Sentencia 13039 de junio 6 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 60

Magistrado Ponente:

Jorge Aníbal Gómez Gallego

Bogotá, D.C., seis de junio de dos mil dos.

Vistos

EXTRACTOS: «Se pronuncia la Corte sobre el recurso extraordinario de casación interpuesto por el fiscal tercero delegado ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, contra la sentencia del 18 de noviembre de 1996, por medio de la cual esa corporación revocó la condenatoria proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía (Risaralda) el 14 de agosto del mismo año, y en su lugar absolvió al procesado Carlos Alberto Trujillo Rivas de los cargos que se le habían formulado por el delito de homicidio agravado en el grado de tentativa.

El agente del Ministerio Público no es partidario de que se case el fallo.

Hechos y actuación procesal

Luz María Escobar Gil recibía clases de conducción de motocicletas. Su instructor era un individuo llamado Jorge, sin más indicación, de quien se dice fue muerto. El 25 de febrero de 1994, en horas de la tarde, practicaban por la vía que conduce de La Virginia a Apía; cuando iban por el sitio “Alto del Muñeco”, Jorge se detuvo porque supuestamente el rodante fallaba; ambos se bajaron del vehículo, cuando de pronto aquél, después de un forcejeo, lanzó al abismo a la mujer, quien cayó al fondo. La dama fue rescatada, horas después, por vecinos del lugar que pudieron escuchar sus voces de auxilio y que la remitieron inicialmente al hospital de Apía.

Con base en la denuncia formulada por Luz María Escobar Gil, la Fiscalía 23 de esa localidad ordenó adelantar una investigación preliminar mediante providencia del 19 de agosto de 1994, la que terminó con resolución de apertura de instrucción, según providencia del 13 de enero de 1995.

La fiscalía vinculó mediante indagatoria a Carlos Alberto Trujillo Rivas el 8 de marzo de 1995, imponiéndole medida de detención por el delito de homicidio agravado imperfecto, de acuerdo con resolución del siguiente 16 de los mismos mes y año, la cual fue confirmada por la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Pereira, con la suya del 28 de abril de 1995.

Procedió el órgano instructor a clausurar la investigación por medio de providencia del 19 de mayo de 1995. Su mérito lo calificó formulando acusación contra Trujillo Rivas, como determinador del delito de homicidio en el grado de tentativa, según aparece en la resolución del 20 de junio de la misma anualidad, la que apelada por la defensa, fue objeto de confirmación por parte de la unidad de fiscalía delegada ante el tribunal, con su pronunciamiento de 1º de agosto subsiguiente.

El conocimiento del juicio lo asumió el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, el cual instaló audiencia pública el 14 de diciembre de 1995, acto que culminó el 30 de julio de 1996 después de superar algunas incidencias procesales. El 14 de agosto de ese año, el a quo profirió sentencia de primer grado, en los términos ya conocidos, la que fue revocada por el tribunal con el fallo materia de este recurso extraordinario.

(...).

Consideraciones de la Corte

La demanda busca enervar la sentencia de segunda instancia, atacando la forma como se trató la prueba indiciaria. Sin embargo, el desarrollo que el casacionista da a la problemática propuesta en las diferentes censuras, no consulta las pautas argumentales que la jurisprudencia de la Sala ha trazado en relación con la materia de poner en evidencia los errores in iudicando que pueden consolidarse en los diferentes elementos estructurales de la prueba indirecta.

El hecho de que el censor haya dividido el libelo en dos capítulos, subdivididos a su vez en cargos, no significa que haya acertado en un detallado análisis de la prueba indiciaria, o que deja patente, de un lado, el incorrecto manejo de las especies que puede asumir el yerro de hecho, en punto de la violación indirecta de la ley sustancial, y de otra parte, de la naturaleza del indicio. Por estas razones se impone una respuesta unificada.

En repetidas ocasiones ha dicho la Corte que es perfectamente posible atacar en sede de casación los errores de juicio que se presentan al momento de elaborar los indicios, pero sólo a ciencia y paciencia de que se tenga claro el concepto de este elemento de prueba.

La ley procesal no define al indicio pero señala las partes que lo integran. De acuerdo con el artículo 284 del Código de Procedimiento Penal (300 del derogado) éstas son: un hecho indicador, la inferencia lógica y el hecho indicado o inferido. Conforme a ese señalamiento, por indicio puede entenderse el proceso intelectual que se hace a partir de un hecho o circunstancia debidamente acreditado dentro del proceso, al que se aplican las reglas de la sana crítica, a fin de alcanzar la máxima aproximación al descubrimiento de una realidad desconocida.

Por eso, si la crítica se asienta en la prueba del hecho indicante, pueden postularse falsos juicios de identidad (porque la expresión material del medio probatorio fue alterada o tergiversada, para ponerla a expresar otra cosa distinta) o de existencia (porque fue omitida en el análisis, o porque se ideó una que materialmente no está incorporada en el proceso); en cambio, si de impugnar el proceso de inferencia lógica se trata, sólo es posible demostrar cómo el curso de pensamiento del juzgador estuvo alejado por completo de las reglas de la sana crítica, al punto que trastocó los dictados de la lógica, desconoció las leyes y avances de la ciencia o ignoró los parámetros de la experiencia.

La Sala ha delineado de manera clara y pacífica la manera correcta de abordar la oposición a la forma como se construyó el indicio en la sentencia recurrida, en múltiples pronunciamientos. Así, entre otras, en una sentencia en la que obró como ponente quien ahora cumple igual cometido, dejó sentado estos criterios:

“Por ello, como en reiteradas ocasiones lo ha señalado la Sala, la técnica requerida para el ataque dirigido contra la prueba indiciaria reclama que, coherente con la estructura lógica de la misma, la censura se oriente hacia cualquiera de los momentos de su construcción, es decir, a los elementos de convicción que soportan el hecho indicador, a la operación mental de inferencia del dato indicado o a la estimación individual o conjunta de su poder suasorio, por lo que ha menester de parte del recurrente el señalamiento de cuál de estos pasos es el que se duele del error, de qué especie es, pues eventualmente podrían ser de diversa naturaleza, y cómo por su incidencia en el fallo se obtuvo una decisión que debe ser remplazada por otra que rinda homenaje a la legalidad, lo que en esencia constituye el tema central de la casación (Cfr. Casaciones de mayo 30/96 M.P. Dr. Fernando Arboleda Ripoll, abril 17/97 y feb. 16/96, M.P. Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego, entre otras)”. (Sent. del 28 de feb./2002, rad. 12.238).

Del mismo modo, la Corte viene explicado que también es necesario especificar, si se estima que el error radica en el establecimiento de la concordancia y convergencia de los diferentes indicios entre sí y su armonía con las demás pruebas, cómo se produjo el defecto de apreciación, además de proponer cuál es la tesis deductiva correcta que se impone.

En tal sentido dijo recientemente esta corporación que:

“Dada la naturaleza de este medio de prueba, si además el yerro se presenta en la labor de análisis de la convergencia y congruencia entre los distintos indicios y de éstos con los demás medios, o al asignar la fuerza demostrativa en su valoración conjunta, este aspecto no puede dejarse de precisar en la demanda, concretando el tipo de error cometido, demostrando que la inferencia realizada por el juzgador transgrede los postulados de la sana crítica, y acreditando que la apreciación probatoria que se propone en su reemplazo, permite llegar a conclusión diversa de aquella a la que arribara el sentenciador, pues no se trata en casación de anteponer el particular punto de vista del actor al del fallador, ya que en dicha eventualidad primará siempre éste, en cuanto la sentencia se halla amparada por la doble presunción de acierto y legalidad, siendo carga del demandante desvirtuarla con la demostración concreta de haberse incurrido en errores determinantes de violación en la declaración del derecho.

Es en este sentido que el demandante debe indicar en qué momento de la construcción indiciaria se produce, si en el hecho indicador, o en la inferencia por violar las reglas de la sana crítica, para lo cual ha de señalar qué en concreto dice el medio demostrativo del hecho indicador, cómo se llevó a cabo la inferencia por el juzgador, en qué consistió el yerro, y qué grado de trascendencia tuvo éste por su repercusión en la parte resolutiva del fallo" (Sent. del 28 de feb. de 2002, rad. 11.141, M.P. Fernando Arboleda Ripoll).

El demandante no repara en tales directrices, porque confunde repetidamente la noción de hecho indicador con la prueba que lo contiene, que lo demuestra. Además, no atina a señalar cuál fue el medio de convicción alterado o distorsionado en la apreciación del tribunal, que lo condujo a unas inferencias contrarias a la verdad que informa el proceso.

Por el contrario, la sustentación del cargo está fundada en unos desacuerdos con el grado de convicción que algunos elementos probatorios forjaron en la corporación ad quem, los cuales la llevaron a una conclusión totalmente diversa, es decir, que el motivo o móvil para querer atentar contra Luz María no estaban tan nítidos en el proceso.

De esa manera, aparecen claras las inconsistencias teóricas que ostenta la demanda, pues en el introito del primer cargo el libelista anuncia que el “fallo lo estructuraré desde el hecho indicador en cuanto a la prueba indiciaria, consistente en el denominado por las instancias del móvil en la adquisición del seguro de vida por parte del señor Carlos Alberto Trujillo Rivas”. Este planteamiento denota un yerro que se hace más evidente en posteriores estadios del libelo, en cuanto confunde el hecho indicador con la prueba que lo contiene o demuestra, como se acaba de exponer.

Además, del enunciado, así fuese defectuoso, se esperaba que el casacionista dedicara su atención al medio probatorio base de la construcción del indicio de móvil, en este caso, la póliza de seguro de vida adquirida por Trujillo Rivas, para enseñar la manera como el juzgador de segundo grado distorsionó su expresión fáctica, el contenido objetivo, habida cuenta que de modo general pregonó en la apreciación de las pruebas, capítulo primero, la presencia de un error de hecho determinado por un falso juicio de identidad.

Defraudada quedó tal expectativa, porque el censor se dedicó a decir que el fallo asumió una sinonimia en los conceptos de posibilidad y probabilidad, pero a pesar de que transcribe la parte del fallo en que se utilizan casi de modo simultáneo los dos términos, no desarrollan el punto por cuanto omite explicar por qué la probabilidad o la posibilidad de que hubiesen concurrido otros motivos generadores del ataque a la ofendida mencionados por el ad quem, no podían considerarse a partir de la adquisición de la póliza.

Tampoco puede saberse, en orden a la demostración del postulado inicial, cómo incidía el hecho de que el procesado hubiese efectuado con anterioridad unas reclamaciones por siniestros ocurridos a vehículos que tenía amparados; como del mismo modo se preguntó el procurador ¿esa maniobra fue fraudulenta? Adicionalmente, no trazó cómo esta circunstancia encajaba dentro de la estructura del indicio de móvil, o si con fundamento en la misma podía armarse otro y, menos, de qué manera convergía o concordaba con otros indicios o con las demás pruebas.

Si esa circunstancia reportaba significado trascendente en el análisis conjunto de las pruebas, resulta que en la exposición del actor sobre el punto aparece evidente otra falla técnica, puesto que el hecho puesto en consideración, esto es, el precedente cobro de otras pólizas de seguro, no fue estimado por el tribunal. En otras palabras, el ad quem ignoró la prueba que lo contenía, aspecto que debió plantearse en cargo independiente por cuanto determinaba la incursión en un error de hecho por falso juicio de existencia.

Ahora, respecto de la referencia a la declaración de Marta Lucía Alzate de Jaramillo, vendedora del seguro de vida conocido, no aparece con claridad cómo obra en la tarea de demostrar la censura, pues a la estimación que a ese elemento le dio el tribunal, apenas enfrenta su contenido. No puede saberse, entonces, si lo que el actor no comparte es la valoración dada a la prueba, si éste es contenedora de circunstancias que refuerzan el indicio, si las dicciones fueron tergiversadas, porque después de ese ejercicio, el recurrente aludió a las otras "posibilidades" halladas por el tribunal sobre los motivos del intento de matar a Luz María, entre ellas las propias que podía tener el ejecutor material de la conducta, quien la empujó al abismo, el individuo conocido como Jorge.

Se contenta con calificar de hipotéticas las consideraciones del tribunal, para aseverar de manera enfática que se sacrificó la probabilidad de que el aludido Jorge debió actuar determinado por la persona que lo contrató, el procesado, con la presentación de sus propias hipótesis: fue así porque Jorge no se hurtó la motocicleta y también la arrojó por el despeñadero para simular un accidente. ¿De dónde extracta estas conclusiones el casacionista), ¿cómo eludió esta inferencia el tribunal a consecuencia de la tergiversación de la compra del seguro?

El casacionista no deja conocer cuál fue la fuente probatoria, ni las premisas de las que partió para arribar a esas conclusiones, porque el cargo carece de una estructura, de coherencia, lo que impide examinar la elaboración analítica que esbozó el ad quem en comparación con las frágiles razones de la demanda y con la verdad del proceso.

Con todo, si el recurrente quería hacer luz frente a las dudas planteadas por el tribunal acerca de la intervención del procesado como determinador de la conducta homicida, competíale enseñar de qué manera la errada apreciación de las pruebas llevó a esa corporación al hallazgo equivocado de otras causas por las que el comportamiento se pudo haber ejecutado, no obstante que de los medios de convicción sólo podía inferirse aquella exclusiva tesis.

La divergencia se ubica en el plano valorativo, en cuanto el censor no comparte el grado de convicción que el juzgado de segunda instancia le asignó a las distintas circunstancias apreciadas en punto de las motivaciones del atentado contra la vida de Luz María, sin que ello desvele la presencia de error capaz de minar la firmeza del fallo atacado.

El casacionista no logra superar esa inadecuada tendencia, cuando se ocupa de los hechos indicadores de las manifestaciones anteriores y posteriores del procesado, que radica en los testimonios de Marta Liliana Escobar Gil, Celina Escobar de Pérez, María Alicia Bedoya y Marina Escobar de González (cargos dos y tres del capítulo 1).

Véase que siempre confunde la prueba del hecho indicador con el hecho mismo, lo cual resulta inapropiado por cuanto el error en la apreciación del medio que lo contiene, puede derivar en que se declare un suceso que repugna a la verdad patente dentro del proceso.

El problema sigue radicando en el valor fijado para cada una de esas piezas probatorias, diametralmente diferente según se trate del tribunal o del casacionista, tensión en la cual, como inalterablemente lo tiene reiterado la Sala, prevalece el criterio fijado judicialmente en el fallo demandado, en virtud de la presunción de acierto y legalidad que acompaña a éste.

Sin embargo, es bueno recalcar que la expresión de esos medios de convicción no fue desconocida ni alterada por el juzgador, sólo que considera que no tienen la fuerza suasoria suficiente como para arrojar certeza sobre el punto de la determinación que se le endilgó a Trujillo, principalmente porque estimó, con razón, que las testigos no tuvieron una aprehensión directa de la supuesta confesión que Luz María le atribuye a aquél, sino que fue a modo referencial, o bien porque ésta se los comentó o porque dijeron haberlo escuchado a su vez de otras personas, la esposa y suegra de aquél, quienes, además, negaron haber realizado ese comentario. Véase el aparte que el mismo casacionista tuvo a bien subrayar del testimonio de Marta Liliana Escobar, en el que no se lee que la testigo haya dicho que escuchó a Carlos Alberto Trujillo Rivas aceptar el haber dispuesto la muerte de quien fuera su amante.

Los restantes testimonios rendidos por los familiares de la ofendida, tampoco dan cuenta de que el enjuiciado haya admitido haber mandado a matarla. Coinciden, sí, en que después de los hechos dijo que dio esa orden pero respecto de quien atentó contra la vida de Luz María y que estaba dispuesto a enseñarles la tumba donde yacían sus restos, asertos de los que concluye el casacionista se deduce que tal individuo fue contratado por Trujillo para el mencionado fin. Esta circunstancia no quedó demostrada para el tribunal, que además halló corroborada la versión de aquél en el sentido de que Jorge era amigo de la denunciante y no de Carlos Alberto.

El discurso del censor no contiene ningún ensayo dirigido a demostrar que esta última apreciación fue el resultado de una errada apreciación de las pruebas, precisamente porque se empeñaba en forzar el alcance de los mencionados testimonios, al pretender extraer de las mismas unas conclusiones que sólo podían tener apoyo en el interés que abrigaba de lograr una sentencia condenatoria.

La misma tendencia se observa respecto del que denomina capítulo segundo, en el que anuncia el desarrollo de errores de hecho por falso juicio de identidad. Empieza el primer cargo, con el señalamiento, otra vez equivocado, de que el hecho indicador está constituido por el testimonio de la señora Luz María Escobar Gil, luego de lo cual se introduce en la exposición de lo que la doctrina considera como sana crítica, para dolerse de que el tribunal no le haya creído a la ofendida en su señalamiento de Carlos Alberto como el determinador del atentado que estuvo a punto de costarle la vida, pero sin que atine a señalar cuáles fueron las pautas de ese sistema de análisis probatorio que fueron desconocidas.

Hay una oposición evidente entre las valoraciones que le dieron el sentenciador de segundo instancia y el casacionista a las declaraciones de la ofendida. Debido a que el actor no demostró que las del tribunal fueron producto de un error, sino fruto de una visión diferente a la suya, apoyada en otra vertiente de circunstancias, son las de esa corporación las que priman, como ya se sabe.

En los cargos segundo y tercero del capítulo II, el actor denuncia sendos errores de hecho por falso juicio de existencia, derivados de la omisión de un dictamen pericial y de una declaración. Sostiene, como en todos los demás puntos, que esas piezas constituyen el respectivo hecho indicador, lo cual sería suficiente para dar al traste con sus pretensiones.

El alcance de la omisión del dictamen psicológico practicado a la ofendida, en el que se concluyó que no padecía trastorno mental para el momento en que fue examinada, ni para cuando ocurrieron los hechos, lo hace consistir el casacionista en que no se tuvo en cuenta para concluir que no tenía tendencia a decir mentiras.

Manifestar la verdad o mentir no está determinado, en principio, por el estado de sanidad de la mente. El decidirse por alguna de esas opciones depende de muchos factores que tocan con las conveniencias individuales, es decir, con los beneficios que el individuo estime puede obtener al decir la verdad o al mentir, por el carácter o por la personalidad de quien se expresa. En tales condiciones, un dictamen psicológico no puede tener como objeto establecer si una persona expresó o no la verdad en un momento determinado.

Desentrañar ese aspecto es tarea que le corresponde al funcionario judicial, mediante la valoración intrínseca del testimonio, las particularidades que ostenta, las condiciones personales de quien da la versión y aquellas en que se produjo la experiencia sensorial, y su comparación con los demás elementos de juicio de que disponga (CPP, art. 277).

Así las osas, el que científicamente se haya establecido que Luz María Escobar Gil no tenía trastorno mental alguno, no significa que apegara sus dichos a la verdad, como tampoco podría decirse que estuviera determinada a mentir si padeciese alguna dolencia psíquica o psicológica.

Si el tribunal no le dio el grado de credibilidad al que espiraba el demandante a las declaraciones de Escobar Gil es el resultado de sopesar sus afirmaciones junto a otras circunstancias, también ventiladas en el proceso, como se aprecia de la simple lectura del fallo, sin que la falta de apreciación del dictamen incidiera en modo alguno en tales consideraciones, aspecto este sobre el cual tampoco dijo mayor cosa el casacionista

Algo similar ocurre con la supuesta omisión del testimonio de Sulma Esquivel Ospina, quien relata lo que le expuso la ofendida antes después de los hechos, en lo relacionado con la circunstancia del regalo de la motocicleta y con la de la supuesta orden que dio Carlos Alberto Trujillo de mandarla a matar.

Es claro que si bien la testigo no fue expresamente citada, el tribunal apreció los hechos de los que dio cuenta de una manera general, por la vertiente de apoyo a las expresiones de la ofendida, la cual no consideró atendible por la razón ya comentada, básicamente porque ninguno de los declarantes pudo narrar el haber tenido como experiencia auditiva directa, el escuchar de labios del procesado la aceptación del comportamiento que se le atribuye.

Cabe comentar, por último, otra falencia en la que incurrió el censor en la demando. Olvidó explicar el sentido del quebranto indirecto a las disposiciones de derecho sustancial invocadas Expresado de otro modo, no dijo si como consecuencia de la apreciación errónea de las pruebas el tribunal consideró que la fenomenología materia de investigación no se amoldaba a los supuestos de hecho previstos en los artículos 22, 323, 324-4 del Código Penal de 1980, es decir, que no configuraba la ejecución de una conducta dirigida de modo inequívoco a segar la vida de una persona, motivada por precio o promesa remuneratoria.

Si el tribunal estimó que aquí "se quiso la muerte de Luz María Escobar Gil ofendida de autos a quien se le lanzó a un abismo lugar que por las características topográficas permite deducir que la muerte era probable que se presentara" es claro que está hallando una coincidencia entre el suceso y el contenido de los mencionados supuestos.

Como el punto de discusión fue la duda declarada acerca de la autoría por determinación en cabeza de Trujillo Rivas, en lógica las disposiciones que debió señalar como violadas de manera mediata eran los artículos 23 del Decreto 100 de 1980, 247 y 445 del Decreto 2700 de 1991, en cuanto recogen en su orden, el fenómeno de la determinación, la existencia de la certeza como supuesto de una sentencia condenatoria, y el desarrollo de la presunción de inocencia y del in dubio pro reo.

Sobre el sentido de quebranto a esas normas, nada dijo el casacionista, de suerte que nada puede decir la Corte sobre el particular.

Así, de esa manera, es protuberante la falta de aptitud del libelo para batir los supuestos y premisas argumentales del fallo. La extensión del escrito no se compadece con el tono anodino e insulso de sus fundamentos, que impiden a la Corte profundizar en ellos ante el carácter rogado del discurso, en cuya virtud sólo son las correctas posturas de la demanda las que delimitan el marco de acción y del pronunciamiento de esta corporación.

Los cargos se desestiman.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

No casar el fallo de fecha, origen y naturaleza indicados en la motivación.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, comuníquese, cúmplase y devuélvase».

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