Sentencia 13148 de noviembre 21 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

INTERCEPTACIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS

POR SOLICITUD DE LA VÍCTIMA DE UN DELITO

EXTRACTOS: «Sobre el punto puesto en discusión, la Sala debe reiterar el criterio conforme al cual no todas las grabaciones de conversaciones telefónicas o de actos de las personas son interceptaciones que requieren una autorización previa, sea de un fiscal o sea de la Dirección Nacional de Fiscalías. Lo primero a dilucidar es si la impresión magnética o magnetofónica se realiza mediando la voluntad de alguno de los intervinientes, por cuanto en esa eventualidad no se viola el derecho a la intimidad, cuya vulneración se produce cuando se efectúa respecto de terceras personas que ignoran y no han autorizado un procedimiento de esa naturaleza; en este último caso se hablaría de una verdadera interceptación que requiere ser autorizada.

Varios son los pronunciamientos que conforman la jurisprudencia que sobre el tema ha elaborado la Sala (1) , entre los cuales resulta oportuno citar las siguientes, por referirse a una situación muy próxima a la que se analiza en esta decisión:

(1) Sentencia marzo 16 de 1988. M.P. Lisandro Martínez Zúñiga. Radicación 1634. Resolución Acusatoria noviembre 15 de 2000. M.P. Jorge E. Córdoba Poveda. Radicación 10.656. Sentencia noviembre 11 de 2001. M.P. Álvaro Pérez Pinzón. Radicación 13.948. Sentencia noviembre 23 de 2000. M.P. Jorge A. Gómez Gallego. Radicación 13.255.

“Con la actual prefiguración constitucional del Estado como social de derecho —fundado en el respeto por la dignidad humana—, la libertad y autonomía individuales cobran especial relevancia al punto de garantizarse a la persona natural el ejercicio de sus facultades “sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico” (C.N., art. 16).

Siendo ello así, mal podría esgrimirse impedimento alguno o exigir autorización judicial para que las personas graben su propia voz o su imagen, o intercepten su línea telefónica, si estas actividades no se hallan expresamente prohibidas. Este aserto resulta avalado si se tiene en cuenta que quien así actúa es precisamente el afectado con la conducta ilícita, y por ende, eventualmente vulneradora de sus derechos fundamentales, por lo que su proceder se constituye en un natural reflejo defensivo.

Los registros históricos así obtenidos, naturalísticamente tienen vocación probatoria, pues corresponden a medios de demostración de los hechos, según el reconocimiento que al efecto hace el legislador, a los cuales les da la categoría de documentos privados aptos para ser apreciados judicialmente, conforme lo precisa en los artículos 225 del C.P. y 251 del Código de Procedimiento Civil, cuyo valor depende de la autenticidad, la forma de aducción al proceso, la publicidad del medio y la controversia procesal del mismo, así en él queden adicionalmente impresas voces o imágenes ajenas.

Pero el derecho a la autonomía individual aquí referido, no es absoluto. Una de sus limitaciones es el derecho a la intimidad ajena, también de rango constitucional fundamental, emanado de él de la dignidad humana e íntimamente ligado al libre desarrollo de la personalidad, por virtud del cual no pueden ser intervenidos los actos de la esfera privada de las personas, siendo exclusivamente éstas quienes pueden decidir su divulgación sin que ello implique su renuncia, pues se trata de un derecho indisponible.

Por ello conviene advertir que cuando no se trate de grabar la propia voz, o recoger documentalmente la propia imagen, ni de interceptar la línea telefónica que se tiene, sino de registrar comunicaciones o imágenes privadas de otras personas, es necesario que se obre en cumplimiento de una orden emanada de autoridad judicial competente, en cuanto ello implica invadir la órbita de intimidad personal ajena, también protegida como derecho constitucional fundamental (art. 15) como se dejó dicho.

De no procederse de esta manera, la prueba podría nacer viciada (C.N., art. 29) y por ende resultaría ineficaz para las finalidades perseguidas, independientemente de la intención con que se actúe, así sea la de contribuir a demostrar la ilicitud que se padece. Es más este irregular proceder podría generar responsabilidad penal al autor del hecho” (Sent. oct. 22/96, M.P. Fernando Arboleda Ripoll. Rad. 9579).

“Lo mismo ocurre respecto de las grabaciones magnetofónicas, es decir, que nadie puede sustraer, ocultar, extraviar, o destruir una cinta magnetofónica o interceptar o impedir una comunicación telefónica, sin autorización de autoridad competente. Pero cuando una persona, como en el caso concreto, es víctima de un hecho punible y valiéndose de los adelantos científicos, procede a preconstituir la prueba del delito, para ello de modo alguno necesita autorización de autoridad competente, precisamente porque con base en ese documento puede promover las acciones pertinentes. Esto por cuanto quien graba es el destinatario de la llamada.

Y es que no puede predicarse ilicitud en la conducta de quien acude a los cuerpos secretos y de seguridad en busca de protección y descubrimiento de quienes por vía telegráfica (cartas o mensajes) o telefónica son víctimas de delincuentes que pretenden extorsionar o chantajear a un ciudadano, bien sea entregándoles los escritos recibidos o demandando la intercepción de sus propias líneas telefónicas para la ubicación del sitio de donde provienen. Tal actitud, no requiere de autorización de autoridad competente....” (Auto, mar. 22/00. M.P. Jorge E. Córdoba Poveda. Rad. 10.656).

En la situación denunciada, la propia víctima, J..., autorizó a la policía judicial para utilizar líneas telefónicas interceptadas, con el fin de grabar las conversaciones extorsivas que sostenía con el infractor. Luego, por voluntad del destinatario de las llamadas telefónicas ese documento no adquirió visos de ilegalidad, por lo cual, no es posible adjudicarle el efecto de nulidad previsto en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

Por lo demás, como lo advirtió el delegado, el censor olvidó demostrar el efecto que hubiera producido extraer del análisis probatorio el contenido de la grabación telefónica. De manera que por una y otra razón, este cargo tampoco está llamado a prosperar».

(Sentencia de casación, 21 de noviembre de 2002. Radicación 13.148. Magistrada Ponente: Dra. Marina Pulido de Barón).

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