Sentencia 1304 de junio 29 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

TRASTEO Y COMPRA DE VOTOS

NO SON CAUSALES DE NULIDAD ELECTORAL

EXTRACTOS: «Indica la demanda que el acto acusado está viciado de nulidad, por cuanto tanto los registros como los elementos que sirvieron para su formación son falsos o apócrifos.

La acusación se basa en un supuesto trasteo de votos realizado desde el municipio de Quib-dó a los corregimientos de Buchadó, San Antonio de Padua y Paloblanco pertenecientes a la jurisdicción de Vigía del Fuerte para las elecciones de octubre 30 de 1994, hecho que tuvo incidencia para que fuera electo como alcalde de esta localidad el señor ...

Además, señala el actor que por parte de este ciudadano y su patrocinador ..., hubo compra de votos. Sobre estos hechos presenta algunos casos concretos afirmando que fueron oportunamente denunciados por los testigos electorales y la investigación la adelanta el Juzgado Municipal de Vigía del Fuerte.

Son dos cargos en consecuencia los que en el sub lite se hacen al acto administrativo impugnado.

Respecto al denominado “trasteo de votos”, figura que en materia electoral resulta de la interpretación del artículo 316 de la C.N., la jurisprudencia de la Sala ha sido constante y unánime al expresar que el propósito del constituyente al exigir en este canon la condición de residente para sufragar en los comicios de autoridades locales, es el de impedir el acarreo de electores de una circunscripción a otra, para evitar que personas ajenas al respectivo municipio, influyan en las decisiones que en éste deban adoptarse a nivel político administrativo, constituyéndose en un obstáculo para el desarrollo de estos entes territoriales.

Pero si bien esta práctica fue señalada como vicio político por el artículo 316 de la Carta de 1991, la disposición no consagra una sanción nulitiva del voto para quienes la infrinjan, como tampoco ha sido consagrada en las leyes dictadas en relación con la organización del proceso electoral, en los cuales sí se establecen sanciones pero de tipo penal o de carácter administrativo, v. gr., la Ley 2ª de 1992 dictada de manera transitoria con relación específica a las elecciones del 8 de marzo de ese año, mediante la cual, en su artículo 1º se impuso para los infrac-tores una sanción penal; la Ley 84 de 1993 que en su artículo 5º contempla una sanción pero de tipo administrativo, al atribuirle competencia al Consejo Nacional Electoral para dejar sin efectos las inscripciones realizadas en desacato de la norma superior. Esta disposición fue declarada inexequible mediante sentencia Nº C-145 de marzo 23 de 1994 de la H. Corte Constitucional.

Se halla vigente el artículo 4º de la Ley 163 de agosto 31 de 1994 que dispone:

“Para efectos de lo dispuesto en el artículo 316 de la Constitución Política, la residencia será aquella en donde se encuentre registrado el votante en el censo electoral.

Se entiende que, con la inscripción, el votante declara, bajo la gravedad del juramento residir en el respectivo municipio.

Sin perjuicio de las sanciones penales, cuando mediante procedimiento breve y sumario se compruebe que el inscrito no reside en el respectivo municipio el Consejo Nacional Electoral declarará sin efecto la inscripción...”

Queda claro entonces, que en la legislación existente a partir de la Carta Política de 1991 el denominado “trasteo de votos” no fue establecido como causal de nulidad sin que sea válido pretender que a falta de esta connotación legal los hechos que dan lugar a esa figura, caprichosamente se les ubique dentro de la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 223 del CCA, “cuando aparezca que el registro es falso o apócrifo, o falsos o apócrifos los elementos que hayan servido para su formación”, pues es constante la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de que la noción de falsedad entraña la intención de engañar, de disfrazar la realidad. Y la apocrifidad es lo supuesto, lo inexistente, pero en ambos debe producir una alteración del resultado electoral, que requiere comprobación mediante medios de convicción idóneos. El cargo no prospera.

En lo que atañe con el cargo sobre compra de votos que se atribuye al señor ... y a su patrocinador, se presenta la misma situación anterior, puesto que el hecho no cabe dentro de los conceptos de falsedad o apocrifidad como lo predica el actor, estos conceptos tienen bien definidos sus elementos característicos en la jurisprudencia como atrás se anotó.

La compra de votos no constituye causal de nulidad en materia electoral, pero esa conducta está tipificada como punible en el artículo 251 del Código Penal bajo la denominación de “corrupción del elector”, con sanción de prisión tanto para quien paga como para quien acepta. La sanción pues es de carácter penal y no es viable buscarla mediante la acción especial de nulidad electoral, por cuanto ésta debe fundarse en precisas causales determinadas en la ley, o sea, que en esta materia rige el principio de la taxatividad reiterativamente aplicado por la jurisprudencia de la Sala.

En síntesis, siendo imprósperos los cargos el fallo apelado deberá ser confirmado».

(Sentencia de junio 29 de 1995. Expediente 1304. Consejero Ponente: Dr. Luis Eduardo Jaramillo Mejía).

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