Sentencia 13122 de abril 11 de 2002

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 73001-23-31-000-1995-2129-01(13122).

Actor: Jorge Avelino Torres Parra y otros

Demandado: Hospital Universitario Federico Lleras Acosta de Ibagué

Consejero Ponente:

Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez

Bogotá D.C., once de abril de dos mil dos.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia proferida el cinco de noviembre de 1996, por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se decidió lo siguiente:

“1. DECLARAR administrativamente responsable al Hospital Federico Lleras Acosta, empresa social del Estado del orden departamental, por la muerte de la menor Ivonne Paola Torres López, ocurrida cuando se encontraba internada por padecer trastornos mentales, en la unidad mental, del ente hospitalario el día 17 de enero de 1994.

“2. Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR al Hospital Federico Lleras Acosta, empresa social del Estado del orden departamental, con sede en la ciudad a pagar por concepto de perjuicios morales a:

“Jorge Avelino Torres y Ludivina López de Torres, en su calidad de padres de la occisa, el equivalente de un mil gramos (1.000), a cada uno, o sea la suma de dos mil gramos oro fino (2.000), de acuerdo a la certificación expedida por el Banco de la República, a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

“A Jorge Andrés López (sic) Torres (sic) e Ingridad (sic) Marcela Torres López, en su calidad de hermanos de la víctima el equivalente a quinientos gramos oro fino (500), a cada uno de ellos, o sea la suma de un mil gramos oro fino (1.000), de acuerdo a certificación expedida por el Banco de la República, a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

“3. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

“4. A esta sentencia se le dará cumplimiento en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo”

Antecedentes

1. Lo que se demanda.

Mediante demanda presentada el 16 de febrero de 1995, Jorge Avelino Torres Parra, Liduvina López de Torres, Jorge Andrés Torres López e Ingrid Marcela Torres López obrando en nombre propio, solicitaron que se declarara responsable al Hospital Universitario Federico Lleras Acosta de Ibagué, por la muerte de su hija y hermana Ivonne Paola Torres López, ocurrida el 17 de enero de 1994.

Como consecuencia de lo anterior, solicitaron que se condenara a la entidad demandada a pagar a los demandantes, por concepto de perjuicios morales y materiales la suma de $ 150.000.000.

2. Fundamentos fácticos.

En apoyo de sus pretensiones la parte actora relató que la menor Ivonne Paola Torres López comenzó a manifestar problemas mentales desde el 17 de diciembre de 1993, hablaba de manera extraña e incontrolada, sufría de insomnio y tenía un comportamiento bizarro, se desnudaba en público, manifestando que era María. Inicialmente fue atendida en una clínica privada de Girardot, donde residía, y a partir del 20 de diciembre fue tratada en el Hospital Universitario de Ibagué, primero en el servicio de urgencias y desde el 22 de diciembre, en la unidad de salud mental. En esta última fue internada el 27 de diciembre, se le dio salida el 3 de enero de 1993, porque presentó una ligera mejoría, pero regresó al día siguiente, por presentar comportamiento agresivo. En la unidad se lanzó de un armario lesionándose levemente la boca y una pierna, y por lo menos en dos ocasiones agredió a los psiquiatras que la atendían. Los médicos manifestaron preocupación a sus familiares por el estado de salud en el que se encontraba.

En la visita realizada por sus padres y abuela el 15 y 16 de enero de 1994, la menor les manifestó su temor porque una siquiatra le dijo que nunca la iba a dejar salir de allí, “dijo a sus padres que si no la sacaban, no la volverían a ver nunca más, y que se iba a matar” (fl. 46, c. 1). Los padres y la abuela bajaron donde una doctora y le comunicaron el asunto, pero ella les aclaró que dentro de las condiciones de Ivonne Paola eran ideas fugaces y normales. También le comentaron el episodio a las enfermeras, rogándoles que tuvieran el máximo cuidado.

En la mañana del 17 de enero fue visitada por su tía Noemí López Triana, quien la encontró nerviosa e inestable. Regresó a las 4:20 de la tarde; al entrar, los pacientes le dijeron que su sobrina se había ahorcado; el doctor Néstor Fajardo se lo comunicó y le manifestó que se trataba de un accidente (fls. 41 a 51, cuaderno1).

La demanda fue admitida por auto de 23 de febrero de 1995 (fl. 63, c. 1).

3. Contestación de la demanda.

Para el apoderado del Hospital Federico Lleras Acosta los hechos relatados en la demanda son irrelevantes a efecto de configurar la responsabilidad del demandado. El daño alegado tenía como causa única la culpa exclusiva de la víctima, “porque se trata de una determinación muy subjetiva, muy personal de la srta. Ivonne Paola Torres López, que corresponde a su fuero interno y su personalidad con tendencia suicida” (fl. 70, c. 1). El hospital le brindó el cuidado suficiente a la paciente, pues el tratamiento médico era el adecuado para su recuperación, y este no contribuyó al resultado fatal (fls. 70 a 77, c. 1).

4. Alegatos de conclusión.

Practicadas las pruebas decretadas mediante auto de cinco de abril de 1995 (fls. 78 y 79, c. 1) y fracasada la audiencia de conciliación (fl. 97, c. 1), se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto, respectivamente (fl. 98, c. 1).

El procurador judicial administrativo 27 de Ibagué manifestó que en el caso se presentaba culpa de la víctima, pues el hecho no lo produjo persona alguna de la administración, ni había prueba certera de que hubo error en el tratamiento médico que se le realizó a la paciente (fls. 100 a 103, c. 1).

El apoderado de la parte actora señaló que la menor se quitó la vida por la falta de cuidados médicos. No se contó con las medidas de seguridad que se le deben dar a determinados pacientes, que pueden causar daño a otros o a ellos mismos. El personal médico y de enfermería no se dio cuenta que la paciente se había colgado en el baño de su cuarto, donde había un tubo que resistía el peso de un cuerpo, lo que facilitó el ahorcamiento. La falla en el servicio consistió en el descuido total de la paciente (fl. 104 a 106, c. 1).

La parte demandada guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia.

Mediante Sentencia de cinco de noviembre de 1996, el Tribunal Administrativo de Tolima, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en la forma indicada en la primera parte de esta providencia. Se fundó esta decisión en los siguientes argumentos (fls. 116 a 127, c. 1):

La paciente se encontraba bajo la custodia y el cuidado de la entidad que debía prestar el servicio de salud de manera permanente y eficiente. Por tratarse de una enferma mental, su situación exigía un cuidado y vigilancia excepcionales. Si es bien cierto la paciente no presentaba una obsesión suicida, expresaba agresividad y era necesario vigilarla de forma permanente, deber que se omitió. El resultado pudo haber sido evitado, si se tiene en cuenta la actividad y el tiempo que desplegó la menor para llegar al acto suicida, y que se podía ver desde el pasillo el cuarto y parte del baño donde se ahorcó.

Se condenó al demandando a pagar por perjuicios morales, para cada uno de los padres la suma equivalente en pesos a mil gramos de oro y a los hermanos de quinientos gramos, para cada uno.

6. Recursos de apelación y actuación en segunda instancia.

La sentencia de primera instancia fue apelada por el demandado (fl. 128, c. 1), con fundamento en los siguientes argumentos:

Solicitó que se declarara la nulidad de todo lo actuado, por haberse dirigido la demanda contra el Hospital Universitario Federico Lleras Acosta cuando se trataba del Hospital Federico Lleras Acosta-empresa social del Estado, pues se trata de una entidad de naturaleza jurídica muy distinta, por lo que se quebrantó el principio del debido proceso.

Se debía proferir un fallo inhibitorio, pues se debió demandar a la Nación—Ministerio de Salud, pues comparten responsabilidad con otras entidades territoriales en la prestación del servicio de salud, mientras se complete el proceso de descentralización, como la delegación de funciones establecidas en la ley 24 de 1988, 29 de 1989, 10 de 1990, 60 de 1993 y, 100 de 1993 y por depender el hospital del situado fiscal. No se integró el litisconsorcio necesario por falta de legitimación en la causa por pasiva.

En el presente caso, no existe una prueba siquiera sumaria de la falla del servicio, que hubiera sido la causa eficiente y directa de la muerte de Ivonne Paola Torres. Esta se debió a una determinación tomada por la propia víctima, sin que se presentaran antecedentes de tendencia suicida, que obligaran a brindar un tratamiento especial, diferente al que se realizó. No hubo omisión alguna en el deber de vigilancia, por el contrario, se encuentra acreditado que los médicos especialistas no advirtieron ideas suicidas durante el tratamiento, ni en el día en que ocurrió el hecho cuando fue atendida por un siquiatra en la mañana. El dictamen pericial concluyó que el tratamiento fue el apropiado y no influyó causalmente en el suicidio. El tribunal analizó de manera parcial los medios de prueba que obran en el proceso, pues estos, valorados en conjunto, llevan a la conclusión que el suicidio se debió única y exclusivamente a culpa de la víctima (fls. 131 a 137, c. 1).

El recurso fue concedido el 13 de diciembre de 1996 y admitido el cuatro de abril de 1997 (fls. 138 y 143, c. 1).

Corrido el traslado para alegar de conclusión (fl. 145, c. 1), las partes guardaron silencio (fl. 147, c. 1).

Consideraciones

1. Observaciones iniciales sobre la responsabilidad del estado por la prestación del servicio de salud.

En relación con este tema y con el fin de aclarar algunos aspectos acerca del régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto, se considera pertinente citar algunos apartes del fallo proferido el 10 de febrero de 2000, dentro del expediente 11.878. Manifestó la Sala en aquella oportunidad:

“El problema de la responsabilidad por la prestación del servicio médico asistencial fue resuelto por esta Sala, durante mucho tiempo, con apoyo en la teoría de la falla del servicio probada, partiendo de la base de que se trataba de una obligación de medios y no de resultados. Esta postura, sin embargo, comenzó a cuestionarse en algunos fallos(1), hasta llegar a la unificación de criterios en torno al tema, con la expedición de la Sentencia de 30 de julio de 1992, con ponencia del magistrado Daniel Suárez Hernández(2), donde se adoptó la tesis de la falla del servicio presunta(3). Expresó la Sala en esa oportunidad:

“…Por norma general corresponde al actor la demostración de los hechos y cargos relacionados en la demanda. Sin embargo, con mucha frecuencia se presentan situaciones que le hacen excesivamente difícil, cuando no imposible, las comprobaciones respectivas, tal el caso de las intervenciones médicas, especialmente quirúrgicas, que por su propia naturaleza, por su exclusividad, por la privacidad de las mismas, por encontrarse en juego intereses personales e institucionales, etc., en un momento dado se constituyen en barreras infranqueables para el paciente, para el ciudadano común obligado procesalmente a probar aspectos científicos o técnicas profesionales sobre los cuales se edifican los cargos que por imprudencia, negligencia o impericia formula… contra una institución encargada de brindar servicios médicos u hospitalarios.

“Sin duda, resultaría más beneficioso para la administración de justicia en general…, si en lugar de someter al paciente… a la demostración de las fallas en los servicios y técnicas científicas prestadas por especialistas, fueren éstos los que por encontrarse en las mejores condiciones de conocimiento técnico y real por cuanto ejecutaron la respectiva conducta profesional, quienes satisficieran directamente las inquietudes y cuestionamientos que contra sus procedimientos se formulan…”.

“En relación con esta posición, reiterada por la jurisprudencia de esta Sala a partir de la expedición del fallo citado, se considera necesario precisar que, si bien tiene origen en el llamado principio de las cargas probatorias dinámicas —cuya aplicación, aunque no tiene sustento en nuestra legislación procesal, puede decirse que encuentra asidero suficiente en las normas constitucionales que relievan el principio de equidad— ha resultado planteada en términos tan definitivos que se ha puesto en peligro su propio fundamento. En efecto, el planteamiento ha llevado a aplicar, en todos los casos de daño causado en desarrollo de la prestación del servicio médico asistencial, la teoría de la falla del servicio presunta, exigiéndosele siempre a las entidades públicas demandadas la prueba de que dicho servicio fue prestado debidamente, para poder exonerarse de responsabilidad.

“Resulta, sin embargo, que no todos los hechos y circunstancias relevantes para establecer si las entidades públicas obraron debidamente tienen implicaciones técnicas o científicas. Habrá que valorar, en cada caso, si éstas se encuentran presentes o no. Así, habrá situaciones en las que, sin duda, es el paciente quien se encuentra en mejor posición para demostrar ciertos hechos relacionados con la actuación de la entidad respectiva. Allí está, precisamente, la explicación del dinamismo de las cargas, cuya aplicación se hace imposible ante el recurso obligado a la teoría de la falla del servicio presunta, donde simplemente se produce la inversión permanente del deber probatorio.

“Así las cosas, la tarea del juzgador resulta más ardua y exigente, pues es él quien debe establecer, en cada caso, cuál de las partes se encuentra en condiciones más favorables para demostrar cada uno de los hechos relevantes, en relación con la conducta del demandado, para adoptar la decisión.

“De otra parte, no puede olvidarse que, a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, el derecho colombiano cuenta con una norma que consagra un principio general de responsabilidad del Estado, a cuyo mandato debe atenerse el fallador. No parece prudente, en esas circunstancias, recurrir indiscriminadamente a las teorías que, con criterios de agrupación casuística, elaboró la jurisprudencia anterior a la nueva Carta Política. Debe buscarse en la nueva norma un sustento común de la responsabilidad administrativa, para lo cual es necesario precisar el alcance de sus elementos, la imputabilidad y el daño antijurídico...”.

Ahora bien, observaciones similares a las anteriores, que se refieren a las dificultades que ofrece para el demandante la demostración de la falla del servicio, se han hecho respecto de la prueba de la relación de causalidad existente entre el hecho de la entidad demandada y el daño del cual resultan los perjuicios cuya indemnización se reclama. Así, en Sentencia de 14 de junio de 2001, expediente 11.901, se explicó lo siguiente, teniendo en cuenta que también en ello están involucrados elementos de carácter científico, cuya comprensión y demostración resulta, en ocasiones, muy difícil para el actor:

“Por esta razón, se ha planteado un cierto aligeramiento de la carga probatoria del demandante, a quien, conforme a lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, corresponde demostrar los supuestos de hecho del artículo 90 de la Constitución Política, que sirve de fundamento a sus pretensiones.

“Así, en Sentencia del 3 de mayo de 1999, está Sala manifestó:

“En consideración al grado de dificultad que representa para el actor la prueba de la relación de causalidad entre la acción del agente y el daño en los casos en que esté comprometida la responsabilidad profesional, no sólo por la complejidad de los conocimientos científicos y tecnológicos en ella involucrados sino también por la carencia de los materiales y documentos que prueben dicha relación causal, se afirma que cuando sea imposible esperar certeza o exactitud en esa materia “el juez puede contentarse con la probabilidad de su existencia” (Cfr. Ricardo De Ángel Yagüez. Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil (con especial atención a la reparación del daño), Ed. Civitas S.A., Madrid, 1995, p. 77), es decir, que la relación de causalidad queda probada “cuando los elementos de juicio suministrados conducen a un grado suficiente de probabilidad” (ibídem, p. 77). Al respecto ha dicho la doctrina:

“En términos generales, y en relación con el ‘grado de probabilidad preponderante’, puede admitirse que el juez no considere como probado un hecho más que cuando está convencido de su realidad. En efecto, un acontecimiento puede ser la causa cierta, probable o simplemente posible de un determinado resultado. El juez puede fundar su decisión sobre los hechos que, aun sin estar establecidos de manera irrefutable, aparecen como los más verosímiles, es decir, los que presentan un grado de probabilidad predominante. No basta que un hecho pueda ser considerado sólo como una hipótesis posible. Entre los elementos de hecho alegados, el juez debe tener en cuenta los que le parecen más probables. Esto significa sobre todo que quien hace valer su derecho fundándose en la relación de causalidad natural entre un suceso y un daño, no está obligado a demostrar esa relación con exactitud científica. Basta con que el juez, en el caso en que por la naturaleza de las cosas no cabe la prueba directa, llegue a la convicción de que existe una ‘probabilidad’ determinante” (Ibídem, p. 78, 79)...”(4).

“En Sentencia del 7 de octubre de 1999, la Sala expresó que, “...aceptada la dificultad que suele presentarse en la demostración directa de la causalidad en materia médica, puede probarse indirectamente —indiciariamente—...”(5). Y en el mismo sentido, precisó posteriormente lo siguiente:

“...de acuerdo con los criterios jurisprudenciales reseñados, la causalidad debe ser siempre probada por la parte demandante y sólo es posible darla por acreditada con la probabilidad de su existencia, cuando la complejidad de los conocimientos científicos y tecnológicos involucrados o la carencia de los materiales y documentos que prueben dicha relación impidan obtener la prueba que demuestre con certeza su existencia”(6).

“Se observa, conforme a lo anterior, que, tratándose de la relación de causalidad, no se plantea la inversión —ni siquiera eventual— del deber probatorio, que sigue estando, en todos los casos, en cabeza del demandante. No se encuentra razón suficiente para aplicar, en tales situaciones, el citado principio de las cargas probatorias dinámicas. Se acepta, sin embargo, que la demostración de la causalidad se realice de manera indiciaria, siempre que, dadas las circunstancias del caso, resulte muy difícil —si no imposible— para el demandante, la prueba directa de los hechos que permiten estructurar ese elemento de la obligación de indemnizar.

“En la valoración de estos indicios tendrá especial relevancia el examen de la conducta de las partes, especialmente de la parte demandada, sin que pueda exigírsele, sin embargo, que demuestre, en todos los casos, cuál fue la causa del daño, para establecer que la misma es ajena a su intervención. En efecto, dadas las limitaciones de la ciencia médica, debe aceptarse que, en muchas ocasiones, la causa de la muerte o el empeoramiento del paciente permanece oculta, aun para los propios médicos.

“Por lo demás, dicha valoración debe efectuarse de manera cuidadosa, teniendo en cuenta que —salvo en casos excepcionales, como el de la cirugía estética y el de la obstetricia, entre otros, que han dado lugar a la aplicación de regímenes de responsabilidad más exigentes para el demandado— los médicos actúan sobre personas que presentan alteraciones de la salud, lo que implica el desarrollo de diversos procesos en sus organismos, que tienen una evolución propia y, sin duda, en mayor o menor grado, inciden por sí mismos en la modificación o agravación de su estado, al margen de la intervención de aquéllos. Al respecto, considera la Sala acertadas las siguientes observaciones formuladas por el profesor Alberto Bueres:

“...creemos que el mero contacto físico o material entre el actuar profesional y el resultado, no siempre ha de ser decisivo para tener por configurada la relación causal, pues en la actividad médica el daño no es, de suyo, en todos los casos, revelador de culpa o de causalidad jurídica (adecuada). En rigor, a partir de la evidencia de que el enfermo acude al médico por lo común con su salud desmejorada, a veces resulta difícil afirmar que existe un daño y, en otras oportunidades, los tropiezos se localizan en el establecer si ciertamente el daño (existente) obedece al actuar médico o si deriva de la evolución natural propia del enfermo (Ataz López, Los médicos y la responsabilidad civil, Edit. Montecorvo, Madrid, 1985, p. 340. Sobre las causas concurrentes y la concausa, y la factibilidad de interrupción del nexo causal, ver Mosset Iturraspe, Responsabilidad civil del médico, Edit. Astrea, Buenos Aires, 1979, pp. 267 a 269).

“Esta última afirmación nos conduce de la mano a reiterar que en tema de responsabilidad galénica, el contacto físico entre un profesional y un paciente que experimenta daños, no permite indefectiblemente imputar estos daños al susodicho profesional, pues las pruebas aportadas al proceso, con suma frecuencia, suscitan dudas acerca de si el obrar médico fue en verdad el que ocasionó los perjuicios... Frente al daño médico, es muy común que las constancias procesales pongan de manifiesto que el perjuicio pudo ocurrir por el hecho del profesional o por una o varias causas ajenas derivadas fortuitamente del propio estado de salud del enfermo —amén de los supuestos de hecho (o culpa) de éste último—...”.(7)

“...Solo resta advertir que el análisis de la causalidad debe preceder siempre al de la existencia de la falla del servicio, en los casos en que ésta se requiere para estructurar la responsabilidad de la entidad demandada. En efecto, sólo aquellas fallas a las que pueda atribuirse la producción del daño tendrán relevancia para la demostración de dicha responsabilidad, de manera que la inversión del orden en el estudio de los elementos citados puede dar lugar a que la falla inicialmente probada resulte inocua, o a valorar indebidamente los resultados del examen de la conducta, teniendo por demostrado lo que no lo está(8).

La Sala ha considerado necesario presentar, previamente, estas reflexiones, que serán tenidas en cuenta para valorar la prueba obrante en el proceso, a fin de establecer si está demostrada, en este caso, la responsabilidad de la entidad demandada.

2. El caso concreto.

Con fundamento en las pruebas que obran en el proceso, se encuentran demostrado que la menor Ivonne Paola Torres López padecía una enfermedad mental de la que fue tratada en la unidad de salud mental del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué y que, en el curso de dicha atención, se suicidó el 17 de enero de 1994.

a) La paciente fue hospitalizada por primera vez, entre el 27 de diciembre de 1993 y el 2 de enero de 1994, por presentar un episodio psicótico agudo y trastorno afectivo mayor; se dió un manejo farmacológico a la situación; al presentar mejoría se permitió la salida de la paciente y se realizó el control por consulta externa, como consta en la historia clínica de ese período (fls. 72 a 83, c. 2).

b) Al deteriorarse nuevamente su estado mental, fue internada nuevamente, entre el 11 y el 17 de enero de 1994; en el resumen de la historia clínica (epicrisis), se recapitula la atención prestada a la paciente:

“Diagnóstico definitivo:

Trastorno afectivo mayor bipolar

Suicidio

Tratamientos:

Largactil hasta 300 mg/día

Leponex hasta 400 mg/día

Theralite hasta 1200 mg/día

Haloperidol hasta 20 mg/día

Fenergan hasta 100 mg

“Tratada en esta institución desde hacía aproximadamente 1 mes, con hospitalización hacía una semana, en controles por C.E. [consulta externa] traída por agitación psicomotora, insomnio global, conductas extravagantes, actitud pueril, ideación delirante megalomaniaca, agresividad heterodirigida, disprosexica, afecto lábil, expansivo, irritable, nula conciencia de la enfermedad, prospección pobre.

“Se hospitaliza, se inicia tratamiento farmacológico con sedación neurolépticos.

“Evoluciona tórpidamente por lo cual se cambia el manejo farmacológico.

“En el sexto día de hospitalización es encontrada colgada del cuello con una gasa, de la ducha, cianótica, sin signos vitales, pupilas no reactivas, se realizan maniobras de reanimación que se suspenden a los 30 min. Por falta de respuesta. Se informa a medicina legal (fl. 59, c. 2).

En el dictamen pericial, practicado por el Instituto de Medicina Legal, se describe de la siguiente forma el tratamiento brindado a la paciente:

“1. Ivonne Paola Torres nació el 17 de febrero de 1975. Cuando comenzó a recibir atención en el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, el 20 de diciembre de 1993, contaba con 18 años y había terminado el 10° grado. En las notas de atención de esa fecha figura que desde cuatro días antes de su ingreso presentaba insomnio global, conductas extrañas como desvestirse e invitar a otros a que le miren su “cuerpo tan lindo”, hablar de manera incoherente, manifestar que va a salvar el mundo, inquietud motora, alucinaciones auditivas de voces que le hablaban, actitudes pueriles y timbre de voz infantil. El cuadro anterior corresponde a un episodio sicótico agudo.

“2. Fue manejada con haloperidol: 10 mg y sinogan: 50 mg, medicación antisicótica apropiada para la sintomatología que presentaba.

“3. Debido a que tuvo severos efectos colaterales con la medicación anterior, le cambiaron a leponex: 50 mg/día, decisión adecuada dado que este último medicamento se utiliza en persona que presentan este tipo de efectos.

“4. El 27 de diciembre fue vista en control. Dado que la sintomatología psicótica persistió se hospitalizó, decisión adecuada ya que no hubo respuesta al tratamiento ambulatorio inicialmente prescrito. En el examen mental de ese día no había ideación suicida, es decir, no había síntomas que indicaran la posibilidad de un suicidio.

“5. Se siguió manejo con leponex: 100 mg/día y Sinogan 150 mg/día, medicación apropiada para el cuadro clínico que presentaba.

“6. El día 29 de diciembre, de acuerdo con la nota de evolución, comenzó a mostrar mejoría. Los días siguientes continuó con esta tendencia, y el 2 de enero de 1994 la ideación delirante ya tenía menos respaldo y el afecto estaba mejor modulado. Ese mismo día se le dio salida para continuar con trabajo en el hospital día, manejo farmacológico y control por consulta externa. Durante los días que estuvo hospitalizada (entre el 27 de diciembre de 1993 y el 2 de enero de 1994) tampoco apareció ideación suicida.

“7. El 11 de enero de 1994 reingresó a la unidad de salud mental debido a que su sintomatología se agudizó, presentaba entonces agitación sicomotora, insomnio global y conductas bizarras, ideas incoherentes, actitudes pueriles, ideas delirantes megalomaníacas y agresividad heterodirigida. Fue hospitalizada con diagnóstico de enfermedad afectiva mayor y se le inició manejo con largactil parenteral y 400/mg día de leponex. La medida de hospitalización y la medicación formulada fue apropiada para su sintomatología psicótica que tenía en ese momento. De otra parte, tampoco había ideación suicida alguna, de acuerdo con lo anotado en la historia clínica.

“8. Del 12 al 15 de enero continuó con la sintomatología psicótica de tipo maniaca y sin ideación suicida alguna. Además, el día 12 se le inició manejo con Theralite: 1200mg/día, medicación apropiada para su crisis psicótica de manía.

“9. El 16 de enero presentó leve mejoría, en el sentido de comenzar a criticar sus ideas, es decir, a ver que sus ideas eran irreales. Incluso fue visitada por la familia y su comportamiento fue aceptable para entonces.

“10. El 17 de enero tiene un cuadro clínico similar al del día anterior. Se le suspendió el largactil y el leponex y se le inició haloperidol: 20 mg/día y fenergan: 100 mg/día. Es de anotar que el efecto del haloperidol es similar al de las drogas suspendidas. Hacía el mediodía fue inmovilizada debido a que estaba agresiva y demandante. Manifestó que cuando la soltasen se iba a ahorcar. Más tarde (hacía las 16:20 H) se le permitió nuevamente caminar por la unidad de salud mental debido a que no se observó agresiva, no manifestó ideación suicida alguna ni se le notó manifestaciones que llevaran a pensar en un intento de suicida. A las 16:30 H es encontrada colgada y sin signos vitales, y aunque se realizaron maniobras de reanimación, las mismas no dieron ningún resultado” (fls. 115 a 157, c. 2).

c) Tal como lo dicen los documentos anteriores, la paciente se suicida en la tarde del 17 de enero de 1994; en la historia clínica se registró la atención prestada ese día y el episodio, de la siguiente forma:

“Ordenes médicas (...).

“17 enero 1994

1. Dieta corriente

2. Suspender largactil y leponex

3. Haloperidol tableta x 10 mg (1-0-1).

4. Fenergan tab x 25 mg (2-0-2).

5. Theralite tab x 300 mg (2-0-2).

6. Agarol 30 cc V.O. 1 noche” (fl. 61, c. 2).

“Evolución

“17-I-94

“Idx Trastorno afectivo mayor.

“La paciente duerme bien y come bien, pero continúa inquieta sobre todo en las noches, presentando conductas bizarras como desvestirse; con pobre tolerancia a la frustración, se irrita fácilmente, continua con liberación pulsional con mucha tendencia al acting-out, de los cuales hace después critica pidiendo después disculpas. Sin alt de SIP, las ideas megalomaníacas son menos evidentes, afecto continua lábil. Cuida sus hábitos higiénicos y su presentación personal.

“C: se suspende largactil y leponex, se inicia haloperidol.

“N. Danies

“17-I-94

“16:30 La paciente es encontrada colgada con una gasa alrededor del cuello de la ducha, cianótica y sin signos vitales. Pupilas no reactivas. Se inician maniobras de reanimación - intubación endotraqueal, masaje cardiaco y ventilación, adrenalina y cardioversión sin que la paciente reaccione. Se suspenden maniobras a los 30 minutos por falta de respuesta.

“N. Danies (fl. 65, c. 2).

“Enfermería

“17-01-94 Hora 6+30 paciente aceptó droga se inmoviliza a la cama porque se levantó desnuda durmió el resto de la noche bien con regulares hábitos higiénicos se orina en la cama.

“17-I-94 12+30 Paciente en la mañana agresiva demandante muy desordenada malos hábitos higiénicos [palabra ilegible] inmovilizada manifiesta que cuando la suelten se va a ahorcar. P - avisar cambios. Argenis.

“16:15 Paciente deambulante por pasillo y C. Ext. Riega vasos de agua por lo cual se lleva a la unidad ella se acuesta y se arropa de pies a cabeza.

“16:20 se entra al star (sic) de enfermería a servir tinto, no pone resistencia al sacarla del star (sic) se lleva nuevamente a la unidad no se inmoviliza porque no se observa agresividad, no manifiesta ni se nota intento suicida.

“16:30 La pte (fabiola) (sic) avisa que ivon (sic) está colgada en el baño. Inmediatamente corremos la descolgamos, se realiza masaje cardiaco, respiración boca a boca, no responde viene la doctora Danies, realiza reanimación entuba, se lleva a urgencias realizan masaje le colocan adrenalina, amp, cardioversión y pte no reacciona no tiene S.V.

“Naya.

“17:00 Se recibe paciente en urgencias sala de reanimación se realizan maniobras de reanimación entubación endotraqueal, ventilación, masaje cardiaco, adrenalina 2c amp y por último cardioversión sin ninguna respuesta por lo que se suspende al cabo de 30 minutos En la USM se le avisa a la familia (tía) sobre la defunción de la paciente.

“17:50 Se llama a medicina Legal para levantamiento del cadáver.

“Rafael V” (fls. 67 y 68, c. 2) (subrayado fuera de texto).

La muerte por ahorcamiento también consta en el registro de defunción de la notaría segunda de Ibagué (fl. 5, c. 1). En la necropsia del Instituto de Medicina Legal, seccional Ibagué, se dice: “Adolescente que fallece por anoxia cerebral secundaria por ahorcadura” (fls. 2 a 4, c. 2); lo mismo consigna el acta de levantamiento de cadáver de la fiscalía primera permanente de Ibagué (fl. 5, c. 2).

d) Sobre los riesgos que implicaba la agresividad de la paciente y la manera de tratarlos, el doctor Néstor Hermel Fajardo Rojas, psiquiatra y jefe de la unidad de salud mental, declaró lo siguiente:

“PREGUNTADO: Sírvase decirnos, que clase de medidas se adoptaron en la Unidad Mental frente a las manifestaciones de agresividad de la paciente en los días anteriores a su muerte? CONTESTÓ: En términos generales cuando un paciente tiene conductas agresivas se procede a intentar un control farmacológico, o sea a través de medicamentos, disminuir la agresividad. En caso de no lograrse, en ocasiones se procede a inmovilizar el paciente para contenerlo físicamente, evitando así los riesgos de la agresividad como son: Lesionar a otra persona, lesionarse así mismo, destruir objetos, o ser agredido por otros pacientes como respuesta a la agresión que pueda generarse” (fl. 169, c. 2) (negrilla fuera de texto).

Acerca de la manera como eran cuidados los pacientes en la unidad y la razón por la cual el personal de la misma no se percató del episodio de suicidio, el mismo declarante, doctor Fajardo Rojas, señaló lo siguiente:

PREGUNTADO: Doctor, sírvase informar al despacho cuál es el sistema administrativo del personal médico y del personal de enfermeras, para cuidar permanentemente a un paciente con esquizofrenia aguda para que no atente con(sic) las demás personas o contra ella misma? CONTESTÓ: Todos los pacientes que estaban hospitalizados en la unidad de salud mental, están supervisados por el personal que está en la Unidad Mental, si por ejemplo un paciente se agita no solamente el médico tratante o el personal del servicio a que pertenece acude a resolver el problema, sino que todas las personas que están dentro de la unidad prestan la ayuda pertinente. PREGUNTADO: Cuéntenos, cada cuanto se le está haciendo visita a una persona que ha demostrado síntomas de agresividad y que de acuerdo al mismo cuadro que usted nos ha descrito anteriormente, es una persona que puede causar daño a la sociedad? CONTESTÓ: Cuando el paciente está en la fase aguda al principio del inicio del tratamiento puede requerir visita médica cada 15 o 30 minutos, posteriormente se hace una evaluación médica en las horas de la mañana, tarde y noche. El personal de enfermería supervisa al paciente en los momentos de aplicación de la medicación y por ser un área pequeña hace ronda varias veces en el transcurso del día, cuando el paciente puede deambular facilita la observación por el personal de la Unida de Salud Mental que éste de turno. PREGUNTADO: De acuerdo a lo que acaba de decirnos, y donde el personal de pacientes es vigilado constantemente como cree usted posible que a la interna Ivón Paola Torres tuviera el tiempo suficiente para trasladar una mesa de noche hasta el baño, colgar una gasa en un tuvo (sic) y ahorcarse, sin que ningún personal de médicos o de enfermeras se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, ya que fue una compañera la que informó que se había ahorcado ¿ CONTESTÓ: No sé cuánto tiempo puede requerir una persona para hacer eso que el doctor pregunta, como es llevar una mesa de noche al baño que se encuentra dentro de la misma alcoba, colocar una gasas y proceder a ahorcarse, pero pienso que no es un tiempo mayor a cinco o diez minutos. Además, repito, lo hizo en un área de relativa privacidad como es el baño, y digo privacidad porque es un baño compartido por otros pacientes, las habitaciones tienen 4 o 6 camas y el baño está dentro de la alcoba” (fls. 170 y 171, c. 2) (negrilla fuera de texto).

e) En cuanto a la posible relación entre la esquizofrenia con un estado de depresión y suicidio, el doctor Fajardo Rojas, opinó lo siguiente:

PREGUNTADO: Sírvase decirnos, de acuerdo con sus conocimientos si el paciente con diagnóstico de esquizofrenia puede presentar además de los estados delirantes, estados depresivos con secuencia de suicidio? CONTESTÓ: La depresión es una enfermedad que puede presentarse en un individuo cualquiera, ya sea que tenga esquizofrenia o no. Las depresiones que llevan a un riesgo suicida o generalmente son posteriores a un tiempo largo, donde son verdaderamente manifiestos los síntomas o en algunos casos ante una reacción de gran estrés” (fl. 170, c. 2).

f) Respecto de la relación entre el tratamiento brindado a la paciente y el suicidio; el dictamen pericial señaló lo siguiente:

“11. Se encuentra desde el día en que se inició su atención, el 20 de diciembre de 1993, hasta cuando fue encontrada colgada, el 17 de enero de 1994, el único día en que se expresó ideación suicida fue el 17, cuando debido a su agresividad fue inmovilizada y amenazó con ahorcarse una vez la soltaran. La amenaza fue súbita, no estaba respaldada por ideación suicida previa y la sintomatología psicótica de base (psicosis maniaca) no hacía pensar en esa posibilidad. Incluso la dejaron inmovilizada hasta cuando se tranquilizó un poco, permitiéndole en ese momento caminar por la unidad de salud mental, pues ya no estaba agresiva ni expresaba ideación suicida.

“12. Hasta el 17 de enero de 1994, no había manifestaciones que llevaran a pensar en la posibilidad del suicidio. El mismo, de acuerdo con lo conocido, fue un acto impulsivo.

“13. El manejo farmacológico basado en neurolépticos como el leponex y el largactil y en litio (theralite) era el adecuado, pues todos ellos son medicamentos indicados en una crisis psicótica de tipo maniaco. El cambio de leponex a largactil por haloperidol del 17 de enero no influyó para nada en el suicidio, pues los tres medicamentos tienen igual efecto farmacológico y la modificación no implicó cambios terapéuticos en tan pocas horas.

“Resumiendo los puntos discutidos, el tratamiento y cuidados que le brindaron fueron apropiados y no influyeron como fenómenos causales en el suicidio de Ivonne Paola Torres. El mismo fue impulsivo y la sintomatología de base (psicosis maniaca) no hacía pensar en esa posibilidad.

Conclusión

“El tratamiento y cuidados brindados a Ivonne Paola Torres fueron apropiados y no influyeron como fenómenos causales en su suicidio (fls. 157 y 158, c. 2).

De lo anterior, se deduce que el 17 de enero de 1994, la menor Ivonne Paola Torres López se suicidó en la unidad de salud mental del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, donde venía siendo tratada, desde diciembre de 1993, de un episodio sicótico agudo, que consistía en un trastorno afectivo mayor. La menor se ahorcó en el baño de la pieza donde dormía, colgándose de unas gasas amarradas al tubo, que sostenía la cortina de la ducha. Según la historia clínica, aquel día había sido atendida en la mañana por la siquiatra tratante, quien cambió la droga que se le estaba administrando. En las notas de enfermería, se dice que a las 12:30 de la mañana la paciente se encontraba agresiva y amenazó con ahorcarse cuando la soltaran. A las 4:15 de la tarde fue encontrada caminando por el pasillo y por consulta externa de donde es llevada a la unidad, se acuesta y se arropa; es encontrada a las 4:20 de la tarde en el estar de enfermería; se le lleva nuevamente a la unidad, no se toma ninguna medida por encontrarse tranquila. A las 4:30 de la tarde una paciente avisa que la menor se ahorcó; es descolgada, se realizan maniobras de reanimación que resultan infructuosas y muere.

El tribunal condenó a la institución demandada por violación de la obligación de vigilancia que ésta tenía con la paciente. La Sala comparte la decisión tomada por el a quo y se aparta de las apreciaciones y conclusiones del dictamen pericial y del impugnante. El dictamen pericial, del Instituto de Medicina Legal, concluye que el suicidio de Ivonne Paola Torres López fue un acto impulsivo, pues no correspondía a la sintomatología de la enfermedad que padecía y que la atención que se le estaba ofreciendo no influyó en tal determinación, por lo que los cuidados y tratamiento que se le brindó fueron los adecuados. Por su parte, el apelante agrega que el suicidio se debió a la libre determinación de la paciente, circunstancia que configura la causal de exoneración de culpa exclusiva de la víctima.

Lo que es necesario dilucidar es, en primer lugar, si dadas las condiciones de la enferma, su suicido era previsible y, luego, si las medidas de vigilancia adoptadas por el Hospital Federico Lleras Acosta fueron adecuadas para evitarlo. Para ello, es preciso determinar si, respecto de las personas que sufren enajenación mental, se puede aducir la autodeterminación, como justificación de la conducta suicida. Por otra parte, es necesario precisar los deberes de las entidades de salud, en este caso de una unidad especializada en atención siquiátrica, en el cuidado de pacientes que presentan una situación de amenaza o intento de suicidio.

La Sala ha establecido que cuando se trata de pacientes psiquiátricos, no se puede invocar la autonomía personal en eventos de suicidio; así lo manifestó en Sentencia de 30 de noviembre de 2000:

“Esa libertad de decidir sobre el cuidado de la salud o la preservación de la propia vida, tiene sin embargo límites relacionados precisamente con la capacidad de autodeterminación de las personas. En el caso de los enfermos mentales y de los menores el Estado tiene un deber de protección de las personas contra sí misma, pues éstas por su incapacidad síquica o inmadurez se encuentran en situación de mayor indefensión y carecen de plena autonomía. Por lo tanto, debe brindarles una mayor protección (C.P., art. 13), lo cual se extiende a impedirles aún con medios coercitivos que atenten contra su propia vida(9)(10). 

La Sala ha concluido, en jurisprudencia reciente, que la obligación de vigilancia tendiente a evitar daños a las personas que están siendo atendidas en un centro de salud, es uno de los deberes propios de la atención hospitalaria, y que, en el caso de las entidades especializadas en el cuidado de enfermos mentales, incluye la de custodia y vigilancia de los propios pacientes, en tanto pueden agredir a otros o agredirse a sí mismos. En Sentencia de 28 de septiembre de 2000 se expuso lo siguiente:

“Ahora bien, en relación con la responsabilidad del Hospital Santo Domingo de Málaga, la Sala considera necesario hacer algunas precisiones respecto de la naturaleza y el alcance las obligaciones asumidas por los hospitales, clínicas y demás establecimientos prestadores del servicio de salud.

“El tema ha sido abordado por la jurisprudencia y la doctrina desde diferentes ángulos. En el campo civil y dado que allí se considera superada la discusión acerca del carácter contractual de la responsabilidad de los médicos y las clínicas, la discusión se ha desarrollado en el ámbito del alcance de las obligaciones que asumen éstas últimas en virtud de los contratos respectivos.

“En Sentencia del 12 de septiembre de 1985, manifestó la Corte Suprema de Justicia: 

“2. Si, en orden a determinar el contenido de las obligaciones originadas en los contratos de hospitalización, se examina esta clase de acuerdos a la luz de las previsiones del artículo 1501 del Código Civil, resulta necesario admitir que de él, al igual que en los demás contratos, surgen para la entidad asistencial obligaciones que pertenecen a la naturaleza misma del acuerdo, que hacen parte suya en condiciones normales de contratación, tales como las de suministrar habitación y alimentos al enfermo, lo mismo que las drogas que le prescriban los facultativos, la de un debido control y la atención por parte de los médicos residentes y enfermeras del establecimiento, que para excluirlas válidamente se debería pactar en contrario con tal que no se desnaturalice el contrato. Dentro de este mismo género de obligaciones es indispensable también incluir la llamada por la doctrina obligación de seguridad, en este caso de seguridad personal del enfermo, que impone al centro asistencial la de tomar las medidas necesarias para que el paciente no sufra algún accidente en el curso o con ocasión del cumplimiento del contrato. 

“Además de esas obligaciones, pueden distinguirse en el contrato de hospitalización otras que no son de la esencia ni le pertenecen por su naturaleza, sino que requieren de estipulaciones especiales, como los servicios de laboratorio, rayos X, enfermera permanente, custodia y vigilancia especial, acompañante, etc. Se trataría en este caso de estipulaciones que, al decir de la doctrina de los autores, imprimen a los efectos jurídicos propios del contrato una dirección diferente a la establecida por las normas subsidiarias del derecho, por ejemplo agravando o atenuando la responsabilidad del deudor, señalando plazos o condiciones, etc.

“3. En armonía con lo dicho se tiene que, en virtud del contrato de hospitalización, el establecimiento asume frente al enfermo una obligación de seguridad que le impone la de evitar que le ocurran accidentes con motivo o con ocasión del cumplimiento del contrato, obligación que comprende también la de “custodia y vigilancia” si se trata de establecimientos para enfermos con afecciones mentales, pues en tal caso además del tratamiento se busca la propia seguridad personal. De tal suerte que si trata (sic) de hospitales o clínicas que prestan servicios generales, distintos de los psiquiátricos, y por causa de la clase de padecimientos que presenta el enfermo, éste requiere de una enfermera permanente o de una “custodia y vigilancia” especial, el contrato de hospitalización requerirá de una estipulación expresa respecto de la prestación de ese servicio, por cuanto en tal caso no sería de su naturaleza.

“Naturalmente, en la práctica pueden presentarse situaciones que no correspondan exactamente a las planteadas, verbigracia que a un alienado, dada la urgencia del caso, se le tenga que hospitalizar en un establecimiento de servicios generales o que habiendo ingresado a él una persona para recibir los servicios que ordinariamente ofrece, durante el tratamiento presente síntomas o anomalías o perturbaciones mentales que requerirían, entonces, de cuidados especiales. En tales eventos, la solución exigirá de considerandos también particulares de acuerdo con todas las circunstancias del caso...”(11) (se destaca).

“Estos planteamientos fueron duramente criticados por el profesor Jorge Santos Ballesteros, en los siguientes términos:

“Es ciertamente incomprensible la doctrina sentada por la Corte Colombiana... No se observa razón jurídica alguna para establecer una diferencia sustancial entre la obligación de seguridad y la obligación de cuidado y vigilancia. El paciente y sus familiares se confían plenamente a la competencia y profesionalismo de los establecimientos clínicos cuando celebran el contrato de hospitalización... Si el paciente sometido a una intervención quirúrgica pierde su lucidez y se causa una herida o, como en el asunto debatido, huye del sanatorio, es evidente la falta de cuidado, y de competencia en el cumplimiento de la obligación asumida, aún más agravado si el establecimiento conocía de las intenciones de la paciente. En estos supuestos, solo podría predicarse la irresponsabilidad del sanatorio si la pérdida de lucidez del paciente constituye en sí mismo un riesgo imprevisto. Pero de ninguna manera puede absolverse al establecimiento clínico afirmando que dicha obligación de cuidado debe estipularse cuando no se trata de un enfermo mental... En juego están intereses vitales, la salud, la vida, la seguridad personal, que deben ser tenidos en cuenta para imponer a los establecimientos clínicos deberes rigurosos...

“Los deberes jurídicos puestos de presente, el de seguridad, el de cuidado personal, integran así el contenido de la prestación contractual de hospitalización, cuyo incumplimiento genera la obligación indemnizatoria correspondiente... Sin duda alguna, si en estos supuestos el daño ocasionado fuere consecuencia de la fuerza mayor o caso fortuito, culpa exclusiva de la víctima o hecho del tercero, no se darían los supuestos de la responsabilidad civil...”(12) (se destaca).

“En Sentencia del 1º de febrero de 1993, la Corte reiteró su doctrina anterior, al precisar lo siguiente, sobre el contenido de la llamada “obligación de seguridad” asumida por las clínicas:

“1. Siguiendo de cerca la jurisprudencia sentada por los tribunales franceses desde los primeros años del presente siglo..., hoy en día se tiene por admitido en nuestro medio que en un buen número de contratos... ha de entenderse incluida la llamada “obligación de seguridad” para preservar a las personas interesadas o a sus pertenencias de los daños que la misma ejecución del contrato celebrado pueda ocasionarles, obligación que en pocas palabras cabe definírsela diciendo que es aquella en virtud de la cual una de las partes... se compromete a devolver sanos y salvos —ya sea a la persona del otro contratante o sus bienes— al concluir el cometido..., pudiendo tal obligación ser asumida en forma expresa, venir impuesta por la ley en circunstancias especiales o, en fin, surgir virtualmente del contenido propio del pacto a través de su entendimiento integral... Y uno de los eventos en que hay lugar a reconocerle vigencia a este crédito a la seguridad de las personas, como algo que le atañe al vínculo “...en condiciones normales de contratación...”, es precisamente el de la prestación de servicios asistenciales por entes hospitalarios de cualquier clase...

2. En el mismo orden de ideas y tratándose de enfermos mentales internados en casas de salud, asilos de residencias de reposo y demás organismos asistenciales especializados en suministrar los cuidados adecuados para esta clase de padecimientos, ninguna duda queda de que estas entidades, a la par de las obligaciones atinentes a las prestaciones médicas propiamente dichas, contraen así mismo una obligación sobreentendida de seguridad junto con el deber de custodia que a ella le es consustancial, obligación que naturalmente no requiere de estipulación expresa, tampoco de advertencias explícitas de los interesados acerca de la necesidad de cumplirla a cabalidad, y cuyo objeto no es otro que el de vigilar al paciente con el grado de diligencia que demanden las circunstancias, determinadas ellas en principio por la clase de enfermedad que sufre y las manifestaciones que ofrece, y así poder evitar que experimente daño alguno mientras permanezca en las instalaciones del establecimiento...(13) (se destaca).

(...).

“Refiriéndose a la obligación de seguridad en cuanto a la persona, que surge del contrato de hospitalización, han expresado los hermanos Mazeaud y Tunc,:

“...a la obligación de los cuidados se agrega a veces una obligación de seguridad, consistente en la obligación de evitar que le ocurran accidentes al enfermo; y ... esa obligación es normalmente una obligación “determinada”. Pasa así cuando el contrato médico va acompañado de un contrato de hospitalización.

... La situación es aquí diferente de la del cliente de un hotel. Por el hecho de su estado, el enfermo no tiene la misma libertad, y no quiere tenerla: le entrega enteramente a la clínica el cuidado de garantizar su seguridad; se confía a ella; exige que no se produzca ningún accidente. Tan sólo, en caso de accidente, la prueba de la causa ajena liberaría, pues, al que haya hospitalizado a un enfermo.

La solución es indiscutible cuando se trata de un alienado o de un nervioso agudo, por consistir la finalidad esencial en garantizar, contra el propio enfermo, la seguridad de él”(14).

“Muy interesante resulta el planteamiento del profesor argentino Alberto Bueres, quien, al referirse al deber jurídico de las clínicas de preservar la integridad física de los enfermos, distingue entre los establecimientos sanitarios corrientes, esto es, los que asisten a pacientes por motivos ajenos a las patologías psiquiátricas, y las clínicas psiquiátricas, y afirma que mientras las primeras asumen un deber de resultado, consistente en el mantenimiento de la integridad física de los pacientes, las segundas asumen un deber de medios.

“Llega, pues, Bueres, a la siguiente conclusión, abordando el tema desde otro punto de vista, relativo no ya a la existencia o inexistencia de la obligación, según las características del establecimiento y del padecimiento sufrido por el enfermo, sino a la naturaleza de aquélla, teniendo en cuenta los mismos aspectos:

“Ciertamente, si un enfermo se encuentra normalmente lúcido, sin problemas de orden mental (circunstancias que suponen que la internación se llevó a cabo para asistirlo por una patología ajena al campo siquiátrico), la clínica podrá aducir como límite de responsabilidad un casus, siempre y cuando la perturbación mental que lleva al individuo a autolesionarse o al suicidio constituya un hecho imprevisible. Es indudable que si el acontecimiento fuera previsible no existiría entonces un caso fortuito y, en supuesto semejante —y más allá de la culpa que pudieran cometer los médicos o auxiliares—, la entidad asistencial ha de responder de manera objetiva si se demuestra simplemente la frustración del resultado. No obstante, es preciso aclarar que si el enfermo es internado en una clínica común y corriente o por razones de urgencia, y está afectado por un mal psiquiátrico, dicha entidad, hasta tanto pueda derivar al paciente a un establecimiento especializado, asumirá una obligación de medios, pues si las clínicas de salud mental contraen deberes de esta última especie —como veremos enseguida— a fortiori ha de aplicarse idéntica solución a las clínicas comunes o corrientes que deben afrontar una emergencia de la señalada naturaleza.

(...).

“Un sector de la opinión entiende que la vigilancia del enfermo que padece una afección psiquiátrica constituye una obligación de resultado.

“Otros autores consideran que dicha prestación es objeto de un deber de medios, argumentando que las autoridades de un establecimiento de la especialidad tienen serias dificultades para garantizar un resultado, frente a la inestabilidad psicológica de los pacientes.

“Asimismo, los partidarios de la precedente tesis resaltan, para nosotros con acierto, que las clínicas modernas de salud mental emplean tratamientos progresivos compuestos de fases sucesivas, hasta obtener la rehabilitación del enfermo.

“De esta manera, van acrecentando su libertad a fin de permitirle paulatinamente su adaptación al medio social... Es por ello que imponer a estos entes una obligación determinada sería poco valioso, pues de tal manera se los induciría a prescindir de la utilización de los mencionados tratamientos en detrimento de la salud del paciente”(15).

“Advierte la Sala, con fundamento en el estudio de la doctrina y la jurisprudencia citadas, que el contenido de la obligación de seguridad y aun del deber de cuidado y vigilancia, que puede formar parte de aquélla, asumidos por las clínicas y hospitales en relación con los pacientes —al margen de su existencia o inexistencia en determinado tipo de contratos y de la naturaleza que puedan tener—, resulta siempre referido al deber que tienen tales establecimientos de evitar que los pacientes sufran algún daño, durante el tiempo que permanezcan internados, en el desarrollo de actividades que, si bien son distintas y están separadas del servicio médico propiamente dicho, son necesarias para permitir su prestación”(16).

De lo anterior, se concluye, que en el presente caso, no puede alegarse la autodeterminación de la víctima para exonerar a la entidad demandada. Ivonne Paola Torres López sufría de una enfermedad mental y se encontraba internada en una unidad de salud mental, razón por la cual carecía de la capacidad necesaria para tomar una decisión autónoma, como la de quitarse la vida.

Es claro también, que el Hospital de Federico Lleras Acosta tenía la obligación de preservar la vida e integridad personal de la paciente, como deber general de toda atención hospitalaria, pero, tratándose de una enferma mental, además del tratamiento de la alteración siquiátrica, tenía el deber de resguardar su seguridad personal, estableciendo una vigilancia con el grado de diligencia que demandara su condición, en este caso la conducta agresiva propia de la enfermedad que padecía y que implicaba un riesgo cierto de causar daño a los demás y a sí misma.

Según el dictamen pericial la decisión de la paciente, de suicidarse, fue impulsiva. Dado que la enfermedad que padecía la paciente, “crisis psicótica de tipo maniaco” (fl. 158, c. 2), y la circunstancia de que no se advirtieran ideas de suicidio durante el tratamiento, implicaba la ausencia de riesgo de que causara daño a sí misma. Por estas circunstancias, le resta importancia a la amenaza de ahorcarse formulada horas antes del hecho. Afirma también que el tratamiento médico no contribuyó a tal determinación.

La Sala no comparte las anteriores apreciaciones. En primer lugar, la conducta agresiva de Ivonne Paola Torres, implicaba riesgo de daño para terceros y para sí misma, y hacía parte de la sintomatología propia de la enfermedad sicótica que padecía; por eso fue inmovilizada al medio día del 17 de enero de 1994, como medida preventiva para este tipo de pacientes. Así lo ha señalado la doctrina médica:

“Manejo no farmacológico del paciente agresivo-violento

“Un porcentaje considerable de los cuadros sicóticos se presentan a la sala de urgencia con manifestaciones de agresividad y violencia, generalmente como consecuencia, además de su patología, de un erróneo manejo familiar o social.

“La premisa a tratar es “evitar que el paciente le haga daño o se haga daño a sí mismo”. El primer paso es hablarle al paciente, identificarse, ubicarlo en espacio y lugar y preguntarle qué le sucede. Si esta medida no logra calmarlo y permitir un diálogo coherente, otras medidas deben emplearse. Aislar la paciente de los demás que se encuentran en la sala o consulta de urgencia; algunos miembros del staff se acercarán al paciente con la intención de limitar o impedir conductas agresivas en general; en algunos casos las medidas de contención física son necesarias y previas a la aplicación intramuscular de un sedante. Es muy conveniente que se trata de otro ser humano bajo las condiciones de una morbilidad y que muy probablemente se encuentre angustiado y temeroso.

“La ubicación en un cuarto lejos de los estímulos auditivos y visuales, y bajo estricta vigilancia médica, contribuirá a la pronta recuperación del paciente, al igual que el tratamiento de la entidad nosológica subyacente”(17) (negrilla fuera de texto).

En segundo lugar, no se puede afirmar que la enfermedad que padecía la paciente no implicaba un riesgo de suicidio, como tampoco se puede afirmar que este se encuentra asociado únicamente a un tipo de enfermedad específica, como la depresión. Lo cierto es que el suicidio se origina en múltiples condiciones que lo desencadenan, uno de las cuales es la presencia de una enfermedad mental. Sobre el tema los expertos han señalado:

“Sobre la pregunta de sí el suicidio es una enfermedad o un síntoma, los expertos han llegado a un consenso generalizado: el suicidio es un síntoma y no una enfermedad. Esto significa que el suicidio puede ser el resultado de un importante número de condiciones psicológicas y físicas, y que los intentos de suicidio pueden situarse en un punto intermedio en cualquier número de circunstancias.

“Sin embargo, existen algunos síntomas o conductas que suelen aparecer en el historial de las personas que intentan suicidarse o se suicidan. La depresión es el síntoma mencionado con mayor frecuencia. No obstante, el que un individuo sufra una depresión no significa que esté a punto de quitarse la vida. Ni todas las personas deprimidas son suicidas, ni todos los suicidas están necesariamente deprimidos (Cantor, 1987ª).

“Aunque la depresión es el síntoma que se asocia con mayor frecuencia al suicidio, los factores significativos que sitúan a la persona en este riesgo están más relacionados con los cambios de conducta y cognitivos que con el diagnóstico de depresión.

“Se considera que una persona corre este riesgo:

1. Si hace un intento o un gesto suicida.

2. Si habla de suicidio o amenaza con suicidarse.

3. Si ha trazado un plan concreto para quitarse la vida.

4. Si controla mal sus impulsos y es conocido por actuar impulsiva o violentamente.

(...).

“¿Qué induce a la gente a suicidarse en la actualidad? Ya hemos dicho que el suicidio es un síntoma y no una enfermedad, y puede ser una consecuencia de enfermedades psiquiátricas, físicas o de desequilibrios bioquímicos...

“Es evidente que la enfermedad psiquiátrica predispone al suicidio, aunque no se trata de una variable necesaria. Además, no se ha podido determinar con exactitud cuáles son las enfermedades psiquiátricas que predisponen al suicidio (Cantor, 1989b; Shaffer, 1989).

“Las psicopatologías más documentadas en relación con el suicidio son los trastornos afectivos (en particular la depresión), los trastornos de conducta y el abuso de sustancias psicoactivas. También se citan los rasgos de personalidad, como la impulsividad y la agresión, así como los trastornos antisocial y límite de la personalidad. Por otra parte en un estudio reciente se aboga por los síntomas de ansiedad y angustia como los más claros indicadores de un potencial suicida (Weissman, Klerman, Markovitz y Ouellette, 1989).

“La literatura y el folclore nos inducen a pensar que el suicidio aparece en los individuos deprimidos. Sin embargo, los estudios actuales rechazan esta idea e indican otras áreas de riesgo, como la ansiedad, el abuso de sustancias psicoactivas, los trastornos bioquímicos y neuroquímicos, y factores psicosociales, como la falta de apoyo, el estrés, la enfermedad crónica y la oportunidad.

“Además, la vulnerabilidad actual de un individuo ante el suicidio puede fluctuar de un día para otro. Esto hace que nos preguntemos si el suicidio es con frecuencia la consecuencia de la enfermedad mental o de extravagancias y tensiones de la vida, sean hormonales, bioquímicas o circunstanciales...

“En resumen, los factores que pueden conducir al suicidio o al intento de suicidio son diversos y no específicos. La lista de características bioquímicas, de conducta, psicológicas y sociales ligadas al suicidio, incluye:

• El alcohol y el abuso de sustancias psicoactivas;

• La enfermedad mental - con una fuerte controversia sobre la determinación de la enfermedad más relacionada;

• Las conductas impulsivas y antisociales;

• El estrés severo, el sentimiento de culpabilidad o las pérdidas(18).

En tercer lugar, la suma de la conducta agresiva, la crisis sicótica que le había sido diagnosticada y la amenaza de ahorcarse eran factores suficientes para valorar que se estaba en alto riesgo de suicidio de la paciente, y ameritaba el máximo cuidado. Así lo han establecido los estudios médicos:

“¿Cómo se puede reconocer el riesgo suicida? A pesar de que la investigación sobre suicidios ha mostrado múltiples factores de riesgo, para el terapeuta es extremadamente difícil valorar en qué medida el paciente presenta riesgo real de suicidio. Los factores expuestos en la tabla 18-1 se refieren a lo que incrementa el riesgo de suicidio. Cuando aparecen varios factores a la vez, es imprescindible prestar la máxima atención. Además, a lo largo de la terapia se debe comprobar de nuevo el riesgo de suicidio del paciente.

“Tabla 18-1. Factores que hay que valorar ante el riesgo de suicidio.

“— Indicios de suicidalidad en el comportamiento de la paciente:

“Avisos directos o indirectos de suicidio, como decir que ya no tiene ilusión por vivir o que sólo es un carga para los demás.

“Intensa dedicación a rumiar el suicidio.

“Hacer planes de suicidio.

“Conocer a alguien o identificarse con alguien que ha consumado el suicidio.

“— Indicios de suicidalidad: (...).

“— Sospechas clínicas de suicidalidad:

“Enfermedad médica crónica.

“Trastornos de personalidad.

“Abuso de medicamentos, drogas o alcohol.

“Síntomas sicóticos.

“Conducta agresiva y falta de control de los impulsos.

“Desesperanza, sentimientos de culpa o pesimismo muy marcados.

“Baja autoestima.

“— Condiciones interpersonales, ambientales y sociodemográficas de suicidalidad: (...)(19) (negrilla fuera de texto).

Aplicado lo anterior al caso concreto, se deduce que la agresividad de la paciente Ivonne Paola Torres López implicaba el riesgo de que se causara daño a sí misma, dado que el hecho de sufrir una enfermedad mental la incluía entre las personas con posibilidad de suicidio y que la amenaza de ahorcarse, sumada a las dos anteriores circunstancias, era un factor lo suficientemente evidente para concluir que estaba en alto riesgo de cometerlo. Por lo tanto, no se puede afirmar que el acto fue impulsivo, pues existía una sintomatología de base que implicaba probabilidad de suicidio y una amenaza expresa y clara de querer hacerlo; frente a hechos tan claros se requería una reacción de la entidad; sin embargo, no se tomó medida alguna. En estos casos se recomiendan las siguientes medidas:

“... Si el paciente [cuando ha comunicado pensamientos suicidas, o se tiene la más ligera sospecha de que los pacientes abrigan pensamientos suicidas] vive en casa, tomamos precauciones adicionales y nos aseguramos que los miembros de la familia le mantendrán vigilado de cerca las 24 horas del día, 7 días a la semana, y les facilitábamos todos los números de teléfono donde puedan localizarnos en cualquier momento”(20).

“...Según el grado de suicidalidad, cabe emplear las siguientes estrategias:

“8. Se incluye a las personas positivas de referencia. Se confecciona un plan junto con la familia que garantice un control constante del paciente; se planifican los fines de semana y el tiempo libre. Se retiran todas las posibles armas para un suicidio. Se asegura la toma de los medicamentos y se presta atención a los signos precoces de aviso, como la repentina tranquilidad de un paciente agitado.

“9. El paciente debe ser ingresado en la clínica, de ser necesario en una sección cerrada. También cabe pensar en un ingreso forzoso, no voluntario.

“Sin embargo, incluso tomando todas las posibles medidas y con la máxima competencia terapéutica, no se puede excluir el riesgo de suicidio en todos los casos”.(21)

“Manejo del paciente con intento de suicidio. La actitud terapéutica ante el paciente con intento de suicidio y sus familiares es el elemento básico de aproximación. Que el menor y su familia sientan del facultativo que los atiende: disposición de ayuda, comprensión de la situación actual, apoyo ante las crisis personales o familiares y sobre todo capacidad profesional para servir de contención ante el insuceso.

“Es preferible hospitalizar al paciente que ha intentado o logrado autoagredirse y sería muy conveniente la interconsulta con psiquiatría, o la remisión al psiquiatra. Dependiendo de la gravedad y de la letalidad del intento, tomará más o menos días su estancia hospitalaria en un centro que ofrezca todas las garantías de seguridad. De no ser posible contar con una unidad psiquiátrica y con personal de enfermería capacitado para su manejo, es mandatorio hospitalizarlo en un hospital general, acompañado permanentemente, ya sea con un familiar o con un auxiliar de enfermería. Los pisos bajos de las instituciones son los más adecuados, por la minimización de los riesgos; cualquier elemento que sirva para minimizar una agresión será retirado de la habitación (cubiertos, tijeras, ganchos metálicos de ropa, termómetro, cordones de teléfono, espejos, etc.) e incluso los vidrios de las ventanas, especialmente si no cuenta con compañía tanto en el día como en la noche. Las pertenencias personales serán cuidadosamente examinadas con la intención de identificar y retirar las que sean potencialmente peligrosas: drogas de uso, médico o uso ilegal, cordones de zapatos, cinturones, medias de seda, etc.

La disponibilidad médica debe ser las 24 horas, ya sea para el paciente o para sus familiares. La verificación de la toma de las medicaciones será ordenada en la historia clínica y ejecutada por enfermería; muchos de los medicamentos tomados en sobredosis suelen tener efecto letal. La psicoterapia está indicada desde el primer momento de la relación terapéutica, pues los antidepresivos demoran, de dos a tres semanas en empezar a actuar. Se consignará todos los días, en las evoluciones de la historia clínica, las apreciaciones que del paciente tenga el médico y las expresiones, literalmente, del paciente ante su situación”(22).

De las anteriores medidas prescritas para situaciones de riesgo o intento de suicidio se pueden deducir por lo menos tres que hubieran debido aplicarse en el presente caso, como era dar aviso inmediato a un médico, el retiro de los objetos que permitieran la realización de la amenaza y estrechar la vigilancia a la paciente a partir de ese momento. Ninguna de esas medidas fue cumplida, a pesar de contarse con el tiempo suficiente para reaccionar ante la amenaza de suicidio, pues entre esta y su consumación trascurrieron cuatros horas, según el reporte de enfermería.

Las notas que registran la amenaza de suicidio y su consumación son anotaciones de enfermería; en ninguna de ellas se registra que se le hubiera dado aviso a la siquiatra tratante o al que estuviera de turno en la unidad, tampoco obra en el proceso testimonio alguno donde se declare sobre el asunto. Sin duda, una medida elemental en este caso, ante la agresividad de la paciente y la advertencia de que se iba ahorcar, era la de dar aviso a un médico para determinar la conducta a seguir. Más aún, cuando la siquiatra tratante examinó a la paciente en la mañana y notó cierta mejoría, y fue al medio día cuando cambió radicalmente su conducta, sin embargo, solo se sabe nuevamente de su presencia en el momento del procedimiento de reanimación, cuando había sido descolgada del tubo del baño.

Si la paciente amenazó con ahorcarse era necesario retirar los objetos que lo facilitaran, es decir, cualquier objeto que le sirviera para colgarse. El retiro de objetos, que sirvan para la consumación de un suicidio, es una de las medidas en las que más se insiste al momento de prevenir su ocurrencia, en muchos casos se trata de un designio temporal que se evita mediante el retiro de los medios que lo faciliten. En el presente caso, ni siquiera se hace referencia a una medida de este tipo, a pesar de que el plan era de ahorcarse, lo que facilitaba de alguna manera el retiro de los objetos que sirvieran para tal fin.

Por último, la paciente careció de toda vigilancia desde la amenaza hasta la consumación del suicidio. Si se mira con detenimiento la historia clínica, entre el momento de la amenaza a las 12:30 de la mañana y el suicidio de la paciente, a las 4:30 de la tarde, no se realizó examen alguno a la paciente. En efecto, después del suicidio, un miembro del personal de enfermería realizó una sola nota donde se consignan encuentros casuales con la menor, momentos antes del episodio: el primero, a las 4:15 de la tarde, cuando fue llevada de consulta externa a su pieza; el segundo, a las 4:20 de la tarde, cuando fue encontrada en enfermería y se regresa al cuarto; extraña que se afirme que “no manifiesta ni se nota intento suicida” (fl. 157, c. 2), cuando a esa hora la situación no había pasado de una amenaza de suicidio, pues el hecho se presentó diez minutos después, cuando otra paciente la encuentra ahorcada, lo que reafirma la impresión de que los registros son posteriores al episodio.

Por los señalamientos precedentes, se puede afirmar, que no se cumplió ni siquiera con los parámetros normales de vigilancia a un paciente internado en la unidad de salud mental del Hospital Federico Lleras Acosta, descritos por el doctor Néstor Hermel Fajardo Rojas, psiquiatra y jefe de dicha unidad, en su declaración. No existe declaración o constancia alguna, de que en la tarde del 17 de enero el personal de enfermería realizara rondas periódicas en la unidad, menos aún que se realizara visita médica cada 15 o 30 minutos, después del episodio agudo de agresividad y amenaza de suicidio, y menos aún se puede afirmar que se vigiló de manera permanente, o se estrechó dicha vigilancia, a la paciente después de esta advertencia, como lo exige la doctrina médica en estas situaciones. 

En conclusión, no se puede alegar que Ivonne Paola Torres López podía tomar la decisión autónoma de suicidarse, cuando carecía de la capacidad para hacerlo por su enfermedad mental. Tampoco puede afirmarse que se trató de una acción impulsiva, imposible de prever y evitar, cuando es claro que presentaba una psicosis, con conducta agresiva y con una amenaza de suicidio, factores que implicaban un alto riesgo de intento o consumación del suicidio. Frente a esta situación previsible no se tomó medida alguna para evitarla, cuando se tuvo el tiempo suficiente para hacerlo. Sin duda, en el momento en que Ivonne Paola advirtió que se iba ahorcar, su situación cambió, pues además de requerir atención por la psicosis maniaca que padecía, se presentaba un nuevo síntoma, el del suicidio, que era necesario afrontar. No se dio aviso alguno a los médicos del hospital sobre el asunto, no se tomó ninguna medida de seguridad para evitar que se ahorcara, como la de retirar los objetos que lo facilitaran, y no se vigiló de manera estrecha a la paciente, cuando se trataba de un riesgo inminente. 

Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia impugnada.

Respecto de la indemnización solicitada por daño moral, obra en el expediente certificación de que Ivonne Paola Torres López era hija de Jorge Avelino Torres Parra y Liduvina López Triana (fl. 4, c. 1), y que Ingrid Marcela Torres López y Jorge Andrés Torres López son hijos de los mismos padres (fls. 6 y 7, c. 1), las certificaciones fueron expedidas por la notaría primera del círculo de Girardot. Así mismo, fue aportado registro civil de matrimonio de la de Jorge Avelino Torres Parra y Liduvina López Triana, de la notaría octava de Bogotá (fl. 8, c. 1).

Ha expresado esta Sala, en varias ocasiones(23), que el parentesco puede constituir indicio suficiente de la existencia, entre los miembros de una misma familia, de una relación de afecto profunda y, por lo tanto, del sufrimiento intenso que experimentan los unos con la desaparición o el padecimiento de los otros. Por lo tanto, se reconocerá el pago por perjuicios morales solicitado en la demanda. 

Conforme a lo expresado en sentencia reciente(24), esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente el recurso a la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral; ha considerado, en efecto, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio, y ha sugerido la imposición de condenas hasta por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado. No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que, en este caso, se condenó a la entidad demandada al pago, por este concepto, de la suma equivalente a mil gramos de oro, para los padres, y quinientos gramos, para los hermanos, dado que, en la fecha de esta sentencia, dicha suma es inferior a aquélla que corresponde al número de salarios mínimos antes indicados, se accederá a la petición formulada, a fin de respetar el principio de congruencia. 

Por lo tanto, se condenará al pago de la suma en dinero equivalente en salarios mínimos legales mensuales hasta por el valor, que a la fecha de la sentencia, tengan mil y quinientos gramos de oro. En esta caso, el primero equivale a 71 salarios mínimos legales mensuales, es decir la suma de $ 22.035.220.oo; el segundo equivale a 35 salarios mínimos legales mensuales, es decir $ 11.017.610. Advierte la Sala que estas sumas no exceden el valor de las pretensiones contenidas en la demanda, en relación con el perjuicio moral.

Por último, la Sala denegará la nulidad solicitada por el impugnante, pues el uso de un nombre erróneo del demandado no afectó su derecho de defensa y su comparecencia al proceso. Por otra parte, el Hospital Federico Lleras Acosta-empresa social del Estado es una entidad de derecho público de orden departamental, con personería jurídica y autonomía administrativa, conforme a la ordenanza 009 de 1990, según el poder concedido por el director de la institución, y a él es imputable únicamente la falla del servicio por la cual se condena en el presente caso, por lo que no existe el litisconsorcio necesario pedido por el apelante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo contencioso Administrativo, sección tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la Sentencia de cinco de noviembre de 1996, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, la cual quedará así:

1. DECLARAR patrimonialmente responsable al Hospital Federico Lleras Acosta, empresa social del Estado del orden departamental, por la muerte de la menor Ivonne Paola Torres López, ocurrida cuando se encontraba internada por padecer trastornos mentales, en la unidad mental, del ente hospitalario el día 17 de enero de 1994.

2. Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR al Hospital Federico Lleras Acosta, empresa social del Estado del orden departamental, con sede en la ciudad, a pagar por concepto de perjuicios morales a:

A Jorge Avelino Torres y Ludivina López de Torres, en su calidad de padres de la occisa, a cada uno, la suma de veintidós millones treinta y cinco mil doscientos veinte pesos ($ 22.035.220).

A Jorge Andrés Torres López e Ingrid Marcela Torres López, en su calidad de hermanos de la víctima, a cada uno, la suma de once millones diez y siete mil seiscientos diez pesos ($ 11.017.610).

3. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4. A esta sentencia se le dará cumplimiento en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Ricardo Hoyos Duque—Alier E. Hernández Enríquez—María Helena Giraldo Gómez—Germán Rodríguez Villamizar—Jesús María Carrillo Ballesteros. 

(1) Ver, entre otros, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección III, 24 de octubre de 1990, exp. 5902. Actora: María Helena Ayala de Pulido.

(2) Expediente 6897.

(3) De esta evolución da cuenta el fallo expedido por la misma corporación el 24 de agosto de 1992, exp. 6754. Actor Henry Enrique Saltarín Monroy.

(4) Expediente 11.169.

(5) Expediente 12.655.

(6) Sentencia del 22 de marzo de 2001, exp. 13.284.

(7) BUERES, Alberto J. Responsabilidad civil de los médicos, Edit. Hammurabi, Buenos Aires, 1992, pp. 312, 313.

(8) Teniendo en cuenta observaciones similares, la Sala ha hecho afirmaciones como estas, en fallos anteriores:
“Lo que interesa para los efectos de resarcimiento, y naturalmente, de la estructuración de la responsabilidad es, ante todo, la posibilidad de imputación o reconducción del evento dañoso al patrimonio de quien se califica preliminarmente responsable; esto ha de aparecer acreditado cabalmente, para no descender inoficiosamente al análisis culpabilístico” (Sentencia del 7 de octubre de 1999, exp. 12.655).
“Ni aun en el evento de que se hubiera probado una falla del servicio habría lugar a declarar la responsabilidad del Estado mientras el vínculo causal no hubiera sido establecido, al menos como probable” (Sentencia del 22 de marzo de 2001, exp. 12.843).

(9) En la Sentencia T-474 del 25 de septiembre de 1996, aunque en un contexto diferente, la Corte Constitucional ordenó brindarle a un menor adulto, testigo de Jehová, el tratamiento que requería para preservar su vida, aún contra la propia decisión del menor que se negaba a la práctica de una transfusión de sangre, por sus convicciones religiosas.

(10) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, Sentencia de 30 de noviembre de 2000, exp. 12.832, actores: Antonio Muñoz y otros. Se expresa lo mismo en Sentencia de 30 de noviembre de 2000, exp. 13.329, actor: José Antonio Rincón Tobo.

(11) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 12 de septiembre de 1985, M.P. doctor Horacio Montoya Gil.

(12) SANTOS BALLESTEROS, Jorge. La responsabilidad civil de los médicos y de los establecimientos clínicos. Revista Universitas, No. 70, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, mayo de 1986.

(13) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 1º de febrero de 1993, M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss.

(14) Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual, tomo primero, vol. I, Ediciones jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1961, p. 236.

(15) BUERES, Alberto. La responsabilidad civil de los médicos, Edit. Hammurabi, 1ª reimpresión de la 2ª edición, Buenos Aires, 1994, pp. 441 a 443.

(16) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, Sentencia de 28 de septiembre de 2000, exp. 11.405, actores: Juan Bautista Guerrero Ramírez y otros.

(17) César E. Sánchez V, “Urgencias”, en Ricardo José Toro G, Luis Eduardo Yepes R., Fundamentos de Medicina-Psiquiatría, Medellín, Corporación para investigaciones biológicas, tercera edición, 1997, p. 397.

(18) Pamela C. Cantor, “Síntomas, prevención y tratamiento del intento de suicidio”, en Benjamín B. Wolman, Geroge Stricker, Trastornos depresivos, hechos, teorías y métodos de tratamiento, Barcelona, Ancora S.A., 1993, pp.197 y ss. En el mismo sentido se ha señalado lo siguiente: “El gran cuidado y temor que hay que tener con el síndrome depresivo son las ideas de suicidio que suelen llevar al individuo a las conductas suicidas, al intento de suicidio. Cualquier medida preventiva ante un paciente que ha cometido un intento de suicidio, es poca. Tanto el intento de suicidio como el suicidio mismo no son propiamente entidades diagnósticas, es un hecho existencial con profundas repercusiones personales y familiares. Las entidades o situaciones con que se asocia frecuentemente el suicidio son: depresión, adolescente en crisis, alcoholismo, demencias, crisis conyugales, intoxicación por drogas, psicosis esquizofrénicas y afectivas, violaciones sexuales, enfermedades graves y terminales. Es posible valorar el riesgo suicida en pacientes con ideas de autoagresión si se tiene en cuenta los siguientes parámetros: (...) Enfermedad psiquiátrica. Se incrementa en la psicosis y en las depresiones. En César E. Sánchez V, “Urgencias”, en Ricardo José Toro G, Luis Eduardo Yepes R., Fundamentos de Medicina-Psiquiatría, Medellín, Corporación para investigaciones biológicas, tercera edición, 1997, p. 391.

(19) Elizabeth Schramm, Psicoterapia personal, de las depresiones y otros trastornos psíquicos, Barcelona, Editorial Masson S.A., 1998, pp. 247 y ss.

(20) Benjamín B. Wolman, George Stricker, Trastornos depresivos; teorías y métodos de tratamiento, Barcelona, Ancora S.A., 1993, p. 392.

(21) Elizabeth Schramm, Psicoterapia Personal, de las depresiones y otros trastornos psíquicos, Barcelona, Editorial Masson S.A., 1998, pp. 247 y ss.

(22) César E. Sánchez V, “Urgencias”, en Ricardo José Toro G, Luis Eduardo Yepes R., Fundamentos de Medicina-Psiquiatría, Medellín, Corporación para investigaciones biológicas, tercera edición, 1997, p. 395.

(23) Ver, entre otras, sentencias del 18 de mayo, 15 de junio y 21 de septiembre de 2000, expedientes 12.053, 11.688 y 11.766, respectivamente.

(24) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, Sentencia de 6 de septiembre de 2001, expedientes: 13.232 - 15.646.