Sentencia 13082 de septiembre 12 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente:

Ligia López Díaz

Ref.: 13082

Actor: Carbones de los Andes S.A. Carboandes en Concordato.

Impuesto ventas devolución

Bogotá, D.C., doce de septiembre de dos mil dos.

Fallo

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada, contra la sentencia del 15 de noviembre de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, denegatoria de las súplicas de la demanda instaurada por la Sociedad Carbones de los Andes S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos por medio de los cuales la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Valledupar, rechazó la solicitud de devolución del saldo a favor relacionado con el impuesto a las ventas por el tercer bimestre de 1998.

Antecedentes

La demandante realizó operaciones de exportación de carbón durante el tercer bimestre de 1998 de acuerdo con los documentos de exportación números 001447 del 17 de abril de 1998, 002331, 002335, 002333, 002334 y 002335, todos del 8 de julio de 1998.

La sociedad se encuentra inscrita en el registro nacional de exportadores del Incomex a partir del 30 de abril de 1993 y ha presentado renovaciones el 2 de mayo de 1994, 1º de octubre de 1998 y 1º de octubre de 1999.

Con base en lo anterior, mediante escrito radicado con el Dl-98-98-00040 del 23 de diciembre de 1998 solicitó a la Administración de Impuestos Nacionales de Valledupar la devolución y/o compensación del saldo del IVA a favor, originado en operaciones de exportación correspondiente al tercer bimestre de 1998.

La administración por medio de la Resolución 5724047-0001 del 13 de enero de 1999 resolvió rechazar definitivamente la solicitud de devolución presentada por la actora, señalando que el registro nacional de exportadores debía encontrarse vigente al momento de realizar las operaciones y renovarse cada año ante el Incomex.

A través de la Resolución 00018 del 29 de diciembre de 1999, notificada por edicto el 1º de febrero de 2000 se confirmó la anterior decisión, con fundamento en el artículo 43 del Decreto Reglamentario 2076 de 1992 y en el artículo 3º de la Resolución 0437 del 1º de abril de 1993, expedida por el Instituto-Colombiano de Comercio Exterior, Incomex, agotando de esta forma la vía gubernativa.

(...).

Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación, debe precisar la Sala si es procedente o no la solicitud de devolución de la actora respecto del saldo a favor por la suma de $ 174.265.000, correspondiente al tercer bimestre del año 1998, de la declaración de IVA, desestimada por la administración debido a que la no renovación de la inscripción en el registro nacional de exportadores a la fecha de realización de las exportaciones que dieron derecho al saldo a favor a la postre rechazado, y cuando el registro inicial había perdido su vigencia.

La sentencia apelada dio razón a la parte demandada y al efecto denegó las súplicas de la demanda.

Observa la Sala, que evidentemente para la fecha de las operaciones cuya devolución se solicitó la actora no tenía vigente la inscripción en el registro nacional de exportadores, pues de acuerdo con el artículo 507 del estatuto tributario, que prevé como requisito para la procedencia de la devolución o de la compensación, la inscripción en el registro nacional de exportadores, en concordancia con el artículo 43 del Decreto 2076 de 1992, que consagra la renovación anual de dicho registro, si la demandante se inscribió en el registro nacional de exportadores el día 30 de abril de 1993, (fl. 97del c. de a.). y renovó dicho registro el 2 de mayo de 1994 y el 1º de octubre de 1998, en consecuencia, para el tercer bimestre de 1998 no se encontraba actualizada la inscripción.

Al respecto, ha sido reiterada y uniforme la jurisprudencia de la Sala en el sentido de afirmar que si las operaciones que generan el saldo a favor se realizan cuando la actora no ha efectuado la renovación de la inscripción en el registro nacional de exportadores, y por lo mismo, el registro inicial ha perdido vigencia, no es procedente acceder a la solicitud de devolución de saldos a favor.

Sobre el particular, en sentencia del 7 de noviembre de 1997, expediente 8566, con ponencia del Dr. Delio Gómez Leyva, la Sala sostuvo lo siguiente:

“Dado que la Sala comparte en forma íntegra el concepto emitido por la procuradora octava delegada en lo contencioso ante esta corporación, para resolver el presente recurso de apelación lo acoge textualmente.

Dijo así la representante del Ministerio Público:

"El artículo 507 del estatuto tributario, adicionado por el artículo 69 de la Ley 6ª de 1992, establece que todos los responsables del impuesto sobre las ventas, incluidos los exportadores, deben inscribirse en el registro nacional de vendedores y que, a partir del 1º de enero de 1993, constituirá requisito indispensable para los exportadores, solicitantes de devoluciones o compensaciones por los saldos de ese impuesto, generados por operaciones efectuadas desde tal fecha, la inscripción en el registro nacional de exportadores, previamente a la realización de las operaciones que dan derecho a devolución.

"Esta disposición fue reglamentada por el artículo 43 del Decreto 2076 de 1992, el cual dispone que los exportadores que realicen operaciones durante el primer trimestre de 1993, que den derecho a devoluciones o a compensaciones, deberán inscribirse en el registro nacional de exportadores a más tardar el día 31 de marzo de 1993 y sólo a partir de esa fecha podía exigirse el cumplimiento de tal requisito y que la renovación del registro será anual y deberá efectuarse en las fechas que para el efecto señale el Gobierno Nacional.

“Por su parte, el artículo 1º del Decreto 621 de 1993 dispuso que se prorrogara “hasta el día dos (2) de mayo de 1993, el plazo establecido en el artículo 43 del Decreto 2076 de 1992, para efectuar la inscripción en el registro nacional de exportadores”.

"La sociedad se inscribió en el registro nacional de exportadores el 29 de abril de 1993 y esa inscripción tuvo una vigencia de un año, tal como se deduce del artículo 443 (sic) del Decreto 2076 de 1992, el cual expresa que la inscripción debe renovarse anualmente; en estas condiciones la inscripción de la sociedad estuvo vigente hasta el mes de abril de 1994.

"En estas circunstancias, es claro que cuando la sociedad realizó, en el tercer bimestre de 1994, las operaciones que generaron los saldos cuya devolución pretende, la inscripción en el registro nacional de exportadores ya había perdido su eficacia; de otro lado se advierte que la renovación la hizo posteriormente, el 25 de septiembre del mismo año.

“Por lo tanto, de acuerdo con las normas comentadas, particularmente con el artículo 507 del estatuto tributario, adicionado por el artículo 69 del estatuto tributario, (sic) a la contribuyente no podía reconocérsele la devolución solicitada puesto que este precepto establece que a partir del 1º de enero de 1993 "constituirá requisito indispensable para los exportadores, solicitantes de devoluciones o compensaciones por saldos del impuesto a las ventas... la inscripción en el registro nacional de 0exportadores" que previamente a la realización de las operaciones que dan derecho a devolución".

La sociedad alega que el artículo 43 del Decreto 2076 de 1992 dice que la renovación del registro "deberá efectuarse en las fechas que para tal efecto señale el Gobierno Nacional" y que como éste no expidió un decreto reglamentario en que indicara esas fechas, la "inscripción desde abril 29 de 1993 tiene plena validez hasta la renovación reglamentaria en agosto 25 de 1994".

"Esta argumentación es inaceptable porque el artículo 507 del estatuto tributario dice que la inscripción tiene validez por un año, validez que, en este caso, se mantuvo hasta el 21 de abril de 1994.

"La sociedad también sostiene que los actos acusados violan el artículo 857 del estatuto tributario porque el rechazo definitivo de la solicitud de devolución no se fundamentó en ninguna de las causales que señala ese precepto.

"Este planteamiento es igualmente inadmisible porque si bien es cierto que esa norma establece que las solicitudes de devolución deben rechazarse definitivamente "cuando fueren presentadas extemporáneamente o cuando el saldo materia de la devolución ya hubiese sido objeto de devolución, compensación o imputación anterior" también es verdad que el artículo 507, al expresar que es “requisito indispensable”, para los exportadores solicitantes de devoluciones o compensaciones, la inscripción en el registro nacional de exportadores previamente a la realización de las operaciones que dan derecho a devolución, no hace más que disponer, tácitamente, que si esa inscripción no se hace oportunamente no puede accederse a la solicitud de devolución o compensación".

(...).

En estas condiciones, y como quiera que previamente a las operaciones del período objeto de la solicitud de devolución, la sociedad actora no efectuó la renovación de la inscripción en el registro nacional de exportadores, pues la efectuada el día 2 de mayo de 1994 sólo tuvo vigencia hasta el día 2 de mayo de 1995, no era procedente acceder a la devolución solicitada tal y como lo decidió la administración de impuestos y lo acogió el tribunal.

Así mismo, en sentencia del 5 de marzo de 1999, expediente 9282, consejero ponente, doctor Julio Enrique Correa Restrepo, la Sala sostuvo lo siguiente:

"(...).

"De otra parte sostiene la actora que si en el evento de que la sanción rigiera para la fecha en que se verificaron las exportaciones originarias de la solicitud de devolución, es claro que el hecho de la sanción opera por la no inscripción y no por la renovación oportuna del registro y en este sentido la negativa de la devolución solicitada no procedía, teniendo en cuenta que la sociedad se había inscrito en el registro nacional de exportadores desde septiembre de 1993.

Contrario a lo considerado por la parte actora en el recurso de apelación, estima la Sala que de la lectura del artículo 43 del Decreto 2076 de 1992, se desprende la obligatoriedad para los exportadores solicitantes de devoluciones de saldos a favor, la renovación de la inscripción en el registro nacional de exportadores, al establecer que "La renovación del registro será anual”, significando con ello que la vigencia de la mencionada inscripción es de un año, transcurrido el cual sin haber hecho la correspondiente renovación, pierde los efectos para el cual fue establecido, que en el presente caso, no es otra cosa que para la procedencia de la devolución de los saldos a favor generado por las operaciones realizadas durante un determinado período”.

En este mismo sentido la Sala se ha pronunciado en las providencias dictadas dentro de los expedientes 8566 el 7 de noviembre de 1997 y 8723 el 27 de marzo de 1998, con ponencias de los doctores Delio Gómez Leyva y Germán Ayala Mantilla respectivamente.

(...)".

Adicionalmente, y como lo había precisado la Sala en el último fallo citado, la exigencia de la renovación de la inscripción en el registro nacional de exportadores, es algo más que una simple formalidad, en tanto tiene relación directa con el fondo del asunto, constituye fundamental instrumento de control, y permite establecer la procedencia del reconocimiento del derecho sustancial.

En el anterior orden de ideas, y por cuanto se encuentra probado que la actora no renovó la inscripción en el registro nacional de exportadores, y que para el período respecto del cual realizó las operaciones que daban lugar al saldo a su favor, esto es, el 3er. bimestre de 1998, ya había perdido vigencia la renovación efectuada de fecha 2 de mayo de 1994, y el mismo no había sido renovado, es claro que la misma no tenía derecho a la devolución de los saldos a favor, como en efecto lo decidió la administración, motivo que confirma la legalidad de su actuación, y que de otra parte, implica confirmar la sentencia apelada.

Finalmente respecto a las normas cuya inaplicabilidad alega el demandante precisa la Sala que esta corporación se ha pronunciado reconociendo su legalidad en sentencias del 2 de julio de 1999, expediente 9573 respecto al artículo 43 del Decreto 2076 de 1992; del 17 de marzo de 2000, expediente 9572, respecto al artículo 6º del Decreto 1000 de 1997 y sentencia del 2 de julio de 1999, expediente 9574, en cuanto a la Resolución 0437 del 1º de abril de 1993, expedida por el Incomex, lo que confirma la obligatoriedad en la aplicación de tales normas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen.

Cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

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