Sentencia 1303 de noviembre 21 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente C-1100131030391998-01303-01

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Alberto Arrubla Paucar

Bogotá, D.C., veintiuno de noviembre de dos mil cinco.

Se decide el recurso de casación que interpuso Agroexportaciones Limitada, respecto de la sentencia de 2 de mayo de 2003, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario de la recurrente contra Aseguradora Colseguros S.A., con llamamiento en garantía de Almagrario S.A..

EXTRACTOS: « La Sentencia Impugnada

1.- Luego de algunas consideraciones sobre el contrato de seguro, en particular de la denominada póliza automática, y tras identificar que en los seguros de transporte se encuentra inmerso un seguro de daños, como el del caso, para diferenciarlo de los llamados “seguros de suma” en los cuales el valor asegurado se debe cubrir integralmente, el tribunal dejó sentado que el valor de la prestación a cancelar por parte del asegurador se hallaba delimitada, entre otros elementos, por el valor real del interés asegurado, es decir, por el valor de los bienes en el estado en que se encontraban al momento de ocurrir el siniestro, valor que se presumía cuando sobre su cuantía había existido “acuerdo expreso entre el asegurado y el asegurador”.

2.- A partir de considerar que al asegurado le correspondía la carga de acreditar la ocurrencia del siniestro y su cuantía, el sentenciador señaló que si bien se demostró que las mercancías transportadas fueron hurtadas en su totalidad, “hecho que por contera configura el siniestro”, esto no significaba que al consignarse en las pólizas de seguro como valor asegurado la suma de $623.887.814.00, la demandante, en su calidad de asegurada y beneficiaria, estuviera eximida de probar la “cuantía de la pérdida”, que a la postre sería el “monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido”, como un elemento necesario para establecer el costo de la indemnización.

Al encontrar que con ese propósito se estimó que los valores asignados a cada uno de los repuestos en la “matrícula de depósito” expedida por Almagrario, constituían prueba contra la aseguradora, el tribunal concluyó que la parte demandante, “quien dicho sea de paso en ningún momento intentó demostrar la cuantía del siniestro”, había desdeñado la “obligación de acreditar el valor real asegurado mediante las especies probatorias que contempla la ley, con citación y audiencia de su contraparte”.

En ese preciso punto, el sentenciador hizo notar que la demandante, motu proprio, fue quien fijó el valor de los aludidos repuestos, suma que Almagrario aceptó sin reparo alguno, pues al decir de su presidente, el “precio fue dado por Agroexportaciones y aceptado por Almagrario que es el que tiene que figurar en la respectiva matrícula de depósito”. Tal valor, por lo tanto, expresado sin soporte alguno por la asegurada beneficiaria, no podía “retomarse como el monto efectivo del perjuicio a efecto de tasar la indemnización suplicada”.

De otra parte, si los repuestos en cuestión fueron depositados en Almagrario a finales de 1992, es claro que ocurrido el siniestro el 4 de noviembre de 1996, cobraba mayor fuerza la idea de valorar el “monto efectivo del perjuicio patrimonial”. Esto porque el paso del tiempo y la reconocida falta de mercado nacional de los anotados bienes, los mismos se encontraban en la posibilidad de perder valor en relación con el “precio asignado a su manera por la demandante”.

3.- En torno a esa falencia probatoria, el sentenciador estimó conveniente precisar que en el caso, en estrictez, no se vislumbraba la manera de allegar la prueba del perjuicio tantas veces aludido, pues del interrogatorio absuelto por el representante de la actora, no se deducía la “forma y valor de adquisición de esos repuestos”, anomalía que se acentuaba en su contra “cuando no aportó los libros de comercio y contabilidad que la ley obliga a llevar en tratándose de una sociedad comercial”.

4.- Con relación a las excepciones, el tribunal señaló que frente al naufragio de las pretensiones, por sustracción de materia no entraba a estudiarlas.

El recurso de casación

1.- En el único cargo formulado se denuncia la violación de los artículos 68, 70, 1036, 1037, 1040, 1045 a 1049,1050, 1054, 1077, 1079, 1080, 1083, 1086, 1088, 1089, 1117, 1118, 1120 y 1124 del Código de Comercio, 762, 1603 y 1613 a 1616 del Código Civil, 175 y 271 del Código de Procedimiento Civil, como consecuencia de errores de hecho y de derecho en la valoración probatoria.

2.- Luego de precisar los alcances del seguro de transporte e identificar que el argumento cardinal del tribunal para negar las pretensiones consistió en la ausencia de prueba de la cuantía del siniestro, lo cual implicaba la existencia del contrato de seguro de transporte y la ocurrencia del siniestro, la recurrente manifiesta que esa conclusión es fruto de la comisión de errores de hecho probatorios.

2.1.- En primer lugar, al cercenar el contenido de la póliza automática de transporte 509488, los certificados de seguro 466822 y 466843, expedidos en aplicación de la misma, y el documento de 1º de noviembre de 1996, mediante el cual Almagrario solicitó a Proseguros Limitada tramitar ante la demandada el amparo para el transporte de la mercancía depositada en su almacén.

Afirma la recurrente que si el sentenciador hubiere apreciado en su integridad los anteriores medios, habría encontrado que los repuestos para aviones que se encontraban en el almacén general de depósito, se aseguraron por $623.887.814.00, valor que aceptó Colseguros “sin objeción alguna”, y que en la póliza automática de transporte intervino Almagrario como tomador, asegurado y beneficiario, y en los certificados individuales, indistintamente, Agroexportaciones como asegurado y beneficiario, todo lo cual pone de presente que no es cierto que en la identificación y avalúo de las mercancías la demandante haya actuado “motu proprio”.

2.2.- Así mismo, al omitir apreciar los documentos de pago de la suma de $2.171.129.00, “valor del seguro de transporte”, cantidad que la demandante entregó para tal fin al almacén general de depósito, en donde en el recibo de egreso se incluyó como “valor de la mercancía” $594.178.870.00, más fletes, y las comunicaciones cruzadas entre Almagrario y Agroexportaciones acerca de la orden de carga a la transportadora, y entre Proseguros Limitada y la aseguradora solicitando la expedición de los certificados de seguro en aplicación de la póliza automática.

Expresa la recurrente que si el tribunal hubiere valorado las anteriores pruebas habría concluido el pago del seguro por el valor de la mercancía asegurada, y que en la “identificación y avalúo de la misma, al igual que en la “negociación y celebración del seguro”, la demandante no había obrado por sí sola, menos cuando los repuestos correspondían a los que se encontraban depositados en Almagrario.

2.3.- Igualmente, al dejar de apreciar los folios contenidos en las carpetas AZ y sin rótulo, que discriminan los repuestos, las actas de recibo de los mismos por Almagrario, las matrículas de depósito que ésta expidió y las actas de revisión de las mercancías firmadas por un representante de la demandante y del almacén general de depósito.

Considera la recurrente que la omisión de las anteriores pruebas llevó al sentenciador a desconocer la participación de la demandante y de la depositaria en todo el proceso que culminó con el depósito de las mercancías, y de contera, que en la “identificación y avalúo” de los repuestos, el valor que aquélla le dio a los mismos no fue arbitrario, al punto que le sirvió para establecer el valor de bodegaje, según documento que igualmente no fue apreciado. De ahí que cuando la aseguradora expidiera los certificados de seguro de transporte a petición de Almagrario, con la intermediación de Proseguros, ese valor no le mereció “ningún reproche”, lo que “naturalmente implicaba un acuerdo expreso” del valor asegurado.

2.4.- Del mismo modo, al ignorar la comunicación de 31 de mayo de 1993 del Banco Ganadero a Almagrario, informando la constitución de bonos de prenda sobre los repuestos depositados.

Manifiesta la recurrente que si las mercancías fueron aceptadas como garantía de créditos por parte de una entidad financiera, “su valor no podía ser fruto de la sola imaginación de la parte demandante”, sino que el valor asegurado correspondía a una suma que no se “había puesto en duda” por todos los que participaron en los negocios de intermediación.

2.5.- De la misma manera, al no ver el interrogatorio del representante de la aseguradora, en cuanto contestó que no verificó la existencia real de la mercancía para otorgar el amparo, porque los “contratos se realizan de buena fe y por ello para la expedición es suficiente la declaración que para el efecto haga el tomador o asegurado de la póliza”.

Acota la recurrente que nada distinto al acuerdo entre depositante, depositario y asegurador se requería para “determinar el valor de los repuestos”. Naturalmente que no se le podía endilgar a la demandante “un comportamiento contrario a la buena fe en todas las negociaciones” que se realizaron alrededor de los citados bienes.

2.6.- En igual sentido, al no apreciar los testimonios de Orlando Arteaga Santamaría, Nancy del Socorro Álvarez Gómez, vicepresidente y funcionaria de Almagrario, y del representante legal de ésta, sobre que durante el trámite del depósito dicha sociedad también intervino en la estimación de los bienes cuando expidió los certificados y matrículas, al aceptar sin reparo los valores que le suministró el cliente, esto es, Agroexportaciones Limitada, porque como lo declaró el primero de los nombrados, venían certificados por un técnico con licencia de la aeronáutica civil, inclusive antes del transporte ese valor igualmente fue establecido por el perito de la misma entidad.

Subraya la recurrente que los anteriores medios demuestran que la demandante se comportó lealmente y que no actuó, motu proprio, en la determinación y avalúo de la mercancía.

2.7.- De la mima forma, al no apreciar la declaración de Rafael Hernán Pérez Granados, quien como coordinador de bodega del almacén general de depósito, recibió y constató la existencia de los repuestos, inclusive su valor, conforme a los listados suministrados por el cliente, todo lo cual se consignó en los certificados y matrículas de depósito.

Señala la recurrente que la anterior prueba corrobora que la sociedad demandante no obró por sí en la determinación del valor de las mercancías, por el contrario, los “valores dados a todos los elementos que configuraban el depósito fueron cotejados minuciosamente”.

2.8.- De otra parte, al pretermitir el testimonio de Mariano Castellanos Sánchez, perito técnico aeronáutico, y los documentos que éste reconoció, quien amén de haber revisado los repuestos en 1993 y avaluarlos en 1996, en más de mil doscientos millones de pesos, manifestó que como no habían sufrido “corrosión” tenían bastante salida comercial en Estados Unidos de América, Canadá y África, donde operaban aviones compatibles.

Anota la recurrente, por lo tanto, que no es cierto que la mercancía haya perdido valor económico en relación con el precio “asignado a su manera por el demandante”. Esas pruebas, además, desvirtúan la certificación del Comando Aéreo de Mantenimiento de la Fuerza Aérea, documento que entre otras cosas no discrimina los repuestos, y las declaraciones de los investigadores de la aseguradora, como la de Arnoldo Duarte Revelo, sobre que se trataba de bienes obsoletos o de chatarra.

2.9.- Finalmente, al tergiversar el interrogatorio del representante de la sociedad demandante, en cuanto, refiriéndose a la forma como se adquirieron los repuestos, pone de presente que no era necesario para que se le reconociera el derecho que presentara pruebas distintas a la posesión y tenencia, porque las mercancías las compró en suma cercana a los trescientos millones de pesos, según lo relata.

3.- Afirma la recurrente que el tribunal también incurrió en error de derecho al exigir como pruebas para demostrar la forma y valor de adquisición de los repuestos, los “libros de comercio y contabilidad”, cuando son medios que la ley no exige para ese propósito, menos en el caso donde no se debate una cuestión mercantil relacionada con esos libros.

4.- Concluye la recurrente que los errores denunciados llevaron al tribunal a desconocer que entre las partes del contrato de seguro y la demandante hubo acuerdo con la aseguradora sobre los bienes amparados y su cuantía, pues ésta así lo aceptó, razón por la cual en aquélla existía interés asegurable al ser la depositante de la mercancía, a su vez interesada en el transporte, amén de que era suficiente su calidad de poseedor de los repuestos para tener derecho a la indemnización, cuestión que también desconoció el sentenciador, todo con quebranto de las disposiciones legales citadas.

(...)

Consideraciones

1. Es incuestionable que si las pretensiones no salieron avante porque no se había demostrado la cuantía del siniestro, aunque sí el hurto de las mercancías objeto del contrato de transporte, esto implica, como lo acepta la recurrente, que para el tribunal fue punto pacífico la existencia de los certificados de seguro de transporte que se expidieron en aplicación de una póliza automática de la misma estirpe, en la forma como se describe en la demanda.

Lo mismo cabe predicarse de la constatación e identificación de los repuestos afectos a toda la operación del transporte, porque el tribunal expresamente lo refirió. De un lado, al señalar que el valor unitario que se le dio a los citados bienes en las matrículas expedidas como consecuencia del contrato de depósito, no constituía prueba contra la aseguradora; y de otro, al aceptar que los repuestos en cuestión en efecto habían sido “depositados en Almagrario a finales del año de 1992”

En ese orden, sin desconocer las calidades en que actuaron Almagrario S. A., Agroexportaciones Limitada y Colseguros S. A., en toda la operación del transporte, pues es un punto que en la sentencia impugnada tampoco se pone en tela de juicio, salta de bulto que en ningún error de hecho, con las características de manifiesto y trascendente, pudo incurrir el tribunal al apreciar las pruebas que el cargo singulariza, respecto a la existencia de la póliza automática para seguro de transporte de mercancías y a los certificados individuales de seguros de transporte que con fundamento en la misma se emitieron, al pago de las primas del seguro y a la constatación e identificación de los repuestos para aviones objeto del transporte, lo cual precisamente posibilitó el contrato de depósito y la expedición de los certificados correspondientes.

2. Reducido el grueso de la acusación, entonces, a la cuantía del siniestro, cuestión que supone la ocurrencia del mismo, el recurrente sostiene que el sentenciador o tuvo por acreditado ese hecho producto de no haber visto en las pruebas que relaciona que los bienes envueltos en la operación de transporte fueron avaluados para efectos del contrato de depósito y la expedición de los certificados respectivos, inclusive para que se emitieran los bonos de prenda a favor del Banco Ganadero, y de haber omitido que ese mismo avalúo, es decir, la cantidad de $623.887.814.00, con los fletes, fue declarado en los certificados individuales de seguro.

Sobre el particular pertinente resulta observar que las pretensiones se negaron por circunstancias distintas a la falta de avalúo de los bienes. En efecto, para el trbunal no fue extraño todo lo que giró alrededor de ese hecho, porque en forma expresa lo constató no sólo cuando señaló que respecto de tales bienes se consignó como “valor asegurado la suma de $623.887.814.00”, incluidos el valor de los fletes, sino cuando, refiriéndose a la “cuantía del siniestro”, indicó que la parte demandante había considerado como suficiente los “valores asignados a cada uno de los repuestos en la matrícula de depósito expedida por Almagrario”.

Si la expedición de las matrículas de depósito, también lo referente a la constitución de los bonos de prenda, son hechos posteriores a la constatación, identificación y avalúo de los repuestos para aviones, y si, de otra parte, el valor de las mercancías que se declaró en los certificados de seguro de transporte es el que resultó del proceso que se inició con el contrato de depósito, mismo que constató el tribunal, surge diáfano que éste de ningún modo pudo omitir ese avalúo en las pruebas que menciona el cargo. Por el contrario, antes que existir en ese preciso punto una palmaria contradicción entre lo afirmado por el sentenciador y la realidad que aflora de las pruebas, lo que se observa es una total fidelidad con su contenido objetivo.

3. Distinto es que los anotados valores, para los efectos precisos del artículo 1077 del Código de Comercio, no sean oponibles a la parte demandada y por ende que no sean equivalentes a la “cuantía del siniestro”, porque según el tribunal, amén de que habían resultado fijados por la demandante desde el mismo contrato de depósito, así en ese procedimiento hubieren participado, directa o indirectamente, otros sujetos, tales valores de ninguna manera “podían tomarse como el monto efectivo del perjuicio”, pues concernía a un elemento que inexorable y fehacientemente debía demostrarse, tratándose, claro está, como es el caso, de un seguro de daños, donde campea el principio indemnizatorio, con todo lo que ello implica.

Es cierto que el sentenciador justificó la necesidad de valorar el “monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o beneficiario” al momento del siniestro, argumentando que el tiempo transcurrido entre la fecha del depósito de los repuestos para aviones, finales de noviembre de 1992, y la época del siniestro, 4 de noviembre de 1996, y su reconocida falta de mercado nacional, no descartaba la posibilidad de que hubieren podido “perder valor en relación con el precio asignado a su manera por la demandante”.

Aunque en ninguna parte se dejó sentado que los repuestos fueran obsoletos o de chatarra o que no tuvieran salida comercial en otros países, pues lo que se afirmó era que no tenían demanda en el “mercado nacional”, cuestión que por sí descarta cualquier reproche sobre el particular, lo anterior en realidad no fue lo trascendente de la decisión.

Por supuesto que al considerar que el seguro contratado había sido de “daños” y no un “seguro de suma”, hecho que igualmente se acepta en el cargo, y al diferenciar entre “suma asegurada” y “valor real del interés asegurado al momento del siniestro”, el tribunal lo que estaba significando era que así el valor declarado en el seguro hubiere sido aceptado por la aseguradora, esto no equivalía a la cuantía del siniestro, porque la “suma asegurada” servía era al propósito de calcular la prima y fijar el tope máximo de la indemnización, en tanto que el “valor real del interés asegurado” debía corresponder era al avalúo que registraran los bienes, en el estado en que se encontraban, al momento de ocurrir el siniestro.

Si así no fuera, por la vía del establecimiento de la suma asegurada en un seguro de daños, excepción hecha del supuesto consagrado en el artículo 1089 del Código de Comercio, se estaría relevando al asegurado de demostrar, a posteriori, el valor de la indemnización, cuando por regla de principio, según el artículo 1077, ibídem, ocurrido el siniestro, a dicho asegurado le corresponde probar, además, la “cuantía de la pérdida”.

De manera que si la “suma asegurada” no era lo mismo que “cuantía del siniestro” o “valor real del interés asegurado”, tampoco las afirmaciones del sentenciador sobre que el avalúo de los repuestos para aviones fue fijado, “motu proprio” o a su manera", por la sociedad demandante, pudo incidir en el fallo absolutorio, porque con independencia de que esto sea cierto, nadie discute que la “suma asegurada” que se declaró no sea la misma del contrato de depósito y de las matrículas o certificados respectivos, inclusive de los bonos de prenda. Desde luego que a la aseguradora le era inoponible todo lo que rodeó el depósito de los repuestos, incluyendo su avalúo, por la potísima razón de que no fue parte en todo ese proceso, como tampoco los bonos de prenda, porque en éstos ni siquiera es parte el propio almacén general de depósito, como así lo tiene explicado la Corte (sentencia de 29 de mayo de 1991, CCVIII-399).

4.- En ese sentido, el tribunal no pudo omitir apreciar las pruebas que se relacionan con el avalúo de los repuestos para aviones al momento del depósito por parte de técnicos aeronáuticos, inclusive en mayo de 1996, esto es, mucho antes de expedirse las pólizas de seguro de transporte, porque si la aseguradora fue ajena a todo ese proceso, no otra cosa estaba haciendo que desechar los medios que en ese sentido existían, porque los mismos no constituían prueba contra ésta.

Lo anterior, desde luego, no fue extraño para la recurrente, porque en ninguna parte expresó que la aseguradora sí participó en el avalúo de las mercancías o que al menos prestó su consentimiento con ese propósito. Simplemente manifestó que como en dicho avalúo intervinieron expertos en la materia y profesionales en negocios de intermediación, la cuantía del siniestro lo constituía el valor declarado como asegurado, porque respecto del mismo la demandada había aceptado ese avalúo al no hacer la “más mínima objeción” cuando expidió las pólizas de seguro de que da cuenta el proceso.

Esto, empero: tiene una explicación diferente, porque tratándose de un seguro de daños, una cosa es el valor asegurado y otra, distinta, el valor presunto, según se trate de una declaración unilateral del tomador o del asegurado, o de un “acuerdo expreso entre el asegurado y el asegurador” sobre el valor real del interés asegurado, como lo establece el artículo 1089 del Código de Comercio, distinción que como se observa en el mismo precepto, es de capital importancia para efectos de, ocurrido el siniestro, distribuir la prueba acerca del valor real del interés asegurado.

Por supuesto que en el caso no puede estarse frente a un valor presunto que conllevara a exonerar a la demandante del onus probandi en relación con la cuantía del siniestro, porque no es cierto, como se asegura en el cargo, que la suma que se declaró como valor de los repuestos para aviones correspondía a un “acuerdo expreso” entre asegurado y el asegurador, y porque su aceptación por la aseguradora al expedir los certificados individuales de seguro sólo podía tener como finalidad “fijar convencionalmente el importe extremo de la pretensión indemnizatoria que la empresa aseguradora puede verse compelida a satisfacer si el siniestro llegare a ocurrir, y la de servir de base para el cálculo, junto con otros factores técnicos, de la prima que el tomador debe pagar” (sentencia de 11 de octubre de 1995, CCXXXVII-1062).

Así las cosas, es claro que la suma asegurada, de por sí, no servía de factor para determinar en el presente caso la indemnización del siniestro, porque como en el mismo antecedente lo explicó la Corte, esa cantidad, que es “diferente del valor asegurable y puede coincidir o no con este último”, generalmente es fijada unilateralmente por el asegurado. De ahí que la inserción de una cifra tal en la póliza “no significa que por fuerza el asegurador tenga que pagarla en su totalidad, puesto que (...) la cuantía de esta prestación depende de la entidad real y la incidencia del daño consecuencia del siniestro”.

5.- Finalmente, aunque es evidente que cuando para demostrar un hecho el sentenciador exige una prueba especial que la ley no requiere, se está en presencia de un típico error de derecho (Sentencia de 7 de marzo de 1997, CCXLVI164), en el caso el error que al respecto se denuncia tampoco existe, porque para acreditar la cuantía del siniestro el tribunal no restringió la libertad probatoria, por el contrario, expresamente señaló que ese hecho correspondía demostrarlo a la demandante “mediante las especies probatorias que contempla la ley, con citación y audiencia de su contraparte”.

Si bien en la sentencia impugnada se señaló que, en estrictez, no se vislumbraba la manera de “allegar la prueba del perjuicio tantas veces aludido”, pues no era clara la “forma y valor de adquisición de esos repuestos”, el Tribunal, con ese propósito, no exigió ninguna prueba específica.

Simplemente la mención que hizo de los “libros de comercio y contabilidad” fue para significar que las falencias probatorias que había encontrado respecto del monto efectivo del perjuicio patrimonial, es decir, del valor real del interés asegurado, que se define, según el penúltimo antecedente citado, “como el que registran los bienes en el estado en que se encuentran a la ocurrencia del siniestro”, sentido en que igualmente lo registró el tribunal, se acentuaban contra la demandante al no haber aportado esos medios, bien para aclarar esos hechos o para corroborar otras pruebas, pero no que fueran los únicos idóneos con dicha finalidad.

6.- De otra parte, no está por demás observar, a propósito de la “forma y valor de adquisición de los repuestos” cuestión que el tribunal no encontró claro, que conforme se afirma en la demanda, inicialmente, algunos fueron adquiridos por Dagoberto Martínez a Avianca S. A. el 11 de agosto de 1988 (folio 26, C-1), y otros, mediante el sistema de remate, a la Fuerza Aérea Colombiana por Taxi Aéreo de la Orinoquía Limitada, Taxor Ltda., el 14 de febrero de 1991 (folios 29-29A, C-1), y por Jimeno González Quintero el 15 de abril del mismo año (folio 397, C-1), bienes que vinieron a parar a la firma Ramírez & Rondón S. en C., quien finalmente los cedió a la sociedad demandante.

Pese a que se declaró como valor asegurado de los repuestos la suma de $623.887.814.00, incluidos los fletes, lo cierto es que en el documento de cesión que en copia obra en el proceso (folio 26, C-3), no se hizo constar el valor de dicha cesión. Tampoco existe prueba sobre el precio de adquisición por parte de la firma Ramírez & Rondón S. en C. a los anteriores propietarios, ni de las transacciones precedentes que de los mismos repuestos otros realizaron.

Lo que sí consta es que Dagoberto Martínez compró el lote de repuestos en la cantidad de $2.000.000.00, quien a su vez los vendió a Oscar Julián Campuzano Aguilar en la suma de $13.000.000.00. En lo demás, no es claro el valor del lote de repuestos adjudicados a la sociedad Taxor Ltda., porque los mismos fueron subastados junto con dos aviones por un total de $11.350.000.00, y respecto de los que subastó Jimeno González Quintero, ningún valor se relacionó.

7.- En ese orden de ideas, el cargo no puede abrirse paso.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 2 de mayo de 2003, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario de Agroexportaciones Limitada contra Aseguradora Colseguros S. A., con llamamiento en garantía de Almagrario S. A..

Las costas del recurso corren a cargo de la demandante recurrente. Tásense.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen para lo pertinente».

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