Sentencia 1319 de mayo 20 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: ACU 27001233100020011599 01. Mayo 20/2002. 

Nº interno: 1319 

C.P. Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez 

Actor: Personero municipal de Quibdó

Demandado: Electrificadora del Chocó y Empresas Públicas de Quibdó.

Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por la parte denunciada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Chocó, el 7 de marzo de 2002, por medio de la cual se decidió:

“Ordénase a la Electrificadora del Chocó de (sic) cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 141, 142, 146, incisos 1º, 2º, 4º y 8º; artículo 147 de la Ley 142 de 1994 y artículos 11, 12, 16, 18 y 19 del contrato de condiciones uniformes adoptado mediante Resolución 976 de 1998 y en un término de treinta días procederá a terminar los contratos a los usuarios que se encuentren en las circunstancias previstas en el artículo 141 de la Ley 142 de 1994 y en el contrato de condiciones uniformes, y a interponer (sic) las denuncias penales por fraudes comprobados; en el mismo término deberá iniciar el plan para la adquisición y financiación de los medidores a los estratos 1, 2 y 3, exigir a los demás usuarios adquieran (sic) los instrumentos para medir los consumos; abstenerse de cobrar los consumos a los usuarios que en un término superior a seis meses de su conexión no han colocado los medidores, cuya omisión es imputable a la empresa.

2. Por secretaría compúlsense copias a la Procuraduría y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para lo de su competencia de conformidad con la parte motiva de esta providencia”.

Antecedentes

La demanda

El 16 de noviembre de 2001, el señor Yadir Antonio Torres Palacios, personero municipal de Quibdó, interpuso acción de cumplimiento contra la Electrificadora del Chocó S.A. y las Empresas Públicas del Quibdó (EPQ), solicitando que se ordenara el cumplimiento de los artículos 140, 141, 142, 146 y 147 de la Ley 142 de 1994, al igual que del contrato de condiciones uniformes (fI. 2).

Explicó que la Electrificadora del Chocó S.A. establece, en la factura de cobro, además de los valores correspondientes al consumo de energía, otros relativos a los servicios de alumbrado público y aseo, en atención al convenio suscrito entre las Empresas Públicas de Quibdó y la electrificadora, valores cuyo recaudo está destinado a las empresas municipales.

Aseguró que la electrificadora está perjudicando a los usuarios, pues no les permite cancelar el precio de los servicios de aseo y alumbrado público, independientemente del servicio de energía. Ello causa, además, la acumulación de la deuda de estos servicios, en perjuicio de las Empresas Públicas de Quibdó.

Adicionalmente, sostuvo que varios usuarios han dejado de pagar más de tres facturas y que, a pesar de haberse ordenado la suspensión del servicio, la empresa continúa facturando por el mismo. Afirmó que algunos usuarios han enviado cartas a la electrificadora, solicitando la suspensión del servicio, para que no les genere más costos; sin obtener respuesta alguna. Agregó que “la Electrificadora del Chocó con esa actitud omisiva y negligente en aplicar el procedimiento preestablecido en la Ley 142 de 1994, ha colocado a la gran mayoría de los usuarios del servicio de energía y por conexidad (sic) de los servicios de aseo y alumbrado público en un estado de deudores morosos con deudas impagables por falta de capacidad de pago, debido a las condiciones económicas de la región”.

Adicionalmente, manifestó que la electrificadora contrató una firma privada para realizar la suspensión de los contratos y que esta entidad retira el cable de conexión y posteriormente no lo devuelve.

Por otra parte, sostuvo que la empresa no ha cumplido la obligación relacionada con la medición del consumo, pues la mayoría de los usuarios no tienen aparatos que permitan realizarla. Agregó que “La Electrificadora del Chocó abusando de su posición dominante frente a los usuarios no ha dado cumplimiento a lo establecido en la Ley 142 de 1994, artículo 140 modificado por el artículo 19 de la Ley 689 de 2001, al continuar generando facturación con el cálculo promedio, siendo esto ilegal, puesto que si a un usuario se le suspende el servicio y ese no se restablece por parte de la empresa se sobreentiende que el usuario no está haciendo uso del mismo, y si lo está haciendo el uso es fraudulento que (sic) la empresa debe sancionar como lo establece la ley”.

Concluyó afirmando que “la omisión expresada en el hecho anterior (no realizar la medición con los instrumentos técnicos requeridos para ello sino recurriendo a un promedio) ha sido la causa fundamental para que la Electrificadora del Chocó, facture altos KW a los usuarios tanto para los que tienen contador y/o medidor como para los que no lo tienen, que en el caso de los segundos, según el numeral 4º del artículo 146 de la Ley 142 de 1994, le hace perder el precio del consumo lo que ha sido todo lo contrario (sic) antes los usuarios tienen que pagar las sumas que por promedio establece la empresa y sin derecho a reclamación alguna”.

Pretensiones

Las pretensiones de la parle actora fueron formuladas en los siguientes términos:

“1. Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas, respetuosamente solicito al señor magistrado ordenar a la Electrificadora del Chocó S.A., representada por el gerente doctor Alfredo González Forero o quien haga sus veces dé (sic) cumplimiento a los artículos 140, modificado por el 19 de la Ley 689 del 28 de agosto de 2001, 141, 142, 146; numerales 1º, 2º, 4º y 8º de la Ley 142 de 1994 y al contrato de condiciones uniformes, cláusulas 11, 12, 16, 18 y 19.

2. Ordenar a la Electrificadora del Chocó S.A., que si aún no lo ha hecho, proceda a cobrar las 3 primeras facturas a todos los usuarios del servicio que se encuentren en las circunstancias de facturación acumulada por más de 3 meses, con la observación de que dichos usuarios o suscriptores sólo deberán cancelar el consumo de la energía que le fue facturada por los 3 primeros meses de prestación de servicio de energía por parte de la empresa más los gastos de reinstalación e intereses que se hayan causado por la mora de dichos 3 meses, en el momento que éstos se acerquen a cancelar, e igualmente se dé cumplimiento en los mismos términos frente al pago acumulado del servicio de alumbrado público y aseo, los cuales están a cargo de la Electrificadora del Chocó S.A., siendo ésta la responsable del recaudo por convenio.

3. Ordenar a la Electrificadora del Chocó S.A. depurar la cartera de energía eléctrica, alumbrado público y aseo con la base de las 3 facturas que establece la ley aplicándole los intereses a las mismas, para efecto de que los usuarios sepan y tengan claro cual es la suma a cancelar por éstas y puedan cotejar con las primeras 3 facturas entregadas e igualmente se publique el listado de dichos usuarios morosos determinando la cuantía de los factores ya mencionados.

4. Ordenar a la Electrificadora del Chocó S.A., para que haga los consumos mensuales a las viviendas que tienen los contadores e igualmente ordenar la instalación de los medidores a todas las viviendas que utilizan el servicio, a la luz del artículo 146, numerales 1º, 2º, 4º y 8º de la Ley 142 de 1994.

5. Convocar a toda la comunidad para que tome las prevenciones del caso, en el evento de que la empresa no le haga la respectiva lectura a los medidores para establecer el consumo mencionado, ningún suscriptor o usuario estará obligado a pagar el dinero alguno por el consumo del mes a favor de la empresa”.

Contestación de la demanda

La Electrificadora del Chocó contestó la demanda el 27 de noviembre de 2001 (fl. 39).

Afirmo que los servicios de saneamiento básico y aseo tienen una posición privilegiada frente a cualquier servicio público domiciliario, pues según el artículo 147 de la Ley 142 de 1994 “no se puede cancelar en este caso la energía independientemente del servicio de aseo, pero el de aseo puede cancelarse independientemente del de energía, norma que jamás la empresa que represento ha desconocido, pero obsérvese que es errónea la apreciación del accionante (sic), quien manifiesta que el pago de un servicio no está supeditado al otro”.

Sostuvo que la empresa no ha incumplido las normas citadas por el demandante, por cuanto la disposición no establece que la empresa no pueda facturar lo indebidamente consumido por los usuarios, ni ordena a la empresa terminar el contrato al cobro de tres facturas del servicio, “pues sencillamente el límite hasta tres (3) facturas es la herramienta que permite a la empresa la suspensión del servicio por incumplimiento del contrato mas no tiene nada que ver con lo que pretende el actor que el tribunal le conceda en detrimento del patrimonio del Estado colombiano, y sin que existiese o estuviere probado (sic) causa alguna para ello”. Precisó que existe un solo caso excluyente de sanciones por parte de la empresa y se presenta cuando se da la solidaridad consagrada en el artículo 130 de la Ley 142 de 1994 subrogado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.

Agregó que “no es cierto que las firmas contratadas para el corte se apropiaron del cable, que para estos efectos denomina acometida, la cual es retirada temporalmente hasta que el usuario fraudulento se matricule y/o cancele la deuda atrasada. De acuerdo con el contrato de condiciones uniformes vigentes, la empresa podrá retirar temporalmente los equipos de medida y las acometidas”.

Por otra parte, manifestó que “existe una confusión e indebida interpretación de la norma por parte del demandante, pues una cosa es el incumplimiento del contrato de condiciones uniformes que da lugar a la suspensión del servicio de conformidad al artículo 140 de la Ley 142 de 1994 y otra cosa es la deuda que se genera por el uso de la energía fraudulenta de parte de los usuarios y que por (sic) tal es un deber de la empresa facturarla y cobrarla por cualquier vía de conformidad al contrato de condiciones uniformes que constituye ley para las partes, como acontece con la mayoría de los usuarios que se les corta y se reconectan de manera fraudulenta”.

Sentencia de primera instancia

En sentencia proferida el 7 de marzo de 2002, el Tribunal Administrativo del Chocó decidió conceder la acción (fI. 493).

Afirmó que “es evidente que las normas cuyo cumplimiento se demanda están siendo incumplidas por la empresa Electrificadora del Chocó S.A., al no terminar los contratos de prestación de servicios por las causales establecidas en la ley y no interponer las denuncias penales por fraude y hurto de energía (...)”.

En relación con la existencia de los medidores, sostuvo:

“Que las pruebas allegadas al proceso nos llevan a la conclusión de que la Empresa Electrificadora del Chocó ha incurrido en flagrante violación de las normas acusadas (sic) en efecto el tantas veces citado jefe de la división de planeación de la electrificadora, declara que el 90% de los usuarios no poseen medidores, cuando tenía tres años para aumentar a 95% los niveles de medición, argumentando que esta omisión obedece a la falta de recursos que adolece la empresa; lo anterior no exime a la electrificadora de las obligaciones legales y mucho menos de soportar las consecuencias que la norma consagra para quienes incurren en dicha omisión, cual es la de perder el derecho a cobrar el consumo”.

“Le asiste la razón al personero cuando manifiesta que la Electrificadora del Chocó ha permitido que se acumulen deudas por sumas impagables para los usuarios; resulta inconcebible que la empresa cobre facturas que contienen hasta 147 meses facturados, cuando debió suspender el servicio a la tercera factura vencida y terminar el contrato a los seis meses de no pago y/o de la ocurrencia de las causales de terminación”.

En relación con el artículo 147 de la Ley 142 de 1994, afirmó:

“en el proceso no aparece prueba del incumplimiento de esta norma por parte de la entidad accionada, al contrario las (sic) facturas allegadas al proceso se encuentra (sic) por separado los diferentes servicios y su cobro se hace en forma conjunta, así mismo, no existe prueba de petición, recurso o queja de usuario alguno en el sentido consagrado en la norma por lo que no se puede deducir el incumplimiento por parte de la Electrificadora del Chocó”.

Por lo anterior, ordenó a la Electrificadora del Chocó dar cumplimiento a las órdenes transcritas en la primera parte de esta providencia.

Impugnación

En escrito presentado el 13 de marzo de 2002, la parte demandada impugnó el fallo de primera instancia (fl. 506).

En dicho escrito, el apoderado de la electrificadora afirmó:

“Jamás la empresa que represento, se ha sustraído de la obligación de dar cumplimiento a las disposiciones que regulan la ley de servicios públicos Ley 142 de 1994, modificada parcialmente por la Ley 689 de 2001, manifestación (...) en las reiteradas denuncias que se han presentado contra usuarios que se constituyen bajo la modalidad de fraudulentos (sic) y de la cual (sic) las mismas se encuentran radicadas en las fiscalías locales y despachos judiciales, sin que a la fecha se haya arrojado resultado alguno. En cuanto a la aplicación del artículo 141 de la citada Ley 142 de 1994 su cumplimiento parcial se apoya en las razones expresadas por el funcionario José Gustavo Sarmiento, quien en diligencia de declaración meridiana hizo (sic) explicaciones sobre las medidas emprendidas por la empresa años atrás en aras de dar por terminados los contratos de condiciones uniformes, situación que fue suspendida por el gerente de turno ante la falta de efectividad de la medida adoptada en detrimento de los intereses de la empresa, teniendo en cuenta el reiterado uso fraudulento e indebido de los usuarios del pueblo chocoano (...)”.

En relación con la obligación de instalar los medidores, expresó:

“La norma transcrita se debe armonizar no sólo con la Resolución 108 de julio 3 de 1997, que dio un plazo a la empresa de tres (3) años para elevar los niveles de micro y macro medición para cubrir el 95% de los usuarios 1, 2, y 3 y que venció el 3 de julio del año 2000, si no (sic) que se debe mirar con otras disposiciones como por ejemplo el artículo 144 de la misma ley de servicios públicos que permite exigir en los contratos uniformes la adquisición de los medidores como así lo dispone el contrato de condiciones uniformes de Electrochocó S.A. ESP en cláusula 23 según la cual es una obligación del suscriptor adquirir el medidor de energía en un plazo máximo de seis (6) meses después de la firma del contrato y entregarlo a la empresa para su instalación”.

Por último, sostuvo que obligar a la empresa a adquirir y financiar medidores de energía contraviene la Ley 393 de 1997, artículo 9º, donde se establece que no es posible, a través de la acción de cumplimiento, perseguir el cumplimiento de normas que establezcan gastos.

Consideraciones de la Sala

Con la consagración de la acción de cumplimiento en el artículo 87 de la Constitución, se reconoció a todas las personas, a cualquiera de ellas, “en cuanto titular de potestades e intereses jurídicos activos frente a las autoridades públicas ... y no meramente destinataria de situaciones pasivas, concretadas en deberes, obligaciones o estados de sujeción, demandados en razón de los intereses públicos o sociales” (1) , el derecho de acceder a la jurisdicción, para que el juez obligue a la autoridad respectiva a cumplir las obligaciones que le ha impuesto una ley o un acto administrativo.

(1) Corte Constitucional, Sentencia C-157 de 1998.

Se debe tener presente que el constituyente ideó este mecanismo judicial, teniendo en cuenta que el respeto a la ley, su vigencia e imperio son algunos de los postulados fundamentales del Estado de derecho, puesto que se trata de una norma jurídica que no puede reducirse a “algo que el Congreso decreta, pero que el gobierno se reserva el derecho de cumplir o no cumplir, según considere que es conveniente oportuno o financieramente viable” (2) .

(2) Intervención del constituyente Juan Carlos Esguerra Portocarrero en debates en la Comisión Primera de la Asamblea Nacional Constituyente.

Ello, por supuesto, responde a la realización del principio de legalidad que, por una parte, “introduce una limitación a la actividad de la administración, en el sentido de que ella no puede hacer todo cuanto quiera y como quiera sino de acuerdo con las prescripciones del ordenamiento jurídico” (3) , y por otra, supone el derecho de todos a que se garantice la interdicción de la arbitrariedad en el ejercicio del poder público.

(3) Ponencia para segundo debate al proyecto de ley 24 de 1994 Cámara, 167 de 1995 Senado por la cual se desarrolla el artículo 87 de lo Constitución Nacional. Gaceta del Congreso. Año IV - Nº 357, jueves 26 de octubre de 1995.

Requisitos de la acción y deberes del juez

La Ley 393 de 1997 señala como requisitos para la procedencia de la acción de cumplimiento, que el deber jurídico cuyo cumplimiento se exige por medio de la acción, esté consignado en normas con fuerza de ley o en actos administrativos, de una manera tal que sea imperativo, inobjetable y exigible a la autoridad de la cual se está reclamando su ejecución; que la administración haya sido y continúe siendo renuente a cumplir, que tal renuencia sea probada por el demandante de la manera como lo exige la ley, y que, tratándose de actos administrativos de carácter particular, el afectado no tenga ni haya tenido otro instrumento judicial para lograr su cumplimiento, salvo en el caso en que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

Caso concreto

Se debe aclarar que, a pesar de que la acción de cumplimiento se interpone contra las Empresas Públicas de Quibdó, las pretensiones de la misma se dirigen únicamente a obtener el cumplimiento de obligaciones que están en cabeza de la Electrificadora del Chocó, por esta razón, la Sala sólo se pronunciará respecto de ésta.

Objeto del proceso

Antes de analizar el posible incumplimiento por parte de la electrificadora, la Sala considera indispensable, dada la confusa presentación de argumentos en la demanda, determinar con exactitud cuál es el objeto del proceso. Por ello, se precisarán cuáles son las obligaciones que el demandante considera incumplidas y cuál es la norma cuyo cumplimiento se solicita.

De acuerdo con lo expresado por el actor al presentar tanto los hechos como las pretensiones de la demanda, es posible establecer que éste considera que se han incumplido tres obligaciones.

1. No se ha adelantado el procedimiento que se debe seguir, conforme a la ley, en los casos en los que el usuario ha dejado de cancelar más de tres facturas seguidas y hace uso fraudulento del servicio. Al respecto, afirma que se ha incumplido:

— El artículo 140 de la Ley 142 de 1994 sobre la suspensión por incumplimiento, pues, a pesar de suspender el servicio, la electrificadora continúa facturando, por lo que no se ha producido una verdadera suspensión.

— El artículo 141 de la Ley 142 de 1994 sobre incumplimiento, terminación y corte del servicio. En relación con este punto, se debe aclarar que sólo la interposición de la demanda permite establecer que el actor considera que sería incumplida la norma citada, en la medida en que la entidad no ha terminado los contratos. En efecto aquél solicita el cumplimiento de la norma de manera genérica, al formular las pretensiones y no pide expresamente que se ordene a la empresa la liquidación de los contratos. No obstante, dado que se cita la norma mencionada, así como las cláusulas del contrato de condiciones uniformes en las que se establecen las causales que dan lugar a que la empresa proceda a resolver el contrato, puede inferirse que el actor considera que la electrificadora ha incumplido el procedimiento legal.

— El procedimiento legal previsto en caso de encontrarse acometidas fraudulentas, consistente en presentar las respectivas denuncias penales. A pesar de que el actor no especificó cuál es el fundamento legal de dicha obligación, la Sala encuentra que el artículo 141, cuyo cumplimiento se solicitó, establece que el acceso al servicio mediante acometidas fraudulentas constituye un hurto, por lo que, posteriormente, se determinará si en este caso se presenta realmente un incumplimiento.

2. El hecho de que la empresa incluya en la factura del servicio de energía el pago de los servicios de aseo y alumbrado implica el incumplimiento del procedimiento que se debe seguir, pues “el pago de uno de dichos servicios no está supeditado al otro, es decir, los pagos no están supeditados los unos a los otros, ya que éstos son independientes. A pesar de no establecer cuál es la norma que, a su juicio, establece que los pagos de un servicio no están supeditados al pago del otro, el actor solicita, al presentar los hechos de la demanda, el cumplimiento del artículo 147 de la Ley 142 de 1994, que se refiere a la naturaleza y los requisitos de las facturas. Por esta razón, la petición será analizada a la luz de la norma mencionada.

3. La falta de medidores que impide establecer el consumo real de los usuarios y la utilización de promedio por parte de la electrificadora para facturar el servicio permiten considerar que se ha incumplido al artículo 146 de la Ley 142 de 1994 y, en esa medida, la empresa debe perder el derecho a recibir el precio del servicio.

Obligaciones cuyo incumplimiento se alega

Una vez establecidas las obligaciones que, a juicio del actor, han sido incumplidas por la Electrificadora del Chocó, la Sala procederá a analizar si, a la luz de las normas que, en su opinión, consagran dichas obligaciones, se presentó realmente un incumplimiento.

En relación con el cumplimiento de las disposiciones citadas en la demanda contenidas en la Ley 142 de 1994, se observa que se satisface el primer requisito previsto en la norma, referido a que el deber cuyo cumplimiento se exige esté consignado en disposición con fuerza de ley o en actos administrativos. Por el contrario y por la misma razón, es claro que la petición del actor en el sentido de ordenar el cumplimiento de algunas cláusulas del contrato de condiciones uniformes no es procedente.

Por otra parte, la Sala observa que el actor solicitó a las entidades demandadas, mediante escrito presentado el 26 de octubre de 2001, el cumplimiento de las normas de la Ley 142 de 1994, y que dicha entidad no dio respuesta alguna, por lo cual se cumple el requisito relativo a la constitución en renuencia del demandado.

Ahora bien, con el fin de determinar si se cumplen los demás requisitos de procedibilidad de la acción, debe analizarse el contenido en cada una de las normas legales citadas por el demandante.

1. Incumplimiento del procedimiento a seguir en caso de no pago del servicio.

En primer lugar, como se expuso anteriormente, el actor consideró que la Electrificadora del Chocó incumplió el procedimiento establecido en la Ley 142 de 1994 y particularmente en los artículos 140, 141 y 142.

En relación con el artículo 140, que establece la suspensión por incumplimiento el actor consideró que se incumplió la obligación de suspender los contratos, pues, a pesar de haber suspendido el servicio de energía por falta de pago, la empresa continúa facturándolo. Sobre este punto, la Sala considera que la norma en cuestión no impone a la entidad un deber imperativo, sino que le otorga una facultad. En efecto el artículo establece lo siguiente:

“ART. 140.—Suspensión por incumplimiento. El incumplimiento del contrato por parte del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión del servicio en los eventos señalados en las condiciones uniformes del contrato de servicios y en todo caso en los siguientes:

La falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en todo caso de tres períodos de facturación, y el fraude a las conexiones, acometidas, medidores o líneas.

Es causal también de suspensión, la alteración inconsulta y unilateral por parte del usuario o suscriptor de las condiciones contractuales de prestación del servicio.

Durante la suspensión, ninguna de las partes puede tomar medidas que hagan imposible el cumplimiento de las obligaciones recíprocas tan pronto termine la causal de suspensión.

Haya o no suspensión, la entidad prestadora puede ejercer todos los demás derechos que las leyes y el contrato uniforme le conceden para el evento del incumplimiento” (se resalta).

Así las cosas, es claro que no es procedente la acción de cumplimiento en relación con esta norma puesto que de lo establecido en su último inciso se deduce claramente que la suspensión del servicio es facultativa de la empresa, cuando se presenta un incumplimiento del contrato por parte del suscriptor o usuario.

Adicionalmente, el actor solicita el cumplimiento del artículo 141, que establece:

“ART. 141.—Incumplimiento, terminación y corte del servicio. El incumplimiento del contrato por un período de varios meses, o en forma repetida, o en materias que afecten gravemente a la empresa o a terceros, permite a la empresa tener por resuelto el contrato y proceder al corte del servicio. En las condiciones uniformes se precisarán las causales de incumplimiento que dan lugar a tener por resuelto el contrato.

Se presume que el atraso en el pago de tres facturas de servicios y la reincidencia en una causal de suspensión dentro de un período de dos años, es materia que afecta gravemente a la empresa, que permite resolver el contrato y proceder al corte del servicio.

La entidad prestadora podrá proceder igualmente al corte en el caso de acometidas fraudulentas. Adicionalmente, y tratándose del servicio de energía eléctrica se entenderá que para efectos penales, la energía eléctrica es un bien mueble: en consecuencia, la obtención del servicio mediante acometida fraudulenta constituirá para todos los efectos, un hurto.

La demolición del inmueble en el cual se prestaba el servicio permite a la empresa dar por terminado el contrato, sin perjuicio de sus derechos” (se resalta).

De lectura de la norma transcrita y especialmente de los apartes resaltados, se concluye que la misma no le impone a la empresa un mandato imperativo e inobjetable sino que, regula los eventos en que está autorizada para tener por resuelto el contrato y proceder al corte del servicio, lo que supone, obviamente, que está facultada, en todo caso para tomar una decisión diferente. Tampoco es procedente, entonces, la acción formulada en relación con la disposición legal citada.

Por último, en relación con este punto, el personero consideró que la entidad incumplió el procedimiento establecido legalmente, al no presentar las denuncias penales por hurto en aquellos casos en los que hubiere lugar a ello. Al respecto, se observa que el artículo 141 transcrito establece que la energía eléctrica es un bien mueble y que su obtención mediante acometida fraudulenta constituye hurto.

Conforme a este artículo y teniendo en cuenta que es deber de todo ciudadano, conforme al artículo 27 del Código de Procedimiento Penal, de denunciar las conductas punibles de cuya comisión tenga conocimiento, considera la Sala que la electrificadora ha incumplido la obligación, dado que ha tenido conocimiento de los delitos cometidos, como lo demuestran las sanciones por acometidas fraudulentas impuestas a los usuarios, y, sin embargo, no ha formulado las respectivas denuncias penales. Por esta razón, la Sala comparte la decisión del a quo, en cuanto ordenó a la entidad demandada presentar las denuncias penales por los fraudes advertidos.

2. Condicionamiento del pago del servicio de aseo y alumbrado al pago de energía.

En segundo lugar, como se expuso en el acápite referido al objeto del proceso, el actor considera que la electrificadora ha incumplido el procedimiento legal para el cobro de las facturas, al supeditar el pago de los servicios de aseo y alumbrado, al de energía, o, en otras palabras, al no permitirles pagar el servicio de aseo y alumbrado, sin cancelar el de energía. En relación con esta obligación, es necesario, primero, aclarar que, de las pruebas que obran en el expediente, es posible establecer, pues así lo afirma la misma entidad, que no se recibe el pago del servicio de energía si previamente no se ha cancelado el servicio de aseo o el de alumbrado público. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario establecer cuál es la obligación que, al respecto, impone el artículo 147; establece:

“ART. 147.—Naturaleza y requisitos de las facturas. Las facturas de los servicios públicos se pondrán en conocimiento de los suscriptores o usuarios para determinar el valor de los bienes y servicios provistos en desarrollo del contrato de servicios públicos.

En las facturas en las que se cobren varios servicios, será obligatorio totalizar por separado cada servicio, cada uno de los cuales podrá ser pagado independientemente de los demás con excepción del servicio público domiciliario de aseo y demás servicios de saneamiento básico. Las sanciones aplicables por no pago procederán únicamente respecto del servicio que no sea pagado.

En las condiciones uniformes de los contratos de servicios públicos podrá preverse la obligación para el suscriptor o usuario de garantizar con un título valor el pago de las facturas a su cargo.

PAR.—Cuando se facturen los servicios de saneamiento básico y en particular los de aseo público y alcantarillado, conjuntamente con otro servicio público domiciliario, no podrá cancelarse este último con independencia de los servicios de saneamiento básico, aseo o alcantarillado, salvo en aquellos casos en que exista prueba de mediar petición, queja o recurso debidamente interpuesto ante la entidad prestataria del servicio de saneamiento básico, aseo o alcantarillado” (se resalta).

La norma transcrita establece un supuesto según el cual en ningún caso es posible pagar el servicio de aseo y alcantarillado con independencia de los demás servicios facturados conjuntamente, con la excepción consagrada en el parágrafo que autoriza a realizar el pago de manera independiente siempre y cuando se presente petición o queja ante la entidad prestataria del servicio.

Así las cosas, conforme a la norma transcrita, los servicio de aseo y alcantarillado en ningún caso, pueden ser pagados independientemente del otro servicio con el que son facturados.

Por lo expuesto, obra debidamente la empresa al no recibir el pago del servicio de aseo cuando no se ha cancelado el servicio de energía puesto que, de hacerlo, incumpliría la previsión contenida en la norma citada. Por otra parte, se encuentra que el artículo mencionado establece, como única excepción al mandato citado, en el parágrafo, el caso en “que exista prueba de mediar petición, queja o recurso debidamente interpuesto ante la entidad prestataria del servicio de saneamiento básico, aseo o alcantarillado” y, conforme a las pruebas que obran en el expediente, no se ha presentado petición alguna en este sentido por lo que no hay lugar a aplicar la excepción prevista.

En relación con el pago del alumbrado público, debe tenerse en cuenta que la Resolución CREG-043 de 1995, artículo 9º, prevé que en el caso en que el municipio decida trasladarle a sus habitantes el valor de los gastos en que incurre por el alumnado público, y para ello, establezca tributos para financiar dicho servicio, éste puede celebrar convenios con las empresas de servicios públicos, para que éstas efectúen el recaudo por concepto de alumbrado público, caso en el cual las empresas deberán sujetarse a lo estipulado en dichos convenios.

En el caso concreto, en el convenio interadministrativo celebrado, se estipuló que “los valores aparecerán discriminados y por separado en la respectiva factura tal y como lo establecen las disposiciones legales vigentes”. Adicionalmente, encuentra la Sala que conforme al artículo 2º de la Resolución 089 de 1996 de la comisión de regulación de energía y gas, CREG.

“ART. 2º—La actividad de comercialización de electricidad para alumbrado público está sujeta a las normas que rigen la comercialización de electricidad”.

Conforme a lo anterior, es claro que el cobro y el pago del servicio de alumbrado público queda sujeto a lo previsto la Ley 142 de 1994, en relación con la facturación y el pago del servicio de energía; por esta razón se concluye que tampoco puede la empresa recibir el pago del servicio de alumbrado público independientemente del pago del servicio de energía.

Adicionalmente, considera la Sala que es importante aclarar que no comparte la posición de la entidad demandada en cuanto afirma que las normas de la Ley 142 de 1994 no son aplicables al pago del impuesto por el servicio de alumbrado público. Sobre este tema la CREG ha afirmado lo siguiente:

“Es conveniente que tenga claridad en cuanto a que las leyes 142 y 143 de 1994 no hacen mención explícita al servicio de alumbrado público, sin embargo, estas dos leyes. y en particular la Ley 143, especial y posterior para el sector eléctrico, sujeta a sus mandatos todas y cada una de las actividades que componen el sector eléctrico.

Por otra parte, la reglamentación expedida por la CREG, contenida en las resoluciones 043 de 1995, 043 y 89 de 1996 y 076 de 1997, busca que las empresas prestadoras del servicio público de electricidad, se adecuen a las leyes 143 y 142 de 1994 en la prestación del servicio de alumbrado público” (4) .

(4) Comisión de Regulación de Energía y Gas, Concepto CREG-2778 del 25/05/99.

Así las cosas, considera la Sala que la entidad no ha incumplido las normas citadas, al exigir el pago del servicio de energía para aceptar el pago de aseo y alumbrado público, pues como se explicó, la obligación de efectuar el pago conjunto de dichos servicios la establece la ley, y ello encuentra explicación en la necesidad de garantizar el efectivo pago de servicios que, como el aseo y el alumbrado, benefician a todos los ciudadanos, pero su goce no puede ser suspendido individualmente a cada uno de los usuarios.

3. Incumplimiento en la obligación de medir el consumo de energía.

En tercer lugar el demandante consideró que se incumplió la obligación consagrada en el artículo 146, en cuanto no ha instalado los medidores necesarios para realizar la medición del consumo de los usuarios. Esta norma prevé lo siguiente:

“ART. 146.—La medición del consumo, y el precio en el contrato. La empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los contratos uniformes, con base en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o en los de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales cuando se acredite la existencia de fugas imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis meses. Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.

La falta de medición del consumo, por acción u omisión de la empresa, le hará perder el derecho a recibir el precio. La que tenga lugar por acción u omisión del suscriptor o usuario, justificará la suspensión del servicio o la terminación del contrato, sin perjuicio de que la empresa determine el consumo en las formas a las que se refiere el inciso anterior. Se entenderá igualmente, que es omisión de la empresa la no colocación de medidores en un período superior a seis meses después de la conexión del suscriptor o usuario.

En cuanto al servicio de aseo, se aplican los principios anteriores, con las adaptaciones que exige la naturaleza del servicio y las reglas que esta ley contiene sobre falla del servicio; entendiéndose que el precio que se exija al usuario dependerá no sólo de los factores de costos que contemplen las fórmulas tarifarias sino en todo caso de la frecuencia con la que se le preste el servicio y del volumen de residuos que se recojan.

En cuanto a los servicios de saneamiento básico y aquellos en que por razones de tipo técnico, de seguridad o de interés social, no exista medición individual, la comisión de regulación respectiva definirá los parámetros adecuados para estimar el consumo.

Las empresas podrán emitir factura conjunta para el cobro de los diferentes servicios que hacen parte de su objeto y para aquellos prestados por otras empresas de servicios públicos, para los que han celebrado convenios con tal propósito.

En todo caso, las empresas tendrán un plazo a partir de la vigencia de la presente ley para elevar los niveles de macro y micromedición a un 95% del total de los usuarios, para lo cual deberán Iniciar un plan, con un porcentaje mínimo de inversión, para la adquisición y financiación de los medidores a los estratos 1, 2, 3.

PAR.—La comisión de regulación respectiva, en un plazo no superior a tres años a partir de la vigencia de la presente ley, reglamentará los aspectos relativos a este artículo con el fin de evitar traumatismos en la prestación de los servicios objeto de esta ley” (se resalta).

Haciendo una interpretación que esta Sala comparte y teniendo en cuenta lo dispuesto en el parágrafo de la norma anterior, el tribunal consideró que, se ha incumplido esta obligación, además de, en este caso, la Resolución 108 de 1997, artículos 24, 30 y 32 cuyos textos se transcriben a continuación:

ART. 24.—De la medición individual. La medición de los consumos de los suscriptores o usuarios se sujetará a las siguientes normas:

a) Con excepción de los inquilinatos, y de los usuarios incluidos en planes especiales de normalización del servicio, todo suscriptor o usuario deberá contar con equipo de medición individual de su consumo.

b) Cuando un inmueble cuente con una sola acometida y un solo equipo de medida y el servicio se utilice por varias personas naturales o jurídicas, se entenderá que existe un único suscriptor frente a la empresa. Por tanto, en estos casos, el costo de prestación del servicio deberá dividirse en cuotas partes entre los usuarios finales del mismo, y los derechos y obligaciones del contrato de condiciones uniformes serán exigibles o se harán efectivos por ese único suscriptor. No obstante, cualquier usuario que se encuentre ubicado dentro de un inmueble con tales características, tiene derecho a exigir a la empresa la medición individual de sus consumos, siempre y cuando asuma el costo del equipo de medición, caso en el cual a ese usuario se le tratará en forma independiente de los demás.

c) En las condiciones uniformes del contrato, la empresa determinará las características técnicas que deberá cumplir el equipo de medida, teniendo en cuenta lo que establezcan los códigos de distribución y/o medida, y el mantenimiento que debe dárseles, con el fin de que los suscriptores o usuarios puedan escoger libremente al proveedor de tales bienes y servicios.

d) Los equipos de medición que la empresa exija a los suscriptores o usuarios deberán permitir que puedan hacer uso de las opciones tarifarias y estar en un todo de acuerdo con las que la empresa ofrezca a cada tipo de suscriptor o usuario. En todo caso, tratándose del servicio de energía eléctrica la empresa no podrá exigir la instalación de equipos de medición de potencia, o con diferenciación horaria de energía, a los suscriptores o usuarios residenciales conectados al nivel de tensión uno (1).

e) La empresa podrá ofrecer la instalación de medidores de prepago a los suscriptores o usuarios que no sean beneficiarios de subsidios en los servicios públicos de energía y/o gas.

f) De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 144 de la Ley 142 de 1994, cuando el contrato de condiciones uniformes exija al suscriptor o usuario adquirir los instrumentos necesarios para la medición y éste no lo haga dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de la conexión al servicio, la empresa podrá suspender el servicio o terminar el contrato, sin perjuicio de que determine el consumo en la forma dispuesta por el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

g) Cuando, según el contrato de condiciones uniformes, la instalación de los instrumentos de medición corresponda a la empresa, y transcurra un plazo de seis meses sin que ésta cumpla tal obligación se entenderá que existe omisión de la empresa en la medición.

h) A partir de la vigencia de la presente resolución, las empresas tendrán un plazo máximo de tres (3) años para elevar los niveles de macro y micromedición de modo que cubran por lo menos el noventa y cinco por ciento (95%) del total de sus usuarios para lo cual deberán dar prelación a los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3. El incumplimiento de lo aquí dispuesto constituye omisión imputable a la empresa en la colocación de medidores y, en consecuencia, le hará perder el derecho a recibir el precio, por parte de aquellos usuarios en defecto del 95%, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley 142 de 1994 (se resalta).

30. Falta de medición por acción u omisión. Conforme a lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley 142 de 1994, la falta de medición del consumo, por acción u omisión de la empresa, le hará perder el derecho a recibir el precio. La que tenga lugar por acción u omisión del suscriptor o usuario, justificará la suspensión del servicio o la terminación del contrato, sin perjuicio de que la empresa determine el consumo en las formas a las que se refiere el inciso tercero del citado artículo. Se entenderá igualmente que es omisión de la empresa la no colocación de medidores en un período superior a seis (6) meses después de la conexión del suscriptor o usuario.

PAR. 1º—Corresponderá a la empresa probar que realizó las diligencias oportunas para efectuar la medición en las oportunidades previstas en el contrato.

PAR. 2º—En las condiciones uniformes del contrato, la empresa podrá exigir a sus nuevos suscriptores o usuarios que los equipos de medida estén localizados en zonas de fácil acceso desde el exterior del inmueble.

PAR. 3º—Cuando la localización del equipo de medida de un suscriptor o usuario ocasione la suspensión del servicio por falta de medición del consumo, la empresa podrá exigir, como condición para la reconexión del servicio, el cambio en la localización del equipo de medida a una zona de fácil acceso desde el exterior del inmueble.

ART. 32.—Determinación del consumo facturable para suscriptores o usuarios que carecen de medición individual por razones de tipo técnico, de seguridad o de interés social. El consumo facturable a suscriptores o usuarios residenciales que no cuenten con equipos de medida por razones de tipo técnico, de seguridad o de interés social se determinará, con base en el consumo promedio de los últimos seis (6) meses de los suscriptores o usuarios del mismo estrato que cuenten con medida, considerando el mercado total de la empresa. Para suscriptores o usuarios no residenciales, el consumo se determinará con base en aforos individuales.

PAR.—En las condiciones uniformes del contrato, la empresa incluirá los parámetros que utilizará para la determinación del consumo a los suscriptores o usuarios que se encuentren en esta condición, incluyendo aquellos con servicio provisional o no permanente.

De acuerdo a las normas transcritas tenemos que:

• Tanto la empresa como el usuario tienen derecho a la medición del consumo con los instrumentos técnicos adecuados.

• La falta de medición del consumo, por acción u omisión de la empresa, le hace perder el derecho a recibir el precio.

• La no instalación de medidores en un período superior a seis meses después de la conexión del suscriptor o usuario se entiende como una omisión de la empresa.

• Las empresas tendrán un plazo máximo de tres (3) años para elevar los niveles de macro y micromedición, de modo que cubran por lo menos el noventa y cinco por ciento (95%) del total de sus usuarios, para lo cual deberán dar prelación a los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3. El incumplimiento de esta obligación constituye omisión imputable a la empresa en la instalación de medidores y, en consecuencia, le hará perder el derecho a recibir el precio, por parte de aquellos usuarios en defecto del 95%, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

Ahora, de acuerdo a las pruebas que obran en el expediente se encuentra que, del total de suscriptores de la electrificadora, sólo el 9.38% cuenta con equipo de medición, es decir que el 90.62% no cuenta con medidor (5) .

(5) Esta información se deriva de la comunicación enviada por la electrificadora al personero de Quibdó, el 19 de noviembre de 2001 (fI. 346), y es corroborada por el jefe de la oficina de planeación de la electrificadora en testimonio rendido ante el Tribunal Administrativo del Chocó (fl. 448).

Conforme a lo expuesto es claro que la entidad ha incumplido su obligación de instalar y aumentar el porcentaje de medición; por esta razón, la Sala comparte la posición del a quo, en cuanto ordenó el cumplimiento de las normas mencionadas. Adicionalmente, para llegar a esta conclusión, se tiene en cuenta lo establecido en el artículo 144 de la Ley 142 (6) pues, si bien esta norma permite a las empresas obligar al usuario a adquirir el medidor, el artículo 146 de la misma ley establece que si el usuario no lo ha adquirido, la empresa debe hacerlo, a más tardar en los 6 meses siguientes a la suscripción del usuario.

(6) La entidad demandada alega que al tener en cuenta este artículo no es posible concluir que la electrificadora es quien debe poner los medidores pues son los usuarios los obligados a ponerlos.

“ART. 144.—De los medidores individuales. Los contratos uniformes pueden exigir que los suscriptores o usuarios adquieran, instalen, mantengan y reparen los instrumentos necesarios para medir sus consumos. En tal caso, los suscriptores o usuarios podrán adquirir los bienes y servicios respectivos a quien a bien tengan; y la empresa deberá aceptarlos siempre que tengan las características técnicas a las que se refiere el inciso siguiente.

La empresa podrá establecer en las condiciones uniformes del contrato las características técnicas de los medidores, y del mantenimiento que deba dárseles.

No será obligación del suscriptor o usuario cerciorarse de que los medidores funcionen en forma adecuada; pero sí será obligación suya hacerlos reparar o reemplazarlos, a satisfacción de la empresa, cuando se establezca que el incumplimiento no permite determinar en forma adecuada los consumos, o cuando el desarrollo tecnológico ponga a su disposición instrumentos de medida más precisos. Cuando el usuario o suscriptor, pasado un período de la facturación, no tome las acciones necesarias para reparar o reemplazar los medidores, la empresa podrá hacerlo por cuenta del usuario o suscriptor.

Sin embargo, en cuanto se refiere al transporte y distribución de gas, los contratos pueden reservar a las empresas, por razones de seguridad comprobables, la calibración y mantenimiento de los medidores”.

En este punto es importante aclarar que la obligación establecida por el artículo 146 de la Ley 142 de 1994 en cuanto a la instalación, máximo en 6 meses, de los medidores, es diferente a la obligación establecida en el artículo 24, literal h) de la Resolución 108 de 1997, relacionada con el aumento de los porcentajes de macro y micro medición. La diferencia aludida radica en que la obligación del artículo 146 está relacionada con el usuario en particular mientras que la obligación consagrada en el artículo 24 de la resolución corresponde a una política general de la empresa en relación con sus niveles de medición, por esta razón, a pesar de que la sanción establecida en los dos artículos es similar, a saber la pérdida del derecho a recibir el precio, su aplicación debe analizarse de manera específica de acuerdo con los supuestos de cada norma.

En cuanto a la sanción establecida en el artículo 146, la Sala considera que, ante el incumplimiento de la electrificadora, la sanción es aplicable y, en esa medida, la empresa debe abstenerse de cobrar el precio a aquellos usuarios a quienes no ha instalado los medidores y ya llevan más de 6 meses afiliados a la empresa. No ocurre lo mismo con la sanción establecida en el artículo 24 de la Resolución 108 de 1997, pues, a pesar de que se demostró el incumplimiento de la empresa en relación con los niveles de medición, la sanción que establece la norma no es clara, pues si bien establece que el incumplimiento le hace perder el derecho a recibir el precio, por parte de aquellos usuarios en defecto del 95%, no permite establecer, de manera específica a qué usuarios se debe dejar de cobrar el servicio; por ello, la Sala considera que no es posible ordenar su cumplimiento.

Adicionalmente, la Sala considera pertinente señalar que, en este caso, no tiene aplicación el artículo 32 de la Resolución 108 de 1997, según el cual “El consumo facturable a suscriptores o usuarios residenciales que no cuenten con equipos de medida por razones de tipo técnico, de seguridad o de interés social se determinará, con base en el consumo promedio de los últimos seis (6) meses”, por cuanto se probó que la razón por la que la empresa no ha instalado los medidores es la falta de recursos de la entidad, argumento que no alude a la existencia de razones de tipo técnico, de seguridad de interés social.

Por otra parte, la entidad demandada afirmó, en la impugnación, que, conforme al artículo 9º de la Ley 393 de 1997, no es posible ordenar el cumplimiento de estos artículos, por cuanto son normas que establecen gastos. Sobre este punto, se considera necesario reiterar lo expuesto por esta Sala en otra oportunidad:

“Luego, conforme al artículo 9º de la Ley 393, no puede usarse la acción de cumplimiento para que el gobierno incluya en el presupuesto un gasto previsto en la ley, pues, siendo de su libre resorte hacerlo o no, la determinación permanece en su exclusiva esfera de competencias. Tampoco puede exigirse por este medio judicial que, en los eventos en que la autoridad respectiva conserve un margen de discreción que le permita decidir lo contrario, se le ordene gastar todo lo previsto en una partida del presupuesto”.

(...).

“Así lo admitió la Corte Constitucional (7) , en una providencia por medio de la cual se denegaron las súplicas de una demanda de tutela por vía de hecho en contra de dos fallos de esta corporación. Ciertamente, la Corte aceptó que la prohibición legal contenida en el artículo 9º de la Ley 393 no puede impedir que se ordene el cumplimiento de una norma que implique una erogación presupuestal exigible en casos en que la autoridad responsable no goza de margen de discrecionalidad, sino que se encuentra totalmente obligada “a actuar positivamente de manera pronta y eficaz” (8) (se resalta).

(7) Corte Constitucional, Sentencia 1960 de 2000.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, AP-0357.

En este caso, entonces, dado que los artículos 146 de la Ley 142 de 1994 y 24 de la Resolución 108 de 1997 de la CREG no dejan a las empresas prestadoras del servicio de energía margen de discrecionalidad para elevar los niveles de macro y micromedición al 95% del total de los usuarios y, en consecuencia, les impone el deber de instalar los medidores, el gasto que demande el cumplimiento de esa obligación deberá ser asumido por la Electrificadora del Chocó.

Por todo anterior, la Sala modificará la sentencia de primera instancia, revocando la decisión relativa a la terminación de los contratos y, modificando lo relacionado con la iniciación del plan para la financiación y adquisición de los medidores y la aplicación de la sanción.

Teniendo en cuenta que la instalación de los medidores no es una tarea que pueda concretarse en unos pocos días y que la Electrificadora del Chocó se encuentra en una difícil situación económica, la Sala ordenará a dicha empresa que dé cumplimiento a las disposiciones respectivas de manera inmediata, pero se le concederá un plazo prudencial para que realice la instalación integra de dichos instrumentos. Se exigirá a la Electrificadora del Chocó que presente al Tribunal Administrativo del Chocó, cada dos meses, un informe detallado sobre las gestiones adelantadas y las que restan, de manera que, a más tardar al vencimiento del año siguiente a la ejecutoria de esta providencia, acredite que se ha realizado la instalación a, por lo menos el 95% del total de los usuarios dando prelación a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, advirtiéndole que de no hacerlo, será sancionada de acuerdo con las normas vigentes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó el 7 de marzo de 2002, la cual quedará así:

1. ORDÉNASE a la Electrificadora del Chocó dar cumplimiento inmediato a los artículos 146 de la Ley 142 de 1994 y 24 de la Resolución 108 de 1997, relativos a la medición del consumo de energía, de manera que, en un período máximo de un año, contado a partir de la ejecutoria de esta providencia, se instalen los medidores necesarios para elevar los niveles de macro y micromedición a un 95% del total de los usuarios, dando prelación a los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3.

2. ORDÉNASE a la misma empresa realizar la liquidación de las facturas, teniendo en cuenta que no puede cobrar el servicio prestado a los suscriptores o usuarios a los que no se han instalado los medidores con posterioridad al período de los seis meses siguientes de su conexión.

3. ORDÉNASE a la electrificadora formular las denuncias penales por hurto, en aquellos eventos en que se haya advertido la obtención del servicio de energía mediante acometida fraudulenta.

La Electrificadora del Chocó rendirá informes bimestrales al Tribunal Administrativo del Chocó, sobre las gestiones adelantadas para el cumplimiento de este fallo. El primero de estos informes deberá radicarse en la secretaría del Tribunal Administrativo del Chocó el 20 de mayo de 2002.

De no cumplir las órdenes aquí impartidas, el representante legal de la Electrificadora del Chocó incurrirá en desacato, sancionable de conformidad con las normas vigentes, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar.

Por secretaria compúlsense copias a la Procuraduría y a la Superintendencia de Servicios Públicos, con el fin de que investiguen las irregularidades en que pudo incurrir la Electrificadora del Chocó.

Cópiese, notifíquese, devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Ricardo Hoyos Duque, Presidente de la Sala—Alier E. Hernández Enríquez—María Elena Giraldo Gómez— Jesús M. Carrillo Ballesteros—Germán Rodríguez Villamizar.

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