Sentencia 13355 de julio 3 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 25000-2327-000-2000-1363-01

Número interno: 13355

Consejero Ponente:

Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié

Actor: Sociedad Tretra Pak Ltda. C/La Nación - DIAN.

Intereses devolución.

Fallo

Bogotá, D.C., tres de julio de dos mil tres.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Previo a resolver lo que corresponda, se referirá la Sala a la excepción de inepta demanda, en la que en esta instancia insiste la apoderada de la Nación, aun cuando sin ningún argumento que lleve a conclusión distinta a la que arribó el tribunal. En efecto, como lo advirtió el a quo, si bien en la demanda no se dijo expresamente que la declaratoria de nulidad impetrada, lo era en forma parcial, y más exactamente en cuanto los actos demandados no reconocieron los intereses moratorios que pretendía la sociedad, sino que se limitaron a acceder a la solicitud de devolución y/o compensación, ello surge de la simple lectura del libelo, sin necesidad de mayores interpretaciones, pues, se repite, la sociedad pide se acceda al pago de los mencionados intereses, previa nulidad del acto que los negó.

Al no hallar la Sala próspero el medio exceptivo, debe establecer si frente a la solicitud de devolución efectuada por la sociedad se generaron intereses de mora como lo sostuvo la actora y lo aceptó el tribunal, o si por el contrario al haber sido objeto de inadmisión las solicitudes, no se cumplieron los presupuestos previstos para su causación, como lo indicó la administración.

Como se detalló en los antecedentes, la sociedad actora presentó el 17 de junio de 1999, solicitud de devolución acompañada de garantía de compañía de seguros, evento especialmente regulado en el artículo 860 del estatuto tributario, que dispone:

Devolución con presentación de garantía. Cuando el contribuyente o responsable presente con la solicitud de devolución una garantía a favor de la Nación, otorgada por las entidades bancarias o de compañías de seguros por el valor equivalente al monto objeto de devolución, la administración de impuestos dentro de los diez (10) días siguientes deberá hacer entrega del cheque, título o giro. La garantía de que trata este artículo tendrá una vigencia de dos años. Si dentro de este lapso, la administración tributaria notifica liquidación oficial de revisión el garante será solidariamente responsable por las obligaciones garantizadas incluyendo el monto de la sanción por improcedencia de la devolución, las cuales se harán efectivas junto con los intereses correspondientes, una vez quede en firme en la vía gubernativa o en la vía jurisdiccional cuando se interponga demanda ante la jurisdicción administrativa, el acto administrativo de liquidación oficial o de improcedencia de la devolución, aún si este se produce con posterioridad a los dos años”.

En la forma como lo establece la norma especial contenida en el artículo 860, siempre que el contribuyente o responsable presente con la solicitud de devolución una garantía a favor de la Nación, otorgada por entidades bancarias o compañías de seguros, la administración de impuestos, dentro del término especial, perentorio e improrrogable, de los diez días siguientes a la solicitud, por cuanto no admite suspensión alguna, deberá, como lo resalta la señora procuradora, hacer entrega del cheque, título o giro, en otras palabras, efectuar la devolución,

De modo que de acuerdo con la disposición, la administración estaba obligada a tramitar la solicitud y hacer la devolución en el plazo de 10 días, término que no observó, ya que el 1º de julio de 1999, este venció sin que se efectuara el correspondiente desembolso, el que solo se llevó a cabo el 7 de octubre.

La parte demandada a lo largo de la litis ha negado que el término para devolver venciera el 1º de julio de 1999, por cuanto la solicitud inicial fue objeto de inadmisión, y que la sociedad incurrió en “inconsistencias” que dieron lugar a varios autos inadmisorios.

La anterior posición defensiva habría sido admisible de haberse encontrado justificada la inadmisión, la que justamente está prevista cuando la solicitud presentada se encuentre en alguna de las circunstancias descritas en el artículo 857, particularmente la causal del numeral 2º, que prevé la inadmisión “cuando la solicitud se presente sin el lleno de los requisitos formales que exigen las normas pertinentes”.

La realidad procesal demuestra que no le asiste la razón a la administración al pretender enervar las consecuencias sancionatorias por la dilación en la devolución, pues lo cierto es que el artículo 6º del Decreto 1000 de 1997, aplicable a la solicitud de la sociedad, contempla los requisitos que deben reunir las solicitudes de devolución para los saldos a favor de los responsables del IVA, sin que en los actos acusados ni en los autos de trámite inadmisorios expedidos se hayan indicado, como insistentemente lo ha reclamado la sociedad actora, cuáles requisitos formales previstos en las normas debían ser subsanados.

En otras palabras, de ser cierto que la solicitud no se presentó en debida forma y por tal razón debía ser subsanada, ha debido manifestarse la causal respectiva y el defecto que daba lugar a la inadmisión, pues no es suficiente que el auto que la contenga se produzca dentro del término para devolver (art. 858, inc. 2º), sino que la inadmisión debe obedecer a causas justificativas de acuerdo con la ley.

Para la Sala la sociedad cumplió los términos, requisitos y procedimiento en el trámite de la solicitud de devolución, sin que la demora en la devolución le sea imputable, como ya se explicó; por tanto, no resulta aceptable, como tampoco lo fue para el tribunal y la procuradora, el proceder administrativo que injustificadamente retardó la devolución, pues se reitera, tratándose de solicitudes de devolución respaldadas con garantía a favor de la Nación, la administración está obligada a realizarla dentro del término de 10 días, lapso dentro del cual debía efectuar las verificaciones pertinentes. Se trata de un plazo que no puede ser desatendido so pretexto de dar certeza a la devolución, por cuanto no debe olvidarse el objeto de la garantía y que ella cubre el monto de la devolución, la respectiva sanción e intereses, en el evento de que la devolución fuere improcedente, quedando así respaldado el pago, en caso de establecerse posteriormente que fue improcedente.

A juicio de la Sala acertó el tribunal al considerar, con apoyo en jurisprudencia de esta Sala que destaca el carácter perentorio del término, al punto tal que no admite suspensión (1) , que efectivamente la administración incurrió en mora, circunstancia que la puso en el deber de pagar los intereses respectivos, como lo dispone el artículo 863 del estatuto tributario “a partir del vencimiento del término para devolver y hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación”.

(1) Cfr. Sentencia del 16 de mayo de 1999, expediente 9283 “...de manera que si se aceptara que en este caso opera la investigación previa y la consecuente suspensión de términos, no tendría razón de ser la garantía prestada, principalmente por los altos costos en que se incurre para su otorgamiento, y de otra parte, la misma podía hacerse efectiva por el incumplimiento del término especialmente establecido para la devolución con presentación de garantía”. Reitera la dictada en el proceso 5481 el 24 de marzo de 1995.

También está de acuerdo la Sala con la liquidación de los intereses moratorios efectuada por el tribunal, tal y como lo disponen las disposiciones legales y lo prevé el artículo 12 del Decreto Reglamentario 1000 de 1997, “los intereses se liquidarán diariamente a la tasa vigente...”, lo que implica que los intereses por una fracción de mes, constituida por un número de días inferior a 30, no deben liquidarse como un mes completo, sino que la fracción son esos mismos días, como lo ha precisado la Sección (2) .

(2) Cfr. Sentencia del 5 de mayo de 2000, expediente 9782, del 12 de septiembre de 2002, expediente 13.122.

De otra parte, el tribunal en forma adicional al reconocimiento de los intereses moratorios previstos en el artículo 863 del estatuto tributario, accedió a la solicitud de la sociedad de que dichos intereses fueran objeto de actualización en aplicación al artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. Al respecto, destaca la Sala la prevalencia y aplicación de las disposiciones especiales del estatuto tributario, título X “Devoluciones” artículo 850 y siguientes y dentro de ellas, las que consagran el derecho de los contribuyentes a percibir intereses moratorios (863) en el evento de que la devolución no sea atendida en los términos perentorios previstos en tales disposiciones, que prevalecen sobre las generales dispuestas para el evento de producirse sentencias condenatorias a cargo de la Nación.

Se trata de una regulación íntegra, de carácter especial, dictada con la explícita finalidad de regular las relaciones obligacionales entre el Estado y los contribuyentes, que hace innecesario acudir a otras disposiciones; en la ley tributaria se estableció el mecanismo para determinar y compensar el perjuicio sufrido por los contribuyentes, consistente en el pago de “intereses” “corrientes” y “moratorios” a su favor, ese es el método resarcitorio y de cuantificación de perjuicios dispuesto por la ley para cuando la administración incurre en mora: el reconocimiento de réditos de esta clase, por su valor nominal, sin que se prevea que los intereses moratorios (cuya tasa tiene una determinación especial, art. 635) causados en devoluciones tardías, a su turno puedan ser objeto de corrección monetaria alguna.

Así las cosas, considera la Sala que habiéndose liquidado intereses moratorios, no es viable la actualización, puesto que el reajuste monetario queda comprendido dentro de los intereses moratorios y es el modo previsto por la ley para entender satisfecha la obligación y los perjuicios que por el defectuoso cumplimiento se hubieren derivado a la contribuyente. A ello se agrega que la actualización de las deudas está prevista sólo al vencimiento de los tres primeros años de que habla el artículo 867-1 del estatuto tributario. Y por si fuera poco, el artículo 2º del Decreto 20 de 1994, expresamente prohíbe la actualización de intereses.

Así las cosas, la Sala modificará la sentencia apelada para corregir la liquidación efectuada por el tribunal, con el propósito de eliminar el mayor valor derivado del ajuste de los intereses, que en cuantía de $ 9.291.447 fue reconocido. En consecuencia, el valor de los intereses moratorios originados en la devolución extemporánea del saldo a favor de la sociedad actora, en cuantía de $ 548.251.000 es de $ 41.028.059.

En consecuencia, la Sala únicamente modificará la sentencia apelada, para reflejar en la parte resolutiva la liquidación efectuada en la instancia en cuanto al valor que se reconoce de los intereses.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE el numeral 1º de la sentencia apelada, en cuanto se declaró la nulidad de los actos demandados que desestimaron la solicitud de reconocimiento de intereses moratorios a favor de la sociedad actora.

2. REVÓCASE el numeral 2º de la sentencia apelada.

En su lugar, a título de restablecimiento del derecho:

FÍJASE en la suma de cuarenta y un millones veintiocho mil cincuenta y nueve pesos ($ 41.028.059) el valor de los intereses moratorios que la DIAN deberá cancelar a la sociedad Treta Pak Ltda., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3. RECONÓCESE personería a la abogada Ana Isabel Camargo Ángel, para representar a la Nación, de conformidad con el poder obrante al folio 126 del cuaderno principal.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

______________________________