Sentencia 13337 de febrero 5 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros

Exp. 13.337

Actor: William Hernández Meneses

Demandado: Caja de Previsión Social. Municipal de Florida Blanca.

Santafé de Bogotá D.C., febrero 5 de mil novecientos noventa y ocho.

EXTRACTOS: «Para la Sala se encuentra plenamente demostrado que cuando se desempeñaba como agente de tránsito en el municipio de Florida Blanca (Santander), sufrió un accidente y como consecuencia del mismo se fracturó la pierna izquierda. Posteriormente fue conducido al hospital en donde recibió atención oportuna. Luego continuó con dolencias y por ello demandó atención en la caja de previsión de ese municipio donde se le negó la atención debida, por esta razón tuvo que acudir a una clínica privada para que nuevamente se le efectuara la respectiva cirugía, en la cual se pudo constatar que tenía problemas de indebida consolidación de las fracturas.

Aunque de primer intento, podría pensarse que las obligaciones de la Caja Social de Previsión frente al afiliado se deriva de la relación legal y reglamentaria como afiliado a tal entidad de previsión, para la Sala es claro que en medio de los actos administrativos vrg. los de nombramiento y remoción del mencionado funcionario y los de la junta médica que calificaron su estado de salud después de practicada la primera intervención quirúrgica también se presentaron hechos y omisiones que comprometen la responsabilidad a la luz de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Nacional.

En efecto, la mencionada norma gira en torno al daño antijurídico sin hacer mención de la causa del mismo, que puede ser un acto lícito, el simple obrar, o una omisión de la administración, sin que ello afecte en últimas el título de imputación jurídica contra la administración.

Pues bien, se hace la anterior distinción, pues en casos como el que ocupa la atención de la Sala en donde el daño es producto de una cadena de actos y hechos que se encuentran íntima e inescindiblemente relacionados, se puede concluir que la responsabilidad de la administración se origina en la actividad de la misma, sin necesidad de especificar en cada caso con exactitud cual fue el acto, el hecho o la omisión que la produjo.

Así en el sub lite, se detectan falencias inexcusables en la prestación del servicio, pues no se explica porque después de la primera intervención la junta médica considero que el paciente “no presentaba problemas en sus articulaciones adyacentes, ni problemas de marcha” (fl. 98 C. 1). Tampoco se explica la razón por la cual después de la intervención no se le continuó prestando el servicio médico. En efecto afirman los testigos que: “lo tenían a punta de pastillas e inyecciones y la pierna entre más días era más grande por lo que se estaba apichando el yeso por la sangre” (fl. 148 C. 1).

En suma, el paciente ante las fallas que se presentaron en el período post-operatorio, acudió a una clínica particular donde fue nuevamente intervenido pues la consolidación de las fracturas se estaba presentando en posición viciosa (fl. 120 C. 1).

Está claro en el expediente que apenas se presentó el accidente la entidad lo remitió al hospital y que por la intervención que allí se le practicó, la caja de previsión canceló la cuenta de cobro que reposa al folio 83, por valor de $ 3.012.456. Sin embargo, el cumplimiento de esta prestación no tuvo la suficiente entidad liberatoria, pues se comprobó que durante el período post-operatorio, no se le prestó atención alguna, atención que hubiera permitido constatar que la primera operación no quedó bien hecha y por tanto el paciente continuaba con las dolencias ya indicadas.

Tampoco se puede alegar con fuerza de convicción que el daño se produjo por culpa del paciente, pues éste acudía a la Caja de Previsión Municipal para obtener cuidados durante el post-operatorio y allí la atención no fue la indicada como ya se dijo.

De acuerdo a lo dicho esta Sala no comparte la decisión del tribunal que denegó las súplicas de la demanda y por el contrario, prohíja el concepto del procurador delegado ante esta corporación, el cual en su concepto de fondo solicita se acceda a las súplicas de la demanda, con apoyo en los siguientes razonamientos:

“Pues bien, luego de la lectura cuidadosa del plenario encuentra el despacho que dichos medios permiten concluir que el perjuicio recibido por el demandante tuvo su origen en el servicio prestado por la entidad demandada (Caja de Previsión Social) lo que hace presumir que el servicio fue inadecuado.

Frente a esta presunción, le correspondía a la entidad demandada, para eximirse de toda responsabilidad demostrar la existencia de la fuerza mayor, culpa de la víctima o el hecho de un tercero, o acreditar que su comportamiento fue diligente y que permitiera deducir su ausencia de culpa en la producción del daño, cosa que no se hizo.

En cuanto se refiere al cumplimiento de la obligación del médico, la doctrina señala que dicha prueba consiste en “demostrar que ejecutó la prestación a su cargo, esto es la serie de actos previstos por la ciencia y el arte médico para el tratamiento del caso que el paciente le confió: Que estudió la historia y particularidades del paciente, que en presencia de los síntomas consultados y percibidos y hecha la evaluación de su estado de salud ordenó los exámenes previos a su intervención para precisar el diagnóstico, si no acortado por lo menos consecuente a esas circunstancias y determinó la terapéutica correspondiente, que preparó al paciente con las drogas e indicaciones para la intervención quirúrgica, que se rodeo del personal auxiliar especializado y experimentado, que recluyó al enfermo oportunamente en un hospital, que disponía de los equipos adecuados, que practicó las incisiones e hizo las operaciones requeridas y en la forma prevista por su técnica; que contrató los síntomas vitales del operado, que intervino al paciente en condiciones de asepsia, que dio las órdenes las instrucciones apropiadas para el control post-operatorio; que explicó al paciente o a su familia los efectos y las precauciones a ser tomadas durante este período, que mantuvo un control de vigilancia sobre el enfermo, su progreso etc.” (Felipe Vallejo-La Responsabilidad Civil Médica-Revista la Academia Colombiana de Jurisprudencia Nº 300-301 mayo-noviembre de 1993, pág. 33).

Considera este despacho que hubo desinterés y descuido por parte de la Caja de Previsión Social, ya que no se hizo un previo estudio de su lesión, esta actuación ilegal por parte de los médicos indudablemente causó un daño al actor dejándolo con una secuela permanente (cojera)».

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