Sentencia 13078 de junio 4 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

INSCRIPCIÓN DE JUNTAS DIRECTIVAS DE SINDICATOS

REVOCACIÓN DIRECTA

EXTRACTOS: «Estos actos de inscripción en el registro sindical de la conformación de las juntas directivas de Sintravidricol seccional Soacha, constituyen sin duda actos de carácter particular, creadores de situaciones jurídicas nuevas, de las cuales emanan derechos y obligaciones para el sindicato. Y ello es así, por cuanto los miembros de las juntas directivas nacional o seccionales de Sintravidricol, de acuerdo con el artículo 25 de sus estatutos (fl. 52, cdno. 2), no entran a ejercer sus cargos, vale decir, esos órganos del sindicato no operan como tales, sino después de que la división de relaciones colectivas o el respectivo inspector, según el caso, hayan ordenado su inscripción en el registro sindical.

Es por tanto desacertado concluir que los actos administrativos de inscripción de juntas directivas de los sindicatos, son actos de carácter general, cuya revocatoria directa procede sin condición especial. Es incuestionable que los actos administrativos demandados son de carácter particular y concreto, y que su revocación sólo podía efectuarse cumpliendo los requisitos consagrados en el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo.

El citado artículo 73 dispone que cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del titular, salvo cuando resulte de la aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69 ibídem o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.

No cumplió la administración con este requisito al revocar las resoluciones números 2777 de 1992 y 3646 de 1993, que por lo demás al momento de la revocatoria ya no estaban vigentes; fuerza concluir entonces que la inobservancia del procedimiento legal sin justificación válida, determina la ilegalidad del acto enjuiciado, y por ende, la declaratoria de su nulidad».

(...)

SINDICATOS

CAPACIDAD PARA DEFENDER SUS PROPIOS INTERESES

EXTRACTOS:«En primer término la Sala se referirá a las excepciones propuestas por Conalvidrios S.A., que apuntan a demostrar que en el sub lite existen razones de orden sustancial y procedimental que impiden conocer de fondo la contención planteada por el libelista.

Se determinará entonces si “Sintravidricol” está legitimado para impetrar ante esta jurisdicción la información del acto administrativo por el cual se revocó la inscripción en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la junta directiva de una de sus seccionales, pues conforme con las apreciaciones de la impugnadora, esa agremiación sólo puede acudir a los estrados judiciales a representar los intereses económicos o generales de los agremiados.

Los sindicatos, como personas jurídicas que son, cuentan con capacidad legal para comparecer ante la justicia en orden a defender sus propias actuaciones; privarlos de esta facultad, como pretende la empresa Conalvidrios, sería olvidar que operan en el ámbito jurídico con las prerrogativas propias de sujetos de derecho, y como tales pueden ejercer las acciones pertinentes para defensa de su propia personalidad, como acontece en el caso sub lite, en que la contienda se plantea sobre la legalidad de la inscripción de una junta directiva seccional, que constituye precisamente uno de los órganos a través de los cuales las personas jurídicas desarrollan las funciones que el ordenamiento jurídico les ha asignado.

Así las cosas, si una acción judicial, como la presente, está referida a la inscripción de los órganos directivos del sindicato como sujeto de derecho reconocido por la ley, indudablemente tal agremiación se halla legitimada para comparecer en juicio en defensa de los actos que le atañen.

Por tanto, la censura de Conalvidrios S.A. relacionada con este tema, carece de sustento, pues los sindicatos pueden ejecutar dos clases de acciones, una referente a sus propios intereses, como sujeto de derecho y otra relacionada con la representación gremial, la cual comprende la defensa de los derechos de cada uno de los afiliados, así como a todo cuanto se relacione con la profesión o el gremio que representan.

En este orden, la excepción fundamentada en la ilegitimidad para ese efecto, amerita desestimarse».

(Sentencia de junio 4 de 1998. Expediente 13078. Consejera Ponente: Dra. Dolly Pedraza de Arenas).

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