Sentencia 13131 de agosto 16 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS MATERIALES

NO SE PUEDE TOMAR COMO SALARIO DE LA VÍCTIMA UNO INFERIOR AL MÍNIMO

EXTRACTOS: «Para valorar los perjuicios materiales debe tomarse como base de liquidación el salario que devengaba la víctima a la fecha de los hechos o en su defecto, el salario mínimo legal vigente para la misma fecha actualizado al día de la sentencia.

Normalmente el salario que se certifica por la parte actora es superior al salario mínimo, pero en otros eventos al no existir certificación salarial ocurre que al actualizar el mínimo vigente a la fecha de los hechos, el resultado es inferior al salario mínimo vigente a la fecha de la sentencia que liquida los perjuicios.

Por lo anterior, la Sala ha sostenido que en este caso debe tomarse este último, ya que presume que nadie devenga menos del salario mínimo (1) .

(1) En este sentido ver sentencias de la Sección del 3 de mayo de 1999, expediente 11.169, del 8 de febrero de 2001, expediente 13.254 y del 31 de mayo de 2001, expediente 13.321.

En efecto, de conformidad con el artículo 53 de la Constitución Política

“El congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.

Los convenios internacionales de trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores“ (se subraya).

A su turno el artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo señala:

“Salario mínimo es el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a las necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural”.

Y el artículo 148 del mismo ordenamiento dispone:

“Efecto jurídico. La fijación del salario mínimo modifica automáticamente los contratos de trabajo en que se halle estipulado un salario inferior”.

No obstante que estas previsiones tienen como campo de aplicación preferente la relación de trabajo en el sector privado, para la Sala constituyen una valiosa herramienta hermenéutica en cuanto se hallan en armonía con el principio constitucional de remuneración mínima vital y móvil que debe contener el estatuto del trabajo para toda relación de este tipo y que el Congreso aún no ha expedido.

La Corte Constitucional en sentencia SU-995 de 1999 a propósito del “mínimo vital” señaló:

“Si bien ciertos criterios económicos permiten fijar un salario mínimo, como base ineludible para la negociación colectiva o individual del salario entre las partes de una relación laboral, ésta es una medición que no agota el aludido concepto de mínimo vital protegida por la Constitución, ni puede identificarse con él sin dar al traste con la cláusula del Estado social de derecho y desnaturalizar el principio de igualdad. En efecto, cada individuo que ingresa al mercado laboral —independientemente del estrato que ocupe—, recibe una retribución económica que, en principio, constituye la base de los gastos de manutención que plausiblemente espera cubrir y de las carencias que aspira superar. De ahí, que la idea de un mínimo de condiciones decorosas de vida (v. gr. vestido, alimentación, educación, salud, recreación), no va ligada sólo con una valoración numérica de las necesidades biológicas mínimas por satisfacer para subsistir, sino con la apreciación material del valor de su trabajo, de las circunstancias propias de cada individuo, y del respeto por sus particulares condiciones de vida (...).

En el seno de una economía inflacionaria, no puede menospreciarse la importancia de la movilidad del salario, expresada como la capacidad de reajustar una asignación dada, estimando las fluctuaciones monetarias e intentando mantener el poder adquisitivo real de los salarios. Al respecto la Corte ha afirmado: "Los incrementos salariales, que en cualquier momento y de acuerdo con distintos criterios puede fijar el gobierno pueden tornarse útiles o indispensables para atender a las necesidades de los trabajadores, golpeados por el proceso inflacionario, o para restablecer condiciones económicas de equilibrio en áreas de la gestión pública en las que ellas se hayan roto por diversas razones" (...).

No hay duda de la utilidad de los instrumentos económicos en la fijación de estimados y pautas acerca del funcionamiento o descripción del proceso productivo de un país, pero estos conceptos, al momento de aplicarse a la realidad social, deben integrarse con una teoría general de derechos fundamentales, que en el marco de un Estado social de derecho tiende a la maximización de las garantías constitucionales. Así, es razonable pensar que al momento de esbozar el contenido de la expresión "vida digna" o "mínimo vital", se acuda a los criterios más amplios y realistas posibles para registrar la forma como está conformada la estructura socio económica y asegurar los fines esenciales del Estado —v.gr. promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

La figura de la retribución salarial está directamente relacionada con la satisfacción del derecho fundamental de las personas a la subsistencia, reconocido por la Corte Constitucional como emanación de las garantías a la vida, a la salud, al trabajo, y a la seguridad social; pero no se agota en la satisfacción de las necesidades de mera subsistencia biológica del individuo, pues debe permitir el ejercicio y realización de los valores y propósitos de vida individual, y su falta compromete el logro de las aspiraciones legítimas del grupo familiar que depende económicamente del trabajador” (2) (se subraya).

(2) En el mismo sentido ver sentencias de la Corte Constitucional C-387 de 1994, C-252 de 1995, C-521 de 1995, C-710 de 1999, C-815 de 1999, C-1433 de 2000, entre otras.

Lo anterior significa que el salario entendido como un “mínimo” no es igual al concepto de “mínimo vital” protegido por la Constitución, ya que no va ligado con la valoración de las necesidades biológicas mínimas sino con la apreciación material de su trabajo.

En cuanto a la movilidad del salario, esto es, la capacidad de reajustarlo en consideración a las fluctuaciones monetarias lo que se intenta es mantener su poder adquisitivo.

En consecuencia, la retribución salarial no se agota en la satisfacción de las necesidades biológicas básicas pues debe permitir el desarrollo de las aspiraciones legítimas del trabajador y su familia, propósitos estos protegidos por la Constitución, los cuales no puede desconocer el juez a la hora de fallar, ya que ello equivaldría a convalidar situaciones en un todo apartadas de los principios constitucionales que aseguran entre otros el derecho al trabajo en un marco económico y social justo en un Estado social de derecho.

La administración no es, por tanto, un fin en sí misma sino que está al servicio de la comunidad ya que es de la esencia del Estado social de derecho no sólo que se proclamen derechos fundamentales sino que a su vez se protejan. En este orden de ideas, la administración es un medio que debe asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado.

Tal como aparece certificado en el expediente, el señor Anselmo Estupiñán Meneses para el año de 1993 devengaba la suma de $ 16.445 (fl. 23, cdno. 1); sin embargo, para ese año el salario mínimo mensual legal vigente era de $ 81.510, según el Decreto 2061 de 1992, lo cual significa que la suma certificada es bastante inferior.

En consecuencia y atendiendo los principios constitucionales enunciados, la Sala reitera en el presente caso su posición jurisprudencial en el sentido de que nadie puede ganar una suma inferior al salario mínimo establecido legalmente.

Se tomará entonces, el salario mínimo vigente a la fecha de esta sentencia $ 286.000 aumentado en un 25% por concepto de prestaciones para un total de $ 357.500 suma de la cual se descuenta el 25% que se presume utilizaba para su propio sostenimiento la víctima directa del daño, para un total de $ 268.125 como salario base de liquidación.

De la suma anterior se tomará la mitad para liquidar la indemnización de la esposa ($ 134.062,5) y la otra mitad se dividirá entre los dos hijos ($ 67.031,25).

Para Aurora Sánchez Tovar  

Indemnización debida  

Desde la fecha de los hechos hasta la fecha de esta providencia (18 de jul./93 a jul./2001).

Ra (1+i)n - 1

S = __________________

i

(1 + 0,004867)96,26 - 1

S = $134.062,5 ________________________

0,004867

S = $ 16’410.809.13

Indemnización futura 

Desde la fecha de esta providencia hasta la fecha probable de vida de la víctima quien era mayor que su esposa. Fecha de nacimiento 12 de febrero de 1944 (fl. 13, cdno.1). Tenía 49 años, 5 meses y 6 días a la fecha de la muerte; según las tablas de mortalidad de la Superintendencia Bancaria tenía una expectativa de vida de 28.58 años (342,96 meses).

342,96 (vida probable) - 96,26 (ind. debida) = 246,7 (ind. futura)

(1 + 0.004867)246,7 - 1

S = Ra ___________________________

0.004867 (1 + 0.004867)351.63

(1 + 0.004867)246,7 - 1

S = $134.062,5 _________________________

0.004867 (1 + 0.004867)246,7

S = $19’230.278,91

Para Liliana Estupiñán Sánchez  

Indemnización debida  

Desde la fecha de los hechos hasta la fecha en que cumpliría 18 años (feb. 24/94).

(1+i)n - 1

S = Ra ___________

i

(1 + 0,004867)7.2 - 1

S = $67.031,25 _______________________

0,004867

S = $489.968,44

Para Mauricio Estupiñán Sánchez  

Indemnización debida  

Desde la fecha de los hechos hasta la fecha en que cumpliría 18 años (jul. 8/97).

(1+i)n - 1

S = Ra __________

i

(1 + 0,004867)47.66 - 1

S = $ 67.031,25 _________________________

0,004867

S = $ 3’585.854,80

Resumen

Ind. debida Ind. futura Total 

Aurora Sánchez Tovar $ 16’410.809.13 $19’230.278,91 $ 35’641.088,04 

Liliana Estupiñán S. $ 489.968,44 —— 0 —— $ 489.968,44 

Mauricio Estupiñán S. $ 3’585.854,80 —— 0 —— $ 3’585.854,80  

$39’716.911,28 

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA :

REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el 25 de noviembre de 1996, la cual quedará así:

1. Declárase a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional patrimonialmente responsable de la muerte del señor Anselmo Estupiñán Meneses, ocurrida el 18 de julio de 1993.

(...).

3. Igualmente, se condena a la Nación Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, así:

a) Para Aurora Sánchez Tovar la suma de treinta y cinco millones seiscientos cuarenta y un mil ochenta y ocho pesos con cuatro centavos m/cte. ($ 35’641.088,04).

b) Para Liliana Estupiñán Sánchez la suma de cuatrocientos ochenta y nueve mil novecientos sesenta y ocho pesos con cuarenta y cuatro centavos m/cte. ($ 489.968,44).

c) Para Mauricio Estupiñán Sánchez la suma de tres millones quinientos ochenta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos con ochenta centavos m/cte. ($ 3’585.854,80).

4. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.»

(Sentencia de agosto 16 de 2001. Expediente 13.131. Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque).

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