Sentencia 13260 de julio 31 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

TÍTULO EJECUTIVO DERIVADO DE CONTRATO ESTATAL

ES DE EJECUCIÓN INMEDIATA

EXTRACTOS: «El título ejecutivo que sirvió de recaudo está contenido en el acto administrativo bilateral de liquidación que aparece en el acta correspondiente de 5 de junio de 1995. De ese acto se desprende una obligación contra la entidad pública que es clara, expresa y exigible cuando se formuló la demanda el 18 de diciembre de 1995, ya que las ejecuciones contra las entidades del orden nacional, cuyo título ejecutivo emana de un contrato estatal, no estarán sometidas al término de los dieciocho meses señalados en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, pues este término hace referencia expresa a las ejecuciones de sentencias de condena dictadas por esta jurisdicción y a las provenientes de actos administrativos de carácter laboral; esto último por la interpretación dada por la Corte Constitucional en su sentencia de 1º de octubre de 1992 (S-546).

Tiene sentido el término indicado, por cuanto el manejo presupuestal así lo impone, ya que es prácticamente imposible prever cuándo nacerá el título correspondiente; por tal motivo, los cálculos dentro del presupuesto para el pago de esas obligaciones se hacen en forma global y para las condenas que sean más previsibles dentro del ejercicio presupuestal. De allí que ese manejo presupuestal ordinariamente sólo podrá iniciarse a partir de la ejecutoria del fallo o del acto correspondiente. Pero frente a los títulos derivados de los contratos no sucede igual porque éstos deberán celebrarse sólo cuando tengan reserva presupuestal; de allí que cualquier reconocimiento que haga la administración tendrá, en principio, ese respaldo. Si este no fuere suficiente deberá darse cumplimiento al inciso 2º del artículo 27 de la Ley 80 de 1993, en armonía con el nl 14 de su artículo 24.

Cabe recordar, al margen, que cuando el título ejecutivo sea una sentencia o un acto administrativo ejecutoriado, el régimen de las excepciones tiene restricción porque no se podrán formular como tales aquellas que debieron formularse dentro del proceso que culminó con la sentencia que se hace valer en el proceso ejecutivo o que “debieron ser objeto de recursos por la vía gubernativa”, contra el acto administrativo ejecutoriado que sirve de recaudo. Así no podrán alegarse en los eventos enunciados aquellas excepciones que atacan al nacimiento mismo de la obligación o su cuantía real.

Ha dicho la jurisprudencia igualmente que cuando la liquidación del contrato se hace de común acuerdo entre las partes, su impugnación no podrá hacerse, en principio, sino alegando un vicio en el consentimiento».

(Sentencia de julio 31 de 1997. Expediente 13.260. Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo).

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