Sentencia 13169 de marzo 6 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

LOS CONSORCIOS COMO NO CONTRIBUYENTES

POR ACUERDO DE LAS PARTES NO SE LES PUEDE DAR LA CATEGORÍA DE SOCIEDAD DE HECHO

EXTRACTOS: «Es objeto de controversia en el presente proceso la actuación administrativa en virtud de la cual la Administración de Impuestos Nacionales de Montería decidió revocar de manera oficiosa la liquidación oficial de corrección 09 de junio 30 de 1999, proferida a solicitud del Consorcio Skanska Conciviles, con el fin de incrementar su saldo a favor determinado en su declaración de renta del año gravable 1996, presentada el 11 de abril de 1997.

La resolución de revocatoria 06 de julio 12 de 1999, objeto de la demanda, tuvo como fundamento la circunstancia de que el “consorcio” no estaba obligado a presentar declaración de renta por el año gravable de 1996, como consecuencia de la entrada en vigencia de los artículos 61 y 285 de la Ley 223 de 1995, por lo que dando aplicación al artículo 594-2 del estatuto tributario, la administración concluyó que la declaración de renta del 22 de abril de 1997, no tenía efectos legales, y por ende la liquidación oficial de corrección se había proferido en manifiesta oposición a la ley.

Para la demandante, por el contrario, sí existía la obligación legal de declarar, por cuanto ella no tiene la calidad de “consorcio”, sino de una “sociedad de hecho” que optó por tener como razón social Consorcio Skanska Conciviles, y como tal era contribuyente del impuesto de renta, a términos del artículo 13 del estatuto tributario, por lo que considera improcedente la revocatoria de la liquidación oficial de corrección. Además porque mediante dicho acto se reconoció un mayor saldo a su favor, y en consecuencia se requería para la revocatoria de su consentimiento expreso.

Sobre el particular, la Sala estima en primer término necesario hacer las siguientes precisiones de orden legal:

De conformidad con el inciso 3º del artículo 13 del estatuto tributario (que codificó la L. 75/86, art. 34), los consorcios eran contribuyentes del impuesto sobre la renta, y para tal efecto se asimilaban a las sociedades limitadas.

El inciso 3º del artículo 13 del estatuto tributario, fue derogado expresamente con la Ley 49 de 1990, artículo 83, y en consecuencia los consorcios dejaron de ser contribuyentes del impuesto sobre la renta.

Con la expedición de la Ley 80 de 1993 que reguló lo concerniente al régimen de contratación administrativa, los consorcios volvieron a ser contribuyentes del impuesto de renta, por los años gravables 1994 y 1995, en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 7º, según el cual “Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicará el régimen previsto en el estatuto tributario para las sociedades...”.

La Ley 223 de 1995 del 20 de diciembre de 1995, en su artículo 285 derogó expresamente el parágrafo 2º del artículo 7º de la Ley 80 de 1993, y en su artículo 61 dispuso:

“El artículo 18 del estatuto tributario quedara así: ART. 18.—Renta de los consorcios y uniones temporales. Los consorcios y las uniones temporales no son contribuyentes del impuesto sobre la renta. Los miembros de consorcio o la unión temporal, deberán llevar en su contabilidad y declarar de manera independiente, los ingresos, costos y deducciones que les correspondan, de acuerdo con su participación en los ingresos, costos y deducciones del consorcio o unión temporal”.

Se tiene entonces que con la expedición de la Ley 223 de 1995, los consorcios dejaron de ser contribuyentes del impuesto sobre la renta a partir del año gravable 1996 y por ende desapareció a partir de la misma vigencia fiscal, la obligación de presentar declaración tributaria “conjunta”, al consagrarse un régimen tributario especial que obliga a los miembros del consorcio a llevar en su contabilidad y declarar de manera independiente los ingresos y gastos derivados de su participación en el consorcio. Régimen que fuera igualmente reglamentado en vigencia de la Ley 49 de 1990, con el Decreto 836 de 1991, que en su artículo 33 reguló lo relativo a la renta gravable de los consorciados, y el tratamiento que debe darse a la retención en la fuente efectuada al consorcio.

La Sala observa que en el caso bajo análisis, las sociedades Skanska Aktiebolag y Construcciones Civiles S.A. Conciviles, integraron el Consorcio Skanska Conciviles, y en tal calidad suscribieron con la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica Corelca, el contrato CLI-065-85 de octubre 11 de 1985, adicionado con los contratos CLI-065-A-93 y CLI-065C-99, para la ejecución de las obras que comprenden la construcción del proyecto hidroeléctrico Urrá I, tal como consta en los contratos respectivos, que obran en el proceso en cuaderno anexo.

Posteriormente las sociedades que conformaron el consorcio y licitaron conjuntamente para la adjudicación del contrato, decidieron unilateralmente, que la realización y ejecución de los trabajos no la efectuarían ellas mismas como “consorcio” sino como “sociedad de hecho”, y fue así como mediante escritura pública 3502 de diciembre 31 de 1993, Notaría Cuarenta de Bogotá, protocolizaron el acuerdo, según el cual “para los efectos de las relaciones entre los socios, las relaciones con terceros, la contabilidad del negocio y el cumplimiento de las obligaciones tributarias, el Consorcio Skanska Conciviles actuará como una sociedad de hecho, cuyo objeto es la construcción de las obras civiles del proyecto multipropósito Urrá I” (cláusula segunda); no obstante que según la misma escritura (cláusula primera), las mencionadas sociedades celebraron con Corelca el contrato CLI-065/85, “en virtud del cual se obligaron en forma consorciada a ejecutar las obras civiles del proyecto multipropósito de Urrá I ...”.

Para la Sala, el hecho de haberse formalizado el citado convenio y decirse en el mismo que las sociedades en cuestión operarían para el cumplimiento de las obligaciones tributarias como sociedad de hecho, no desnaturaliza el consorcio para efectos fiscales, pues esta forma asociativa, que no es contribuyente independiente del impuesto de renta, sino que sus negocios relativos a la renta y al patrimonio son declarados por cada uno de los contribuyentes partícipes, no encaja dentro de los grupos específicos de las sociedades y formas asociativas, que regula la legislación comercial y toma para efectos fiscales la normatividad tributaria.

En efecto, no puede darse al consorcio la categoría de una sociedad de hecho, puesto que cada uno de sus miembros conserva su propia personalidad jurídica, su capital o patrimonio no son asimilables a los de una sociedad regularmente constituida, la autonomía de los consorciados determina que sus patrimonios permanezcan separados y que en su contabilidad se determinen en forma independiente los ingresos, costos, deducciones, retenciones en la fuente, impuestos y demás factores de determinación de la renta gravable, producto de su participación en el consorcio, para la cual está previsto en régimen tributario específico.

Así las cosas, el hecho de que la demandante hubiera declarado impuesto de renta por el año gravable 1996, indicando en el formulario respectivo como razón social Consorcio Skanska Conciviles, sin agregar la expresión “sociedad de hecho” pero señalando en la casilla correspondiente que es “asimilada a sociedad limitada”, y que en el certificado de la cámara de comercio de marzo 15 de 1999, allegado con la solicitud de corrección de la citada declaración, conste que las sociedades Construcciones Civiles S.A. y Skanska Aktiebolag operan como sociedad de hecho y son propietarias de un establecimiento de comercio denominado Consorcio Skanska Conciviles, no implica que desaparezca el “consorcio” conformado por tales sociedades con la finalidad específica de ejecutar el contrato de obra civil a que se ha hecho referencia; y menos aún, que en virtud de la presentación de tal declaración tributaria y lo formalizado en la cámara de comercio, puedan sustraerse los consorciados del régimen tributario que les corresponde como consorcio.

En conclusión, si por expresa disposición legal, los consorcios no eran contribuyentes del impuesto de renta para la vigencia fiscal de 1996, no estaba obligado el Consorcio Skanska Conciviles, a presentar declaración de renta por dicho año gravable. Así que no puede reconocerse a la declaración de renta presentada por el consorcio actor el 11 de abril de 1997, ningún efecto legal, por disponerlo así expresamente el artículo 594-2 del estatuto tributario que reza:

“ART. 594-2.—Declaraciones tributarias presentadas por los no obligados. Las declaraciones tributarias presentadas por los no obligados a declarar no producirán efecto legal alguno”.

Conforme a lo anterior, no podía pretender la actora la corrección de tal declaración tributaria, acogiendo el procedimiento previsto en el artículo 589 del mismo estatuto, invocando para el efecto su naturaleza de “sociedad de hecho”, y por ello la administración al aceptar dicha corrección a través de la liquidación oficial de corrección 09 de junio 30 de 1999, produjo una actuación manifiestamente contraria a la ley.

Ahora bien, el fundamento de la entidad fiscal para revocar la liquidación oficial de corrección, mediante la Resolución 06 de julio 12 de 1999, objeto de la demanda, fue precisamente el hecho de haberse aceptado mediante la liquidación oficial, la corrección de una declaración que por disposición expresa de la ley carece de efectos legales. De manera que no cabe argumentar falsa motivación del acto de revocatoria, como causal de nulidad del mismo, pues contrario a lo estimado por el tribunal, está claro que a la luz de las normas legales aplicables, el Consorcio Skanska Conciviles, no estaba obligado a presentar declaración de renta por el año gravable 1996.

Tampoco encuentra la Sala acertada la apreciación del a quo cuando señala que la resolución acusada está viciada de falsa motivación por fundarse en los artículos 73 y 69 del Código Contencioso Administrativo, puesto que precisamente con fundamento en tales disposiciones podrán revocarse los actos administrativos cuando están dadas las causales previstas en el artículo 69, entre ellas su manifiesta oposición a la ley o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.

En efecto, como quedó indicado antes, la liquidación oficial de corrección tuvo origen en la solicitud de corrección radicada por la actora el 30 de marzo de 1999 (fl. 136, cdno. ppal.), aduciendo su calidad de sociedad de hecho y con el fin de incrementar el saldo a favor determinado en la declaración de renta presentada el 11 de abril de 1997, solicitud que fue decidida atendiendo al procedimiento previsto en el artículo 589 del estatuto tributario.

Según la citada norma, para corregir las declaraciones tributarias que aumenten el saldo a favor, debe formularse solicitud ante la administración, y una vez verificadas las formalidades propias de la misma, deberá practicarse por parte de la entidad fiscal, la respectiva liquidación oficial de corrección, la cual sustituye la declaración inicial. Sin embargo, tal pronunciamiento no puede entenderse como el reconocimiento definitivo del derecho a un mayor saldo a favor, pues como lo advierte la misma norma, la corrección “no impide la facultad de revisión”, lo cual indica que el reconocimiento del derecho al mayor saldo a favor allí determinado no se da por solo hecho de la corrección, sino que está sometido a verificación posterior.

Siendo ello así, como lo ha dicho la Sala en anteriores oportunidades, procede la revocatoria directa del acto de liquidación, pues cuando el reconocimiento del derecho reviste el carácter de provisional, tal como ocurre, con la liquidación oficial de corrección de que trata el artículo 589 del estatuto tributario, que no constituye un reconocimiento definitivo del mayor saldo a favor determinado deben atenderse para efectos de la revocatoria directa las excepciones que se derivan del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, que prevé como causal de revocatoria la oposición manifiesta del acto administrativo a la Constitución Política y la ley, así como del artículo 73 inciso 2º y de otras disposiciones especiales, que permiten la revocación directa de oficio del acto administrativo particular, sin el consentimiento expreso del respectivo titular (1) .

(1) Sentencia de 28 de julio de 2001, Exp.12115 C.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa.

De otra parte, si bien en anteriores oportunidades la corporación consideró que la revocatoria de actos particulares, sin el consentimiento expreso y escrito del titular, sólo era posible en la medida que la situación fuera el resultado del silencio administrativo, y que en los casos en los cuales se dieran las causales del artículo 69, debía obtenerse la autorización expresa del interesado para revocar el acto, y de no lograrla tendría que solicitarse su nulidad a través de la acción de lesividad consagrada en el artículo 137 ib. (2) ; esta interpretación fue revisada recientemente por la Sala Plena de la corporación, señalando en esta oportunidad que el inciso segundo del artículo 73 contiene dos circunstancias bajo las cuales procede la revocatoria de un acto particular, sin que medie el consentimiento del afectado: 1) Tratándose de circunstancias originadas en la aplicación del silencio administrativo y 2) Cuando el acto hubiere ocurrido por medios ilegales (3) . Al respecto, se hicieron las siguientes precisiones:

(2) Sentencia de Sala Plena de septiembre 1º de 1998. Exp. S-405. M.P. Javier Díaz Bueno.

(3) Sentencia del 2 de julio de 2002. Exp. IJ-029. C.P. Ana Margarita Olaya.

“Nótese que en el inciso 2º de dicha norma, el legislador empleó una proposición disyuntiva y no copulativa para resaltar la ocurrencia de dos casos distintos. No de otra manera podría explicarse la puntuación de su texto. Pero además, como se observa en este mismo inciso 2º y en el 3º, el legislador, dentro de una unidad semántica, utiliza la expresión “actos administrativos”, para referirse a todos los actos administrativos, sin distinción alguna.

Lo cierto entonces es que tal como quedó redactada la norma del artículo 73, son dos las circunstancias bajo las cuales procede la revocatoria de un acto que tiene efectos particulares, sin que medie el consentimiento del afectado: Una, que tiene que ver con la aplicación del silencio administrativo y otra, relativa a que el acto hubiere ocurrido por medios ilegales.

La formación del acto administrativo por medios ilícitos no puede obligar al Estado, por ello, la revocación se entiende referida a esa voluntad, pues ningún acto de una persona natural o jurídica ni del Estado, por supuesto, que haya ocurrido de manera ilícita podría considerarse como factor de responsabilidad para su acatamiento. Ello explica por qué, en este caso, el acto administrativo de carácter particular puede ser revocado sin consentimiento del particular”.

Acorde con los pronunciamientos a que se ha hecho referencia, la Sala encuentra ajustada a derecho la actuación administrativa que decidió revocar en forma oficiosa la liquidación oficial de corrección, en la medida en que no solo están dados los supuestos que hacen viable la revocatoria directa de oficio por estar plenamente demostrado que la parte actora actuó en contra de expresas disposiciones legales, al presentar declaración de renta sin estar obligado a hacerlo, y pretender que con base en tal declaración la corrección que dio origen al acto revocado, haciéndose así participe directo en la expedición el acto manifiestamente ilegal; sino porque la eliminación de los efectos legales de la declaración presentada por los no obligados a declarar opera de pleno derecho, sin que se requiera manifestación alguna que así lo declare, circunstancia que viene a constituir una excepción legal para efectos de la revocatoria de oficio sin el consentimiento previo de particulares, del acto administrativo que reconoce la existencia jurídica a tales declaraciones tributarias.

La Sala procederá en consecuencia a revocar la sentencia apelada, para en su lugar negar las pretensiones de la demanda».

(Sentencia de 6 de marzo de 2003. Expediente 13.169. Consejera Ponente: Dra. María Inés Ortiz Barbosa).

ACLARACIÓN DE VOTO

Consigno a continuación las razones por las cuales aclaro mi voto en la decisión adoptada por la sección en el asunto de la referencia.

El consorcio surge en virtud de la presentación conjunta, por dos o más personas, de una propuesta para ejecutar un contrato y en virtud de ella se comprometen solidariamente al cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, si les fuere adjudicado. Es decir, el consorcio se origina en el hecho de la presentación de la oferta y en que ocurra la adjudicación. Si se dan estos supuestos, se producen los efectos que la ley expresamente le ha asignado al consorcio, entre otros, el que no es sujeto tributario y se somete cada uno de los integrantes del consorcio, quienes son los verdaderos sujetos tributarios, a las reglas individuales por lo que ejecuten cada uno de ellos en el desarrollo del objeto contractual. En este orden de ideas, si hay que hacer retención en la fuente, no se le hace al consorcio, sino al integrante individual del consorcio, en la suma que reciba de acuerdo con su participación en el contrato.

Es innecesario y no produce efectos tributarios, de acuerdo al objeto del contrato que se adjudicó al consorcio, que ellos constituyan una figura societaria para atender el objeto de dicho contrato, pues la ley ya estableció la forma de hacerlo.

Cosa distinta es que los integrantes de un consorcio, por su afinidad y buena comprensión en la unión ocasional y transitoria en que ejecutan un contrato, decidan conformar una sociedad de hecho para desarrollar actividades comerciales o de otra índole. No cabe la menor duda que pueden constituir cualquier tipo societario, pero lo que no es admisible es que para el objeto del contrato adjudicado al consorcio tengan que constituir una sociedad. Si la constituyen será para efectos diferentes al manejo del contrato como tal.

En el presente caso, las sociedades Skanska Aktiebolag y Construcciones Civiles S.A. Conciviles, integraron el Consorcio Skanska Conciviles para efectos de la ejecución de las obras que comprenden la construcción del proyecto hidroeléctrico Urrá I y en tal calidad suscribieron con la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica Corelca, el contrato CLI-065-85 de octubre 11 de 1985, adicionado con los contratos CLI-065-A-93 y CLI-065C-99.

La conformación del consorcio tiene como objeto específico una participación temporal conjunta en la ejecución de un contrato en la forma como fue anunciada desde la oferta del contrato, por ello considero que es inadmisible que puedan los integrantes del consorcio cambiar los efectos jurídicos que la ley le fijó al hecho consorcial específico del contrato adjudicado. Pero repito, el consorcio, por fuera de las obligaciones del contrato adjudicado para sus demás actividades mercantiles o civiles sí puede constituir una sociedad y tributará en esos aspectos.

Es decir, no puede desconocerse la libertad asociativa del que gozan los miembros de un consorcio, pues ellos pueden constituir las sociedades mercantiles que deseen e integrar una persona jurídica nueva, sin embargo no pueden hacerlo para reemplazar los efectos jurídicos que la ley le señaló a un hecho que es el nacimiento de un consorcio para la realización de un contrato.

Por ello, el hecho de que los integrantes del consorcio en este caso, hayan decidido unilateralmente que la realización y ejecución de los trabajos no lo efectuarían ellos mismos como “consorcio” sino como “sociedad de hecho” y hayan protocolizado dicho acuerdo mediante escritura pública, no puede desnaturalizar el acuerdo consorcial surgido para realizar la actividad que se le ha adjudicado.

Así las cosas, desde el punto de vista tributario el consorcio conformado para la ejecución de las obras que comprenden la construcción del proyecto hidroeléctrico de Urrá I, conserva su calidad de no contribuyente del impuesto sobre la renta en los términos previstos en el artículo 18 del estatuto tributario, y en tal sentido, no recae en su cabeza la obligación tributaria de presentar declaración de renta y en caso de efectuarla ésta no producirá efecto legal alguno de conformidad con el artículo 594-1 ibídem, como acertadamente lo concluyó la sentencia.

Cosa diferente es que la suma cuya devolución se solicita, pues no se acreditó tal circunstancia, se origine en hechos distintos al objeto del contrato con Urrá I.

Juan Ángel Palacio Hincapié 

SALVAMENTO DE VOTO

Respetuosamente me aparto de la decisión mayoritaria de la Sala, por las siguientes razones, las cuales fueron expuestas en el proyecto vencido:

Es frecuente que la ley tributaria considere como sujetos pasivos a organismos, entidades o realidades económicas que no tienen reconocida una personalidad jurídica, en virtud de una ficción legal que les otorga capacidad contributiva, como ha sido el caso, tanto de los consorcios, como de las sociedades de hecho.

El tratamiento tributario de los consorcios ha sufrido múltiples variaciones: Para el año gravable 1996 que se juzga, los consorcios no eran contribuyentes del impuesto y por tanto no se encontraban obligados a presentar declaración de renta por dicho período. En caso que lo hubiesen hecho, la liquidación privada no tendría efecto legal alguno, según las voces del artículo 594-2 del estatuto tributario.

Ahora bien, los consorcios son una figura relacionada eminentemente con la contratación estatal, consagrados en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993.

El consorcio es un convenio de asociación en el cual varias personas naturales o jurídicas unen sus esfuerzos, conocimientos, capacidad técnica y científica para la celebración y ejecución de un contrato con el Estado, sin que por ello pierdan su individualidad jurídica, su autonomía o independencia. Pero cada uno de los participantes asume un grado de responsabilidad solidaria en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de acuerdo con lo pactado entre ellos.

Por su parte, los artículos 13 y 14 del estatuto tributario dispusieron expresamente que las sociedades de hecho son sujetos pasivos del impuesto sobre la renta, con la consecuente obligación de presentar declaración anual, conforme con el artículo 591 ib.

La sociedad de hecho es aquella que se ha constituido sin el cumplimiento de las solemnidades legales, pero que entraña un acuerdo de asociación entre dos o más personas destinado a producir obligaciones.

Si bien la sociedad de hecho no es una persona jurídica distinta de los socios y a ella no le son aplicables varias de las disposiciones que regulan a las de derecho, sí se configuran los dos elementos principales de las demás sociedades legalmente constituidas: 1) Aportes de los socios, y 2) Propósito de repartirse entre ellos las utilidades o las pérdidas que la explotación de las cosas aportadas produzca. Este último elemento es el que se denomina affectio societatis.

Aunque en ocasiones a los consorcios se les ha dado el tratamiento de sociedades de hecho, no constituyen un contrato de sociedad, sino un instrumento de colaboración económica entre las empresas para distribuir riesgos financieros y tecnológicos, pero fundamentalmente no se presenta el elemento esencial del contrato societario: La affectio societatis, es decir, el propósito de asociación en una empresa común, con aportes recíprocos, y la intención de repartir entre sí las ganancias o pérdidas que resulten.

Los consorcios no son sociedades de hecho. Son entidades diferentes, con un tratamiento tributario distinto. Surge entonces la pregunta de si es posible que un consorcio se convierta en sociedad y particularmente en sociedad de hecho.

El artículo 38 de la Constitución Política garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad, dentro de las cuales se encuentran las de índole económico o si se quiere contractual. El ejercicio de este derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, por razones de interés colectivo o seguridad y orden público.

Dentro del ordenamiento contractual o tributario no aparece una norma que limite el ejercicio del derecho de asociación empresarial. Al contrario, el parágrafo 2º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, permite a los proponentes interesados celebrar contratos de concesión para la construcción de una obra pública e indicar la modalidad de asociación que pretenden formar, en el evento de la adjudicación.

Si de acuerdo con el parágrafo 3º del artículo 7º de la Ley 80 de 1993, es posible crear una sociedad con la única finalidad de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato estatal, nada impide que adjudicado el contrato a un consorcio, sus partícipes decidan convertirse en sociedad para desarrollar el convenio, eso sí, dejando a salvo la responsabilidad solidaria que se exige para el consorcio adjudicatario del contrato.

De la escritura 3502 del 31 de diciembre de 1993 de la Notaría 40 de Bogotá, consta la intención de los miembros del Consorcio Skanska - Conciviles fue constituir una sociedad de hecho con el objeto de desarrollar los contratos CLI-065/85 y CLI-065A/93 de construcción de obras civiles del proyecto multipropósito “Urrá I”, manteniendo el tratamiento de consorcio frente a la entidad contratante Corelca, lo que quiere decir que se respetó la responsabilidad solidaria y mancomunada frente a la totalidad de las obligaciones surgidas del contrato. (fls. anversos 51 y 100)

En mi opinión no existe ninguna objeción legal al proceder de la parte actora que le impidiera a los consorciados transformarse en una sociedad de hecho, en la medida que aparece demostrada su intención de asociarse, con la manifestación expresa que hicieron en la escritura 3502 del 31 de diciembre de 1993, celebrada cuatro (4) años antes de la presentación de la declaración por el año 1996, la cual tiene efectos entre los socios, frente a terceros y frente al fisco.

El tratamiento tributario nacional o territorial del Consorcio Skanska Conciviles es entonces el de una sociedad de hecho, con todas las implicaciones que ello conlleva: Ser contribuyente del impuesto de industria y comercio en caso que realice actividades industriales, comerciales o de servicio; contribuyente del impuesto sobre la renta, inclusive en el año gravable 1996, por tanto obligado a presentar la declaración correspondiente y con el derecho a solicitar una corrección posterior, si ello era procedente, como ocurre en el presente caso, lo cual incluso facilita su control, más que si se tratara de un consorcio.

En conclusión, el acto demandado debió ser anulado, toda vez que la sociedad actora estaba obligada a presentar declaración de renta por el año gravable 1996.

Ligia López Díaz 

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