Sentencia 13.231 de noviembre 29 de 2000 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PRIVADO

REQUISITOS PARA SU CONFIGURACIÓN

EXTRACTOS: «La falsedad ideológica en documentos se presenta cuando en un escrito genuino se insertan declaraciones contrarias a la verdad, es decir, cuando siendo el documento verdadero en su forma y origen (auténtico), contiene afirmaciones falsas sobre la existencia histórica de un acto o un hecho, o sus modalidades, bien porque se los hace aparecer como verdaderos no habiendo ocurrido, o cuando habiendo acontecido de determinada manera, son presentados de una diferente.

Dado que se trata de una conducta que compromete de manera exclusiva la veracidad del documento (público o privado), doctrina y jurisprudencia han coincidido en señalar que su estructuración presupone en el sujeto agente la obligación jurídica de decir la verdad, puesto que de lo contrario la declaración mendaz devendría irrelevante, y sin aptitud para afectar la confianza pública en el instrumento, en cuanto medio de prueba de los hechos o relaciones jurídicas que representa.

Entratándose de falsedad ideológica en documento público, la determinación de los casos en los cuales el funcionario está jurídicamente obligado a ser veraz no reviste inconvenientes, puesto que a ellos siempre les asiste el deber de hacerlo en ejercicio de su cargo, en virtud de la función certificadora de la verdad que el Estado les ha confiado, y la presunción de autenticidad y veracidad de que se encuentran amparados los documentos que autorizan, o en cuya elaboración intervienen. De allí que ninguna controversia surja en torno a su carácter delictivo frente a esta clase de documentos.

La discusión se presenta en relación con los documentos privados, toda vez que respecto de los particulares y el deber jurídico de decir la verdad, surgen posiciones doctrinarias contrapuestas: 1. Quienes son del criterio que no les asiste compromiso con ella, y que por tal motivo, no pueden ser, en ningún evento, sujetos activos de falsedad ideológica. 2. Quienes consideran que lo tienen en determinados casos, cuando la propia ley, expresa o tácitamente, les impone la obligación de hacerlo, evento en el cual, por tanto, incurren en el citado delito, si faltan al deber de veracidad que por mandato legal les es exigible.

La Corte se ha identificado con este último criterio, que hoy, en decisión mayoritaria reitera, aunque solo en cuanto la fuente del deber de veracidad sea la propia ley, y se cumplan otras condiciones, como que el documento tenga capacidad probatoria, que sea utilizado con fines jurídicos, y que determine la extinción o modificación de una relación jurídica sustancial con perjuicio de un tercero (cfr. Casación de 18 de abril de 1985, con ponencia del magistrado doctor Fabio Calderón Botero, entre otras).

En relación con la primera exigencia (obligación de ser veraz) debe decirse que el ordenamiento jurídico, con no poca frecuencia, impone a los particulares, expresa o tácitamente, el deber de decir la verdad en ciertos documentos privados, en razón a la función probatoria que deben cumplir en el ámbito de las relaciones jurídicas, haciendo que, frente a esta clase de documentos, se genere un estado general de confianza entre los asociados, derivado de la circunstancia de encontrarse su forma y contenido protegidos por la ley, que puede resultar afectada cuando el particular, contrariando la disposición normativa que le impone el deber de ser veraz, decide falsear ideológicamente el documento.

La obligación de decir la verdad deriva, en algunos casos, de la delegación que el Estado hace en los particulares de la facultad certificadora de la verdad, en razón a la función o actividad que cumplen o deben cumplir en sociedad, como ocurre, verbigracia, con los médicos, revisores fiscales y administradores de sociedades, quienes, frente a determinadas situaciones, y para ciertos efectos, deben dar fe, con carácter probatorio, de hechos de los cuales han tenido conocimiento en ejercicio de su actividad profesional.

Es lo que acontece, por ejemplo, con los certificados de nacimiento, defunción, o de muerte fetal que deben expedir los médicos (L. 009/79, arts. 518, 524, 525 y L. 23/81, arts. 50 y 52), o con los que deben emitir los administradores de sociedades y sus revisores fiscales por fuera de los casos comprendidos en la regulación contenida en los artículos 43 de la Ley 222 de 1995 y 21 de la Ley 550 de 1999 (C. Co., art. 395).

En otros eventos, el deber de veracidad surge de la naturaleza del documento y su trascendencia jurídica, cuando está destinado a servir de prueba de una relación jurídica relevante, que involucra o puede llegar a comprometer intereses de terceras personas determinadas, como acontece cuando la relación que representa trasciende la esfera interpersonal de quienes le dieron entidad legal con su firma, para modificar o extinguir derechos ajenos, pues cuando esto sucede, no solo se presenta menoscabo de la confianza general que el documento suscita como elemento de prueba en el ámbito de las relaciones sociales, y por consiguiente de la fe pública, sino afectación de derechos de terceras personas, ajenas al mismo.

En la sentencia que viene de ser citada, la Sala, al referirse a este concreto aspecto, precisó:

“El particular al extender documentos privados está obligado a ser veraz, fundamentalmente cuando el derecho de un tercero es susceptible de sufrir menoscabo: si el documento privado, falso en sus atestaciones, tiene como finalidad producir actos jurídicos y se pretende hacerlo valer como prueba, estructura delito de falsedad cuando de acuerdo con su clase y naturaleza, formalmente, reúne las condiciones que le son propias, según la ley y, en todo caso, cuando el comportamiento se acomoda a las exigencias del correspondiente tipo penal.

Lo anterior puede afirmarse porque el tráfico jurídico, entendido como la circulación de documentos dentro de una organización social con el objeto de concretar las transacciones civiles y comerciales realizadas a través de ese medio, sufre perjuicio con graves consecuencias para su conservación y credibilidad. Se reitera, en consecuencia, que los particulares cuando cometen falsedad ideológica en documento privado, violan con esa conducta el interés jurídico tutelado en el artículo 221 del Código Penal”.

La segunda exigencia para que la falsedad ideológica de particular en documento privado pueda tener realización típica, es que el documento tenga capacidad probatoria, condición que se cumple cuando es jurídicamente idóneo para establecer una relación de derecho, o para modificarla, es decir, cuando prueba, per se, los hechos que en él se declaran. Esto excluye como objeto posible la falsedad ideológica en documento privado con implicaciones penales, las afirmaciones mendaces que puedan llegar a hacerse en documentos que carecen de aptitud para probar por sí mismos lo que en ellos se afirma, y por ende para afectar el tráfico jurídico, como ocurre, por ejemplo, con las declaraciones de renta, o las declaraciones de bienes —aspecto que en las discusiones de Sala tanto preocupó a los magistrados que se apartan de esta decisión—. Sus implicaciones serán fiscales, o disciplinarias, según el caso, pero en modo alguno penales, salvo, claro está, que se acompañen de documentos que puedan tener una tal connotación jurídica.

En tercer lugar debe ser constatado que el documento ha sido introducido en el tráfico jurídico social, es decir, que fue utilizado con el propósito de hacerlo valer como prueba de la relación jurídica que representa, para la consecución de los fines inherentes a su esencia, que determinaron su creación, y paralelamente, que con dicho uso fueron afectadas relaciones jurídicas de personas determinadas, ajenas a las que concurrieron a su producción, porque significó la extinción de un derecho concreto, o porque lo modifica, exigencia que lleva ínsita la causación de un daño inmediato a un tercero determinado.

Sostener la atipicidad de la conducta con el argumento de que los particulares no están, en ningún caso, obligados a decir la verdad, como lo postula parte de la doctrina y lo proclaman los magistrados disidentes, contraviene la tendencia universal que aboga por la necesidad de dar crédito a los documentos privados en las circunstancias anotadas, y la consiguiente incriminación penal de comportamientos que, como los puntualizados, atentan contra la confianza general que el documento suscita como medio de prueba en el marco de las relaciones privadas, en detrimento de la seguridad del tráfico jurídico y la fe pública.

En un contexto social donde las relaciones son cada vez más complejas, y el tráfico jurídico requiere de una mayor protección para su adecuado desenvolvimiento y funcionalidad, resulta limitado pensar que el legislador colombiano haya resuelto dejar por fuera de tutela penal conductas que no sólo atentan contra su seguridad e integridad, sino que venían siendo objeto de regulación en la normatividad anterior (artículos 237 y 241 del Código Penal de 1936, en armonía con el 231, numeral 4º ejusdem).

Los antecedentes del actual estatuto, tampoco permiten llegar a dicha conclusión. En los proyectos de 1974 y 1978, se dejó expresamente tipificada la falsedad ideológica en documento privado, cuando el particular, estando por ley obligado a decir la verdad, consignare manifestaciones contrarias a ella, o la callare en todo o en parte (acta Nº 81 de la comisión de 1974, y artículo 295 del anteproyecto de 1978). Y si bien es cierto los comisionados, en el proyecto de 1979, prescindieron del citado artículo, no fue, como es sostenido por un sector de la doctrina, porque abogaran por la impunidad de la conducta, sino porque consideraron que cuando el particular estaba obligado por ley a decir la verdad, el documento dejaba de ser privado para convertirse en público, como se deduce del siguiente aparte de las argumentaciones presentadas por el comisionado doctor Estrada Vélez, para solicitar su eliminación:

“El artículo 295 del proyecto final (proyecto de 1978, aclara la Sala) se refiere a la falsedad ideológica en documento privado. En realidad resulta difícil concebir la falsedad ideológica en documento privado porque si se está obligado a decir la verdad es porque ese documento privado se convirtió en documento público en razón de que pasó por cualquier motivo el ámbito de la administración pública y de las funciones del empleado oficial. Por consiguiente, propongo no tener en cuenta este artículo en la redacción del nuevo Código Penal. El secretario informa que la comisión aprueba por unanimidad no tener en cuenta el artículo 295 del proyecto final” (acta Nº 20, comisión de 1979).

Y al ser excluido el artículo 192 del anteproyecto de 1978, que tipificaba la falsedad ideológica en certificación privada, el mismo comisionado precisó:

“Tampoco me parece oportuno tener en cuenta en el nuevo estatuto penal los artículos 292 y 293 del proyecto final referentes a la “falsedad en certificación privada“ y “falsedad en certificación privada por persona no autorizada”. La razón es evidente. Si hemos construido el tipo delictivo de falsedad en documento privado, a mi modo de ver de manera satisfactoria, y como complemento del tipo hemos previsto el evento en que ese documento pueda servir de prueba entonces una certificación privada es simplemente un documento privado...” (acta ibídem).

Como puede verse, la eliminación de los artículos que aludían específicamente a la falsedad ideológica en documento privado estuvo orientada, antes que por la pretensión de discriminalizar su realización y fijar la impunidad de dichas conductas, por la simplificación de las normas correspondientes a través de la técnica de definición legal de máxima omnicomprensión en su formulación, y la eliminación de la regulación casuística de los tipos penales de falsedad que traía el anterior estatuto, propósito en el cual se habían empeñado los comisionados, y que permitió en el cual se habían empeñado los comisionados, y que permitió la construcción de tipos a través de modelos gramaticales como el contenido en el artículo 221 del código, que comprende tanto la falsedad material como la ideológica, sin perjuicio, obviamente, de la operancia del principio según el cual el deber de veracidad exigible de los particulares sea excepcional, como ha sido la tradición en modelos sociales y políticos del tipo del nuestro.

Falsificar un documento, no es sólo alterar su contenido material (falsedad material propia), o elaborado integralmente (falsedad material impropia). Falsificar es también hacer aparecer como verdaderos, hechos que no han sucedido, o presentar de una determinada manera hechos que acontecieron en forma distinta, es decir, faltar a la verdad en el documento, o falsearlo ideológicamente. Por eso carece de sentido argumentar que el legislador dejó a la deriva la falsedad ideológica en documento privado, al no reproducir la fórmula gramatical que utilizó para los documentos públicos.

Una comprensión distinta de la expuesta, conduciría necesariamente a la conclusión de que ninguna forma de falsedad ideológica en documento privado es punible, ni siquiera las cometidas por los particulares en ejercicio de la facultad documentadora de la verdad que la ley les ha impuesto en razón a su profesión u oficio, como médicos, contadores, revisores fiscales, postura que contrasta con el contenido de las discusiones del proyecto, los antecedentes legislativos, y la tendencia actual de fortalecer la confianza en el tráfico jurídico.

Pues bien. En el caso objeto de estudio se tiene que el procesado Miguel Ángel Córdoba Uribe suscribió en los años 1991, 1992 y 1993, sendos contratos de ejecución de obra con el señor Humberto Arbeláez Ospina, para la realización de reparaciones en la casa de habitación ubicada en la Calle 5ª Nº 23-51 de la ciudad de Neiva, y que estos documentos fueron presentados al Banco de la República con el fin de obtener la despignoración y pago parcial del auxilio de cesantías, como empleado de la entidad (fls. 125, 127, 131, 148 y 149/1).

La investigación estableció que dichos contratos eran auténticos, pero su contenido mentiroso, en cuanto que la casa de habitación donde debían efectuarse las obras ya no pertenecía al procesado. Esto determinó la imputación en su contra del delito de falsedad en documento privado, en concurso homogéneo sucesivo, inicialmente en la modalidad de ideológica (resolución de acusación y sentencia de primera instancia), y después en el carácter de material (sentencia de segundo grado).

Preciso es advertir que la falsedad, en el presente caso, versa sobre la veracidad de los documentos, no sobre su autenticidad o genuinidad, y que el encasillamiento que el Tribunal hace de la conducta dentro de la modalidad de falsedad material, resulta por tanto equivocado. Para que esta última exista, se requiere que un documento verdadero haya sido adulterado, o se cree integralmente uno falso, situaciones que no se presentan en el caso en estudio. Y la circunstancia de que los contratos no pudieran cumplirse en la realidad por no ser la casa de propiedad del procesado (argumento que el Tribunal expone para sustentar su tesis), no convierte las afirmaciones mentirosas en falsedad material.

Este desacierto, empero, no afecta la estructura conceptual del proceso, ni incide en las alegaciones del casacionista, en razón a que la imputación por el referido delito se construye sobre los mismos hechos (haber faltado a la verdad en los contratos de ejecución de obra suscritos con Humberto Arbeláez Ospina), y la norma aplicada es la misma (221 del Código Penal), siendo las discrepancias más de carácter doctrinario, que jurídico.

Restaría determinar si el procesado Córdoba Uribe, atendidas las circunstancias del hecho, estaba jurídicamente obligado a decir la verdad en los contratos de obra suscritos con Arbeláez Ospina, y cuál la fuente legal de esa obligación, si en razón a que cumplía funciones certificadoras, o porque los documentos estaban destinados a servir de prueba de una relación jurídica relevante, protegida por ley, con implicaciones en la confianza colectiva, y los derechos de terceras personas.

Ab initio, se descarta la primera hipótesis, pues es claro que el procesado, al confeccionar los contratos inverídicos, no estaba cumpliendo funciones documentadoras de la verdad por delegación de la ley, en razón a su profesión u oficio. En relación con la segunda, ha de precisarse que la liquidación y pago anticipado del auxilio de cesantías es cuestión reglada por el ordenamiento jurídico. La ley establece los eventos en los cuales puede hacerse, las condiciones y el trámite que debe cumplirse, siendo obligación del trabajador demostrar, con prueba idónea y legítima, que los dineros serán utilizados en una cualquiera de las operaciones señaladas en ella, según la propuesta presentada por el peticionario.

Para el caso concreto, dicho pago se regía por lo establecido en los artículos 256 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el 18 del Decreto-Ley 2351 de 1965, y 1º y 2º del Decreto Reglamentario 2076 de 1967, acorde con lo dispuesto en los artículos 11 del Decreto 386 de 1982 y 38 literal b de la Ley 31 de 1992, sobre régimen salarial y prestacional de los trabajadores del Banco de la República.

Pensar, entonces, como lo sugiere el casacionista, que Miguel Ángel Córdoba Uribe no estaba obligado a ser veraz en los documentos que aportó para acreditar el cumplimiento de los requisitos que la normatividad establece para la obtención del pago anticipado de las cesantías, resulta equivocado. La ley exigía la demostración de ciertas condiciones por parte del peticionario, que debía acreditar con determinada clase de documentos, y ello implicaba para el procesado el compromiso jurídico con la verdad, pues de no ser así, la referida reglamentación normativa no tendría objeto, sería inútil, o cuando menos innecesaria. De allí que esta primera argumentación del censor debe desestimarse por carecer de fundamento.

El otro planteamiento expuesto, consistente en que el comportamiento es atípico por tratarse tan solo de contratos simulados, tampoco es de recibo. La imputación por el delito de falsedad en documento privado no surge del hecho aislado de haber creado contratos mentirosos, sino de haberlos usado con pretensión probatoria para la demostración de situaciones falsas, haciendo que produjeran efectos jurídicos más allá de la relación inter partes que ellos representaban, con manifiesto menoscabo de la confianza depositada en ellos como medio de prueba.

Y si el reclamo se hace consistir en que la conducta desarrollada por el procesado carece de relevancia jurídica porque no afectó o puso en peligro derechos legítimos de terceros determinados, en razón a que los dineros de las cesantías pertenecen al trabajador, y su retiro anticipado, en la forma como lo hizo Córdoba Uribe, ningún perjuicio podía causarle al banco, ha de recordarse, para desestimar también este argumento, que los valores cuyo pago obtuvo el procesado con la aportación de los contratos de obra inverídicos, se encontraban pignorados en favor del banco, por razón del préstamo que le hizo la caja de previsión social de la entidad para la adquisición de la vivienda en el año de 1987 (fls. 136, 142, 148/1), y que en tales condiciones, su desgravación y cancelación, ordenados con fundamento en los citados contratos, reportaban un perjuicio innegable para la entidad, en cuanto la privaron de una de las garantías constituidas para respaldar el pago de la obligación adquirida por Córdoba Uribe.

Ha de dejarse en claro que la Sala mayoritaria no está abogando por la punición de la simple mentira, ni por ende de las meras afirmaciones mendaces que los particulares o servidores públicos puedan hacer en los documentos que presentan con el propósito de obtener la liquidación y pago de cesantías parciales. Lo que ocurre es que en el presente caso la conducta del procesado determinó, adicionalmente, la afectación de una relación jurídica existente con el banco, al privarlo, como ya se dejó dicho, de una garantía previamente constituida para respaldar el pago de una obligación adquirida con la entidad, conducta que implica la realización de la configuración típica prevista en el artículo 221 del Código Penal».

(Sentencia de casación, noviembre 29 de 2000 (*) . Radicación 13.231. Magistrado Ponente: Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll).

(*) Se retardó la publicación de esta providencia en espera del salvamento de voto, que se transcribe a continuación, salvamento que vino a ser entregado a la Secretaría de la Sala el 7 de junio de 2001 (N. del D.).

SALVAMENTO DE VOTO

Con el mayor respeto, nos permitimos expresar las razones por las cuales nos apartamos de la decisión mayoritaria de la Sala en cuanto consideró que el artículo 221 del Código Penal no sólo tipifica la falsedad material de particular en documento privado, sino la falsedad ideológica en tal clase de instrumentos.

Tales son:

1. Tanto en los proyectos de 1972, como en los de 1976 y 1978, estuvo tipificada no sólo la falsedad material sino la ideológica, habiendo desaparecido esta última figura en la Comisión de 1979.

En el anteproyecto de 1972 se aprobaron por unanimidad los siguientes textos:

“Doctor Gutiérrez: yo también estoy de acuerdo con el texto de la norma y especialmente con el punto relacionado con el uso del documento, pues en verdad así se solucionan los problemas que ha planteado la redacción del actual artículo 241 del Código Penal, para la comprobación de esa intención de perjudicar. Por unanimidad, pues, se aprueba el artículo mencionado que queda así:

“Artículo... Falsedad material en documento privado. El que elabore un documento privado falso o altere uno verdadero, que pueda servir de prueba, será sancionado, si hiciere uso del documento falso, con prisión de dos a seis años”.

Doctor Gutiérrez: como la votación favorable fue unánime, se aprueba el artículo, que queda así:

“Artículo... Falsedad ideológica en documento privado. El que estando por la ley obligado a decir la verdad en documento privado, consignare manifestación contraria a ella que pueda servir de prueba, o la callare en todo o en parte, incurrirá, si hiciere uso de él, en prisión de dos a seis años”.

En el de 1976 se aprobaron los siguientes preceptos:

“ART. 277.—El que estando legalmente autorizado para expedir certificación privada que pueda servir de prueba, la elabore falsamente, la altere, consigne en ella una falsedad, o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de uno a cinco años.

ART. 278.—El que sin estar autorizado para expedir certificación privada que pueda servir de prueba, la elabore, altere la que haya sido debidamente expedida, u obtenga que quien esté autorizado certifique de modo falso o calle de manera total o parcial la verdad, incurrirá en prisión de uno o cinco años.

ART. 279.—El que elabore, en todo o en parte, documento privado falso o altere uno verdadero, que pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa en prisión de dos a seis años.

ART. 280.—El que elabore o altere acta eclesiástica de estado civil que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de dieciocho meses a seis años.

El que la use sin haber intervenido en su elaboración o alteración, incurrirá en prisión de uno a cinco años.

Si el que la usa fuere el mismo que la elaboró o alteró, la pena será de dos a siete años de prisión.

ART. 281.—El que al extender documento privado, destinado a servir de prueba entre particulares, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá, si lo usa, en prisión de dos a seis años”.

En el de 1978 figuran aprobados los siguientes artículos:

“ART. 292.—Falsedad en certificación privada. El que estando legalmente autorizado para expedir certificación privada que pueda servir de prueba, la elabore falsamente, la altere, consigne en ella una falsedad, o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de uno a seis años.

ART. 293.—Falsedad en certificación privada por persona no autorizada. El que sin estar autorizado para expedir certificación privada que pueda servir de prueba, la elabore falsamente, altere la que haya sido debidamente expedida, u obtenga que quien esté autorizado certifique de modo falso o calle de manera total o parcial la verdad, incurrirá en prisión de uno a cinco años.

ART. 294.—Falsedad material en documento privado. El que elabore, en todo o en parte, documento privado falso o altere uno verdadero, que pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de dos a seis años.

ART. 295.—Falsedad ideológica en documento privado. El que estando por la ley obligado a decir la verdad en documento privado, consigne manifestación contraria a ella que pueda servir de prueba, o la calle en todo o en parte, incurrirá, si hiciere uso de él, en prisión de dos a seis años”.

En el acta número 20, correspondiente a la sesión del día 23 de mayo de 1979, de la comisión creada por la Ley 5ª de 1978, se dijo:

“El secretario informa que la comisión aprueba por unanimidad los artículos con las propuestas del doctor Estrada Vélez y da lectura a los textos aprobados:

“ART. 266.—Falsedad ideológica de empleado oficial en documento público. El empleado oficial que en ejercicio de sus funciones y al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de tres a diez años.

“ART. 267.—Falsedad material de particular en documento público. El que falsifique documento público que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de dos a ocho años.

“ART. 268.—Falsedad ideológica de particular en documento privado. El que obtenga que un empleado oficial, en ejercicio de sus funciones, consigne en documento público que pueda servir de prueba, manifestación falsa, o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de dos a ocho años”.

Doctor Estrada Vélez: El artículo 291 del proyecto final debe ser negado, porque, en realidad, la conducta allí descrita está subsumida en los dos artículos anteriormente aprobados, relacionados con la falsedad material e ideológica de particular en documento público, pues se refiere al empleado oficial que falsifica documento público por fuera del ejercicio de sus funciones.

Tampoco me parece oportuno tener en cuenta en el nuevo estatuto penal los artículos 292 y 293 del proyecto final referentes a “la falsedad en certificación privada” y “falsedad en certificación privada por persona no autorizada”. La razón es evidente. Si hemos construido el tipo delictivo de falsedad en documento privado —a mi modo de ver de manera satisfactoria— y como complemento del tipo hemos previsto el evento de que ese documento pueda servir de prueba, entonces una certificación privada es simplemente un documento privado, y con el texto del proyecto final se confunde la falsedad material con la falsedad ideológica, con lo cual podríamos correr el riesgo de crear un tipo penal susceptible de interpretación jurisprudencial errónea en el futuro. De ahí la importancia de haber contemplado tipos separados para la falsedad en documento público y la falsedad en documento privado. Igualmente, tipos diferentes con relación a esos documentos para la falsedad ideológica y la falsedad material. Aunque con relación al documento privado no hemos aprobado los artículos todavía, vemos ya esa necesidad precisamente porque hicimos diferencia también con relación al sujeto activo del delito de falsedad, al hacer distinción entre el empleado oficial y el particular. Por consiguiente, tampoco hay razón para tener en cuenta el artículo 293.

El secretario informa que la comisión aprueba la propuesta del doctor Estrada Vélez. ...Respecto al artículo 292, el doctor Giraldo Marín considera necesaria la inclusión dentro del texto y promete para la próxima sesión traer un texto a consideración de la comisión.

Doctor Estrada Vélez: El artículo 294 del proyecto final, referente a la falsedad material en documento privado, debe decir: “el que falsifique documento privado que pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de dos a seis años”.

En consideración la propuesta del nuevo texto.

El secretario informa que la propuesta del doctor Estrada Vélez se aprueba por unanimidad y da lectura al nuevo artículo aprobado:

“ART. 269.—Falsedad material en documento privado. El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de dos a seis años”.

Doctor Estrada Vélez: El artículo 295 del proyecto final se refiere a la falsedad ideológica en documento privado. En realidad, resulta difícil concebir la falsedad ideológica en documento privado, porque si se está obligado a decir la verdad, es porque ese documento privado se convirtió en documento público en razón de que pasó por cualquier motivo al ámbito de la administración pública y de las funciones del empleado oficial. Por consiguiente, propongo no tener en cuenta este artículo en la redacción del nuevo Código Penal.

El secretario informa que la comisión aprueba por unanimidad no tener en cuenta el artículo 295 del proyecto final”.

Como se puede observar la falsedad ideológica en documento privado desapareció del texto del proyecto de código, sin que se hubiera dicho que esa clase de falsedad quedaba comprendida en el artículo 269 (proyecto de 1979) (falsedad material en documento privado, hoy artículo 221).

Se expresa en la decisión mayoritaria de la Sala que si “los comisionados, en el proyecto de 1979 prescindieron del citado artículo (se refiere al que describía la falsedad ideológica en documento privado), no fue, como es sostenido por un sector de la doctrina, porque abogaran por la impunidad de la conducta, sino porque consideraron que cuando el particular estaba obligado por la ley a decir la verdad, el documento dejaba de ser privado para convertirse en público...”, argumento que no compartimos, porque aún aceptando que no quisieron dejar impunes algunas especies de falsedad ideológica en documento privado, ese pensamiento, posiblemente por inadvertencia, no quedó consagrado en la ley, siendo obvio, que lo que obliga no es lo que los redactores pensaron sino lo que en últimas quedó expresamente plasmado.

Si en vía de discusión aceptáramos lo dicho por el comisionado Estrada Vélez (en el sentido de que si el particular está obligado a decir la verdad es difícil concebir la falsedad ideológica porque el documento privado se convierte en público), fatalmente, y ante la ausencia de norma que recoja esa falsedad, tendríamos que concluir que el particular que estando obligado por la ley a decir la verdad en documento privado que pueda servir de prueba, consigna cosa contraria a ella o la calla total o parcialmente, si lo usa, no incurre en falsedad ideológica en documento privado, sino en documento público, porque esa fue la equivocada razón que se dio para suprimir la norma. Pero como lo que obliga, como ya lo expusimos, es lo que queda contemplado en el texto del articulado y no el querer de los comisionados que apenas sirve como criterio para interpretar el sentido de la ley, la única conclusión a la que se puede llegar es que es cierto que algunas especies de falsedad ideológica en documento privado no se quisieron dejar impunes, pero por una razón que no fue desarrollada ni recogida en el texto del articulado, a saber, que el documento privado devenía en público, inadvertidamente la falsedad ideológica es documento privado se sacó del proyecto y, por ende, no se tipificó.

Existe otra razón para afirmar que este tipo de falsedad no fue recogido en la ley, consistente en que para los dos modelos de comportamiento se utilizaron dos verbos rectores distintos: para la material, “falsificar”, y para la ideológica, “consignar” y “callar”, tal como aparece en los artículos 218 y 219 del Código Penal, referentes a la falsedad material y a la falsedad ideológica en documento público. Para la falsedad material e ideológica en documento privado, también aparecían en el proyecto dos artículos, el 294 y el 295 (proyecto de 1978), atinentes a cada una de esas modalidades, respectivamente, de los cuales desapareció el segundo.

En consecuencia, no podemos entender que en un Estado de derecho, que proclama que la legalidad es uno de sus principios tutelares, y al tenor de la cual, referida al campo penal, “nadie podrá ser condenado por un hecho que no esté expresamente previsto como punible por la ley penal vigente al tiempo en que se cometió, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidas en ella”, y donde la ley penal debe definir el hecho punible de manera inequívoca (art. 2º, ibídem, se pueda afirmar que en el artículo 221 se tipificaron las dos modalidades de falsedad.

2. Estamos de acuerdo con la decisión mayoritaria en que cuando se trata de documentos públicos, los funcionarios están jurídicamente obligados a ser veraces, en razón de la función certificadora de la verdad que el Estado les ha confiado y de la presunción no sólo de autenticidad sino de veracidad con que se encuentran amparados los instrumentos que otorgan o autorizan, y que cuando se trata de documentos privados, los particulares, como norma general, no están obligados a decir la verdad.

En otras palabras, en lo concerniente a los documentos privados sólo hay confianza sobre su autenticidad (pues generalmente creemos que fue otorgado por quien en él aparece), pero no sobre su veracidad, ya que cada quien puede creer o no lo que en él se dice.

Sin embargo, y en eso también compartimos la ponencia, hay ciertos documentos privados en que existe un sentimiento colectivo de confianza no sólo sobre su autenticidad sino sobre su veracidad por la función probatoria que cumplen en el ámbito de las relaciones jurídicas, como ocurre con los certificados médicos, los de los centros educativos, los de los revisores fiscales, los de las entidades bancarias, etc.

Es decir, aquellos casos en que el Estado ha delegado en los particulares la función certificadora y que, por lo mismo, para nosotros, son los únicos en que el particular tiene el deber jurídico de ser veraz.

Es éste el único evento en que podría hablarse de falsedad ideológica en documento privado, siendo lo jurídico y deseable que esta modalidad falsaria fuera expresamente contemplada en la ley penal, tal como aparecía en el artículo 295 del proyecto, antes transcrito.

No obstante, dándole una interpretación generosa al actual artículo 221, citado, podríamos aceptar que sólo esta especie de falsedad ideológica quedó contemplada en aquel precepto, pero ninguna otra.

Por lo tanto, si se falta a la verdad en otra clase de documentos privados, esto es, en todos aquellos en que los particulares no son delegatarios de la facultad certificadora, como los contratos de obra para mejoras de la casa de habitación, las declaraciones de bienes, las recomendaciones sobre la buena conducta de una persona, las hojas de vida, las declaraciones de renta (que en contra de lo que se dice en la ponencia son verdaderos documentos con aptitud probatoria, pues están destinados a acreditar el hecho de los ingresos y el patrimonio para los efectos de la obligación tributaria), etc., no se comete falsedad ideológica en documento privado, lo que no implica que mediante ellos no se puedan cometer atentados contra el patrimonio.

Por las razones expuestas estimamos que en el presente caso no se tipificaba la falsedad ideológica en documento privado, por lo que se ha debido casar el fallo.

Jorge E. Córdoba Poveda—Carlos Augusto Galvez Argote—Jorge Aníbal Gómez Gallego. 

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