Sentencia 13145 de marzo 13 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

RENTAS EXENTAS

EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ASFALTO

EXTRACTOS: «De acuerdo con los términos del recurso de apelación interpuesto, corresponde decidir en la instancia sobre la legalidad de los actos administrativos en virtud de los cuales la Administración de Impuestos Nacionales - Grandes Contribuyentes de Bogotá, determinó oficialmente el impuesto de renta a cargo de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, por la vigencia fiscal de 1995.

(...).

Rentas exentas.

Mediante la Ley 30 de 1982 “por la cual se modifica la Ley 64 de 1967”, se dispuso en su artículo 5º:

“Con el fin de fomentar la pavimentación de carreteras y calles, los asfaltos están exentos de todo impuesto”.

La anterior disposición, si bien no fue incorporada en el estatuto tributario, expedido mediante el Decreto 624 de 1989, en desarrollo de las facultades otorgadas al Gobierno Nacional por la Ley 75 de 1986, artículo 89 numeral 5º, para efectuar la compilación de las normas tributarias de carácter legal vigentes, no por tal circunstancia perdió su vigencia, tal como lo precisó la Corte Suprema de Justicia en sentencia de septiembre 27 de 1990, expediente 2111, al señalar: “las normas que estaban vigentes no dejaron de estarlo por la circunstancia de no haber sido incluidas ... ni puede considerarse que, a consecuencia de lo anterior, en el estatuto tributario, estén contenidas necesariamente todas las vigentes ...”.

La vigencia del precepto legal transcrito, fue igualmente confirmada por la Sala de Consulta y Servicio Civil en el concepto 147 de 1987, el cual si bien no tiene carácter obligatorio y vinculante para las autoridades administrativas y jurisdiccionales, sí constituye un criterio auxiliar válido en la hermenéutica jurídica, donde se dijo:

“En conclusión, del impuesto sobre renta y complementarios está exenta la renta de la Empresa Colombiana de Petróleos obtenida por venta de asfaltos, en cuanto el artículo 5º de la Ley 30 de 1982 no fue derogado por el artículo 199 de la Ley 9ª de 1983 ni por el 108 de la Ley 75 de 1986, como disposición contraria a las adoptadas por estas leyes”.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que no existe duda acerca de la vigencia de la norma que crea la exención controvertida, ni tampoco discusión por parte de la administración en este aspecto, no puede argumentarse válidamente que por el simple hecho de no existir en el capítulo VII del título I del estatuto tributario disposición alguna que consagre la exención del impuesto de renta, sobre los ingresos provenientes de la venta, transporte y manejo del asfalto, tales ingresos estarían gravados con dicho impuesto, pues está claro que el beneficio de la exención deriva del precepto legal contenido en el artículo 5º de la Ley 30 de 1982 y no del régimen de rentas exentas incorporado en el estatuto tributario. Por lo anterior, la procedencia o no la de la exención debe analizarse a la luz del precepto legal que la consagra.

Las exenciones tributarias implican que por mandato del legislador un sujeto, no obstante ubicarse dentro de los presupuestos que la ley señala como generadores de la obligación tributaria sustancial, está eximido de pagar tributo. En todos los casos la ley prevé las circunstancias que le hace acreedor a la exención.

Los criterios para establecer las exenciones corresponden a razones de índole económica o social, según se pretenda el fortalecimiento económico o la protección a un sector social determinados, o para cubrir ya sea en forma permanente o transitoria, las necesidades de una comunidad.

En materia del impuesto de renta las exenciones se establecen respecto de determinados hechos, conceptos, actos u operaciones, sin tener en cuenta el sujeto que los realiza, por vía de ejemplo, los ingresos percibidos por concepto de la indemnización por seguros de vida que tienen el carácter de renta exenta, cualquiera sea el beneficiario (E.T., art. 223); o en relación con los sujetos, teniendo en cuenta la situación y calidades personales de los mismos, como las que se otorgan a las empresas de servicios públicos domiciliarios (art. 211 ib.), o a las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta (art. 211-1, ibíd.).

Igualmente, las exenciones del impuesto de renta pueden establecerse bajo condiciones especiales para su procedencia, como es la otorgada a los usuarios de zonas francas (art. 213 ib.); o sin establecer ninguna condición especial para que procedan, distinta de la definición del sujeto beneficiario de la exención o del concepto del ingreso, tal es el caso de las indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedad (art. 206 ib.).

La exención de que trata el artículo 5º de la Ley 30 de 1982, según los términos de la norma, está prevista respecto de “todo impuesto” y tiene como finalidad incentivar “la pavimentación y repavimentación de carreteras y calles”, sin que se haga distinción alguna respecto de los impuestos de que se trata, ni en relación con los sujetos beneficiarios de la misma. Se entiende entonces que salvo que existiera norma expresa en contrario, los sujetos que realicen actos, hechos u operaciones económicas vinculadas con el “asfalto”, están exentos del pago de “todos los impuestos” que puedan generarse en virtud de la realización de tales actos, hechos u operaciones, sin que sea admisible pretender excluir de la exención el impuesto de renta, puesto que donde la ley no distingue no le es dado al intérprete hacerlo.

Ahora bien, pretender restringir el alcance de la exención con el argumento de que ésta se concedió respecto del “asfalto” y no del sujeto que percibe ingresos por la actividad económica vinculada a dicho bien, y que en consecuencia estaría referida sólo a los impuestos indirectos como el de consumo, y no al impuesto de renta, no puede ser de recibo, puesto que si el fin propuesto por el legislador fue fomentar la pavimentación de calles y carreteras, es obvio que para cumplir con tal finalidad se requiere de la producción, comercialización, transporte y manejo del asfalto, actividades económicas que generan ingresos para los sujetos que las realizan, los que se entienden cobijados por la exención, por el hecho de estar vinculados al bien específico que se señala exento de todo impuesto.

En conclusión, es errada la interpretación de la entidad fiscal cuando considera que la exención prevista el artículo 5º de la Ley 30 de 1982, no incluye el impuesto de renta, y con base en ella procede a rechazar la renta exenta originada en la venta, transporte y manejo de asfalto declarada por la actora, pues tal interpretación no se ajusta al texto de la norma, y por el contrario, desconoce la finalidad propuesta por el legislador, de la cual se infiere que fue su voluntad, exonerar de todo gravamen la actividad económica vinculada con la producción y comercialización del “asfalto”, materia prima básica en la pavimentación y repavimentación de carreteras y calles, actividad que es precisamente la que se pretende incentivar a través del beneficio de la exención.

No prospera en consecuencia el recurso de apelación interpuesto por la demandada a través del cual pretende se revoque la sentencia apelada en cuanto reconoció a favor de la actora rentas exentas por la venta de asfaltos en la suma de $ 15.185.447.293, pues si bien no son acertados los fundamentos de tribunal para acceder a tal reconocimiento, se concluye de lo hasta aquí expuesto, que en este aspecto no se ajustan los actos acusados de derecho.

En cuanto al rechazo de las rentas exentas derivadas de las facturaciones de transporte por $ 1.343.469.572 y de manejo de asfalto por $ 2.404.544.189 confirmado por el tribunal, sobre las cuales afirma no están exoneradas del impuesto de renta, la Sala observa: En primer término, la discriminación de los conceptos que hacen parte del valor total de la renta exenta objeto rechazo, según los actos demandados, es simplemente enunciativa, sin que respecto de conceptos de “transporte” y “manejo” de asfalto se propusieran argumentos distintos a los que se aducen para el rechazo de la suma que corresponde a la venta del producto, que pudieran ser objeto de controversia entre las partes.

Adicionalmente, está demostrado, y no es objeto de controversia, que los ingresos percibidos por la actora por concepto de transporte y manejo de asfalto son inherentes a la venta del mismo producto, por lo que se entiende que tales ingresos están cobijados por la exención, ya que se derivan de la realización de actos conexos a la operación de venta, o lo que es lo mismo, están vinculados a la actividad económica de la empresa e integrados como un mayor valor de la venta de asfaltos.

De otra parte, como quedó expuesto, la exención prevista en la norma a que se ha venido haciendo referencia, está destinada a incentivar la actividad económica vinculada con el asfalto, la cual comprende la producción y comercialización del producto, y para el caso concreto, se parte del supuesto que los ingresos por concepto de transporte y manejo del asfalto están vinculados directamente con la operación de venta del producto realizada por Ecopetrol, pues no se ha controvertido tal hecho ni obran pruebas en el plenario que demuestren lo contrario.

Así las cosas, procede el reconocimiento de la renta exenta declarada por la actora por concepto de venta, transporte y manejo de asfalto por lo que habrá de revocarse la sentencia apelada, en cuanto al rechazo parcial de la renta exenta, por dichos conceptos».

(Sentencia de 13 de marzo de 2003. Expediente 13.145. Consejero Ponente: Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié).

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