Sentencia 13329 de noviembre 30 de 2000

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

Consejero ponente:

Dr. Ricardo Hoyos Duque

Radicación número: 13329

Actor: Jose Antonio Rincon Tobo

Demandado: Nacion-Mindefensa- Ejercito Nacional

Bogotá, D.C., treinta de noviembre de dos mil.

Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, el 11 de diciembre de 1996, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

Antecedentes procesales

1. Las pretensiones.

Por intermedio de apoderado judicial, los señores JOSE ANTONIO RINCON y CECILIA JIMENEZ DE RINCON, actuando en nombre propio y en representación de sus hijos menores LOURDES NATALIA y ZAMARA JOHANA RINCON JIMENEZ; JOSE RAMON RINCON JIMENEZ y DOLORES TOBO presentaron demanda ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, el día 25 de noviembre de 1993, a fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

“PRIMERA. Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la NACION (Ministerio de Defensa) de los perjuicios ocasionados a los demandantes con motivo de la muerte de Oscar Jahir Rincón Jiménez, en hechos ocurridos el día 11 de agosto de 1992 dentro del batallón de servicios No.1 en la ciudad de Tunja.

“SEGUNDA. Condenar a la NACION (Ministerio de Defensa) a pagar a cada uno de los demandantes a título de perjuicios morales el equivalente en pesos de las siguientes cantidades de oro fino según su precio de venta certificado por el Banco de la República a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia:

“1. Para José Antonio Rincón Tobo y Cecilia Jiménez de Rincón mil (1.000) gramos de oro para cada uno en su condición de padres de la víctima.

“2. Para José Ramón. Lourdes Natalia y Zamara Johana Rincón Jiménez quinientos (500) gramos de oro para cada uno en su condición de hermanos de la víctima.

“3. Para Dolores Tobo mil (1.000) gramos de oro en su condición de abuela paterna de la víctima.

“TERCERA. Condenar a la NACION (Ministerio de Defensa) a pagar a favor de Cecilia Jiménez de Rincón los perjuicios materiales sufridos con motivo de la muerte de su hijo Oscar Jahir Rincón Jiménez, teniendo en cuenta las siguientes bases de liquidación:

“1. Un salario de tres mil (3.000) pesos diarios, o en subsidio el salario mínimo legal vigente en agosto de 1992, o sea la suma de sesenta y cinco mil ciento cincuenta ($65.150) pesos mensuales, más un veinticinco por ciento (25%) de prestaciones sociales en ambos casos.

“2. La edad probable de la demandante y la edad de veinticinco (25) años de la víctima, según la tabla de supervivencia aprobada por la Superintendencia Bancaria.

“3. Actualizada dicha cantidad según la variación porcentual del índice de precios al consumidor existente entre agosto de 1992 y el que exista cuando se produzca el fallo de segunda instancia o el auto que liquide los perjuicios materiales.

“4. La fórmula de matemáticas financieras aceptada por el Honorable Consejo de Estado, teniendo en cuenta la indemnización debida o consolidada y la futura.

“CUARTA. La NACION por medio de los funcionarios a quienes corresponda la ejecución de la sentencia, dictará dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la misma, la resolución correspondiente en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento y pagará intereses comerciales dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria y moratorios después de dicho término”.

2. Fundamentos de hecho.

Los hechos relatados en la demanda pueden resumirse así: Oscar Jahir Rincón Jiménez ingresó al batallón de apoyos y servicios para el combate No. 1, con sede en Tunja para prestar el servicio militar obligatorio. El 11 de agosto de 1992 cumplió los 18 años de edad, motivo por el cual sus compañeros lo festejaron. En las horas de la noche del mismo día se retiró a su habitación, momentos después fue hallado muerto, víctima de una lesión producida con arma de fuego.

3. La sentencia recurrida.

Según el Tribunal en el caso concreto, “no se encuentra prueba alguna de la cual se deduzca que el soldado Oscar Rincón Jiménez estuviese en misión de servicio o en cumplimiento de una orden superior, tampoco se encuentra prueba que demuestre que hubo algún tipo de riña en el cuarto donde se encontraba, o que tuviese inconvenientes personales con algún superior u otro soldado, por el contrario, los testimonios que se encuentran en el proceso y que han sido trasladados sin ser ratificados cuentan los comentarios que hacía el hoy occiso en el sentido de que el día de su cumpleaños pasaría algo, y de que tenía una promesa con un compañero que igualmente se suicidó”.

Consideró el a quo que si bien la falla del servicio no fue acreditada, sí puede afirmarse que el hecho ocurrió por culpa exclusiva de la víctima, quien resolvió poner fin a su vida con un arma de fuego de propiedad privada. “Razón por la cual no se compromete la responsabilidad extracontractual del Estado y por ello no está obligado a indemnizar en esta oportunidad, pues no se demostró que hubiese violado sus obligaciones de medio”.

Agrega que tampoco hubo omisión de las autoridades militares, pues “OSCAR JAHIR no presentaba, o por lo menos no existe prueba de ello, un cuadro clínico del cual dependiera su anormalidad síquica, por consiguiente para la administración no le resultaba previsible la determinación del hoy occiso. Bajo esa óptica tampoco resultaba reprochable el que se mantuviese en filas”.

4. Razones de la apelación.

En criterio del apoderado de los demandantes, “no se puede aceptar la culpa de la víctima pues nadie vio que se suicidara ni como ocurrió su muerte. No es posible que a la ligera se concluya en tal hecho y menos cuando hay tantas dudas y vacíos sobre la indebida tenencia y manipulación del arma homicida. De las declaraciones de algunos compañeros que digan que la novia no lo llamó el día de su cumpleaños o porque estaba triste no se puede colegir que se suicidó”.

No obstante, afirma que en el hipotético caso de que el soldado se hubiera suicidado, la administración debe responder por haber incurrido en omisión, pues a pesar de tener conocimiento del hecho no se tomaron las medidas preventivas, como auxiliarlo médicamente o desvincularlo de la institución. En este evento, la responsabilidad del Estado se deduciría de la negligencia en que incurrieron el cabo Rafael Barrera Mora por portar armas de su propiedad dentro del batallón y dejársela a guardar a un soldado; el soldado Alexander Pedreros por mentir sobre el sitio donde tenía guardada el arma y el dragoneante Leonardo Cepeda Toscano porque le dio las llaves del economato del batallón al soldado Oscar Jahir Rincón.

Apoya sus consideraciones en jurisprudencia de la Sala relacionada con las obligaciones de resultado, amparada por la presunción de culpa, bajo la teoría del depósito necesario de personas.

5. Actuación en segunda instancia.

Dentro del término concedido para presentar alegaciones ante esta instancia, intervinieron el apoderado de la parte demandada y el Ministerio Público.

El primero solicita que se confirme la sentencia impugnada. En su criterio, de las pruebas que obran en el expediente se puede concluir que Oscar Rincón tomó la decisión de quitarse la vida por razones que sólo él conocía, sin intervención de terceras personas y por lo tanto, la Nación debe ser exonerada por existir culpa exclusiva de la víctima.

Agrega que a pesar de que “el occiso se encontraba dentro de las instalaciones militares, esto no significa que el Estado tenga responsabilidad en la vida decisión de que éste se eliminara. No existían antecedentes clínicos que indicaran que la víctima tuviera desequilibrios como para que la administración tomara las medidas pertinentes y los comentarios hechos al respecto, eran eso, comentarios que generalmente se toman como bromas entre compañeros a las que no se le dan importancia. La decisión tomada por el occiso de quitarse la vida fue un hecho ajeno a la administración y por lo tanto, no está llamada a responder”.

El Ministerio Público solicita que se confirme la sentencia proferida por el Tribunal porque en su criterio no está acreditada en el proceso la falla imputable a la administración. “No se probó que el disparo que cegó la vida del soldado Oscar Jahir Rincón Jiménez haya provenido de un agente del Estado en ejercicio de sus funciones o que la muerte del mismo se haya debido a culpa de la administración y, por el contrario, en el expediente existen serios indicios que llevan razonablemente a pensar que el citado soldado se suicidó”.

En su criterio, “se encuentra establecido mediante los testimonios de varios de sus compañeros de filas que el soldado Rincón Jiménez constantemente manifestaba su deseo de quitarse la vida y específicamente había expresado que el día de su cumpleaños llevaría a cabo tal acción si su novia no lo llamaba. Cuentan también los declarantes que el día anterior al de su fallecimiento se había accionado dos veces un revólver en la boca, no causándose ninguna lesión por encontrarse el arma descargada”.

Sin embargo, considera que el hecho de que el soldado Rincón hubiera exteriorizado su deseo de terminar con su existencia no constituye una falla del servicio, pues la intención del conscripto no fue conocida por sus superiores, razón por la cual no se puede afirmar, como lo pretende la parte demandante, que los citados agentes estatales hayan incurrido en una conducta omisiva al no haberle proporcionado el tratamiento médico indicado o en no haberlo retirado de las filas.

Consideraciones de la Sala

I. Se advierte en primer término que el apoderado de los demandantes solicitó oficiar al auditor auxiliar de guerra o del juzgado de instrucción penal militar correspondiente, para que enviara copia auténtica del expediente penal seguido por la muerte del soldado Oscar Jahir Rincón Jiménez, y al Procurador Provincial de Tunja para que enviara copia de la investigación que por los mismos hechos se realizó en dicha entidad.

Por su parte, el apoderado de la entidad demandada aportó como prueba documental en el escrito de respuesta, la “copia auténtica de la indagación preliminar, por la muerte del soldado RINCON JIMENEZ OSCAR JAHIR, adelantada por el juzgado 119 de Instrucción Penal Militar”.

Considera la Sala que por lealtad procesal no pueden las partes aceptar que una prueba haga parte del acervo probatorio y en caso de que la misma le resulte desfavorable, invocar las formalidades legales para su admisión(1). La exigencia de la ratificación de la prueba testimonial trasladada tiene por objeto la protección del derecho de defensa de la parte que no intervino en su práctica, pero si ésta renuncia a ese derecho y admite que la prueba sea valorada sin necesidad de dicha ratificación, no le es dable al fallador desconocer su interés para exigir el cumplimiento de una formalidad cuyo objeto no es otro distinto a la protección del derecho sustancial (art. 228 C.P.).

En consecuencia, serán valorados los testimonios que obran dentro de la investigación penal preliminar adelantada por el Juzgado 119 de Instrucción Penal Militar, a pesar de que no hayan sido ratificados, por haber sido solicitados como pruebas por ambas partes y los que obran dentro de la investigación preliminar adelantada por la Procuraduría en cuanto no afecten a la parte demandada por que ésta no los solicitó. Las providencias dictadas en ambos procesos serán igualmente apreciadas.

II. El joven Oscar Jahir Rincón ingresó al Ejército a prestar el servicio militar obligatorio el 8 de diciembre de 1991 (fls. 5-6 C-4) y murió en las instalaciones militares, el 11 de agosto de 1992, por “destrucción lóbulo izquierdo cerebro”, según el registro civil de la defunción (fl. 8 –1).

El señor José Antonio Rincón Tobo solicitó ante la Procuradura Provincial de Tunja realizar una investigación tendiente a establecer si su hijo Oscar Jahir Rincón Jiménez se había suicidado o había sido víctima de un homicidio, pues consideró que la versión suministrada por el Ejército en relación con las circunstancias en cuales se produjo su fallecimiento carecía de lógica (fls. 11-16 C-2).

La Procuraduría Provincial de Tunja, luego de practicar algunas pruebas, en especial de recibir el testimonio a los compañeros y superiores en el Ejército del occiso, mediante providencia del 23 de octubre de 1992 resolvió “INHIBIRSE para abrir formal averiguación en contra del personal de la brigada de esta ciudad, por no existir mérito para ello” (fls. 47-49 C-2). En la providencia se realizaron las siguientes consideraciones:

“De las pruebas que se trajeron al informativo, es fácil concluir que el joven OSCAR JAHIR RINCON JIMENEZ, quien prestaba sus servicios como soldado bachiller en la brigada de esta ciudad, se quitó la vida de un disparo de revólver, en las horas de la noche del día once de agosto del presente año. Que en este fatal accidente no intervino persona alguna, pues fue una determinación que tomó el occiso y que al parecer venía cultivando desde hacía algún tiempo, según el decir de sus compañeros, a quienes les había manifestado que cuando cumpliera 18 años iba a ocurrir un hecho para recordar. Parece pues, que era una obsesión del joven quien continuamente hacía bromas con las armas y en aquel infortunado día hallándose solo en una habitación que no era de él y donde presumiblemente sabía existía esa arma, se disparó en la cabeza causándose la muerte en forma instantánea”.

De igual manera, el Juzgado 119 de Instrucción Penal Militar, mediante providencial del 4 de septiembre de 1992, decidió “ABSTENERSE de ordenar la apertura de una investigación penal, por la muerte del soldado RINCON JIMENEZ OSCAR JAIRO (sic) por considerar que el fallecido se autoeliminó” (fls. 41-46 C-2). Para adoptar esa decisión el juzgado realizó el siguiente análisis:

“Todos los testimonios recaudados dentro de la presente investigación coinciden en señalar al soldado RINCON JIMENEZ OSCAR JAIR (sic) como persona con predisposición al suicidio y con problemas familiares. Todos los soldados eran amigos de RINCON JIMENEZ, no tenía enemigos, todos le oían sus charlas acerca de lo que iba a suceder el 11 de agosto día de mi (sic) cumpleaños pero nadie lo tomaba en serio pues consideraban que era tomadura del pelo o chanza lo que les decía.

“De los testimonios recaudados podemos concluir que no hubo intervención de manos ajenas en la muerte del soldado RINCON JIMENEZ OSCAR JAIR (sic) que él buscó el revólver donde sabía que lo había guardado y le colocó una sola bala con la cual se disparó debajo del mentón, sitio típico que escogen para herirse quienes pretenden eliminarse, se sabe además que en las instalaciones donde apareció herido el soldado RINCON no hubo peleas, gritos, discusiones o forcejeos pues nadie oyó nada anormal antes del disparo que fue el único ruido por cierto muy apagado que se oyó en el momento”.

A la misma conclusión llega la Sala a partir de las pruebas que obran en el expediente y de los indicios que con éstas pueden construirse.

En efecto, de acuerdo con los testimonios recaudados en la investigación iniciada por el Juzgado 119 de Instrucción Penal Militar, los hechos en los cuales perdió la vida el soldado Oscar Jahir Rincón pueden resumirse así:

Declaró el cabo primero del Ejército Rafael Enrique Barrera Mora (fls. 42-48 C–1) que en horas de la mañana del 11 de agosto de 1995, entregó su arma de defensa personal al soldado Alexander Pedreros Castiblanco, encargado de la cafetería de suboficiales, por razones de seguridad, pues por estar de servicio portaba igualmente el arma de dotación oficial, y le pidió que se la guardara en un sitio seguro. Se trataba del “revólver marca SMITH WESSON cal. 38L No. D530777, que aparece registrado en el lector nacional de armas al señor BARRERA MORA RAFAEL ENRIQUE”, según el oficio suscrito por el comandante de la primera brigada del Ejército, en respuesta al requerimiento formulado por el Tribunal (fl. 4 C-3).

El dragoneante Leonardo Cepeda Toscano (fls. 49-52 C-1), encargado del economato del batallón, confirmó que el soldado Alexander Pedreros a su vez, le pidió el favor de guardarle el revólver de defensa personal del cabo Barrera Mora y él lo depositó en un baúl que se hallaba en la habitación que en ese momento ocupaba, separando la munición del arma y asegurándolo debidamente con llave.

Relata además que ese mismo día, a la hora de la comida, se encontró con el soldado Oscar Jahir Rincón, quien “como siempre empezó a hacer recocha (sic) en el rancho” y como estaba de cumpleaños lo lavaron. Poco más tarde, cerca de las 7:30 p.m., el declarante le pidió a Oscar Jahir que lo acompañara al batallón a traer el pan, pero éste se negó aduciendo que estaba cansado y que además debía prestar guardia a las 12:00 p.m., pero en cambio, le pidió que le regalara jabón para terminar de lavar el rancho. El dragoneante Cepeda Toscano le prestó las llaves del economato, le pidió que se las guardara y luego se marchó.

Según lo relatado por el mismo testigo y lo consignado en el informe suscrito por el cabo Rafael Barrrera (fls. 29-30 C-1), Oscar Jahir fue junto con el soldado Ciro Ramírez hasta la habitación que ocupaba el dragoneante Leonardo Cepeda y allí se dedicaron ambos jóvenes a observar unos libros y revistas y a curiosear las cosas que se hallaban en el baúl. El cabo Ríos que dormía en la habitación del frente les llamó la atención. El soldado Ramírez abandonó el lugar y se dirigió hacia su habitación e invitó a su compañero, pero éste no accedió y le aseguró que luego iría. Poco después lo encontraron herido en la habitación. A su lado se hallaba el arma de propiedad del cabo Rafael Enrique Barrera, la cual tenía sólo una vainilla en el tambor. En el baúl de la habitación fueron hallados otros cinco proyectiles para el mismo revólver, según lo afirmó el mayor del Ejército Nemesio Bojacá Rojas (fl. 64 C-1).

Fue el soldado Oscar Gamboa quien informó del hecho al cabo Rafael Enrique Barrera, quien se dirigió inmediatamente a la habitación que él ocupaba y allí halló tendido en el piso al soldado Rincón Jiménez. Minutos más tarde llegó el mayor Bojacá, quien ordenó trasladar al herido al hospital donde llegó sin vida, según la versión suministrada por el cabo Barrera Mora (fls. 42-48 C-1).

Es cierto que ningún testigo afirmó haber presenciado el hecho y ni siquiera quedó establecido claramente en el expediente quién halló herido al soldado Rincón Jiménez, ni cómo se enteró de esa situación. Sin embargo, no existe ninguna prueba que permita inferir que el soldado Oscar Jahir Rincón fue víctima de homicidio y por el contrario, de los demás medios probatorios, en particular del testimonio de los amigos del occiso, puede concluirse que éste decidió voluntariamente poner fin a su vida.

En efecto, el Subteniente Angel Alberto Acosta Vargas (fls. 40-41 C-1) aseguró que sólo después de que murió el soldado Oscar Jahir algunos soldados le informaron que éste había intentado suicidarse antes; que inclusive había hecho un pacto con un amigo suyo que cuando tuvieran 18 años se iban a suicidar y que el otro amigo, al parecer, había cumplido esa promesa un año atrás.

El dragoneante Leonardo Alfonso Cepeda Toscano (fls. 49-52 C-1), quien manifestó ser amigo del occiso mucho tiempo antes de haber sido reclutados en el Ejército, declaró:

“El año pasado a raíz del suicidio de un amigo de él y mío, él dijo que sería el próximo, no me dijo a mí pero sí a otros amigos, además a otros compañeros según les contaba que si la novia no lo llamaba ese día se mataba, a otro compañero le cogió el calendario y le señaló el 11 de agosto, lo remarcó y le dijo que ese día iba a pasar algo bacano, algo especial, pille y verá le dijo, el mismo 11 de agosto en horas de la mañana cuentan sus compañeros de turno que entró a la guardia, estaba de guía y requisa, y con uno de los revólveres que dejan los civiles al entrar al cuartel general cogió uno de ellos y lo martilló dos veces en su boca pero este revólver como todos los que se dejan allí estaban descargados, entonces un soldado de los que estaban allí lo vació y le dijo que pilas que dejara de joder, lo mismo un cabo nuevo que había llegado y estaba de civil…, según los demás soldados de la guardia él acostumbraba a cargar el fusil y se ponía a hacer ademanes de dispararse, el mismo día en horas de la tarde se subió a una torre de 30 metros que se encuentra en la brigada y escribió su nombre allí y dijo que de ahí nadie borraría ese nombre”.

Los soldados Fredy Alberto Vázquez Mendoza (fls. 53-54 C-1) y Bladimir Alberto Pedreros Castellanos (fls. 55-56 C-1) y Raúl Armando Peña Zambrano (fls. 61-63 C-1) confirmaron lo dicho por el dragoneante Cepeda Toscano acerca de las manifestaciones realizadas por del soldado Rincón Jiménez sobre su intención de suicidarse, pero aclararon que nunca lo tomaron en serio porque era muy bromista. Además aseguraron que aquél no tenía enemigos ni problemas con sus compañeros, pues por el contrario era amigo de todos.

De igual manera, el soldado Ricardo Alberto Gómez Murcia confirmó que el día anterior a su muerte, observó a Oscar Jahir Rincón cuando tomó las armas que habían ingresado al cuartel, las colocó en la parte inferior de su mandíbula y se disparó con ellas. Agregó que en las horas de la mañana del día 11 de agosto observó al occiso un poco deprimido pero que ya en la tarde éste había recuperado su buen humor.

La joven Marianela Carvajal declaró ante la Procuraduría Provincial (fls. 26-27 C-2) que dos meses antes del fallecimiento de Oscar Jahir Rincón había terminado su relación afectiva con éste, quien nunca le manifestó su intención de quitarse la vida, pero que un amigo de él, después del hecho, sí le comentó que Oscar Jahir tenía la idea de suicidarse a los 18 años. Agregó que en algunas oportunidades se dio cuenta de los conflictos que éste tenía con su padre y de que esa situación lo deprimía.

Las manifestaciones previas realizas por el joven ante sus amigos y que éstos no consideraron serias por el carácter bromista del joven, constituyen indicio serio de su intención de quitarse la vida. Confirman la conclusión anterior, la inexistencia de pleitos o rencillas entre el occiso y sus compañeros y superiores, que en caso de existir permitirían al menos presumir que la causa de su muerte fue diferente.

La Sala da crédito a las versiones suministradas por los testigos, porque en éstos no se advierten motivos de sospecha, son concordantes, verosímiles y no fueron contradichas por otros medios probatorios, pues debe advertirse que aunque los señores Hugo Tibavija Soto (fls. 125-128 C-2), Melecio González Salamanca (fls. 129-130 C-2), Carlos Orlando Ballesteros González (fls. 137-140 C-2), Claudio Rigoberto Soto Salamanca (fls. 140-141 C-2) y Laureano Eugenio Carvajal Carvajal (fls. 142- 145 C-2) declararon en este proceso que Oscar Jahir era muy querido por sus padres y hermanos y nunca les manifestó su intención de suicidarse ni tenía motivos para eso. Tales testigos son personas mayores, vecinos y amigos de la familia y no tenían con el joven la intimidad que tuvieron sus compañeros en el batallón, de su misma edad y sometidos a idéntica situación lo cual generaba mayor confianza entre ellos.

III. Así las cosas, bajo el supuesto de que el soldado Oscar Jahir Rincón se suicidó sin que hubieran intervenido otras personas en la formación de su decisión ni en la ejecución del acto, deberá analizarse cuál es la responsabilidad de la entidad demandada en el hecho.

En la sustentación del recurso de apelación, el apoderado de los demandantes atribuye la responsabilidad del Estado en el suicidio del soldado Oscar Jahir a falla del servicio por haber permitido su acceso al arma de defensa personal del cabo Barrera Mora y no haber tomado medidas preventivas, como auxiliarlo médicamente o desvincularlo de la institución. En otros términos, se considera que la entidad es responsable de la muerte del soldado Rincón Jiménez por acción y omisión.

En cuanto a la falla del servicio por omisión, debe tenerse en cuenta que en estos el resultado es imputable al Estado sólo cuando se encuentran acreditados los siguientes requisitos: a) “la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios”(2), b) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso, c) un daño antijurídico y d) la existencia de relación de causalidad entre la obligación omitida y el daño.

Así las cosas, es necesario determinar en primer lugar, si existía obligación legal o reglamentaria de evitar que el soldado se suicidara y si la entidad utilizó o no los medios de que disponía para el adecuado cumplimiento de su deber.

En principio, el tema del suicidio pone de relieve concepciones meramente éticas que comprometen el fuero interno de las personas, pero que deben permanecer al margen del derecho, dado que éste sólo puede regular la conducta de las personas en cuanto interfieran con los demás y no los deberes que éste tiene para consigo mismo.

Por esto, la tentativa de suicido no puede ser objeto de represión penal en un Estado que conciba a la persona “como un sujeto moral, capaz de asumir en forma responsable y autónoma las decisiones sobre los asuntos que en primer término a él incumben, debiendo…limitarse a imponerle deberes, en principio, en función de los otros sujetos morales con quienes está avocado a convivir”(3). Esta concepción de la persona como autónoma en tanto que digna, implica inevitable e inescindiblemente dejar que sea “la propia persona (y no nadie por ella) quien deba darle sentido a su existencia, y en armonía con él un rumbo. Si a la persona se le reconoce esa autonomía, no puede limitársela sino en la medida en que entra en conflicto con la autonomía ajena”(4).

Desde esta concepción, el Estado no está habilitado para exigir a la persona una forma determinada de conducta para consigo mismo y por lo tanto, no puede obligarlo a que cuide de su salud, que se someta a un tratamiento médico ni por su puesto que prolongue su existencia si ésta considera que debe ponerle fin a la misma, pues sólo un Estado totalitario puede asumirse como dueño y señor de la vida de las personas. En otros términos, aunque las autoridades públicas están instituidas para proteger la vida de las personas (arts. 2 y 46 C.P.), ese deber se limita cuando el autor del daño es la persona misma, pues “si yo soy dueño de mi vida, a fortiori soy libre de cuidar o no de mi salud cuyo deterioro lleva a la muerte que, lícitamente, yo puedo infligirme”(5).

Esa libertad de decidir sobre el cuidado de la salud o la preservación de la propia vida, tiene sin embargo límites relacionados precisamente con la capacidad de autodeterminación de las personas. En el caso de los enfermos mentales y de los menores el Estado tiene un deber de protección de las personas contra sí misma, pues éstas por su incapacidad síquica o inmadurez se encuentran en situación de mayor indefensión y carecen de plena autonomía. Por lo tanto, debe brindarles una mayor protección (art. 13 C.P.), lo cual se extiende a impedirles aún con medios coercitivos que atenten contra su propia vida(6).

En relación con las personas que se encuentran en situación de sujeción especial como los reclusos y los conscriptos el deber de protección del Estado también es mayor y se extiende a brindarles a éstos la ayuda médica que requieran cuando las circunstancias que viven, por su carácter forzoso, desencadena en ellos perturbaciones síquicas.

Es cierto que frente a los reclusos y conscriptos, el Estado tiene una obligación de resultado, lo cual significa que si no devuelve al ciudadano en las mismas condiciones en que se encontraba antes de su reclutamiento o retención, debe responder patrimonialmente por los perjuicios que éste haya sufrido durante el tiempo en el cual fue sometido a la prestación del servicio militar o a la detención, aunque haya puesto en funcionamiento todos los recursos de que dispone para proteger al retenido y evitarle la causación de cualquier daño, salvo que haya intervenido una causa extraña, pues frente al retenido la obligación del Estado no es un simple comportamiento sino la obtención efectiva de un resultado determinado.

Las obligaciones del Estado frente a las personas sometidas a una situación especial de sujeción son de dos clases: 1) de hacer, esto es, de prever y controlar los peligros que pueda sufrir una persona retenida desde el momento mismo en que se recluta o se produce la privación material de la libertad, hasta el momento en que ella es devuelta a la sociedad y 2) de no hacer, referida a la abstención de cualquier conducta que pueda vulnerar o poner en peligro los derechos que no estén limitados por su situación especial.

En síntesis, el reclutamiento y la retención como ejercicio legítimo del poder del Estado que afecta algunos derechos de las personas, en sí misma no son actividades que generen responsabilidad patrimonial derivada de los perjuicios consustanciales a esas situaciones, dado que estas son cargas que los ciudadanos deben soportar. Pero así como el ciudadano debe asumir la carga derivada de la restricción de sus derechos, en la medida en que el reclutamiento o la retención son actividades que redundan en beneficio de la comunidad, el Estado se obliga a garantizarles una eficaz protección y seguridad para lo cual éste goza de posibilidades reales, pues posee también el monopolio de la fuerza y los poderes de coerción que le permiten afrontar tales riesgos.

La obligación de abstenerse de causar cualquier limitación a los derechos de las personas que no estén implicados dentro de la medida cautelar de retención, así como las de prever y controlar cualquier acto que redunde en perjuicio de los conscriptos y retenidos son de resultado, pues la probabilidad de lograr la eficacia en el cumplimiento de la obligación es alta.

Frente a las obligaciones de resultado el deudor responde de manera objetiva y por tanto, sólo se exonera si acredita una causa extraña, esto es, fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o el hecho de un tercero.

En este orden de ideas, para que surja el deber del Estado de reparar el daño causado por el suicidio de un recluso o un conscripto es necesario acreditar que por el trato que recibía en el establecimiento militar o carcelario fue inducido a tomar esa decisión, o bien que la persona sufría un trastorno síquico o emocional que hacía previsible el hecho y que a pesar de ser conocida esa circunstancia por las autoridades encargadas de su seguridad, no se le prestó ninguna atención médica especializada, ni se tomó ninguna determinación tendiente a alejarlo de las situaciones que le generaran un estado de mayor tensión o peligro.

En caso contrario, esto es, en el evento de que la decisión del soldado o retenido sea libre porque obedezca al ejercicio de su plena autonomía, o en el evento de que su perturbación o la necesidad de ayuda sicológica, por las especiales circunstancias del caso, no hubiera sido conocida las autoridades encargadas de su protección, el hecho sería sólo imputable a su autor por ser imprevisible e irresistible para la administración.

IV. En el caso concreto, no hay lugar a derivar responsabilidad del Estado por omisión, toda vez que las autoridades encargadas de la protección del soldado Rincón Jiménez no conocieron la intención suicida del joven, pues éste sólo la había manifestado a sus amigos, quienes no la dieron a conocer a sus superiores porque consideraron que se trataba de una broma de su compañero. Tampoco exteriorizó éste ningún cambio de conducta que hiciera posible prever la ocurrencia de tal hecho.

En la relación de antecedentes del caso realizada por el comandante del batallón de servicios No. 1, se señaló que el soldado Oscar Jahir Rincón había intentado suicidarse antes con “fusil G-3-pistola, los cargaba y se hacía tiro seco” y que estuvo sometido a tratamiento sicológico (fl. 31-34 C-1).

No obstante, no está demostrado que los superiores tuvieran conocimiento de las intenciones suicidas del soldado, ni que éste hubiera intentado antes atentar seriamente contra su vida, pues se disparaba con las armas descargadas, al punto que sus amigos más cercanos consideraban sus afirmaciones y actos como bromas. Además, no existe evidencia alguna de que el joven hubiera recibido ningún tratamiento sicológico, pues salvo la afirmación realizada en esa relación no existe copia de historia clínica ni testimonio alguno al respecto.

El subteniente Angel Alberto Acosta Vargas (fls. 40-41 C-1) declaró que el soldado nunca le comentó nada sobre sus problemas familiares o afectivos; que sólo después de los hechos, otros soldados compañeros del occiso le informaron sobre estos problemas; además que aquél había intentado suicidarse en varias ocasiones haciéndose disparos en el puesto 8 y en la guardia y que había realizado con un amigo el pacto de que cuando cumplieran los 18 años se suicidarían y ambos cumplieron.

De igual manera, el cabo primero del Ejército Rafael Enrique Barrera Mora (fls. 42-48 C-1) refirió que sólo después de la muerte de Oscar Jahir Rincón se enteró por comentarios que le hizo el soldado Ricardo Gómez que ese mismo día en las horas de la mañana, aprovechando un descuido del comandante, el occiso penetró a las instalaciones de la guardia, tomó un arma de las que dejaba en depósito el personal civil que ingresaba a las instalaciones y la disparó contra su cuerpo en dos oportunidades, pero en ningún momento se informó de esos hechos a los superiores.

El soldado Fredy Alberto Vásquez (fls. 53-54 C-1), al preguntársele si él u otro de sus compañeros puso en conocimiento de los superiores respectivos lo que manifestaba el soldado RINCON JIMENEZ sobre su deseo de quitarse la vida, respondió: “él sólo nos había dicho a los amigos de él, por ejemplo a PEDREROS y a mi que éramos los que andábamos con él siempre, no informamos porque él era muy mamagallista, muy recochero y no le creíamos”.

En igual forma respondió el soldado Bladimir Alberto Pedreros Castellanos (fls. 55-56 C-1) a la misma pregunta: “nunca le comenté a los superiores porque nosotros no le creímos”.

Ahora bien, la cadena de sucesos que finalmente permitió el acceso del arma del cabo Barrera Mora al occiso no tiene relevancia, pues con ello no se pretendió facilitarle la realización del hecho y por lo tanto, no es posible afirmar una contribución o inducción al suicidio.

La actividad de los soldados y oficiales responsables del depósito del arma sólo fue una condición más dentro de la cadena causal que produjo el resultado jurídicamente relevante, pero al suprimirla hipotéticamente sigue siendo posible explicarlo. El asunto no puede ser explicado a partir de la teoría de la equivalencia de las condiciones sino en consideración a criterios de imputación y por lo tanto, como no fue la presencia del arma en el sitio la que explica el hecho, pues el soldado fácilmente hubiera podido suicidarse con arma de dotación oficial a la que tenía acceso en forma permanente, aquélla circunstancia resulta irrelevante.

Ni aún en el evento de que hubiera cometido el acto con un arma de dotación oficial podría predicarse, en las circunstancias del caso concreto, la responsabilidad del Estado, pues el contacto permanente con armas es propio de la prestación del servicio militar y la víctima no había dado muestras de perturbación síquica, ni de una intención seria de atentar contra su vida que obligaran a la administración a alejarlo de dicha actividad. 

Se destaca que todas las manifestaciones verbales y físicas realizadas por el soldado sobre sus intenciones suicidas, tales como las de dispararse en la misma mañana de los hechos con las armas dejadas en depósito en la guardia, la inscripción de su nombre en la torre, la revelación del pacto realizado con su amigo o el señalamiento de la fecha de su cumpleaños en el calendario de otro soldado, sólo adquirieron significación después de su muerte. Antes del hecho éstos actos no pasaron de ser simples travesuras o chanzas para sus compañeros, que fueron las únicas personas que los conocieron y quienes no pusieron en conocimiento de los mismos a sus superiores, precisamente por el carácter bromista de su amigo y por lo anodino de tales actos. 

En consecuencia, se confirmará la sentencia impugnada porque el daño se produjo por culpa exclusiva de la víctima y por consiguiente, no resulta imputable a la acción u omisión del Estado. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA  

CONFIRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, el 11 de diciembre de 1996.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.

Maria Elena Giraldo Gomez—Jesús María Carrillo B.—Alier Hernandez Enriquez —Ricardo Hoyos Duque—German Rodriguez V.

 

SUICIDIO - Es un hecho y no un derecho / CULPA DE LA VICTIMA - El estado no se exime por tratarse el suicidio de un acto libre y autónomo / FALLA DEL SERVICIO DEL EJERCITO POR SUICIDIO DE CONSCRIPTO - Inexistencia

Se consignan, a propósito del caso algunas consideraciones de orden jurídico que se comparten y otras en las que disentimos y otras que merecen aclaración, porque ante todo, 1º) debe identificarse la conducta que se juzga (de la administración y no la del conscripto) 2º) el bien jurídicamente protegido que por haber padecido daño, impone reparación (la vida, la salud, la seguridad personal, la integridad) y 3º) evitar contradicciones entre las convicciones y la práctica del derecho. La sentencia imputa la autoría del hecho exclusivamente a la víctima y exime de responsabilidad al Estado por ignorar éste, la perturbación y por ello imposible de evitar el daño, razones que compartimos pero no que se exima por tratarse de un acto libre y autónomo de la víctima y que por tanto el Estado no tuviera la obligación de socorrerlo y evitar si las circunstancias lo permitían el desenlace fatal. Razonar como lo hace el texto en el sentido de que no hay responsabilidad porque no se conoció la intención del suicida no es suficiente y entraña una contradicción pues para qué conocerla si al fin de cuentas se insiste en la libre autodeterminación, caso en el cual no podría responsabilizarse al Estado. La providencia en el razonamiento filosófico jurídico sobre la vida, acusa un individualismo decimonónico, y confunde libertad y autonomía con individualismo y egoísmo a tal punto que en el campo jurídico trasciende a la negativa de los derechos de otros y pone en peligro al individuo que dice defender frente a un Estado que quiere totalitario y desconoce de paso el Estado Social de Derecho, en el cual el hombre y los derechos fundamentales son su razón de ser. En la parte jurídica compartimos la providencia, consideramos inútiles las referencias colaterales al tema de la vida, que se consignaron a propósito del suicidio y que por no compartirlas dieron lugar a esta respetuosa aclaración de voto. Concluimos que los argumentos extrajurídicos no son concordantes con el razonamiento jurídico; que en la providencia se tratan indiscriminadamente los derechos a la vida y a la salud; que el suicidio es un hecho y no un derecho y que aparece una contradicción manifiesta cuando se dice que para condenar habría sido necesario el conocimiento por parte del Estado de la decisión autónoma de autoeliminarse, habiendo dicho previamente que se trata de un acto libérrimo, caso en el cual nada habría podido hacer el Estado, siguiendo la misma lógica, porque estaría siendo totalitario y vulnerando la autonomía que se reclama con ahínco para quien, en otro campo pero sobre los mismos hechos se reclama indemnización para sí o para otros como en el caso sub-judice.

 

ACLARACION DE VOTO

Con toda consideración me permito manifestar que aunque comparto la decisión adoptada en la providencia referenciada, me resulta imperativo hacer manifestación expresa de mis reservas respecto de algunos criterios expresados en el citado proveído, en relación con el tratamiento del tema del suicidio, y de la respuesta ética, filosófica y jurídica que se maneja sobre el particular.

Tratándose de una acción de reparación, se comparte el razonamiento jurídico y la decisión, todo lo cual se ajusta a la tradición jurídica del Consejo de Estado en la materia, esto es el concepto de falla, la imputación, el daño, la acción y la omisión, sobre los cuales se edifica la sentencia.

Con el ánimo de enriquecer el texto de la providencia, se acudió al análisis de temas aledaños, que posiblemente hubieran podido obviarse para el propósito concreto, pero que incluidos merecen precisiones porque implican como se advirtió en la discusión del proyecto, hoy sentencia, una concepción sobre el mundo y una filosofía sobre la función del Estado y una interpretación sobre los denominados derechos fundamentales, que por lo demás deben precisarse y no confundirse.

Básicamente nos referimos a los criterios consignados sobre la autonomía de la persona, el derecho a la vida, el hecho del suicidio y la respuesta que el derecho ofrece respecto de éstos.

El caso concreto: Un conscripto se autoelimina y los demandantes intentan probar la falla del Estado por haber omitido éste, las medidas pertinentes que le habrían indicado el pretendido conocimiento que de la situación particular del occiso hubiesen podido tener sus superiores.

Se consignan, a propósito del caso algunas consideraciones de orden jurídico que se comparten y otras en las que disentimos y otras que merecen aclaración, porque ante todo, 1º) debe identificarse la conducta que se juzga (de la administración y no la del conscripto) 2º) el bien jurídicamente protegido que por haber padecido daño, impone reparación (la vida, la salud, la seguridad personal, la integridad) y 3º) evitar contradicciones entre las convicciones y la práctica del derecho.

El tema ya fue abordado por la Corte Constitucional, mediante las sentencias de C-239 de 20 mayo de 1997, C-221 del 5 de mayo de 1994 y T-444 del 25 de septiembre de 1996, a propósito de la eutanasia pero se citan en la providencia respecto del suicidio.

Lo novedoso es la transposición que de los conceptos allí expresados por vía general, se hace para respaldar el razonamiento jurídico con ocasión de una demanda de reparación directa contra el Estado, en tema aledaño pero distinto.

El fallo:

En las consideraciones y refiriéndose a la falla del servicio por omisión, se advierte que “en estos casos el resultado es imputable al Estado, solo cuando se encuentran acreditados los siguientes requisitos: a) “La existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habría evitado los perjuicios”. B) La omisión de poner en funcionamiento los recursos .........c) Un daño antijurídico, d) la relación de causalidad entre la obligación omitida y el daño”.

Al punto se pregunta por la obligación legal o reglamentaria de evitar el suicidio y si se utilizaron los medios disponibles para cumplir ese deber.

Razona luego para considerar que “el tema del suicidio pone de relieve concepciones meramente éticas que comprometen el fuero interno de las personas, pero que deben permanecer al margen del derecho, dado que éste solo puede regular la conducta de las personas en cuanto interfieran con los demás y no los deberes que éste (sic) tiene para consigo mismo”.

No es cierto que el suicidio tenga implicaciones meramente éticas aunque es cierto que el derecho solo regula conductas que interfieran con otros.

El problema ofrece varios temas a tratar, la obligación estatal, el alcance o implicaciones del suicidio y el campo de acción del derecho.

La propia Constitución Nacional indica que nuestra Nación se organiza como un Estado Social de Derecho fundado sobre el respecto a la dignidad humana,...... y la solidaridad de las personas que la integran; respecto de los fines del Estado es fundamental la protección que éste debe a la persona y a la vida así como el cumplimiento de sus deberes sociales. Además el Estado responde por la omisión o por la extralimitación suya a través de sus agentes, esto es, cuando omite o se excede; no asiste o abusa, entonces puede ser demandado. Es incongruente entonces pensar que el Estado pueda ser a la vez demandado con fundamento en la omisión y a la vez señalado como totalitario por no dejar morir a quien pretende eliminarse y está peligro, condenándolo a vivir contra su voluntad, al menos mientras lo intenta con éxito y sin que nadie lo advierta, para poder ejercer su plena autonomía dentro del marco exclusivo de su intimidad.

El sentido del razonamiento conduce lógicamente a aceptar que no se indemniza en tanto que la decisión de causarse daño o colocarse en peligro es producto de la autonomía y porque el Estado no puede impedir a la persona la elección de sus actos, sino por la omisión en lo que es su deber... para evitar que se consuma el acto o se causen los daños por el cual se pretende la reparación. Se repite el acto (auto-atentado) es uno y su consecuencia, el daño es cosa distinta respecto del cual el Estado está habilitado para impedirlo o prevenirlo y en esa medida intervenir a la hora de la producción de la causa.

Se anota en primer lugar que no puede decirse pura y simplemente que no haya deberes jurídicos para consigo mismo y que solo sean morales (la propia seguridad, no exposición a peligros o epidemias....) en cambio, es evidente y así se acepta la existencia de deberes para con quienes se convive, comenzando por la familia (esposa e hijos respecto de quienes se tiene obligaciones y ellos tienen derechos correlativos, así mismo respecto de la municipalidad o del Estado quienes tienen el deber de auxiliar, aún a quien se ha puesto en peligro por su propia voluntad o se ha autodañado, a tal punto que su omisión puede ser fundamento de responsabilidad a título de falla y éste es un terreno eminentemente jurídico.

Pensar así no significa que desde fuera otro trate de dar sentido a la existencia de una persona capaz y autónoma como en efecto lo es todo sujeto de derecho. El suicida es un enfermo, es anormal pues la naturaleza indica el instinto de conservación y por eso es que precisamente tiene derecho al apoyo y debe ser asistido cuando el Estado conoce sus intenciones, trátese de un ciudadano común y corriente o del conscripto o del detenido que se encuentran bajo una particular relación.

Dice la providencia sin embargo que el Estado no está habilitado para exigir a la persona una forma determinada de conducta para consigo mismo, pero cuando la conducta consigo mismo implica atentado a los derechos de ese sujeto respecto de otros, no hay duda que el Estado y la sociedad tienen derecho a exigirle eventualmente imponerle comportamientos o límites a las pretendidas libertades absolutas a fin de garantizar el orden social.

Decir escuetamente que el Estado no puede “obligarlo a que cuide su salud, que se someta a un tratamiento médico ni por su puesto que prolongue su existencia si esta considera que debe ponerle fin a la misma, pues solo un Estado totalitario puede asumirse como dueño y señor de la vida de las personas” es una expresión equívoca porque como ya se dijo la persona debe velar por su propia seguridad, no debe exponerse y el Estado sí debe auxiliarlo y su conducta no puede exponer a otros impunemente.

No es ilógico ni injurídico que los hijos tengan el deber de auxiliar a sus padres o el Estado de auxiliar al suicida, como deber de Estado Social de Derecho y porque el que atenta contra sí mismo expone a la vez a la improvidencia a sus hijos menores por ejemplo y el ciudadano común, pudiendo debe auxiliarlo, aunque quienes piensen lo contrario, digan que salvarlo es darle sentido a su existencia y con ello violarle su derecho fundamental.

Con arreglo a jurisprudencia foránea, el auto-atentado no da derecho a reclamar por el daño, tampoco por la ausencia de auxilio (si el evento es de ejecución instantánea), salvo que por la naturaleza de los hechos el peligro se prolongue en el tiempo y el tratamiento es distinto para la víctima directa y el que corresponde a los afectados indirectamente.

No es aceptable que la autoridad destinada a proteger a las personas esté limitada frente al autodaño pues “si soy dueño de mi vida soy libre de cuidar o no de mi salud cuyo deterioro lleva a la muerte que lícitamente yo puedo inflingirme”.

Aquí hay dos valores involucrados, a saber: la vida y la salud. Ellos no pueden confundirse y la referencia indiscriminada les otorga un trato injurídico. Las vacunas masivas son obligatorias y en ese caso la responsabilidad del Estado es objetiva. Será acaso para sancionar su totalitarismo? o más bien una respuesta solidaria del Estado?.

Mas bien, sería una actitud reprobable la del Estado que asiste al sujeto (autónomo, independiente y libre que se autodaña y sobrevive, o se expone y está en grave peligro), para auxiliarlo a fin de garantizarle el cabal desarrollo de su personalidad, ayudándolo a eliminarse, empujándolo o negándole el auxilio.

Acepta la providencia sin embargo límites a la libertad en relación con la autodeterminación de personas incapaces, enfermos mentales y justifica impedirles con medios coercitivos que intenten contra su vida. Los locos tienen derecho al Estado, porque son inimputables pero los cuerdos por ser sujetos de imputación no tienen los mismos derechos?.

No se entiende cómo si el Estado, actúa es totalitario respecto de los cuerdos pero no lo es respecto de los menores capaces pues allí si se encuentra justificada su actuación. Se acepta entonces el totalitarismo contra los incapaces?

Es curioso que respecto de las personas en “sujeción especial” (reclusos y conscriptos) la protección es mayor, ayuda médica (salud general o psiquiátrica), que de paso es obligatoria tanto para el Estado como para el sujeto, para uno por el deber de asistencia y para el otro por el deber de no contagiar ni contagiarse, de intentar curarse y de evitar convertirse en peligro para otros. Es mas humanista y solidario pensar que se tiene derecho por la condición de persona, de ciudadano y no solo por la circunstancia de la “sujeción especial”.

La Corte Constitucional T-474 de 25 de septiembre de 1996 citada por el fallo sentenció que contra la decisión del menor que rehusaba la transfusión, ordenó protegerle su vida aún contra su decisión, fue entonces totalitaria? Conculcó los derechos del menor? Hubiera podido el padre disponer por el menor apoyándolo en su rechazo o pidiendo asistencia para su salud?.

Está obligado el Estado si no a asegurarle la muerte que quiera, a no impedir la que se quiera infligir una persona?.

En nuestro criterio el derecho no es contrario a la naturaleza y es propio de los seres vivos el instinto de conservación. Cosa totalmente distinta es el tema planteado por la eutanasia que en casos excepcionales y bajo condiciones muy definidas pudieran ser aceptadas por el derecho pero no patrocinadas por el Estado.

La sentencia imputa la autoría del hecho exclusivamente a la víctima y exime de responsabilidad al Estado por ignorar éste, la perturbación y por ello imposible de evitar el daño, razones que compartimos pero no que se exima por tratarse de un acto libre y autónomo de la víctima y que por tanto el Estado no tuviera la obligación de socorrerlo y evitar si las circunstancias lo permitían el desenlace fatal. Razonar como lo hace el texto en el sentido de que no hay responsabilidad porque no se conoció la intención del suicida no es suficiente y entraña una contradicción pues para qué conocerla si al fin de cuentas se insiste en la libre autodeterminación, caso en el cual no podría responsabilizarse al Estado.

La providencia en el razonamiento filosófico jurídico sobre la vida, acusa un individualismo decimonónico, y confunde libertad y autonomía con individualismo y egoísmo a tal punto que en el campo jurídico trasciende a la negativa de los derechos de otros y pone en peligro al individuo que dice defender frente a un Estado que quiere totalitario y desconoce de paso el Estado Social de Derecho, en el cual el hombre y los derechos fundamentales son su razón de ser.

En la parte jurídica compartimos la providencia, consideramos inútiles las referencias colaterales al tema de la vida, que se consignaron a propósito del suicidio y que por no compartirlas dieron lugar a esta respetuosa aclaración de voto.

Concluimos que los argumentos extrajurídicos no son concordantes con el razonamiento jurídico; que en la providencia se tratan indiscriminadamente los derechos a la vida y a la salud; que el suicidio es un hecho y no un derecho y que aparece una contradicción manifiesta cuando se dice que para condenar habría sido necesario el conocimiento por parte del Estado de la decisión autónoma de autoeliminarse, habiendo dicho previamente que se trata de un acto libérrimo, caso en el cual nada habría podido hacer el Estado, siguiendo la misma lógica, porque estaría siendo totalitario y vulnerando la autonomía que se reclama con ahínco para quien, en otro campo pero sobre los mismos hechos se reclama indemnización para sí o para otros como en el caso sub-judice.

Fecha Ut-Supra.

Jesús Maria Carrillo Ballesteros 

 

SUICIDIO DE CONSCRIPTO - Inexistencia de culpa exclusiva de la víctima / CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA - Inexistencia / SUICIDIO - Es un hecho no un derecho

No comparto, entre otros, el sustento filosófico de la sentencia, edificado sobre la libre determinación del ser humano para decidir dejar de existir y autoeliminarse. Por el contrario creo, de acuerdo con la experiencia humana, que ese tipo de decisión proviene del deficiente estado, temporal o absoluto, de quien así decide. Tratándose de conscriptos estimo que si el suicidio proviene de situaciones en que se colocó la víctima por su propia decisión (embriagarse, drogarse, desconocer con voluntad las prevenciones para no actuar de cierto modo) sólo en eventos como estos puede hablarse de culpa exclusiva de la víctima; en los demás eventos de suicidio en los que no se prueba alguna de esas situaciones subjetivas, no puede hablarse subjetivamente de culpa exclusiva; la culpa de la víctima no puede deducirse objetivamente del hecho simple de que la víctima se disparó porque debe examinarse la causalidad de su conducta. La culpa exclusiva de la víctima a la que me refiero, como exonerante de responsabilidad, tiene que provenir de una persona a la cual se le puede exigir un actuar objetivamente correcto y se concreta con el actuar subjetivo irregular de ella. Como en este caso no se demostró que la víctima se colocó previamente a suicidarse, en estado exclusivo de infligirse su propio daño no puede concluirse que se demostró la exonerante indicada. En otros aspectos, tampoco comparto el razonamiento lógico jurídico del fallo, para ello me remito al contenido de la aclaración de voto del Magistrado Jesús María Carrillo, que en lo fundamental refirió a: -la autonomía de la persona y su diferencia frente al individualismo, -los límites a las libertades absolutas, -los derechos a la vida y a la salud, -el suicidio como hecho y no como derecho, -la obligación estatal - de impedir, prevenir o intervenir - y -las implicaciones éticas y jurídicas del suicidio. En los anteriores términos dejo expuestas las dos causas de entidad que me llevaron a salvar el voto.

 

SALVAMENTO DE VOTO

I.No comparto, entre otros, el sustento filosófico de la sentencia, edificado sobre la libre determinación del ser humano para decidir dejar de existir y autoeliminarse.

Por el contrario creo, de acuerdo con la experiencia humana, que ese tipo de decisión proviene del deficiente estado, temporal o absoluto, de quien así decide.

Tratándose de conscriptos estimo que si el suicidio proviene de situaciones en que se colocó la víctima por su propia decisión (embriagarse, drogarse, desconocer con voluntad las prevenciones para no actuar de cierto modo) sólo en eventos como estos puede hablarse de culpa exclusiva de la víctima; en los demás eventos de suicidio en los que no se prueba alguna de esas situaciones subjetivas, no puede hablarse subjetivamente de culpa exclusiva; la culpa de la víctima no puede deducirse objetivamente del hecho simple de que la víctima se disparó porque debe examinarse la causalidad de su conducta.

La culpa exclusiva de la víctima a la que me refiero, como exonerante de responsabilidad, tiene que provenir de una persona a la cual se le puede exigir un actuar objetivamente correcto y se concreta con el actuar subjetivo irregular de ella.

Como en este caso no se demostró que la víctima se colocó previamente a suicidarse, en estado exclusivo de infligirse su propio daño no puede concluirse que se demostró la exonerante indicada.

II.En otros aspectos, tampoco comparto el razonamiento lógico jurídico del fallo, para ello me remito al contenido de la aclaración de voto del Magistrado Jesús María Carrillo, que en lo fundamental refirió a:

  1. la autonomía de la persona y su diferencia frente al individualismo,
  2. los límites a las libertades absolutas,
  3. los derechos a la vida y a la salud,
  4. el suicidio como hecho y no como derecho,
  5. la obligación estatal - de impedir, prevenir o intervenir - y
  6. las implicaciones éticas y jurídicas del suicidio.
 

En los anteriores términos dejo expuestas las dos causas de entidad que me llevaron a salvar el voto.

María Elena Giraldo Gómez 

 

CONSCRIPTOS - Régimen de responsabilidad objetiva / REGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA - Conscripto / OBLIGACION DE RESULTADO - Noción replanteada para el tema de responsabilidad del Estado en relación con los conscriptos

Comparto la decisión adoptada por la Sala, pero estimo necesario, con todo respeto, advertir que la noción de obligación de resultado a la cual se hace referencia en la página 18 del fallo como fundamento de la responsabilidad del Estado en relación con los conscriptos, ha sido replanteado por la jurisprudencia para abordar su tratamiento a partir del art. 90 de la C.P. Es cierto que, tradicionalmente, la Sala había considerado que el Estado asumía la obligación de devolverlos sanos y salvos, una vez terminado el período de conscripción. Se dijo, inclusive, que ésta era una obligación de resultado, cuyo incumplimiento, por lo tanto, hacía responsable al Estado objetivamente. El fundamento de esta responsabilidad se hizo consistir en el hecho de que dicha conscripción no es voluntaria y se realiza en beneficio de la comunidad, además de que implica el desarrollo de actividades de gran peligrosidad. En sentencia del 2 de marzo del presente año, reiterada en pronunciamiento del 21 de septiembre siguiente, la Sección Tercera consideró que reflexiones similares a las anteriores, sobre las circunstancias especiales en que se encuentran los conscriptos, permiten afirmar, con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política, que el régimen de responsabilidad aplicable en caso de daño causado a ellos sigue siendo objetivo. En cuanto al daño, consideró la Sala que, tratándose de la citada situación, será antijurídico cuando, en virtud de él resulte roto el equilibrio frente a las cargas públicas, es decir, cuando, dada su anormalidad, implique la imposición de una carga especial e injusta al conscripto o a sus familiares, en relación con las demás personas. En cuanto atañe al problema de la imputabilidad del perjuicio sufrido por los conscriptos, que tanto el daño especial como el riesgo excepcional sirven como factores de atribución de responsabilidad, y en ambos subyace el principio de restablecimiento del equilibrio frente a las cargas públicas, dada la situación de sacrificio y peligro a que son sometidos, en beneficio de toda la comunidad, quienes deben cumplir la obligación de prestar el servicio militar. Y ello da lugar a la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad, que se extiende a aquellos casos en que los familiares del soldado sometido a conscripción reclaman la indemnización del perjuicio directamente sufrido. Se resuelve la situación planteada, de esta manera, con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política, sin necesidad de acudir a la doctrina elaborada por los civilistas en torno a las obligaciones de medio y de resultado. Puede argumentarse que la conclusión obtenida es la misma, en cuanto al régimen de responsabilidad, frente a lo cual debe decirse que el nuevo planteamiento implica, sin duda, un avance importante, dada la dificultad que supone la clasificación de los deberes extracontractuales asumidos por el Estado. La imputabilidad, por lo demás, no surge, necesariamente, del incumplimiento de un deber, dado el carácter objetivo del régimen aplicable.

ACLARACION DE VOTO

Comparto la decisión adoptada por la Sala, pero estimo necesario, con todo respeto, advertir que la noción de obligación de resultado a la cual se hace referencia en la página 18 del fallo como fundamento de la responsabilidad del Estado en relación con los conscriptos, ha sido replanteado por la jurisprudencia para abordar su tratamiento a partir del art. 90 de la C.P.

Es cierto que, tradicionalmente, la Sala había considerado que el Estado asumía la obligación de devolverlos sanos y salvos, una vez terminado el período de conscripción. Se dijo, inclusive, que ésta era una obligación de resultado, cuyo incumplimiento, por lo tanto, hacía responsable al Estado objetivamente. El fundamento de esta responsabilidad se hizo consistir en el hecho de que dicha conscripción no es voluntaria y se realiza en beneficio de la comunidad, además de que implica el desarrollo de actividades de gran peligrosidad.

En sentencia del 2 de marzo del presente año(7), reiterada en pronunciamiento del 21 de septiembre siguiente(8), la Sección Tercera consideró que reflexiones similares a las anteriores, sobre las circunstancias especiales en que se encuentran los conscriptos, permiten afirmar, con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política, que el régimen de responsabilidad aplicable en caso de daño causado a ellos sigue siendo objetivo.

En cuanto al daño, consideró la Sala que, tratándose de la citada situación, será antijurídico cuando, en virtud de él resulte roto el equilibrio frente a las cargas públicas, es decir, cuando, dada su anormalidad, implique la imposición de una carga especial e injusta al conscripto o a sus familiares, en relación con las demás personas.

Respecto de la imputabilidad, se expresó que, demostrada la existencia de un daño antijurídico causado a quien presta el servicio militar, durante el mismo y en desarrollo de actividades propias de él, puede concluirse que aquél es imputable al Estado. En efecto, dado el carácter especial de esta situación, es claro que corresponde al Estado la protección de los conscriptos y la asunción de todos los riesgos que se creen como consecuencia de la realización de las diferentes tareas que a ellos se asignen. No será imputable el daño al Estado cuando éste haya ocurrido por una causa extraña, cuya demostración corresponderá a la parte demandada. Se agregó que la situación es aún más clara cuando el daño es causado con arma de dotación oficial, teniendo en cuenta que su sola manipulación implica un riesgo, al cual se expone la víctima por imposición del Estado.

Se concluye, entonces, en cuanto atañe al problema de la imputabilidad del perjuicio sufrido por los conscriptos, que tanto el daño especial como el riesgo excepcional sirven como factores de atribución de responsabilidad, y en ambos subyace el principio de restablecimiento del equilibrio frente a las cargas públicas, dada la situación de sacrificio y peligro a que son sometidos, en beneficio de toda la comunidad, quienes deben cumplir la obligación de prestar el servicio militar. Y ello da lugar a la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad, que se extiende a aquellos casos en que los familiares del soldado sometido a conscripción reclaman la indemnización del perjuicio directamente sufrido.

Se resuelve la situación planteada, de esta manera, con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política, sin necesidad de acudir a la doctrina elaborada por los civilistas en torno a las obligaciones de medio y de resultado. Puede argumentarse que la conclusión obtenida es la misma, en cuanto al régimen de responsabilidad, frente a lo cual debe decirse que el nuevo planteamiento implica, sin duda, un avance importante, dada la dificultad que supone la clasificación de los deberes extracontractuales asumidos por el Estado. La imputabilidad, por lo demás, no surge, necesariamente, del incumplimiento de un deber, dado el carácter objetivo del régimen aplicable.

Respetuosamente,

 

Alier E. Hernandez Enríquez. 

1 En este sentido, sentencia del 18 de septiembre de 1997, exp: 9.666

2 Sentencia del 23 de mayo de 1994, exp: 7616.

3 Sentencia de la Corte Constitucional C-239 del 20 de mayo de 1997.

4 Sentencia de la Corte Constitucional C-221 del 5 de mayo de 1994.

5 Sentencia de la Corte Constitucional C-221 del 5 de mayo de 1994.

6 En la sentencia T-474 del 25 de septiembre de 1996, por ejemplo, la Corte Constitucional ordenó brindarle a un menor adulto, testigo de Jehová, el tratamiento que requería para preservar su vida, aún contra la propia decisión del menor que se negaba a la práctica de una transfusión de sangre, por sus convicciones religiosas.

7 Expediente 11.401. Actores: María Nuby López y otros.

8 Expediente 11.706. Actores: José Epigmenio López Gómez y otros.