•SALA DE CASACIÓN PENAL

CONSULTA EN MATERIA PENAL

LA APELACIÓN NO IMPIDE EL EXAMEN INTEGRAL DE UNA PROVIDENCIA CONSULTABLE

EXTRACTOS: «1. La interpretación que la demandante hace del contenido del artículo 206 del Código de Procedimiento Penal (modificado por el 29 de la Ley 81 de 1993), en el sentido de que el grado jurisdiccional de la consulta no procede cuando alguna de las partes antepone el recurso de apelación, cualquiera sea el aspecto objeto de ella, no resulta consecuente con el alcance que a él corresponde.

Repetidamente ha sido sostenido que el instituto procesal de la consulta no es medio de impugnación o recurso, sino un mecanismo de revisión de la legalidad de ciertas decisiones judiciales, que opera por ministerio de la ley, que debe cumplir el superior jerárquico de quien la ha proferido.

A diferencia de los recursos, que son potestativos de los sujetos procesales y se fundan en razones de interés particular, la consulta opera por mandato legal, se apoya en razones de interés general, y es de carácter imperativo, particularidades que hacen que su cumplimiento no pueda dejarse al arbitrio de las partes, ni siquiera de la voluntad del funcionario judicial que ha proferido la decisión.

A estas diferencias habría que agregar las no menos importantes que en el ámbito de la competencia funcional del superior se presentan, acorde con la naturaleza de cada uno de estos institutos. Mientras en la apelación la competencia del superior tiene carácter limitado, en cuanto sólo puede revisar aquellos aspectos que son objeto de impugnación, en la consulta la competencia es de plena justicia e ilimitada.

De plena justicia, porque está facultado para examinar la decisión consultada en sus distintos aspectos; ilimitada porque puede revocarla o modificarla en cualquier sentido, sin condicionamientos de índole alguna, aun en disfavor del procesado, según lo establece el artículo 34 de la Ley 81 de 1993, modificatorio del 217 del estatuto procesal, y ha sido declarado en pronunciamientos de exequibilidad por la Corte Constitucional (cfr. C-583/97, M.P. Doctor Carlos Gaviria Díaz, entre otras).

Frente a estas premisas, mal puede compartirse la postura de la abogada demandante, en el sentido de que la simple interposición del recurso de apelación contra una decisión consultable, cualquiera sea el aspecto impugnado, enerva la posibilidad de que el superior pueda entrar a considerar los aspectos que no han sido objeto de tacha por el apelante.

No se discute que el artículo 206 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el 29 de la Ley 81 de 1993, adolece de graves falencias en su redacción, y que si el exégeta aprehende literalmente su texto, necesariamente habría de concluir que cuando se interpone algún recurso contra la decisión consultable, trátese de reposición o apelación —la norma no hace distinciones—, no habría lugar a este grado jurisdiccional. Recuérdese el texto de la disposición:

“Providencias consultables. En los delitos de conocimiento de los fiscales y jueces regionales, son consultables cuando no se interponga recurso alguno, la providencia mediante la cual se ordena la cesación de procedimiento, la preclusión de la investigación, la providencia que ordena la devolución a particulares de bienes del imputado o sindicado presuntamente provenientes de la ejecución del hecho punible o que sea objeto material del mismo y las sentencias que no sean anticipadas” (negrillas fuera de texto).

Lógicamente el aspecto puramente literal no puede ser el único norte en el proceso de interpretación de una norma. También ha de auscultarse la teleología del precepto y el sistema al cual se integra, y en esta medida es claro que la interpretación propuesta por la actora contraviene la naturaleza y razón de ser del instituto de la consulta.

Ya ha sido dicho, en doctrina reiterada, que este nivel de revisión opera por mandato legal, y que su operancia no puede depender de la voluntad de las partes, de suerte que baste la interposición del recurso de alzada para que el superior deba inhibirse de revisar los aspectos no atacados, quedando circunscrita su competencia funcional al examen de los que lo fueron. Admitirlo, sería entronizar un mecanismo de burla a la ley, y permitir que el interés general que fundamenta la consulta ceda paso al particular de los sujetos procesales (cfr. oct. 22/97, M.P. Dr. Ricardo Calvete Rangel).

La expresión “son consultables cuando contra ellas no se hubiere interpuesto el recurso de apelación”, utilizada en normatividades anteriores (L. 17/75, art. 1º; D. 050/87, art. 210), e incorporada hoy con algunas variantes en el texto del artículo 29 de la Ley 81 de 1993, tenía entonces razón de ser porque el recurso de apelación otorgaba competencia al ad quem para conocer sin limitaciones de la providencia impugnada (L. 17/75, art. 3º; D. 050/87, art. 538), tornando por contera innecesaria la consulta, e imprimiéndole a ésta un verdadero carácter subsidiario.

Frente a la normatividad actual, en que el recurso de apelación otorga competencia al superior para decidir únicamente sobre los aspectos impugnados, una consideración de esta índole pierde vigencia, no siendo posible postular que la consulta es subsidiaria de la apelación.

La supletoriedad del instituto de la consulta ha de ser entendida en relación con los aspectos que no han sido objeto de apelación, y sin que la interposición del recurso comprometa la potestad del ad quem, derivada de la ley, de poder reformar sin limitación alguna la decisión consultada, aun en los aspectos impugnados y en perjuicio del procesado.

Totalmente equivocado resulta, por consiguiente, impugnar un determinado aspecto de la decisión consultable, en el entendido de que así se impide su examen integral por la segunda instancia, o que de esta manera el procesado en cuyo nombre se apela queda amparado por el principio de no reformatio in pejus.

2. La providencia de 28 de septiembre de 1994, mediante la cual el juzgado de conocimiento dispuso la cesación de procedimiento en favor de los procesados, estaba sujeta al grado jurisdiccional de consulta de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 81 de 1993, modificatorio del 206 del Código de Procedimiento Penal.

Siendo ello así, el Tribunal tenía competencia plena para revisar la decisión consultada en su integridad, sin ninguna clase de limitaciones, pudiendo modificarla en cualquier sentido e inclusive revocarla, como finalmente lo hizo al advertir que no se cumplían las exigencias de la causal de extinción consagrada en la Ley 104 de 1993. De suerte que, por este aspecto, no encuentra la Sala irregularidad alguna que haya podido afectar el debido proceso».

(Sentencia de casación, octubre 21 de 1998. Radicación 13.419. Magistrado Ponente: Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll).

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