Sentencia 1317 de marzo 18 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

PROCEDENCIA CONTRA SENTENCIAS EN ASUNTOS AGRARIOS

Magistrado Ponente:

Dr. Manuel Isidro Ardila Velásquez

Ref.: Expediente 11001-02-03-000-2004-01317-00

Bogotá, D.C., dieciocho de marzo de dos mil cinco.

Procede la Corte a decidir sobre el trámite de la demanda mediante la cual Eugenia del Carmen Estupiñán de Díaz, Luz Esperanza, José Miguel y Carlos Ariel Díaz Estupiñán formulan recurso de revisión contra la sentencia de 11 de octubre de 2002, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro del proceso de pertenencia —agrario— de Luis Alfredo Aguilar contra personas indeterminadas.

A cuyo propósito, se considera:

En virtud de la creación de la jurisdicción agraria, lo cual vino a acontecer, como se sabe, con el Decreto 2303 de 1989, la Corte determinó y ha venido reiterando que a partir de entonces no procede el recurso de revisión contra la sentencias dictadas en los asuntos de que trata tal especialidad jurisdiccional.

Así lo evidencian los proveídos, entre otros, de 9 de agosto de 1991, 16 de julio de 1992 (G.J. Nº 2458, págs. 106 y ss.), 3 de junio de 1993 (auto 135), 2 de septiembre de 1993 (G.J. Nº 2464, págs. 414 y ss.), 5 de mayo de 1995 (Auto 132, G.J. Nº 2473, págs. 751 y ss.), 20 de septiembre de 1995 (Auto 260), 19 de noviembre de 1996 (Auto 328), 16 de abril de 1996 (Auto 104, G.J. Nº 2479, págs. 589 y ss.), 4 de diciembre de 1998 (Auto 281, G.J. Nº 2494, págs. 1154 y ss.) y 2 de febrero de 1999 (Auto 017, G.J. Nº 2497, págs. 42 y ss.).

Empero, puesta la Sala en camino de estudiar nuevamente el punto, experimentó la necesidad de volver sobre tan importante análisis, todo lo más ante el orden constitucional, fruto del cual ha llegado a la conclusión de la procedencia del recurso. Las razones que le asisten, bien pueden hallar la siguiente condensación.

El derecho a disentir en general traduce el sano ejercicio del debate y la discusión, cuestión emblemática de la democracia, en cuyo marco es de la esencia que todo se pueda discutir y hasta protestar. El derecho de impugnación en particular, es apenas el alargamiento de tal postulado, como que no es otra cosa que confutar algo que se considera indebido; lo hacen, en efecto, las partes del más diverso modo; verbi gracia en oposiciones incidentales, excepciones, nulidades y recursos. Específicamente, en lo que hace a estos últimos, son mecanismos de control que procuran enmendar el extravío en que eventualmente pueda incurrir la actividad judicial que, como toda actividad humana, a menudo —o en todo caso más de las veces que uno quisiera—, se asocia con el error.

Por establecido que parezca no está de más rememorar que el derecho de recurrir es manifestación patente del derecho de defensa. De la esencia, pues, del proceso es la potestad de contradecir. Es una garantía que hace parte del debido proceso, y, de tan hondo calado, que tiene rango constitucional; así, a vuelta de que el artículo 29 de la Constitución Política prescribió que la sentencia condenatoria es impugnable, en el 31 se dice que toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones legales, lo que traduce sin duda alguna un fortalecimiento normativo de las garantías, asegurándose su vigencia en el porvenir inmediato, y trayendo por lo pronto el beneficio de que su aplicación tiene fuente directa en la Constitución, y que, por referirse a derechos fundamentales, su interpretación tendrá también como referente los tratados internacionales; en fin, marca una directriz para la hermenéutica del derecho de impugnación en general.

Pareciera inobjetable afirmar que en el punto no debieran existir limitaciones. A la verdad, qué mejor que pudiera encontrarse un día en que las decisiones no padecieran ningún desvío jurídico, pues entonces harían ecuación perfecta con el derecho, y depuradas de injusticias quedarían. Dos razones, empero, se oponen a él, y, tan poderosamente, que tornan ese ideal en quimera, a saber: a) La falibilidad del ser humano, que dificulta en sumo grado la consecución de la certeza y b) La necesidad de que los procesos terminen, lo cual se vería seriamente entorpecida si se autoriza una discusión sin fin. Que haya sentencias firmes es también valor superior del derecho.

He ahí un dilema monumental. La urgencia de sentencias justas versus la necesidad de ponerle término a los procesos. Si, como es indiscutible, el uno tiende a sacrificar al otro, ¿cómo entonces lograr la convivencia pacífica de ambos? Esfuerzos de la más variada laya se hacen por conseguir el arisco equilibrio. Después de todo, conviénese, pues, que ambos han de tener tope, y que nada hay absoluto.

De ahí que la Constitución, después de sentar las pautas mencionadas enantes, que, como se dijo, dibujan en términos generales el aprecio y respeto que clama el derecho de impugnación, añada a continuación que “salvo las excepciones que consagra la ley”. Autorizado está entonces el legislador para estructurar y desarrollar la materia, y lo que como tal haga, así sea estableciendo restricciones sobre el particular, no implica en principio lesión al derecho de defensa, si ya no es que veleidoso vaya a dar en soluciones carentes de proporcionalidad y racionalidad. Él evaluará en cada caso qué tipo de impugnación procede y cómo y cuándo se ejerce.

Naturalmente que dentro de un estado de cosas como el que descrito queda, sea de mayor interés el detallar cuándo y hasta cuándo (en el curso del proceso o aun después de él) es posible cuestionar las decisiones judiciales, por supuesto que de otra manera reinaría el caos y el desconcierto. Es preciso de toda necesidad que los fallos, tarde o temprano, esto es, en su tiempo y día, se tornen impermeables y adquieran entonces la coraza de la fijeza y la inmutabilidad. Trátase de un elemento inmanente a toda convivencia humana.

Obvio que dentro del proceso mismo el derecho de impugnación brille con mayor intensión. Acaso nada más oportuno que discutir las providencias tan pronto se produzcan. Un remedio a deshora difícilmente se concibe; conviene a todas luces que las partes permanezcan atentas a volver por sus intereses desde el propio instante en que nace el agravio, porque de modo regular se ha entendido que no disentir ahí mismo supone ausencia de perjuicio, y que, en habiéndolo, ha sido convalidado. No son más que los efectos que lógicamente emanan del principio procesal de preclusión y eventualidad. ¿Toda esta armonía será suficiente como para sentenciar apodícticamente que allí mismo acaba el derecho de impugnación, y que, por consiguiente, después del proceso, con posterioridad al fallo ejecutoriado, es imposible volver la mirada? No bien se llega a este estadio, y a punto se aviva el dilema en cuestión. ¿Cómo profanar la cosa juzgada, cuyo imperio es proverbial?

Con todo y lo que representa y significa institución tan bienhechora como el de la res judicata, opinión común es la de que la impugnación en el interior del proceso no alcanza a veces para defender eficazmente los derechos. Qué casos habrá en que, a despecho de toda una gama de recursos, es tanta la injusticia de la sentencia proferida, que bien poco vale seguir abroquelado en la cosa juzgada, y que, por ende, se impone con fuerza irresistible inclinarse por el restablecimiento del derecho. ¿Qué tanto pudo haber hecho en el proceso, en efecto, una parte que vino a descubrir más tarde que la sentencia se opone abiertamente a la realidad porque fue apuntalada no más que en testigos, peritos o documentos falsos, o, en fin, sin tener en cuenta documentos que halló luego y que de haberlos arrimado hubiesen trocado su suerte? ¿Y qué tanto aquel otro que de haber sido citado o emplazado con el rigor debido habríase defendido con vigor en la causa? ¿Y qué decir de quien derrotado apareciese por colusión o maniobra fraudulenta?

Para esos casos, y otros más que no es estrictamente necesario relacionar acá, se ha ideado así el recurso de revisión, a objeto de que obre de remedio, si bien se pase de largo ante el principio de la cosa juzgada. Su procedencia, por lo mismo, es poco común, y con su carácter extraordinario resalta como el que más. Recurso extraordinario por antonomasia, y, subsecuentemente, destaca en él los rasgos más salientes de ese tipo de impugnación, a saber: procede solo contra sentencias, por motivos rigurosa y previamente seleccionados por el legislador, y limitan dispositivamente la actividad del juzgador. No es de empleársele pues para replantear el litigio mismo como si se tratara de una instancia más. No. Su procedencia es, por esencia, restrictiva.

Por modo que la justificación del recurso de revisión se tiene por adelantado. Así mismo, después de todo lo explanado antójase superfluo ponderar más la buena función jurídica que está llamado a cumplir, como que basta poner de resalto que propende a la enmienda de cosas graves y delicadas; y su razón de ser es tan indiscutida que dotado está del poder necesario para atajar la marcha implacable de la cosa juzgada, la cual, según es fama, no parecía detenerla nada. Su trascendencia es tanta, que más allá de ser un recurso es todo un proceso que se explica por la necesidad de reparar una injusticia cuyo germen no alcanzó a develarse en el interior de la contienda procesal. Memórase que, con pocas excepciones, las causales cabalgan sobre hechos externos, ángulo desde el cual es ajustado decir que la revisión no lleva en sí el consabido reproche que una impugnación cualquiera comporta para el juzgador que dictó la sentencia; los elementos que gravitarán en la revisión son novedosos, hallados de ordinario después de la sentencia, y naturalmente que de ellos no podía hacer cuenta quien decidió la controversia. Dicho en breve, no hay allí un juzgador equivocado, sino engañado. Y cualquiera lo habría estado, y quizá dictado el mismo fallo. Causas relevantes son las que autorizan impugnación semejante.

Siendo así, difícil es imaginar su proscripción. Como a buen seguro no sucedió en el año 1989, cuando el legislador creó y organizó la jurisdicción agraria. Evidentemente, ¿qué podría tener lo agrario, como para pensar que allí no se estructuren las precisas causas de revisión, o que, suponiéndolas, sea preferible, ahí sí, hacer prevalecer el principio de la cosa juzgada? No se descubre, ciertamente. Ni podría ser útil a ello esgrimir la necesidad de que los asuntos agrarios sean definidos sin mayores dilaciones; primero, porque la prontitud en la definición de los litigios no se aviene con odiosas discriminaciones, y después, porque, al igual que en otras materias, más importante aún es que brille la justicia.

Todas estas cosas, juntas y cada una por sí, denotan ya que nada pudo haber inspirado al legislador para que las sentencias que venían siendo objeto de revisión, dejasen de serlo a partir de aquella anualidad. Y a esto no resulta hostil que tal recurso no aparezca mencionado en el Decreto 2303 de 1989, como hasta ahora se ha dicho. Bien es verdad que en el derecho de impugnación en general despunta el postulado de la especificidad, lo cual alcanza mayor rigor si de recursos extraordinarios se trata, y que, como secuela obvia de ello, se desgaja con caracteres visibles que no hay sitio allí para la analogía o la interpretación extensiva. Empero, a lo menos en el caso de ahora, tal silencio, que de veras lo hubo, no equivale a quitar de en medio el recurso, pues para arribar a dicha conclusión sin miramiento de ninguna especie, indispensable fuera partir de la premisa de que el legislador hizo obra acabada en el citado decreto, cosa que, a juicio de la Sala, aquí no ha tenido suceso.

Cabe notar adelante que por ninguna parte del Decreto 2303 de 1989 efunde que haya habido la determinación de regular metódica e integralmente el asunto, porque entonces, con arreglo a la razón y a lo que aconseja la técnica legislativa, buenamente hubiese destinado el legislador un capítulo a ello; y, por el contrario, a los recursos refirió de modo disperso; así, de recursos, en general, habla en los artículos 16, 67, 70, 89, 140, al de apelación se refiere en los artículos 11, 60, 68, 69, 71, 80, 106 y 130, al de queja en el mismo artículo 11, y contempla el de casación en el precepto 50.

Ya de suyo no se descubre la intención supradicha. A cuya comprobación concurre eficazmente la consideración de que, de no ser así, con criterio consecuente habría que admitir que también fueron expulsados recursos ordinarios de tanta valía como la súplica y la reposición, supuesto que tampoco aparecen relacionados y mucho menos desarrollados, conclusión que, quizá por zaherir desproporcionadamente el derecho de impugnación, hasta ahora nadie ha ensayado siquiera. Y si la controversia que despertase el punto fuera llevada adrede al terreno no más que de lo extraordinario del recurso, para de ahí pasar a subrayar cómo el de casación, que por cierto participa de tal estirpe, sí fue mencionado, muy oportuno sería replicar que a tal expresividad de la ley no es dable atribuirle el propósito deliberado de nombrar los recursos que en el ámbito agrario fueran de recibo, y que, antes bien, como lo pone de relieve el contenido propio del artículo 50 del estatuto en análisis, disposición donde se halla consagrada la cosa comentada, escuetamente obedeció a la necesidad de enfatizar que la casación sería en adelante más restringida en el campo agrario, habida cuenta que ya no cabría contra todas las sentencias del derecho común sino apenas contra las que dio en mencionar taxativamente. Desde esa óptica, pues, era ineludible mencionarlo; nótese que, a vuelta de relacionar esas sentencias y referir a la cuantía, acabó toda la novedad legislativa, por donde se viene el pensamiento que tampoco en ese específico punto hubo intención de agotar la materia; por lo tanto, en todo lo demás, que no es lo menos, sujeto quedará el recurso a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Civil.

Si, como demostrado queda, la normatividad agraria no reguló íntegramente la materia, la mención que de algunos medios impugnativos hizo no equivale a excluir otros; y por ahí derecho cumple traer como colofón que la revisión aún es procedente en la jurisdicción agraria. En fuerza de todo lo cual es preciso rectificar la doctrina de la Corte, razón bastante que de paso indica que este proveído lo profiera la Sala.

Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, resuelve:

Ordénase tramitar la demanda de revisión respecto del proceso agrario arriba referido.

En consecuencia, vuelvan los autos al despacho para examinar la idoneidad formal de la demanda.

Notifíquese.

Edgardo Villamil Portilla—Manuel Isidro Ardila Velásquez—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—Pedro Octavio Munar Cadena—Silvio Fernando Trejos Bueno—César Julio Valencia Copete. 

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