Sentencia 13338 de junio 15 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

INFORMACIONES PUBLICADAS EN PERIÓDICOS

NO PUEDEN SER APRECIADAS COMO PRUEBA TESTIMONIAL

EXTRACTOS: «Se afirma en la demanda que el señor Fernando Peraza Vengoechea sufrió un accidente de tránsito en la avenida de circunvalación de esta ciudad, exactamente a la altura de la calle 53, causado por la errónea construcción y el mal estado de conservación del puente ubicado en este punto.

Según la certificación expedida por el asistente administrativo de la secretaría de tránsito y transporte de Santafé de Bogotá, el 20 de junio de 1996, “no se encontró información alguna (con) respecto a (la) solicitud del informe de accidente sucedido el 14 de noviembre de 1992 del vehículo CGS-110” (fl. 49 c-2).

Para demostrar las causas y circunstancias en las cuales murió el señor Peraza Vengoechea sólo se cuenta en el expediente con las siguientes páginas periodísticas aportadas por la parte demandante:

2.1. Del diario El Tiempo las páginas:

— 1D del 15 de septiembre de 1992. Contiene una nota periodística que se titula: “La circunvalar: trampa veloz”. Se destaca en el artículo que en dicha avenida se produce el mayor índice de accidentes de toda la ciudad, en particular entre las calles 40 y 52, debido a deficiencias en la señalización, ausencia de funcionarios del tránsito, falta de cruces adecuados y separadores excesivamente angostos.

— 2D del 30 de septiembre de 1992. El artículo se titula: “Siguen los accidentes de tránsito. Trampa mortal en la calle 53 con avenida circunvalar”. Se afirma en esa publicación que “varios conductores que utilizan con frecuencia la circunvalar consideran que el principal problema en ese sitio es la falta de peralte en la curva”.

— 2D del 25 de noviembre de 1992. Se denuncian allí algunos accidentes ocurridos en la mencionada avenida, con calles 53 y 68 y se destaca que “la velocidad es sinónimo de avenida de circunvalación. Por ser esa una de las vías más rápidas, los conductores que por allí transitan están expuestos a toda clase de peligros…”.

— 1E del 6 de julio de 1993. Se describe el recorrido realizado sobre la avenida de circunvalación por un periodista del diario, acompañado de un ingeniero civil, quien advirtió en dicha vía las siguientes fallas:

“Descripción: se inició el recorrido en la calle 94. Se observa desgaste exagerado en la ampliación del empate de la carrera 7ª con la avenida circunvalar. El material nuevo (concreto) es de mejor calidad que el existente y se dejaron los anclajes del antiguo sardinel que quedan a la vista.

A la altura del túnel se observa un mantenimiento deficiente de sus estructuras y los lloraderos parecen no estar cumpliendo su función. A lo largo de todo el recorrido se pudo notar la falta de mantenimiento de la vía, especialmente de sus estructuras de concreto y de los andenes.

En el puente de la 53 se observa hundimiento del material de relleno de los estribos, así como un corrimiento de una de las aletas del estribo suroccidental de la calzada norte-sur. Además, se observa hundimiento de la calzada antes y después del puente.

En la oreja del puente, el corrimiento de la ladera del cerro ya ha obstaculizado uno de los carriles y no se han tomado las medidas para remediar este problema.

Muros de concreto que han sido colocados en las barandas del puente occidental han deflectado el puente. Habría sido mejor colocar un guardarriel y no forzar tanto la estructura.

No estoy asegurando que el puente vaya a sufrir un colapso, pero sí se debería revisar si la carga añadida no reduce significativamente el factor de seguridad utilizado en el diseño del mismo…”.

2.2. Del diario El Espacio la página 6, judicial, del 28 de noviembre de 1992. Se relata en éste un accidente ocurrido en la avenida circunvalar con la calle 53. Allí se afirma que el sitio donde se produjo el accidente “presenta peligrosísimas ondulaciones desde la parte inferior hasta la cima donde termina, y que precisamente uno de los puntos de mayor riesgo es el desnivel que existe en la unión del puente, donde un automóvil liviano que se desplace a gran velocidad puede perder fácilmente el control”. Sin embargo, precisa que el accidente relatado en el artículo se produjo “al parecer por la imprudencia del conductor, que se desplazaba a gran velocidad, con las llantas traseras lisas, por un tramo de la autopista húmedo por la lluvia”.

3. Los artículo 20, 73 y 74 de la Constitución Política establecen como derechos de toda persona los de expresar libremente sus pensamientos y opiniones e informar, derechos a los que se otorga como protección especial para garantizar su libertad e independencia, la prohibición de la censura y la inviolabilidad del secreto profesional.

El contenido de estas disposiciones ha sido adoptado por el derecho internacional desde la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789. En particular están previstos en la Declaración universal de derechos humanos (art. 19); el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (arts. 14, 18 y 19); el Pacto internacional de derechos económicos y sociales (art. 15) y la Convención americana de derechos humanos (art. 13).

Para el ejercicio de estos derechos, aún cuando ellos se cumplan a través de medios masivos de comunicación no se requieren títulos de idoneidad, aunque por supuesto, resulta conveniente el conocimiento técnico y científico del periodista en relación con las materias sobre las cuales informa. No obstante, la carencia de estos conocimientos no puede constituir razón para limitar el derecho, tal como lo consideró la Corte Constitucional al declarar la inexequibilidad de la Ley 51 de 1975(1), que regulaba la función periodística.

(1) Sentencia C-087 del 18 de marzo de 1998.

Sin embargo, como correlato del derecho a informar está previsto también constitucionalmente el derecho fundamental de ser informado en forma veraz e imparcial (C.P., art. 20).

La armonía de estos derechos implica, que quien expresa su pensamiento, puede “opinar lo que a bien tenga, sin importar qué tan molesta, equivocada, provocadora, revolucionaria o inmoral pueda ser la idea expresada”(2), siempre que la forma en la cual ejerza su derecho no impida de manera grave y directamente el ejercicio de los derechos ajenos, pues en tal caso habrá lugar a limitar el derecho de aquél.

(2) Sentencia de la Corte Constitucional T-602 del 12 de diciembre de 1995.

No obstante, cuando lo que el comunicador expresa no es su opinión sino el relato de un hecho, está sometido al principio de la buena fe y tiene por lo tanto, no sólo un alto grado de responsabilidad social, sino que también responden penal y civilmente el periodista y el medio en el cual éste presta sus servicios, por los daños que con su actividad puedan causar.

Por lo tanto, en el evento de que se incurra en tergiversaciones o inexactitudes de los hechos que se informan, proceden el deber legal de rectificación, la reparación patrimonial de los perjuicios que con éstas se cause e inclusive las sanciones punitivas por los delitos en que se haya podido incurrir.

Ahora bien, las informaciones publicadas en diarios no pueden ser consideradas dentro de un proceso como una prueba testimonial porque carecen de los requisitos esenciales que identifican este medio probatorio, en particular porque no son suministradas ante un funcionario judicial(3), no son rendidos bajo la solemnidad del juramento, ni el comunicador da cuenta de la razón de la ciencia de su dicho (CPC, art. 228), pues por el contrario, éste tiene el derecho a reservarse sus fuentes.

(3) Hay eventos en los cuales el testimonio no se rinde ante el funcionario judicial, como las declaraciones ante notario o alcalde (art. 299) y la declaración por certificación en razón del cargo (CPC, art. 222). No obstante, en estos casos deben reunirse las formalidades legales previstas para que los mismos tengan valor probatorio dentro de los procesos.

Los artículos de prensa pueden ser apreciados como prueba documental y por lo tanto, dan certeza de la existencia de las informaciones, pero no de la veracidad de su contenido. Debe recordarse que el documento declarativo difiere de la prueba testimonial documentada. Por lo tanto, si bien el documento puede contener una declaración de tercero, el contenido del mismo no puede ser apreciado como un testimonio, es decir, la prueba documental en este caso da cuenta de la existencia de la afirmación del tercero, pero las afirmaciones allí expresadas deben ser ratificadas ante el juez, con el cumplimiento de los demás requisitos para que puedan ser apreciadas como prueba testimonial.

4. Las publicaciones realizadas en los diarios cuyas páginas fueron aportadas al proceso, obedecieron a una campaña ideada por éstos con el objeto de lograr que las autoridades competentes ejercieran los controles necesarios para evitar los accidentes de tránsito en la avenida de circunvalación de esta ciudad.

En ellas se da cuenta de una grave situación de accidentalidad en la vía que en opinión de los periodistas obedecía a varias causas, entre ellas, deficiencias en el diseño de la carretera, la ausencia de señalización y la negligencia de los conductores que aprovechando la carencia de semáforos, desarrollan velocidades excesivas.

Tales opiniones periodísticas carecen de todo valor probatorio, por cuanto son precisamente meras opiniones que no comprometen a su autor. En cuanto a la información de los hechos, las mismas no pueden ser apreciadas en este proceso como testimonios por las razones antes expuestas, esto es, porque no fueron rendidas ante funcionario judicial, bajo la gravedad del juramento, ni los profesionales que las emitieron dieron la razón de sus dichos, es decir, se desconoce las fuentes de su información. Tampoco se tiene certeza de la idoneidad científica o técnica de quienes realizaron las informaciones, lo cual se requiere en todo testimonio técnico para valorar sus apreciaciones.

Estas publicaciones pueden ser consideradas como pruebas documentales, que demuestran el interés de los redactores de los diarios por el tema de la seguridad vial y que dan cuenta de un hecho notorio: los riesgos de la vía por causas que en algunos eventos podían atribuirse a fallas de las autoridades públicas y en otras a los particulares que transitan por éstas e inclusive se formularon cuestionamientos de orden técnico en relación con su diseño y mantenimiento, que en este proceso no fueron demostrados.

Ahora bien, en el caso concreto estos artículos periodísticos no acreditan ni el hecho de que el señor Fernando Peraza Vengoechea haya fallecido en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida de circunvalación de esta ciudad, ni mucho menos las causas del accidente, pues en ninguna de las publicaciones se relata siquiera el siniestro.

5. En conclusión, si bien se tiene certeza de que el señor Peraza Vengoechea falleció en un accidente de tránsito porque así se afirmó en la hoja de urgencias del hospital universitario de San Ignacio, no se tiene conocimiento del lugar donde ocurrió dicho accidente, ni de las causas que lo originaron, pues aunque se diera crédito a la afirmación contenida en la demanda de que el mismo se produjo en la avenida de circunvalación, sus causas —descartado el estado de alcoholemia de la víctima, según la prueba pericial— pudieron ser múltiples: deficiencia en el diseño de la vía; exceso de velocidad o falla mecánicas del automóvil, entre otras.

Al no existir ningún medio de prueba que permite obtener certeza sobre la existencia del accidente en el sitio referido en la demanda, ni sobre la falla del servicio a cargo de la entidad demandada, ni sobre la relación de causalidad entre dicho accidente y la falla atribuida, se confirmará el fallo recurrido.

Debe tenerse en cuenta que en el caso sub judice correspondía a los actores demostrar todos los elementos de la responsabilidad del Estado, pues no son aplicables al mismo los regímenes de falla presunta ni de presunción de responsabilidad ideados por la doctrina como último recurso para resolver asuntos en los cuales resulta inequitativo obligar al particular a probar hechos que la entidad tiene mayor facilidad para desvirtuar, como en los casos de responsabilidad médica y del ejercicio de actividades peligrosas».

(Sentencia de junio 15 de 2000. Expediente 13.338. Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque).

_______________________________