Sentencia 13141 de marzo 25 de 1998 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado ponente

Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote

Aprobado Acta 42

Expediente: 13.141

Santafé de Bogotá, D.C., veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

EXTRACTOS: «(...).

De ahí que se imponga recordar que ya la Corte en fallo del 22 de septiembre de 1982, con ponencia del magistrado Luis Enrique Romero Soto, señaló:

“Advierte la Sala que esta materia de los delitos de peligro es campo de controversias que no parecen llevar vía de solución. Fruto de ellas son las diversas clasificaciones que de tales delitos se han hecho y que reflejan las perplejidades que sobre su naturaleza y manifestaciones se presentan en la doctrina. Y la imposibilidad o por lo menos, la dificultad de reducir la cuestión a reglas o preceptos que la uniformen.

Con todo puede afirmarse que existen dos clases de delitos de peligro cuya diferencia obedece a la proximidad y gravedad del riesgo respecto al bien jurídico tutelado y que unos autores llaman de “peligro abstracto” y de “peligro concreto” denominaciones que otros califican de impropias, porque, como dice alguno de los últimos, “el peligro es siempre una abstracción” motivo por el cual profieren calificarlos de “peligro directo” y “peligro indirecto” para indicar que el riesgo en los primeros amenaza en forma inmediata el bien y en los segundos sólo de modo indirecto.

Más importancia tiene la que los dividen en delitos de “peligro presunto” y de “peligro demostrable” porque en los primeros la ley presume de modo absoluto la posibilidad de un daño para el bien jurídicamente tutelado y no solo no requieren sino que por el contrario excluyen cualquier indagación sobre si se da o no la probabilidad del perjuicio o lesión de éste.

En tanto que los otros requieran que se demuestre la posibilidad de daño, es decir, comprobación de que hay un peligro.

Estos últimos se conocen porque el texto de la ley contiene en forma expresa o tácita la exigencias de esa demostración.

Implica esta distinción la consecuencia de que en los delitos de peligro presunto una determinada situación subsumible en la respectiva descripción legal debe ser sancionada aun cuando no haya determinado el peligro que constituya la razón de la norma.

Ejemplo de delito de peligro demostrable es en nuestra legislación el contemplado en el primer inciso del artículo 189 del Código Penal según el cual “el que con peligro común prenda fuego en cosa mueble, incurrirá en prisión de uno a ocho años y multa de mil a cincuenta mil pesos”, infracción para cuya existencia se necesita demostrar que se ha creado con la acción señalada (prender fuego) un riesgo para la colectividad.

En cambio son delitos de peligro presunto entre otros el descrito en el artículo 195 del mismo ordenamiento y según el cual “el que dispare arma de fuego contra vehículo en que se hallen una o más personas, incurrirá en prisión de uno a cinco años”.

Según lo dicho en el primer ejemplo desaparece la ilicitud de la conducta si se demuestra que no existió el peligro común. Pero no sucede lo mismo en la segunda (sic) pues no bastaría para ese fin demostrar que no corrió peligro ninguna de las personas que se hallaban en el vehículo.

8. Además no estaría al margen precisar que sobre la exequibilidad del delito de porte ilegal de armas que describen el artículo 201 del C.P. se pronunció la Corte Constitucional en sentencia del C-038 del 9 de febrero de 1995 puntualizado entre otros aspectos aquel relacionado con el fundamento constitucional de la restricción al libre acceso a las armas y específicamente sobre el contenido de la prohibición que en este caso ha tenido en cuenta el legislador para tal hecho punible. En efecto dijo la Corte.

“Es pues un tipo de peligro (el porte ilegal de armas) ya que penaliza conductas que simplemente amenazan o ponen en peligro los bienes jurídicos protegidos. El legislador no espera a que se afecte el bien jurídico protegido para sancionar al infractor sino que define conductas que considera que tienen suficiente entidad para ponerlo en peligro y anticipa así la protección”.

(...).

“En efecto el legislador al incriminar tal conducta (al porte ilegal de armas) partió de ese peligro presunto ese riesgo inmediato inherente a la posesión de instrumentos idóneos para poner en peligro la vida e integridad y normal convivencia de la comunidad. Los estados se fundamentan entonces por penalizar tales conductas en el riesgo que para la vida, la paz y la integridad de las personas está asociado a una disponibilidad irrestricta de armas para los asociados”.

“De otro lado conviene precisar que el Estado colombiano no está implementando una política criminal peligrosísima, la cual podría ser contraria a los principios de dignidad humana (C.P., art. 1º) al penalizar estas conductas y ser estos delitos de aquellos que la doctrina denomina tipos penales de simple peligro y de mera conducta. En efecto lo propio de una concepción peligrosista en materia penal es que la ley sanciona la personalidad misma del delincuente o criminaliza situaciones sociales que de manera muy hipotética son susceptibles de generar criminalidad. En cambio, en este caso la ley penaliza una conducta culpable de un agente quien por medio de su comportamiento, está poniendo en peligro bienes jurídicos fundamentales, por la razonable y comprobada relación que existe entre la disponibilidad de armas y la violencia. La restricción del porte de armas y la penalización de quienes no se sometan a las regulaciones estatales son entonces un medio del cual se vale el Estado para proteger los derechos de las personas. La razón de ser de un Estado no sólo está en buscar medidas represivas al momento de cometerse un daño sino de evitar que se profiera el mismo. Así, el control estatal de las armas constituye un marco jurídico de prevención del daño”.

(...)».

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