como lo indican los actos administrativos y lo sostiene la Nación en este proceso, la administración actuando dentro de sus facultades de fiscalización e investigación dadas para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales, de que trata el artículo 684 del estatuto tributario, desarrolló el programa de fiscalización “Presunciones bancarias” para establecer con base en la información presentada por las entidades bancarias respecto de los dineros que manejan los contribuyentes en sus cuentas, la realidad de los ingresos declarados por éstos, todo ello con fundamento en lo establecido en el artículo 755-3 del estatuto tributario, adicionado por la Ley 6ª de 1992, que consagra la presunción de renta por consignaciones en cuentas bancarias y de ahorros, de tal suerte que si bien la investigación tributaria adelantada al contribuyente se inició para averiguar la razón por la cual éste tuvo consignaciones bancarias por valores que no declaró, ello no obsta para que si le administración encuentra otras inconsistencias las refleje dentro de la investigación y los actos administrativos.

Es así como las entidades financieras informaron como valor consignado por el contribuyente, las sumas de $ 12.463.403.433 en la cuenta 7274-140340 del Banco de Colombia; $ 4.203.953.514 en la cuenta 7274-600384 del Banco de Colombia y en la cuenta 30404077-7 del Banco Cafetero $ 942.200.428, para un total de $ 17.609.557.375 contra un valor declarado en el período por $ 372.906.000, diferencia que finalmente fue establecida en la suma de $ 11.032.110.253 luego de depurarla con los cheques devueltos durante el mismo período.

Con base en la cifra anterior, en el requerimiento especial se propuso un incremento de la renta líquida en la suma de $ 551.605.513, determinada luego de aplicarle a la diferencia de ingresos detectada, el margen de rentabilidad establecido según estudios económicos, que para la actividad económica del contribuyente 5110 —venta al por mayor de café—, corresponde al 5%, señalado con apoyo en el análisis efectuado por la división de estudios económicos de la administración, sobre el margen de rentabilidad del sector económico a que se hace referencia con base en las declaraciones tributarias de los contribuyentes que conforman el mismo sector.

Por su parte la liquidación oficial de revisión, luego de analizar los argumentos propuestos por el contribuyente con ocasión de la respuesta al requerimiento especial, explicó que no considera irregular plantear el 5% de rentabilidad, puesto que este índice fue establecido por la división de estudios económicos en consonancia con el artículo 754-1 del estatuto tributario. De manera que aplicada la presunción de ingresos por consignaciones de que trata el artículo 755-3 del estatuto tributario, resulta válido para establecer la renta líquida, aplicar el margen de rentabilidad señalado para la actividad económica del contribuyente, a la diferencia sin justificar.

A su vez la resolución que desató el recurso gubernativo, al pronunciarse sobre los argumentos del contribuyente, explicó nuevamente la forma como fue determinada la renta líquida de éste, con base en la diferencia entre las consignaciones efectuadas y los ingresos declarados en el período, diferencia a la que se le aplicó el margen de rentabilidad establecido para su actividad económica, todo ello con base en lo establecido en los artículos 755-3 y 754-1 del estatuto tributario, sin que pueda alegarse falta de correspondencia entre la declaración, el requerimiento y la liquidación oficial, por cuanto desde el requerimiento especial se le planteó al actor la omisión de ingresos, soportados en las consignaciones bancarias y la determinación con base en el artículo 754-1 del estatuto tributario.

De acuerdo con lo anterior, para la Sala es claro que en efecto la administración ha sido coincidente en plantear a lo largo de toda la vía gubernativa, las mismas circunstancias de hecho y de derecho que fundamentan sus actos administrativos, sin que resulte jurídicamente procedente alegar la violación al artículo 711 del estatuto tributario por la supuesta falta de correspondencia entre la investigación, el requerimiento especial y la liquidación de revisión, toda vez que la modificación efectuada en los actos administrativos ha sido esbozada coherentemente en todas las etapas gubernativas, al habérsele indicado desde el requerimiento especial, que la administración se proponía modificar de la declaración de renta relativa al año 1995 con ocasión del resultado de los cruces de información realizados con las entidades bancarias, de los cuales se detectó omisión de ingresos en atención a que existe una diferencia sin justificar entre las consignaciones bancarias y los ingresos declarados, diferencia sobre la cual también desde el mismo requerimiento especial, se le señaló que se le aplicaría el margen de rentabilidad establecido para la actividad económica del contribuyente, a efectos de hallar la renta líquida.

Por consiguiente, la Sala no comparte la decisión del a quo al anular los actos acusados, fundamentado en la presunta falta de correspondencia entre el requerimiento especial y los actos administrativos, razón por la cual procederá a estudiar los demás cargos de la demanda.

En relación con la falsa motivación de los actos administrativos, advierte la Sala que el cargo no está llamado a prosperar, como quiera que éstos contrario a lo afirmado por el apoderado del contribuyente, se fundamentaron en las normas aplicables para establecer la diferencia de ingresos y la renta líquida con base en el margen de rentabilidad señalado con apoyo en los datos estadísticos oficiales para el sector económico del contribuyente, sin que este diferente de alegar que no le son aplicables tales disposiciones, haya tratado de demostrar por cualquier medio de prueba que en realidad sus ingresos corresponden a los declarados privadamente o que su rentabilidad fue inferior a la determinada oficialmente. Así, lo que se observa es que la parte actora no comparte la motivación de los actos acusados, pero sin entrar a demostrar que no se ajustan a la realidad o que los factores consignados en su declaración de renta son veraces.

En cuanto al fondo de la litis, adujo la parte actora que la administración no podía presumir que todas las consignaciones realizadas en las cuentas corrientes del contribuyente son ingresos, por el simple hecho de la consignación y, que los artículos 754 y 754-1 del estatuto tributario resultaron violados por la negligencia de la administración de recaudar pruebas a favor del contribuyente y porque los datos estadísticos que se aplicaron debían haber sido producidos por la Dirección General de Impuestos y no como se hizo en este caso, por la división de estudios económicos de la regional centro occidente, que tiene competencia en una región de Colombia.

Al respecto cabe precisar que si le es dable a la administración, previo el cumplimiento de los requisitos señalados para tal efecto, que en este caso no fueron objeto de discusión por la parte actora. Entrar a presumir renta por consignaciones en cuentas bancarias y de ahorros, como quiera que tal procedimiento a partir de la expedición de la Ley 6ª de 1992 se encuentra plenamente fundamentado en el artículo 755-3 del estatuto tributario que lo consagra, de tal suerte que a menos que la diferencia de ingresos entre los declarados y los consignados en sus cuentas tenga una justificación, la administración no sólo está facultada, sino que se encuentra en la obligación de dar cumplimiento a la norma referida, la cual además establece que la renta líquida gravable se calcula aplicando el porcentaje del 15% al monto de las consignaciones realizadas en las cuentas durante el período gravable, porcentaje que en este caso, atendiendo los estudios económicos del sector cafetero realizados por la división de estudios económicos de la Dirección de Impuestos Nacionales, fue disminuido al 5% en el cual se determinó el margen de rentabilidad del sector.

En consecuencia, para la Sala también en este aspecto los actos acusados se encuentran ajustados a derecho, razón por la cual se revocará el fallo apelado y se denegarán las súplicas de la demanda.

En este mismo sentido se profirió el fallo 13181 de 30 de abril de 2003, actor: Octavio Delgado Sepúlveda, magistrado ponente decreto reglamentario, (sic) Juan Ángel Palacio, el cual se reitera en esta oportunidad, toda vez que se debatieron aspectos de hecho y de derecho similares a los que son ahora objeto de decisión. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 11 de octubre de 2001, y en su lugar,

DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

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