Sentencia 13152 de octubre 24 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 25000-23-27-000-1999-0736-01-13152

Consejero Ponente:

Juan Ángel Palacio Hincapié

Bogotá, D.C., octubre veinticuatro de dos mil dos.

Actor: Corporación Social de Ahorro y Vivienda Colmena C/ Bogotá, Distrito Capital.

Impuesto de industria y comercio

EXTRACTOS: «Fallo

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 30 de noviembre de 2001, estimatoria de las pretensiones de la demanda instaurada por la Corporación Social de Ahorro y Vivienda Colmena en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada contra el acto administrativo por medio del cual el grupo de liquidación de la subdirección de impuestos a la propiedad y al consumo de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, D.C., determinó oficialmente el impuesto de industria, comercio avisos y tableros, por los bimestres 3º, 4º, 5º y 6º del año gravable de 1996.

Antecedentes

Frente a las declaraciones privadas del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, presentadas por la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena, correspondientes al 3º, 4º, 5º y 6º bimestres del año gravable de 1996, la Dirección de Impuestos Distritales, subdirección de impuestos a la producción y al consumo, grupo de fiscalización, notificó el requerimiento especial 09.8757 del 27 de noviembre de 1998, mediante el cual propuso la modificación de las mencionadas declaraciones para desconocer de la base gravable liquidada privadamente la parte exenta de la corrección monetaria, así como para imponer la sanción por inexactitud.

Dicho requerimiento fue respondido por la sociedad, en el cual solicitó a la administración distrital archivar el expediente y abstenerse de modificar las liquidaciones privadas contenidas en las declaraciones presentadas por Colmena y de imponer la sanción por inexactitud propuesta.

La administración distrital, a través del jefe de grupo de liquidación de la subdirección de impuestos a la propiedad y al consumo, expidió la liquidación de revisión 027 del 2 de junio de 1999, mediante la cual modificó las declaraciones privadas de la contribuyente por los bimestres 3º, 4º, 5º y 6º de 1996 en el sentido de modificar la base gravable determinada en las declaraciones, rechazando la parte exenta de la corrección monetaria incluida dentro del renglón correspondiente a "Otras deducciones, exenciones y actividades no sujetas", aumentando los ingresos declarados e imponiendo la sanción por inexactitud.

(…).

Consideraciones de la Sala

De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, la litis en la instancia se contrae a establecer la legalidad del acto administrativo acusado, que determinó oficialmente el impuesto de industria y comercio de avisos a cargo de la actora, y concretamente, si se ajustó a derecho en cuanto rechazó la parte exenta de la corrección monetaria como factor integrante de la base gravable del impuesto, incluida por la contribuyente en el renglón 11 correspondiente a "menos: otras deducciones, exenciones y actividades no sujetas", de sus declaraciones por los bimestres 3º, 4º, 5º y 6º de 1996.

Ahora bien, el impuesto de industria y comercio tiene un tratamiento especial para el sector financiero, estableciendo en el numeral 3º del artículo 37 del Decreto 423 de 1996 que compiló el artículo 98 del Acuerdo 21 de 1983 del Concejo de Bogotá, como base gravable para las corporaciones de ahorro y vivienda lo siguiente:

"Base gravable especial para el sector financiero. La base gravable para el sector financiero señalado en el inciso primero del artículo anterior, se establecerá así:

(…).

3. Para las corporaciones de ahorro y vivienda, los ingresos operacionales del bimestre representados en los siguientes rubros:

a) Intereses

b) Comisiones

c) Ingresos varios, y

d) Corrección monetaria, menos la parte exenta.

(…).

Este mismo tratamiento está establecido en el artículo 42 de la Ley 14 de 1983 que regula el impuesto de industria y comercio, sin embargo ha afirmado la parte actora que como la Ley 14 de 1983 y las normas distritales, no establecieron el porcentaje que debe restarse para establecer la "parte exenta" de la corrección monetaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 29 del Código Civil debe remitirse, para esos efectos, a otras normas para completar el contenido y es así como apoya su posición jurídica en el texto del artículo 31 de la Ley 9ª de 1983, que dispone:

"Los primeros ocho puntos de la corrección monetaria percibida por sociedades ahorradoras en el sistema UPAC no constituyen renta ni ganancia ocasional; tales puntos se reducirán proporcionalmente si las unidades de poder adquisitivo constante sólo hubieren estado una fracción de año en el patrimonio del contribuyente. Para el efecto se tendrá en cuenta tanto la corrección monetaria liquidada en el último día del año o período gravable, como la liquidada periódicamente antes de dicho día. La parte que exceda de los primeros ocho (8) puntos es renta gravable. El beneficio aquí previsto no se concederá a las corporaciones de ahorro y vivienda, para las cuales la totalidad de la corrección monetaria es gravable".

La norma transcrita, aplicable en el impuesto sobre la renta, regulaba un beneficio fiscal sobre los rendimientos financieros, concretamente sobre una parte de la corrección monetaria percibida por las sociedades contribuyentes de dicho impuesto, determinándose así que los primeros ocho puntos de la corrección monetaria percibida por sociedades ahorradoras en el sistema UPAC, no constituirían renta ni ganancia ocasional; puntos que se reducirían proporcionalmente si las UPAC hubieren estado una fracción de año en el patrimonio del contribuyente. Igualmente que la parte que exceda de 8 puntos es gravable y, que el beneficio establecido por la norma no se concederá a las corporaciones de ahorro y vivienda, para las cuales la totalidad de la corrección monetaria es gravable.

Sin embargo, esta disposición fue derogada expresamente por el artículo 108 de la Ley 75 de 1986, por lo que para los períodos discutidos no se encontraba vigente, además que por regular expresamente el impuesto de renta, no resultaba aplicable al impuesto de industria y comercio.

La Sala concluye entonces, como ya lo ha dicho en ocasiones anteriores, que no es aplicable el artículo 31 de la Ley 9ª de 1983, porque además de no estar vigente y no ser aplicable a las corporaciones de ahorro y vivienda, esta norma se refiere a un gravamen diferente, el impuesto de renta, sin que pueda aplicarse ni por remisión normativa ni analógicamente al impuesto de industria y comercio (1) .

(1) En el mismo sentido se pronunció esta corporación en las sentencias de fechas 15 de febrero de 2002, exp. 12494, 7 de septiembre de 2001, exp. 12195; C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié y 15 de marzo de 2002, exp. 12488; C.P. Ligia López Díaz.

Debe señalarse también que de acuerdo al artículo 294 de la Constitución Política, las exenciones o tratamientos preferenciales en relación con tributos de propiedad de los entes territoriales es competencia exclusiva de los municipios, sin perjuicio de la limitación consagrada en el artículo 38 de la Ley 14 de 1983, que dispuso que "los municipios sólo podrán otorgar exenciones de impuestos municipales por plazo limitado, que en ningún caso excederá de diez años, todo de conformidad con los planes de desarrollo municipal".

Sobre el punto, la Sala en la providencia del 7 de septiembre de 2001, expediente 12.195, actor Concasa S.A., reiterada entre otros, en el expediente 12.457, actor Conavi S.A., consideró:

"Dentro del marco constitucional que rige la materia, no cabe la menor duda que la adopción de determinaciones en materia de exenciones de impuestos de propiedad territorial es competencia exclusiva de los municipios, y por tal razón su silencio en tal sentido en los actos locales, no puede suplirse con otras normas de alcance nacional. También es función de dichas autoridades a través de acuerdos municipales complementar o llenar vacíos legales en la definición y descripción de los elementos de la obligación tributaria, tales como la base gravable de sus tributos".

Por lo anterior, considera la Sala que no es necesario discurrir en el estudio de los cargos expuestos en la demanda en relación con la actuación de la actora de acuerdo a los instructivos impartidos por la Superintendencia Bancaria, ni en lo que respecta a los informes emitidos por esta entidad en cuanto a la base gravable del impuesto de industria y comercio, así como tampoco a la pretensión de que la parte exenta esté conformada por la totalidad del componente inflacionario, como está previsto el tema en el impuesto sobre la renta.

Ahora bien respecto a la sanción por inexactitud, observa la Sala que contrario a lo considerado por la parte demandada y el Ministerio Público, la controversia se originó en los diferentes criterios relacionados con las normas que rigen la base gravable del impuesto de industria y comercio para las contribuyentes corporaciones de ahorro y vivienda, por parte tanto de la administración tributaria como de la sociedad demandante, por lo que en virtud de lo dispuesto en el último inciso del artículo 101 del Decreto 807 de 1993, no obstante la legalidad de la modificación a la base gravable determinada oficialmente en el acto acusado, las diferencias de criterio observadas, hacen improcedentes las sanciones por inexactitud impuestas mediante el mismo (2) y por tanto se levantarán, ya que de acuerdo a esta disposición "No se configura inexactitud, cuando el menor valor a pagar que resulte en las declaraciones tributarias, se derive de errores de apreciación o de diferencias de criterio entre las oficinas de impuestos y el declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos".

(2) En este sentido la Sala se pronunció mediante sentencias 12195 del 7 de septiembre de 2001, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, y 12194 del 21 de septiembre de 2001, C.P. Germán Ayala Mantilla.

Bajo las anteriores consideraciones prospera parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, por lo tanto la Sala revocará la decisión de primera instancia para en su lugar anular parcialmente la liquidación de revisión demandada en el sentido de levantar las sanciones por inexactitud impuestas en la misma para cada uno de los bimestres objeto de determinación oficial.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada, en su lugar

ANÚLASE PARCIALMENTE la liquidación de revisión Nº 027 de fecha junio 2 de 1999 expedida por el jefe de grupo de liquidación de la subdirección de impuestos a la propiedad y al consumo de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., mediante la cual se determinó oficialmente el impuesto de industria, comercio, avisos y tableros a cargo de la Corporación Social de Ahorro y Vivienda Colmena por los bimestres 3º, 4º, 5º y 6º de 1996, y en consecuencia LEVÁNTASE LAS SANCIONES POR INEXACTITUD impuestas para cada uno de los mencionados bimestres.

RECONÓCESE personería al Dr. Fernando Enrique Rojas Vasilesco como apoderado judicial del Distrito Capital de Bogotá.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

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