Sentencia 13292 de octubre 29 de 2001 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

FISCALES DELEGADOS

INTERÉS JURÍDICO PARA ALEGAR NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA

EXTRACTOS: «1.1. Los fiscales delegados ante los jueces de la República, en tanto adquieren la calidad del sujeto procesal con la ejecutoria de la resolución de acusación y actúan como tal en la fase del juzgamiento, según lo disponía el artículo 444 del Código de Procedimiento Penal anterior (D. 2700/91), y ahora lo establece el artículo 400 del nuevo régimen procedimental (L. 600/2000), están legitimados para interponer los recursos ordinarios y extraordinarios, si a ello hubiere lugar.

1.2. En cuanto atañe al interés jurídico para impugnar la sentencia del Tribunal Superior a través del recurso extraordinario es menester verificar en cada caso particular y concreto, si dicho fallo inflige agravio, perjuicio o menoscabo a los derechos del sujeto procesal, que en tratándose del fiscal delegado coinciden con sus atribuciones constitucionales y legales.

En otras palabras, si el fallo del Tribunal Superior obstaculiza o conspira contra el logro de alguno de los cometidos de la Fiscalía General de la Nación, o contra los medios o métodos legítimos para alcanzarlos, los fiscales delegados tendrían interés jurídico para impugnar.

De conformidad con el artículo 250 de la Constitución Política, corresponde a la Fiscalía General de la Nación investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores “ante los juzgados y tribunales competentes”.

Vale decir, para el desarrollo de la función básica de acusar a los presuntos infractores de la ley penal, es deber de los fiscales delegados velar también por que el proceso sea dirigido por los funcionarios judiciales competentes y, por ende, les asiste un claro interés jurídico para interponer el recurso extraordinario de casación cuando su pretensión se endereza a enmendar posibles vicios de nulidad originados en la falta de competencia de quien adopta las decisiones trascendentes.

El aserto anterior se fundamenta en que la Fiscalía General de la Nación no puede dirigir su actividad hacia el logro de sus objetivos institucionales de cualquier manera, sino con estricto apego al debido proceso preestablecido constitucional y legalmente.

La competencia es parte integral de la estructura básica del procedimiento, de las formas propias de cada juicio, y se discierne exclusivamente por virtud de la ley, sin que respecto de ella puedan los sujetos procesales disponer en absoluto. Las normas que la regulan son de orden público, de obligatorio acatamiento, y la falta de competencia no puede convalidarse a discreción de aquellos.

De ahí que, tratándose de nulidades por falta de competencia, el fiscal delegado que intervino en algunos de los actos que más tarde denuncia como afectados por nulidad, tiene interés jurídico para buscar la enmienda de tales irregularidades a través del recurso extraordinario de casación, aunque no hayan sido invocadas hasta el término de traslado común para preparar la audiencia pública de juzgamiento».

(...).

DELITO DE EXTORSIÓN

COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA

EXTRACTOS: «Asegura el Fiscal Delegado Veintiséis adscrito a la Dirección Seccional de Fiscalías de Arauca, que el valor final entregado a los extorsionistas fue de veinte mil pesos ($ 20.000), cifra que determina la cuantía, y que radica la competencia por dicho factor en los juzgados penales municipales; y que, entonces, es nulo por falta de competencia lo actuado en primera instancia por el fiscal delegado ante los jueces penales del circuito, por éste funcionario, y por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta.

Como pasa a demostrarse, la pretendida nulidad es inexistente y por ello el cargo no sale avante.

3. Razón asiste al procurador delegado cuando advierte que el demandante confunde el ánimo extorsivo de los implicados, materializado en la exigencia inicial de quince millones de pesos ($ 15.000.000), y final de diez millones de pesos ($ 10.000.000) a los propietarios de la empresa Disnaequipos, conducta que se juzga y que determina la competencia, con la actividad de inteligencia militar, que tras identificar las llamadas telefónicas intimidatorias, decidió simular la entrega de esta suma, cuando únicamente veinte (20) billetes de mil pesos eran reales, y el resto, recortes de papel periódico.

En efecto, se observa en el Fiscal Seccional Veintiséis de Arauca una severa confusión conceptual, desde la noción misma de conducta punible, especialmente en cuanto hace a la teoría de la acción, hasta las implicaciones de la competencia por razón de la cuantía.

4. Se juzga la acción o conducta punible de los implicados, es decir, sus manifestaciones ilegítimas, lo que ellos hicieron en contra de la ley. De ahí que, el límite de esa actividad comportamental demarca los diversos extremos del proceso penal, por ejemplo, la selección de la norma penal infringida, los dispositivos amplificadores del tipo (tentativa y coparticipación) si a ello hubiere lugar, la determinación de las circunstancias, etc.

La misma conducta delictiva, no factores extraños a ella, ofrece los parámetros para fijar la competencia de investigación y juzgamiento por razón de la cuantía, según lo establecido previamente por la ley.

En otras palabras, la acción positiva o conducta desplegada por los sujetos activos del tipo penal de extorsión marca la pauta para fijar la competencia por razón de la cuantía, pues es su hacer ilegítimo el que se juzga, con independencia de lo que hagan frente a la exigencia quienes padecen el constreñimiento, las autoridades o terceras personas.

5. El casacionista incurre en el desatino de otorgar al quehacer del comando operativo Nº 2 del Ejército Nacional, y a los pormenores del plan de inteligencia, capacidad para señalar o modificar la competencia para conocer del delito de extorsión por razón de la cuantía.

Cabe preguntar, siguiendo el pensamiento del impugnante, ¿a qué autoridad hubiese correspondido la investigación y el juzgamiento de la presente extorsión, si en lugar de los veinte mil pesos los estrategas militares deciden armar el paquete simulando exclusivamente con papeles sin ningún valor, o con billetes falsos?

6. Precisamente, porque los diez millones de pesos ($ 10.000.000) finalmente exigidos por los extorsionistas nunca llegaron a sus manos, debido a la interferencia del operativo de inteligencia, el Tribunal Superior de Cúcuta profirió sentencia condenatoria por el delito en la modalidad de tentativa.

Si los actos idóneos e inequívocamente dirigidos a la consumación del delito realizados por el sujeto activo no alcanzan la perfección del tipo básico, por causas ajenas a su voluntad, como en el caso que se examina, no por ello el delito deja de existir en términos de lo punible, sino que subsiste, pero en la connotación de imperfecto o en grado de tentativa.

La tentativa es estructuralmente un ente jurídico autónomo, un delito degradado, por así decirlo, pues es un hecho punible imperfecto, sujeto a la consecuencia jurídica de la pena, siempre referido a las figuras típicas consagradas en la parte especial del estatuto penal, razón por la cual se le ha catalogado como dispositivo amplificador del tipo, pues se adapta al hecho punible iniciado, con la única salvedad de que por causas distintas a la voluntad del agente no alcanza su consumación.

Por estos motivos, resulta abiertamente contradictorio el argumento central de la demanda consistente en que los veinte mil pesos ($ 20.000) llegados a manos de los extorsionistas determinan la competencia por razón de la cuantía, al tiempo que admite que se trató de una tentativa; pues, precisamente, los procesados intentaron apoderarse primero de la suma de quince millones de pesos ($ 15.000.000), monto que rebajaron a diez millones ($ 10.000.000) en la negociación, a través de amenazas violentas, e iniciaron la ejecución de esa conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, sólo que ésta no se produjo, no porque ellos hubiesen desistido, sino porque el comando operativo del Ejército Nacional los descubrió.

5. A parte de los anteriores defectos de orden conceptual, el libelista parece desconocer u olvidar que las discusiones en torno de la determinación de la cuantía en el delito de extorsión fueron plenamente zanjadas por el legislador, antes de llevarse a cabo la audiencia pública (ago. 13/96) en este caso, y antes de proferirse los fallos de instancia (ago. 22 y oct. 28/96, respectivamente). Veamos:

La Ley 282 de 1996, publicada en el Diario Oficial Nº 42.804 del 11 de junio de 1996, establece:

“ART. 16.—Competencia por cuantía para extorsión. En los procesos por delitos de extorsión, la competencia por razón de la cuantía se fijará en atención al valor inicialmente exigido”.

Los hechos que dieron lugar al ejercicio de la acción punitiva del Estado ocurrieron en 1995. El Gobierno Nacional fijó el salario mínimo legal mensual para ese año en la suma de $ 118.933.50, mediante el Decreto 2872 de 1994.

El artículo 73 del Código de Procedimiento Penal (D. 2700/91), modificado por el artículo 11 de la Ley 81 de 1993, establecía que los jueces penales municipales conocen de los procesos por delitos contra el patrimonio económico cuya cuantía no exceda de cincuenta salarios mínimos mensuales vigentes al momento de la comisión del hecho.

Cincuenta salarios mínimos de 1995 equivalían a $ 5.946.675, cuantía límite de competencia de los jueces penales municipales para dicho año.

Si la cifra exigida inicialmente por los extorsionistas fue de quince millones de pesos ($ 15.000.000), es claro que el juez penal municipal carecía de competencia para conocer del ilícito contra Disnaequipos.

Contrario a lo que asevera el impugnante, por razón de la cuantía la competencia sí radicaba en los jueces penales del circuito, en consideración a la cláusula general, pues a los jueces regionales, hoy especializados, la Ley 81 de 1993 asignó el conocimiento de las extorsiones en cuantía superior a 150 salarios mínimos legales mensuales únicamente.

En ese orden de ideas, el cargo no prospera, pues, como se ha demostrado, se cimentó en presupuestos alejados de la realidad fáctica y jurídica».

(Sentencia de casación, octubre 29 de 2001. Magistrado Ponente: Dr. Édgar Lombana Trujillo).

_________________________________