Sentencia 13384 de abril 14 de 2000 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SECUESTRO EXTORSIVO

LA SUPUESTA LICITUD DE LA EXIGENCIA NO DESVIRTÚA ESTE DELITO

EXTRACTOS: «En lo atinente con la solicitud de casación parcial y oficiosa que hace el representante del Ministerio. Público, bajo el supuesto de que si, como según su concepto quedó demostrado, el secuestro de Alonso Ospina tuvo por móvil el cobro de una deuda, el tipo penal que ha debido imputarse a los procesados debió ser el de secuestro simple y no extorsivo.

15. Debe en primer lugar forzosamente precisarse que, contrario a las afirmaciones del delegado, no es en manera alguna claro dentro del proceso que el secuestro de Alonso Ospina hubiere tenido como propósito el cobro de una “deuda lícita”, siendo más de la índole de estas conductas el ilegal origen de las sumas presuntamente debidas, como acá mismo se advirtió al estar atribuidas a actividades de narcotráfico, por lo que el punto de partida de la propuesta que el Ministerio Público hace sobre el desacertado encuadramiento de la conducta realizada por los procesados, en el entendido de que el secuestro es simple o extorsivo dependiendo del origen del requerimiento, esto es de si tiene o no algún fundamento legal, configura una evidente petición de principio, como única posibilidad para desarrollar su teórico planteamiento.

16. Pese a lo anterior y para eliminar cualquier inquietud que pueda ciertamente verse reflejada a partir de su propuesta, sobre la manera como se adecuó en la ley penal la conducta de los procesados, la Sala se ocupará, brevemente, sobre el tema, debiendo recordar ab initio que ha sido su criterio reiterado el de considerar que en casos como el presente la correcta entidad típica del hecho corresponde a la descripción que hace el artículo 268 del Código Penal (Modificado por L. 40/93, art. 1º), ante lo cual rechazará la solicitud que en el referido sentido ha propuesto motu proprio el delegado.

17. En efecto, dada la descripción típica que el Decreto 100 de 1980 hizo en los artículos 268 y 269 de los secuestros extorsivo y simple, al introducir dentro de los elementos estructurales del primer modelo algunos ingredientes comportamentales subjetivos, se ha entendido que cuando se arrebata, sustrae, retiene u oculta a una persona con el propósito de exigir por su liberación un provecho o cualquier utilidad, si bien en principio puede no ser el referido beneficio de contenido patrimonial, indefectiblemente cuando la finalidad pretendida es de esta índole, la correcta adecuación de la conducta corresponde al secuestro en la primera modalidad en cita, sin que desde luego pueda variar este criterio, como no sea con desmedro de su inequívoca definición legal, por el hecho de que en el ánimo del agente esté consolidar un interés económico lícito, esto es, para cuya exigencia tendría respaldo en el ordenamiento jurídico.

18. El procurador delegado aduce que depende de si el provecho o cualquier otra utilidad exigidos por el agente del delito son “lícitos” o “ilícitos”, que la tipificación de la conducta corresponda a la modalidad de secuestro simple o extorsivo, respectivamente. Este planteamiento está sustentado en una errada comprensión sobre el contenido y alcance que en la estructura del delito y específicamente en los referidos contra la libertad individual y otras garantías, tienen los ingredientes espaciales del tipo normativos y subjetivos; agregando de su propia creación al tipo de secuestro extorsivo descrito por el artículo 268 del Código Penal, como base para la tesis propuesta, un elemento de contenido estrictamente jurídico, como es el atinente a “ilicitud” del beneficio pretendido, que evidentemente no prevé la norma, como sí acontecía con la formulación que de esta conducta hacía el artículo 293 del Decreto 2300 de 1936 y que, en consecuencia, hace artificiosa la propuesta o por lo menos de lege data ajena por completo a la realidad normativa que actualmente nos enmarca.

19. Sobre este particular, oportuna es la cita del fallo de casación radicado con el número 5458, de fecha 30 de octubre de 1991, con ponencia del magistrado doctor Dídimo Páez Velandia en cuanto atañe a que una fundamentación como la propuesta por el delegado:

“...parte de un supuesto confuso y falso. En relación con lo primero..., se equivocan los conceptos de ingrediente o elemento subjetivo del tipo con el normativo, pues si la diferencia en la configuración de las disposiciones... radica en la ilicitud de la exigencia motivo de la privación de la libertad del secuestrado, ello corresponde a una valoración que supone la existencia de la exigencia misma y no al particular ánimo con que se obra, el cual, según se argumenta, sería de la estructura de las dos formas de secuestro en discusión.

Empero, lo realmente fundamental en la apreciación del planteamiento del actor, es que la ilicitud de la utilidad o provecho a que se refiere como integrante del tipo de secuestro extorsivo, no la contempla la norma.

Como se puede ver, no contemplan estas preceptivas referencia alguna a la ilicitud de la exigencia, bastando en el secuestro extorsivo el ánimo o propósito de obtener utilidad cualquiera en la privación de la libertad de una persona para su estructuración mientras en el secuestro simple, por exclusión, un propósito distinto”.

Pero además, una exigencia de esta índole no tiene cabida en la regulación que del delito de secuestro contempla el estatuto penal, toda vez que:

“... corresponde, por supuesto, a la lógica de un sistema fundado en la protección de bienes jurídicos previamente configurados. De acuerdo con ella, si a través de tipo de secuestro se pretende la tutela de la libertad, mal puede condicionarse ese objetivo a la presencia o ausencia de valoraciones que lo harían irrealizable... Una exigencia de que la utilidad propuesta con el secuestro sea ilícita, implicaría la autorización de que pueda privarse de la libertad a una persona para demandar el cumplimiento de prestaciones lícitas, con lo cual el tipo estaría paradojalmente, prohibiendo y permitiendo la conducta en postura verdaderamente absurda”.

En similar sentido y sobre supuestos fácticos sustancialmente idénticos a los debatidos en este asunto, es la colisión radicada con el número 9488 del 3 septiembre de 1994, con ponencia del magistrado doctor Juan Manuel Torres Fresneda y últimamente la colisión radica con el número 1270 del 3 de julio de 1997 con ponencia del magistrado doctor Fernando Arboleda Ripoll.

La propuesta oficiosa del delegado, resulta por consiguiente inatenible, toda vez que la calificación jurídica de secuestro extorsivo dada a la conducta imputada a Montoya Mejía, es acertada».

(Sentencia de casación, abril 14 de 2000. Radicación 13.384. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote).

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