Sentencia 13030 de mayo 5 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 66001-23-31-000-2000-0804-01 13030

Consejera Ponente:

Dra. María Inés Ortiz Barbosa

Actor: Jorge Enrique Quiceno Ortiz

Ref.: Apelación sentencia de octubre 24 de 2001 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en juicio de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter fiscal. Impuesto de renta y complementarios, año gravable de 1995.

Demandado: La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – UAE DIAN.

Bogotá, D.C., cinco de mayo de dos mil tres.

Fallo

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Conforme a los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, debe dilucidar la Sala si la administración notificó correctamente el auto que ordenó la inspección tributaria y por ende se suspendió el plazo para notificar el requerimiento especial (E.T., art. 706). Así mismo si la actuación que le siguió fue oportuna e impidió la firmeza de la declaración del impuesto sobre la renta por el año gravable de 1995.

En el expediente se encuentran probados los siguientes hechos:

El demandante presentó la declaración del impuesto sobre la renta y correspondiente al año gravable de 1995 el 2 de julio de 1996. En ella consignó como sede del contribuyente la carrera 13 Nº 11-42 del municipio de Pereira (fl. 69, c.a.).

El 8 de julio de 1998 se expide auto de inspección tributaria en donde se indica como dirección para notificaciones la calle 13 Nº 11-42 de Santa Rosa de Cabal, Risaralda (fl. 71, cdno. a.).

El 27 de agosto de 1998 se profiere emplazamiento para corregir en el cual se indica como dirección la misma del párrafo anterior (fl. 77, cdno. a.).

El 24 de septiembre de ese año, el actor responde el emplazamiento y adjunta fotocopia de la declaración de corrección. Allí mismo se indica: “les solicito el favor de enviarme la correspondencia a la carrera 13 Nº 11-42, ya que me la están enviando a la calle 13 Nº 11-42 dirección incorrecta”. En la declaración que anexó indica como municipio Pereira, aunque del texto de la contestación no se menciona para nada esta ciudad (fls. 77 y 78, cdno. a.).

El 9 de octubre de 1998 se levanta el acta de inspección tributaria Nº 71 en la que se anota como dirección para notificaciones la carrera 13 Nº 11-42 de Santa Rosa de Cabal (fls. 71 a 84, cdno. a.).

En la misma fecha se expide el requerimiento especial Nº 70 en el cual se indica como dirección la misma que aparece en el acta de inspección tributaria pero del municipio de Pereira. En el anexo sí aparece anotado el municipio de Santa Rosa de Cabal (fls. 85 y 87, cdno. a.).

Tal acto fue devuelto por el correo según se aprecia a folio 99 vuelto (c.a.), hecho que además aceptan las partes.

No obstante el actor respondió el requerimiento especial el 8 de enero de 1999 (fls. 97 y 98, cdno. a.), vale decir dentro de la oportunidad prevista en el artículo 707 del estatuto tributario.

Con auto 9000010 de junio 28 de 1999 se corrige el anterior requerimiento y como dirección se anota la carrera 13 Nº 11-42 de Santa Rosa de Cabal. Respecto de este acto la parte demandante admite que fue válido.

La liquidación oficial de revisión Nº 900049 se expide el 7 de julio de 1999 y en ella se indica como municipio a Pereira (fl. 104, cdno. a.) y en el anexo explicativo a Santa Rosa de Cabal (fl. 106, c.a.). A folio 128 vuelto se hace constar la devolución por parte del correo, hecho que igualmente admiten las partes. Entonces, el 29 de julio de 1999, la DIAN publica el acto en El Diario del Otún (fl. 129, cdno. a.).

El demandante interpone recurso de reconsideración en escrito de 28 de septiembre de 1999, o sea dentro de la oportunidad legal conforme al artículo 720 del estatuto tributario, el que se decide con la Resolución 103197 de 13 de junio de 2000.

De los antecedentes descritos advierte la Sala varios hechos por destacar:

En primer lugar pese a las constantes equivocaciones en la dirección de localización del contribuyente, éste siempre actuó dentro de los términos legales y en las oportunidades procesales para responder o controvertir los actos, vale decir que se enteró de las decisiones administrativas pues se refirió a ellas expresamente cuando, por ejemplo, respondió el requerimiento ordinario (Nº 00133 de 16-I-98), atendió el emplazamiento para corregir (Nº 00074 de 27-VIII-98), e interpuso el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial (Nº 9000049 de 7-VII-99), hechos que indican que se le respetó su derecho de defensa el cual ejerció en su momento, como se indicó, lo que desvirtúa la alegada violación del artículo 29 de la Constitución en este aspecto.

De otra parte se observa una conducta negligente de parte del contribuyente al consignar en la declaración del impuesto sobre la renta y en su corrección, que su domicilio era Pereira cuando en realidad era Santa Rosa de Cabal.

Así mismo la administración demostró un gran descuido al indicar en algunas providencias en forma errada la dirección como calle en lugar de carrera o el domicilio del contribuyente, unas veces Pereira y otras Santa Rosa de Cabal.

Por otro lado se precisa que la actuación del ente fiscal se refiere a la declaración del impuesto sobre la renta por el año gravable de 1995, presentada el 2 de julio de 1996 y así debe establecerse si operó o no la suspensión del término para notificar el requerimiento especial.

Debe entonces la Sala determinar en el caso concreto si operó o no la notificación del auto que ordenó la inspección tributaria al contribuyente, pues en cualquiera de los dos eventos se afecta la actuación posterior a ella, en la medida en que de haber ocurrido lo primero procedería la suspensión del término para notificar el requerimiento especial o de presentarse lo segundo sería evidente la extemporaneidad de la actuación de la oficina de impuestos y por ende se daría la firmeza del denuncio tributario cuestionado.

Como se dejó expuesto, el requerimiento ordinario 133 de 16 de enero de 1998 fue remitido a la carrera 13 Nº 11-42 del municipio de Pereira y pese al error no aparece en el expediente constancia de su devolución. No obstante el declarante lo responde y allega copias de los extractos bancarios solicitados, según se afirma tanto en el acta de inspección tributaria como en el requerimiento especial, hecho sobre el cual no existe manifestación alguna de parte del demandante.

En el auto de inspección tributaria 202 de julio 8 de 1998, se indica que la dirección para notificaciones es la calle 13 Nº 11-42 del municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda. El 27 de agosto de 1998 se envía emplazamiento para corregir Nº 00074 a esa misma dirección, el cual es respondido el 24 de septiembre siguiente con copia de la declaración de corrección, vale decir oportunamente. El escrito de contestación se data así: “Santa Rosa de Cabal, septiembre 24 de 1998” y en él se anota: “Les solicito el favor de enviarme la correspondencia a la carrera 13 Nº 11-42 ya que me la están enviando a la calle 13 Nº 11-42 dirección incorrecta”, pero no obra en el expediente actuación alguna de la cual pueda inferirse que en efecto se recibió la copia del auto que decretó la inspección.

Para la Sala del texto de los artículos 706 y 779 del estatuto tributario, se destaca de un lado, la importancia de la notificación como hecho capaz de producir la suspensión, y de otro, que ésta puede surtirse por alguna de las formas allí previstas. Lo que no significa que solo a través de ellas pueda darse a conocer al interesado el acto, pues lo que pretende el legislador es garantizar el pleno conocimiento de la decisión administrativa y no restringir los mecanismos para enterarlo y si bien el artículo 565 del estatuto tributario reitera que, entre otros actos, la notificación del auto que decreta la inspección tributaria debe hacerse por correo o personalmente, tal imperativo así lo confirma pues sitúa en cabeza del ente fiscal la protección del derecho sustancial a conocer su contenido por parte del contribuyente. Así las cosas aun cuando la posibilidad de darse una notificación por conducta concluyente, no está mencionada en el citado artículo 779 ibídem, tienen plena validez, si en el expediente apareciera prueba sobre que se cumplieron los presupuestos para su configuración.

Precisado lo anterior y ante los hechos descritos, podría argüirse en principio que en el sub examine el actor pudo haber conocido el auto de inspección tributaria, pese a que se remitió a dirección diferente —se anotó calle en vez de carrera—, con fundamento en que, por una parte, afirma al contestar el emplazamiento para corregir, que la correspondencia le ha llegado a la calle 13 Nº 11-42 y no a la carrera 13 Nº 11-42, que es la correcta y que ha conocido su contenido como indicó frente a otras actuaciones, y por otra, que tal acto no fue devuelto por el correo.

Lo cierto es que frente a esta circunstancia no aparecen en el expediente elementos de juicio que permitan entender cumplidos los presupuestos de la notificación por conducta concluyente frente al auto de inspección (CPC, art. 330). En efecto, el interesado en la actuación previa a la expedición de la liquidación de revisión no se refiere a su contenido, por el contrario niega que se haya practicado por lo que pide una “inspección ocular” al responder el requerimiento especial (fl. 97, cdno. a.). De tal suerte que no existe certeza sobre la fecha en la cual podría considerarse notificado el interesado y ante tal vacío la Sala entiende que no se produjo esta diligencia, bajo ninguna de las formas previstas legalmente. Máxime cuando la administración conocía la dirección correcta como se aprecia del contenido del acta en la cual se afirma que se envió a la registrada en la última declaración de renta y se anota la carrera 13 Nº 11-42 de Santa Rosa de Cabal, y aun así en el referido auto se indicó la calle 13 Nº 11-42 del mismo municipio.

Así las cosas, la expedición del auto que ordenó la inspección tributaria no produjo los efectos que prevé el artículo 706 del estatuto tributario sustituido por el 251 de la Ley 223 de 1995. En tales condiciones el límite máximo para notificar el requerimiento especial era el 12 de julio de 1998 y como éste se produjo solo hasta el 9 de octubre de 1998, la actuación de la administración es inoportuna.

Como quiera que en el caso, el contribuyente corrigió la declaración inicial mediante la presentada el 24 de septiembre de 1998 con ocasión del emplazamiento para corregir y esta corrección fue anterior al requerimiento especial —situación que admite la administración en los actos impugnados—, con fundamento en el inciso segundo del artículo 588 del estatuto tributario, se declarará su firmeza teniendo en cuenta que precluyó la oportunidad de la administración para modificarla mediante liquidación de revisión según lo estatuido en el artículo 702 ibídem, aspecto que se discutió en el proceso y no fue advertido por el a quo.

Con fundamento en todo lo anterior se confirmará la sentencia apelada, con la precisión de que la liquidación privada que queda en firme es la de corrección presentada el 24 de septiembre de 1998 por lo cual se adicionará el fallo del a quo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de su Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada.

2. ADICIÓNASE la sentencia de octubre 24 de 2001 en el sentido de declarar en firme la liquidación privada presentada el 24 de septiembre de 1998, sticker 0774402000441-0.

3. RECONÓCESE personería para actuar en nombre de la entidad demandada a la doctora Edna Patricia Díaz Marín, de conformidad con el poder que obra a folio 198.

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en la sesión de la fecha.

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