Sentencia 13255 de mayo 15 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE TRABAJADORES OFICIALES

NO SE REGULA POR CONVENCIONES COLECTIVAS

EXTRACTOS «Álvaro Barrero Buitrago, solicita se declare nulo el acto administrativo contenido en la circular 37 del 19 de diciembre de 1995, proferida por la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, y mediante la cual se fijó el alcance del código disciplinario único en cuanto a su aplicación respecto de los trabajadores oficiales, en el sentido de que según dicha circular, las regulaciones convencionales sobre régimen disciplinario continúan rigiendo preferencialmente, y el Código Disciplinario Único, sólo se aplica en ausencia de disposiciones convencionales (fl. 3).

(...).

La Carta Política de 1991, en el capítulo 2º del título V denominado “organización del Estado”, al regular el manejo del recurso humano al servicio del Estado o función pública, describió en el artículo 123, la clasificación de los “servidores públicos”, y dentro de sus diferentes especies relacionó a los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y los trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, que no son otros que los denominados “trabajadores oficiales”.

En el artículo 124, precisó que es a la ley a quien le corresponde fijar la responsabilidad de los servidores públicos, y la manera de hacerla efectiva, esto es, tanto a los miembros de las corporaciones públicas, como a sus empleados y trabajadores oficiales.

Teniendo en cuenta los anteriores preceptos constitucionales, la Ley 200 de 1995 prescribió que son destinatarios de la ley disciplinaria, tanto los miembros de las corporaciones públicas, como los empleados y trabajadores, éstos últimos que no son otros que los llamados trabajadores oficiales, a los cuales se refirió la Corte Constitucional mediante fallo de fecha 25 de junio de 1996, con ponencia del doctor Alejandro Martínez Caballero, al declarar exequible el artículo 20 de la Ley 200 de 1995, en cuanto se refiere a los citados trabajadores oficiales.

Dijo la Corte Constitucional en el fallo que nos ocupa:

“7. En este orden de ideas, los trabajadores del Estado vinculados mediante un contrato laboral de trabajo (sic) están bajo la subordinación del Estado. Es así como no tiene relevancia para la determinación de la calidad de sujeto disciplinable, la forma de vinculación del servidor público a la organización estatal. Dado lo anterior, los trabajadores oficiales son destinatarios de un régimen disciplinario impuesto por el Estado de forma unilateral, por lo cual la Corte Considera que es admisible, constitucionalmente el texto legal acusado “empleados y trabajadores” del artículo 20 del Código Disciplinario Único. Esta aplicación de la ley disciplinaria a los trabajadores oficiales no es en manera alguna caprichosa sino que deriva de las funciones de interés general que cumplen estas personas. (C.P., art. 209), por lo cual, como bien lo señala la vista fiscal, es razonable que el régimen disciplinario no sea materia de acuerdo entre las partes, porque en este campo están en juego valores sociales y estatales que desbordan los intereses de los partícipes en la relación de derecho público”.

De otra parte, conviene señalar que no sólo desde el punto de vista normativo se entienden aplicables los preceptos del Código Disciplinario Único para los trabajadores oficiales, sino que la intención del legislador fue expresa al respecto en la etapa de la exposición de motivos de la que con posterioridad se convirtió en la Ley 200 de 1995. En efecto, en la ponencia para segundo debate en el Senado de la República se dijo al respecto:

“Son destinatarios de la ley disciplinaria los miembros de las corporaciones públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitorias, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República, los integrantes de la comisión de lucha ciudadana contra la corrupción y las personas que administren los recursos de que trata el artículo 338 de la Constitución Nacional”.

Por consiguiente, se concluye que el Código Disciplinario Único, contenido en la Ley 200 de 1995, no es un estatuto disciplinario subsidiario que se aplique solamente en ausencia de pacto o convención colectiva sobre el particular, sino que dicho procedimiento como norma de orden público, es de obligatoria aplicación, y no es susceptible de dejar de ser aplicado ni de ser modificado mediante pacto o convención colectiva, sino que dicho procedimiento prima sobre cualquier estipulación.

Por lo tanto, la circular acusada es violatoria de normas superiores, motivo por el cual deberá ser anulado su párrafo final.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Declárase nulo el párrafo final de la Circular 37 del día 19 de diciembre de 1995, proferida por la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, y cuyo texto dice literalmente:

“Con base en las anteriores consideraciones, este despacho estima que las regulaciones convencionales relativas al régimen disciplinario mantienen su vigencia, y deben aplicarse con preferencia a las contenidas en la Ley 200 de 1995, las cuales sí operarán en ausencia de disposiciones convencionales”.

Cópiese, notifíquese, cúmplase, y publíquese en los anales y una vez ejecutoriada archívese».

(Sentencia de mayo 15 de 1997. Expediente 13255. Consejero Ponente: Dr. Javier Díaz Bueno).

ACLARACIÓN DE VOTO

Santafé de Bogotá, D.C., junio doce de mil novecientos noventa y siete.

Aunque compartí lo resuelto en este asunto en el sentido de anular el párrafo demandado por la redacción que contiene la Circular Nº 037 del 19 de diciembre de 1995, expedida por la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, en ese acápite, considero indispensable aclarar que me aparto de algunos razonamientos de la parte motiva, en cuanto señala que a partir de la expedición de la Ley 200 de 1995 (Código Único Disciplinario), no es procedente incluir en las convenciones colectivas cláusulas relacionadas con el tema disciplinario.

En efecto, a mi juicio sí es dable pactar cláusulas atinentes al régimen o trámite disciplinario en aquellas materias que no fueron reguladas por la ley 200, como desarrollo del principio de autonomía de la voluntad de las partes, —empleadores y trabajadores—, y en virtud del ámbito propio de la negociación colectiva.

En efecto, las convenciones colectivas son para mejorar las condiciones que rigen el contrato de trabajo y nada obsta para que esto pueda hacerse respecto del trámite del proceso disciplinario, bajo el supuesto ya precisado de que se trate de materias diferentes a las reguladas por la Ley 200 de 1995.

Con todo comedimiento,

Carlos Arturo Orjuela Góngora.

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