Sentencia 13126 de diciembre 12 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 0500123150001998179501. Exp. 13126

Consejera Ponente:

Dra. Ligia López Díaz

Actor: Centro de Servicios La 80 S.A.

Sanción por no enviar información en medios magnéticos.

Bogotá, D.C., doce de diciembre de dos mil dos.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La discusión se centra en determinar si la sanción por no enviar información por el año gravable 1994 impuesta al actor, está ajustada a la ley.

1. Notificación del pliego de cargos.

El apelante en primer lugar controvierte la notificación efectuada por las autoridades tributarias del pliego de cargos Nº 11-48-77-5-0932 del 21 de junio de 1996.

La administración ha fundamentado su actuación en el artículo 563 del estatuto tributario el cual dispone:

“Dirección para notificaciones. La notificación de las actuaciones de la administración tributaria deberá efectuarse a la dirección informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, en su última declaración de renta o de ingresos y patrimonio, según el caso, o mediante formato oficial de cambio de dirección; la antigua dirección continuará siendo válida durante los tres (3) meses siguientes, sin perjuicio de la validez de la nueva dirección informada.

Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere informado una dirección a la administración de impuestos, la actuación administrativa correspondiente se podrá notificar a la que establezca la administración mediante verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria.

Cuando no haya sido posible establecer la dirección del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, por ninguno de los medios señalados en el inciso anterior, los actos de la administración le serán notificados por medio de publicación en un diario de amplia circulación” (resalta la Sala).

De acuerdo con la norma transcrita, la regla general es que los actos de la administración tributaria se notifiquen a la última dirección informada por el contribuyente, en su última declaración de renta o de ingresos y patrimonio, o en el formato oficial de cambio de dirección.

Los declarantes, conforme al inciso 2º del artículo 612 ibídem, tienen el deber de informar los cambios de dirección dentro del término de tres (3) meses contados a partir de su ocurrencia. Aunque no está prevista expresamente una sanción en caso de incumplimiento de este deber, la consecuencia para quien no informe oportunamente el cambio es la notificación válida a la última dirección conocida.

En el presente caso, obra en el informativo que el pliego de cargos Nº 11-4877-5-0932 del 26 de junio de 1996 fue enviado por correo en dos oportunidades a la dirección informada por la sociedad en la declaración de renta correspondiente al año gravable 1995, presentada el 8 de agosto de 1996 (Cra. 81 Nº 27A 25, Of. 201. Medellín, Antioquia). Fue devuelto bajo la explicación “destinatario desconocido”, razón por la cual, existiendo certeza sobre la dirección informada, las autoridades tributarias conforme al artículo 568 del estatuto tributario, procedieron a notificarlo mediante aviso publicado en el periódico “El Mundo” que se imprime en Medellín.

Confirma la veracidad de la dirección informada el hecho de que posteriormente la administración notificó válidamente la Resolución Sancionatoria 000133 del 20 de enero de 1997 a la misma dirección, siendo recibida por el contribuyente, quien interpuso oportunamente los recursos de ley.

Para la Sala, al no existir cambio de dirección, la administración notificó válidamente el pliego de cargos a la dirección informada por el contribuyente y ante el hecho de su devolución, procedió conforme a la ley a notificar mediante aviso en el periódico El Mundo el 22 de septiembre de 1996, conforme a la norma transcrita.

El estatuto tributario establece un régimen específico restrictivo para dar a conocer las decisiones oficiales, de tal forma que se admite la notificación personal o por correo (E.T., art. 565).

La notificación por correo se practica mediante el “envío de una copia del acto correspondiente a la dirección informada por el contribuyente”.

El inciso segundo del artículo 563 le permite a la administración que cuando no se informe dirección ubique al destinatario por otros medios (verificación directa, guías telefónicas, directorios, información comercial o bancaria, etc.) norma no aplicable en el presente caso por cuanto como quedó anotado, existía certeza sobre la dirección informada por la sociedad actora.

El régimen tributario, artículo 568 del estatuto tributario, prevé la posibilidad de notificar los actos mediante publicación en un periódico de amplia circulación nacional:

“Notificaciones devueltas por el correo. Las actuaciones de la administración notificadas por correo, que por cualquier razón sean devueltas, serán notificadas mediante aviso en un periódico de amplia circulación nacional; la notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde la publicación del aviso o de la corrección de la notificación”.

Esta forma de notificación es excepcional y restringida únicamente a los eventos allí previstos y exige que la notificación por correo sea la adecuada, es decir enviada a la dirección informada por el contribuyente, de suerte que, agotados los recursos señalados en el artículo 563 del estatuto tributario, es legal la notificación efectuada mediante aviso.

En cuanto al argumento del apelante según el cual el periódico El Mundo no es de amplia circulación nacional, circunstancia que invalidaría la publicación efectuada, encuentra la Sala que siendo rogada la jurisdicción contencioso administrativa, le corresponde al demandante la carga de la prueba conforme a lo señalado en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, según el cual: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. En consecuencia no existiendo elementos de juicio sobre el particular, se negará el cargo.

2. Obligación de informar.

Por otra parte alega el apelante que la sociedad no estaba obligada a presentar información en medios magnéticos en virtud del mandato contenido en el artículo 10 de la Ley 26 de 1989.

Al respecto la Sala anota que conforme al artículo 651 del estatuto tributario la sanción por no enviar información se impone a quienes no suministren la información requerida por las autoridades tributarias o la suministren extemporáneamente, teniendo en cuenta unos criterios expresamente señalados. Para el sub judice toda vez que en el pliego de cargos se solicitó la información a que hace referencia el literal e) del artículo 631 del estatuto tributario, se tuvo en cuenta el contenido del inciso primero del literal a) del artículo 651 del estatuto tributario, para la liquidación de la sanción, según el cual se aplica: “Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo en forma extemporánea”.

Para determinar si el contribuyente estaba obligado a presentar la información, la administración tuvo en cuenta las cifras consignadas por el contribuyente en su declaración de renta del año gravable 1993, de donde estableció (fl. 133 exp.) que superaba los topes establecidos en el artículo 31 del Decreto 2798 de 1994 sobre ingresos brutos y patrimonio bruto, por lo que debía suministrar la información a través de medios magnéticos.

Para la Sala, el argumento del apelante según el cual de acuerdo con el margen de utilidad establecido para el distribuidor minorista de combustible y derivados del petróleo (L. 26/89, art. 10) hace que los ingresos declarados estén por debajo de los topes establecidos en el artículo 31 del Decreto 2798 de 1994 para presentar la información solicitada, debe despacharse favorablemente por las siguientes razones:

Si bien el artículo 746 del estatuto tributario señala que las declaraciones tributarias están investidas de la presunción de legalidad mientras no medie un proceso administrativo de modificación o una corrección por parte del declarante, de lo cual no existe prueba en el expediente, el contribuyente demostró que no se encuentra obligado a presentar la información solicitada por las siguientes razones:

Para demostrar que los ingresos brutos obtenidos por el año gravable de 1993 fueron inferiores al tope que establecía el Decreto 2798 de 1994 ($ 2.084.900.000), como anexo de la demanda el actor allegó un certificado de revisor fiscal (fl. 17, exp.) en el que se afirma que los ingresos brutos por dicho período gravable se estimaron en $ 1.422.211.000, determinados de conformidad con el artículo 10 de la Ley 26 de 1989.

Reiteradamente la Sala ha afirmado (1) que el parágrafo 2º del artículo 631 del estatuto tributario al determinar los obligados a presentar información en medios magnéticos, señaló que los ingresos brutos y el patrimonio bruto a tener en cuenta para tales efectos, no son los declarados, sino los poseídos en el último día del año inmediatamente anterior (1993).

(1) Sentencia del 30 de junio de 2000, expediente 10147, C.P. Dr. Julio E. Correa Restrepo.

Adicionalmente, conforme al artículo 10 de la Ley 26 de 1989, los ingresos brutos para los distribuidores minoristas de combustibles y derivados de petróleo se calculan de forma diferente al disponer:

“ART. 10.—Para todos los efectos fiscales se estiman ingresos brutos del distribuidor minorista de combustibles líquidos y derivados del petróleo, por venta de ellos, que resulten de multiplicar el respectivo margen de comercialización señalado por el gobierno, por el número de galones vendidos, restándole el porcentaje de margen de pérdida por evaporación”.

En consecuencia encuentra la Sala que la prueba allegada es suficiente para desvirtuar la presunción de veracidad del denuncio rentístico, demostrando que la demandante no se encontraba obligada a presentar información en medios magnéticos por el año gravable en discusión, por cuanto sus ingresos brutos poseídos en el último día del año gravable 1993, no superaron los topes establecidos en el Decreto 2798 de 1994.

Por lo expuesto, la sentencia de primera instancia será revocada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Revócase la providencia apelada. En su lugar se dispone:

1. Anular la Resolución 133 del 20 de enero de 1997, proferida por la división de liquidación de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Medellín, en virtud de la cual se impuso a la actora sanción por no enviar información, y la Resolución 049 del 18 de febrero de 1998, expedida por la división jurídica tributaria de la misma administración, por la cual se modificó la resolución inicial en el sentido de reducir la sanción impuesta a la demandante.

2. Como consecuencia de lo anterior, la demandante no está obligada al pago de la sanción impuesta en los actos que se anulan.

3. Reconócese personería para actuar a la doctora Edna Patricia Díaz Marín, como apoderado de la demandada, a términos del poder que debidamente conferido obra a folio 248.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en la Sala de la sesión de la fecha.

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