Sentencia 13443 de julio 24 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

DEDUCCIÓN POR DEUDAS PERDIDAS

PRUEBA DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

Rad: 2500023270002000119701

Interno 13443

Consejera Ponente:

Ligia López Díaz

Actor: Distribuidora Colombiana Disco Bogotá Ltda.

Impuesto sobre la renta.

Fallo

Bogotá, D.C., veinticuatro de julio de dos mil tres.

EXTRACTOS: «Antecedentes

La sociedad Distribuidora Colombiana Disco Bogotá Ltda. presentó su declaración de renta por el año gravable 1996 el día 20 de mayo de 1997, determinando un saldo a su favor por $ 39.181.000.

El 14 de mayo de 1999 la Administración de Impuestos Nacionales de las Personas Jurídicas de Bogotá profirió el Requerimiento Especial 300481999000014, planteando el rechazo de la deducción por cartera perdida, así como la imposición de sanción por inexactitud.

Previa respuesta del contribuyente, la DIAN emitió la Liquidación Oficial de Revisión 300641999000003 del 28 de septiembre de 1999, reiterando en su integridad los planteamientos del requerimiento, por lo cual determinó un mayor impuesto y sanción por inexactitud, fijando el saldo a favor de la sociedad en la suma de $ 4.887.000.

Contra la anterior actuación, el contribuyente interpuso recurso de reconsideración, el cual fue resuelto mediante Resolución 300662000000010 del 19 de junio de 2000 confirmando la liquidación oficial.

(...)

Consideraciones de la Sección

Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de los actos demandados, conforme al recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia de primera instancia.

Se debate la procedencia de la deducción declarada por la sociedad, con base en el artículo 146 del estatuto tributario, cuyo texto es el siguiente:

“ART. 146.—Deducción por deudas manifiestamente perdidas o sin valor. Son deducibles para los contribuyentes que lleven contabilidad por el sistema de causación, las deudas manifiestamente perdidas o sin valor que se hayan descargado durante el año o período gravable, siempre que se demuestre la realidad de la deuda, se justifique su descargo y se pruebe que se ha originado en operaciones productoras de renta: Cuando se establezca que una deuda es cobrable sólo en parte, puede aceptarse la cantidad correspondiente a la parte no cobrable. Cuando los contribuyentes no lleven la contabilidad indicada, tienen derecho a esta deducción conservando el documento concerniente a la deuda con constancia de su anulación”.

El artículo 80 del Decreto Reglamentario 187 de 1975, precisa las condiciones para la procedencia de la deducción así:

“ART. 80.—Para que proceda esta deducción es necesario:

1. Que la respectiva obligación se haya contraído con justa causa y a título oneroso.

2. Que se haya tomado en cuenta al computar la renta declarada en años anteriores o que se trate de créditos que hayan producido rentas declaradas en tales años.

3. Que se haya descargado en el año o período gravable de que se trata, mediante abono a la cuenta incobrable y cargo directo a pérdidas y ganancias.

4. Que la obligación exista en el momento de descargo.

5. Que existan razones para considerar la deuda manifiestamente perdida o sin valor”.

La sociedad actora está obligada a llevar contabilidad por el sistema de causación, por lo cual, para la procedencia de la deducción por deudas perdidas o sin valor debe cumplir los requisitos establecidos en las normas transcritas:

a) En primer lugar, debe tratarse de deudas manifiestamente perdidas o sin valor, que son aquellas “cuyo cobro no es posible hacer efectivo por insolvencia de los deudores y de los fiadores, por falta de garantías reales o por cualquier otra causa que permita considerarlas como actualmente perdidas, de acuerdo con una sana práctica comercial”, conforme lo establece el artículo 79 del Decreto Reglamentario 187 de 1975;

b) Las deudas deben haberse “descargado” durante el año o período gravable, esto es mediante un abono o crédito de la cuenta incobrable y un débito directo a pérdidas y ganancias;

c) Debe demostrarse la realidad de la deuda en el momento del descargo, que se haya contraído con justa causa y a título oneroso;

d) El contribuyente debe justificar el descargo o cancelación de la deuda, explicando las razones para considerar que la deuda está manifiestamente perdida o sin valor, de acuerdo con criterios comerciales, y

e) Por último, se debe demostrar que la deuda se originó en actividades productoras de renta y debió tenerse en cuenta al computar la renta declarada en años anteriores o que se trata de créditos que hayan producido rentas declaradas en tales años.

Las reglas contables y tributarias reconocen la posibilidad de la pérdida de la cartera, para lo cual admiten la provisión de las deudas de difícil cobro (E.T., art. 145), o también es posible cargar directamente al resultado del ejercicio, el valor de las deudas que se pierden, sin afectar la provisión, siempre y cuando se den las condiciones exigidas en los artículos 146 del estatuto tributario y 70 y 80 del Decreto 187 de 1975. Estas opciones no pueden aplicarse simultáneamente en el mismo período respecto de la misma obligación y su elección dependerá de la evaluación de la cartera siguiendo un criterio sano y subjetivo, pero no arbitrario.

En el presente caso, el contribuyente se acogió a las previsiones del artículo 146 del estatuto tributario ya transcrito, para lo cual obra en el expediente una certificación suscrita por el representante legal y el revisor fiscal de la sociedad donde consta lo siguiente:

“Nos permitimos, en relación con la deducción de pérdidas de cartera, Rubro 71, indicar lo siguiente:

a) Se adjuntan fotocopias de los documentos cancelados. Relación aparte.

b) El período al que se aplicó es el año gravable de 1996.

c) No se contabilizó como cuentas incobrables antes de llevarlas como pérdidas.

d) El motivo o justificación es del gerente, dueño de la empresa junto con su esposa, quien después de agotar todos los medios a su alcance, la localización de los deudores morosos por uno, dos y tres años, decide darlas por perdidas, con base en los artículos 146 y 148 del estatuto tributario” (fls. 80 y 81).

Con ocasión de la interposición del recurso de reposición ante la administración, el revisor fiscal expidió una certificación adicional cuyos términos se transcriben a continuación en los apartes pertinentes:

“El suscrito revisor fiscal de Distribuidora Colombiana Disco Bogotá Ltda., con NIT 860.517.890-9, certifica que:

1. La sociedad lleva el movimiento de sus clientes mediante un módulo o software denominado facturación e inventarios, el cual cumple y es llevado de acuerdo con los procedimientos de contabilidad generalmente aceptados.

2. El movimiento de todos los documentos que conforman las cuentas por ventas como las de los clientes que se han cancelado por ser incobrables por $ 37.685.000, han sido registradas y llevadas de acuerdo con las normas contables y forman parte de los registros que han sido llevados y tomados fielmente de los libros o registros contables.

(...).

6. La sociedad se vale de los registros del sistema de computador mencionado en el primer numeral y produce el documento denominado cartera por edades, para llamar telefónicamente, buscar y localizar a los clientes, donde se detallan los créditos activos de clientes con relación de cada factura que se está adeudando, con indicación de los días de mora, obligaciones por vencer y los meses en los cuales debía cancelar su obligación, planillas que son base para adelantar las diligencias tendientes a obtener el cobro. En dicha etapa intervienen tanto los administradores de la sociedad y de los vendedores de la misma. Igualmente se produce el documento Facturas vencidas que cumple las mismas funciones que el de cartera por edades, y cuya última columna indica la cartera cuyos vencimientos sobrepasan los 150 días y donde se encuentran registradas y/o contabilizadas las facturas incobrables vencidas a más de 360 días, que la administración decide darlas de baja con crédito a la cuenta incobrable del cliente y cargo directo a la cuenta de pérdidas y ganancias. Se adjuntan fotocopias como ejemplo”.

Las anteriores certificaciones sirvieron de sustento al tribunal para acceder a las súplicas de la demanda, con fundamento en el artículo 777 del estatuto tributario, según el cual “cuando se trate de presentar en las oficinas de la administración pruebas contables, serán suficientes las certificaciones de los contadores o revisores fiscales de conformidad con las normas legales vigentes, sin perjuicio de la facultad que tiene la administración de hacer las comprobaciones pertinentes”.

Para que las certificaciones de contadores o revisores fiscales se consideren pruebas suficientes además de sujetarse a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad, deben permitir llevar al convencimiento del hecho que se pretende probar, y según señala la entidad demandada en su recurso, no se han desvirtuado los cuestionamientos sobre las deudas.

Para la Sala las certificaciones suscritas por el revisor fiscal de la sociedad no son suficientes para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para castigar en su totalidad las deudas y así poder deducirlas de la renta.

En primer lugar, los certificados no indican las fechas en las cuales las obligaciones fueron descargadas, ni los soportes internos que se elaboraron para tal fin o las cuentas afectadas, sino que en forma general se indica que “el período al que se aplicó fue 1996”.

Adicionalmente, subsisten interrogantes sobre la existencia de algunas deudas, como lo pone de manifiesto la entidad apelante al citar facturas que tienen sello de “cancelado”, el cual permite deducir que no se trata de obligaciones pendientes de pago en el año 1996. A folios 74, 75 y 79 del cuaderno de antecedentes obran las facturas de fecha 29 de agosto de 1994, 11 de agosto de 1994 y 26 de octubre de 1993, en las cuales se observa un sello de “cancelado” y las fechas 13 de septiembre de 1994, 15 de noviembre de 1994 y 11 de febrero de 1994. respectivamente. Estos documentos fueron aportados por el contribuyente a la administración y advertidos en la liquidación oficial, sin que las certificaciones expliquen claramente las razones del sello, por lo cual puede concluirse que estas deudas no estaban vigentes durante el año 1996.

Tampoco las certificaciones permiten establecer plenamente la justificación que tuvo la sociedad para dar por perdidas las obligaciones castigadas.

En la primera de las certificaciones se dice que el gerente de la empresa, “después de agotar todos los medios a su alcance, la localización de los deudores morosos por uno, dos y tres años, decide darlas por perdidas”, con lo cual no es posible acreditar que se atendieron criterios de una sana práctica comercial, pues no se especifican las gestiones realizadas para lograr el cobro de las obligaciones, ni se mencionan los informes de abogado en los que se aconseje la baja de la obligación por no ser viable su cobro, ni se demuestra que los deudores están insolventes o al menos, los criterios mercantiles tenidos en cuenta para concluir que no se va a obtener el pago de las obligaciones.

El contribuyente debe demostrar la posibilidad inminente de que las deudas ya no van a ser recobradas, no basta probar que son de difícil cobro, pues en ese caso la deducción de la provisión que procedería es la establecida en el artículo 145 del estatuto tributario, siempre que se cumplan los requisitos allí establecidos y en los porcentajes fijados por los artículos 72 y 73 del Decreto Reglamentario 187 de 1975 y demás normas concordantes. No es lo mismo dar por perdida la cartera, de conformidad con el artículo 146 del estatuto tributario, a que ésta sea de difícil cobro.

El revisor fiscal en la certificación que obra a folios 167 y 168 del cuaderno de antecedentes y transcrita anteriormente da a entender que se dan por incobrables aquellas facturas con más de 360 días de vencidas, lo cual no puede ser admitido como criterio único para dar por perdida una obligación, pues debe demostrarse que concurren circunstancias que hagan evidente la imposibilidad de obtener el pago de la deuda.

Por último, se llama la atención sobre la factura 40732 expedida el 8 de marzo de 1996 al cliente ITF Ltda., con vencimiento el 7 de mayo de 1996, que fue castigada por el contribuyente en ese mismo año, sin tener en cuenta su improcedencia, porque se trata de una obligación que no influyó en la renta de años anteriores.

Todas las anteriores consideraciones permiten desvirtuar las certificaciones del revisor fiscal de la sociedad como prueba de la deducción, porque no se cumplen los requisitos exigidos en el artículo 80 del Decreto 187 de 1975, que permiten llevar al convencimiento de la procedibilidad de la deducción.

No se comparten los argumentos expuestos por el tribunal y el Ministerio Público sobre las comprobaciones pertinentes en la contabilidad del contribuyente para desvirtuar la certificación del revisor fiscal, que la administración debió hacer, porque como ya se indicó, para que la certificación se considere prueba suficiente debe cumplir con los requisitos mínimos exigidos para llevar al convencimiento del hecho que se pretende probar, lo que no ocurre en este caso.

Adicionalmente, es una carga del contribuyente acreditar el cumplimiento de los requisitos para la deducción de que trata el artículo 146 del estatuto tributario, pues este es uno de los eventos que exigen una comprobación especial.

De conformidad con el artículo 746 del estatuto tributario, se presumen ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias o en las respuestas a los requerimientos administrativos, salvo que sobre tales hechos no se haya solicitado una comprobación especial por parte de la ley o de la administración tributaria.

Para la deducción por deudas manifiestamente perdidas o sin valor, expresamente el artículo 146 del estatuto tributario exige demostrar la realidad de la deuda, justificar su descargo y la prueba de que se ha originado en operaciones productoras de renta. Así mismo, la administración específicamente solicitó al contribuyente a través del requerimiento especial y los demás actos previos acreditar los requisitos del artículo 80 del Decreto 187 de 1975, por lo que la carga probatoria correspondía a la sociedad, quedando el fisco relevado de demostrar el incumplimiento.

En conclusión la sociedad actora no cumplió con estos requisitos, pues como se indicó, no esta acreditada la pérdida de la cuenta por cobrar; ni se demostró claramente la realidad de aquellas obligaciones cuyas facturas aparecen como canceladas; tampoco se justificó con base en criterios comerciales las razones del descargo; además, existe una obligación a la que ya se hizo referencia (ITF Ltda.), que no se tuvo en cuenta al computar la renta de años anteriores.

Por todo lo expuesto, la Sala revocará la sentencia impugnada y en su lugar negará las súplicas de la demanda, manteniendo el rechazo de la deducción solicitada de acuerdo con los actos acusados.

Frente a la sanción por inexactitud, deberá ser levantada, toda vez que el rechazo de la deducción se generó por deficiencias en su comprobación, lo cual no configura inexactitud sancionable, como ya ha sido señalado por la Sala.

En consecuencia, la liquidación del impuesto de renta por el año gravable 1996 de la sociedad Distribuidora Colombiana Disco Bogotá Ltda. quedará así:

RenglónConceptoCódigoValor
46Total ingresos netosIG4.342.466.000
74Total costos y deduccionesCl4.114.166.000
79Renta líquida gravableRE228.300.000
90Total impuesto a cargoFU79.905.000
99Total retenciones año gravable 1996GR105.896.000
103Más sancionesVS-0-
105Total saldo a favorHB25.991.000

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada. En su lugar:

NIÉGANSE las súplicas de la demanda, salvo en cuanto a la sanción por inexactitud la cual se levanta.

FÍJASE el saldo a favor de la sociedad Distribuidora Colombiana Disco Bogotá Ltda. por el año gravable 1996 en la suma de veinticinco millones novecientos noventa y un mil pesos ($ 25.991.000), de conformidad con la liquidación inserta en la parte motiva de esta providencia.

RECONÓCESE personería a la abogada Amparo Merizalde de Martínez para representar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y envíese copia al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia de que esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

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