Sentencia 13178 de julio 17 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Ref.: Expediente 13178

Decretos del gobierno acción de nulidad

Consejera Ponente:

Dra. Dolly Pedraza de Arenas

Santafé de Bogotá, D.C., julio diez y siete de mil novecientos noventa y siete.

Actor: Armando Novoa García

(...).

Sobre el particular se observa que el artículo 322 de la Constitución Nacional determina que el régimen político, fiscal y administrativo del Distrito Capital de Santafé de Bogotá, será determinado por la misma Carta Política, por las leyes especiales que dicte el Congreso de la República, y las disposiciones vigentes para los municipios. El Congreso también debía expedir las leyes que señalaran los casos en que proceda la suspensión o sustitución del Alcalde Mayor (artículo 323), así como la participación que le corresponderá a la Capital de la República sobre las rentas departamentales que se causen en Santafé de Bogotá (artículo 324 ibídem).

Y como ni los artículos citados ni ningún otro de la Constitución determinan especialmente para el Distrito Capital quién debe señalar el régimen prestacional de sus servidores, este aspecto debe regularse por las normas constitucionales que de manera general lo reglamentan frente a todas aquellas personas que prestan servicios a las entidades estatales, esto es, frente a los servidores oficiales.

(...).

Entonces, resulta claro que el Gobierno Nacional con observancia de las disposiciones y parámetros emitidos y señalados por el Congreso nacional, ostenta la facultad de determinar el régimen prestacional de los servidores del Distrito Capital de Santafé de Bogotá, por cuanto ellos tienen la calidad de servidores públicos u oficiales.

Ahora bien, el accionante estima que el gobierno desconoció los derechos adquiridos por los servidores de dicho distrito, criterio que ha debido tener en cuenta, de conformidad con lo normado en el literal a) del artículo 2º de la Ley 4ª de 1992.

Repetidamente esta corporación ha dicho que los derechos adquiridos en materia laboral solamente pueden invocarse respecto de aquellos que el funcionario ha consolidado durante su relación laboral, no sobre expectativas que dependen del mantenimiento de una legislación de derecho público, a cuya intangibilidad no se tiene derecho.

Y la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279 de 1995, al decidir sobre la demanda de inexequibilidad, entre otras normas, de los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992, se pronunció sobre los derechos adquiridos, así:

“En varias ocasiones, la jurisprudencia constitucional del país, expresada por la Corte Suprema de Justicia antes de 1991, y luego por la Corte Constitucional, ha manifestado que no existe derecho adquirido a la estabilidad de un régimen legal”.

De manera que el derecho invocado a la legislación anterior no tiene sustento constitucional ni legal; los derechos adquiridos sólo pueden determinarse en cada caso particular, cuando frente a un cambio de legislación, quien tenga un derecho causado (vr. gr. derecho a la pensión, salarios o vacaciones causadas, etc.) invoque la ley vigente para cuando nació su derecho.

(...).

Si el Gobierno Nacional estimó conveniente que los servidores que ya venían vinculados al Distrito Capital conservaran el régimen prestacional anterior por considerarlo más conveniente y favorable, y no estando proscrita por norma superior la fijación de requisitos para que tal régimen subsistiera, nada impedía que en el estatuto que establece tal prerrogativa se señalaran determinadas exigencias, como es la permanencia en el mismo destino.

Ello no atenta contra el derecho a la igualdad que se predica, como ya lo ha dicho la Corte Constitucional entre iguales y no son iguales quienes al momento de expedirse la norma acusada ya prestaban sus servicios a Bogotá y quienes con posterioridad se vincularan a él, bien por ingresar a su servicio o bien por aceptar dentro de él un nuevo empleado pues mientras que los primeros ya venían cobijados por el régimen anterior, los segundos se vinculan bajo el nuevo régimen y con conocimiento y por ende aceptación de él.

(...).

“En cuanto a la transgresión del inciso 3 que se deduce es del artículo 125 de la Constitución Política, no obstante que efectivamente no se precisa el concepto de su violación, como en él se prevé el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes, se observa que antes que desconocer este mandato, al prescribirse en el acto demandado que los empleados públicos sólo conservarían el régimen prestacional vigente antes de la expedición del Decreto 1133 de 1994, si accedían a otro cargo a través del concurso de méritos, se está dando relevancia a este sistema de selección de personal, a punto de que sólo a quienes a él se someten, pueden conservar los privilegios prestacionales excepcionales de que gozan, si acceden a otro empleo a través del sistema de méritos”. (Exp. 10505 M.P. Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora, Actor: Carlos Arturo Castañeda Castañeda, sentencia de diciembre 6 de 1995).

(...).

Como es sabido la estabilidad que protege la ley está referida a la pertenencia a una carrera administrativa y esa pertenencia otorga el derecho a concursar para ser ascendido y las normas acusadas garantizan la permanencia en el régimen anterior tanto para los empalados de carrera que continuaran en sus cargos como para los que sean promovidos por el proceso de selección.

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