Sentencia 13457 de enero 22 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

SANCIONES DISCIPLINARIAS

EJECUCIÓN POR LA PROCURADURÍA

EXTRACTOS: «LUIS ALBERTO FRANCO MORENO, solicita se declare nula la Resolución 1265 del 10 de noviembre de 1995, proferida por el Procurador Tercero Delegado para la Vigilancia Administrativa, mediante la cual se ejecutó la sanción de destitución que le fue impuesta meses antes por la propia Procuraduría, en su calidad de jefe del servicio de salud del Meta, e imponiéndole a su vez la correspondiente inhabilidad, por considerar que el Procurador Tercero Delegado carecía de competencia para ejecutar la sanción e imponer la inhabilidad, pues esa era función del nominador del sector salud.

(...).

Consideraciones

El actor para pedir la nulidad del acto acusado, estima que el Procurador Tercero Delegado carecía de competencia para ejecutar la sanción de destitución que el Ministerio Público le había impuesto meses atrás, así como la de imponerle la sanción accesoria de inhabilidad, pues esa era una función del nominador del sector salud (fls. 24 y ss.).

De acuerdo con lo antes expuesto, se pasará a examinar el proceso con el objeto de tomar la decisión correspondiente.

Quedó debidamente probado en el proceso que al actor le fue impuesta por la Procuraduría General de la Nación, la sanción de “solicitud de destitución”, con base en las resoluciones 034 del 27 de abril de 1993 y 14 de enero de 1994, las que para la fecha de expedición del acto acusado, esto es, el día 10 de noviembre de 1995, estaban debidamente ejecutoriadas, y no habían perdido su fuerza ejecutoria.

Tanto el Gobernador del Departamento del Meta como el Ministro de Salud, a pesar de la solicitud elevada por la Procuraduría General de la Nación, para la fecha de expedición del acto acusado, no habían dictado acto administrativo, dándole cumplimiento a la solicitud de sanción disciplinaria impuesta al demandante.

De conformidad con el parágrafo 2º del artículo 34 de la Ley 200 de 1995, la ejecución de la sanción no había prescrito, puesto que la medida disciplinaria se había impuesto como ya se dijo, mediante Resolución 034 del 27 de abril de 1993 y 14 de enero de 1994, si se tiene en cuenta que la resolución acusada 1265 fue expedida el día 10 de noviembre de 1995.

En otros términos, entre la fecha de la imposición de la sanción y la fecha de su ejecución, no habían transcurrido los dos años de prescripción de que habla la ley respecto de las sanciones.

Textualmente dice el citado parágrafo 2º del artículo 34 de la Ley 200 de 1995.

“PAR. 2º—La ejecución de la sanción disciplinaria prescribe en un término de (2) dos años, contados a partir de la ejecutoria del fallo.

En cuanto se refiere a la competencia que tenía la Procuraduría General de la Nación para dictar el acto administrativo de ejecución de la sanción, conviene expresar que la Carta Política de 1991 le atribuyó a la Procuraduría General de la Nación, las funciones de “vigilancia superior de la conducta de los servidores públicos”, y en general respecto de quienes desempeñan funciones públicas, así como las del “ejercicio preferente del poder disciplinario”, y el consiguiente adelantamiento de las investigaciones disciplinarias e imposición de las sanciones que señale la ley.

Textualmente dice el artículo 277 de numeral 6º de la Carta Política:

“6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley”.

La Sala sobre el particular desea señalar que el Ministerio Público ejerce estas atribuciones en forma preferente sobre cualquier otra autoridad, salvo las excepciones que la propia Carta Política fijó como ocurre respecto de los funcionarios judiciales que tienen un fuero especial, al tenor de lo dispuesto en los artículos 175 y 178 de la C.N., o de los alcaldes municipales, según lo preceptúan los artículos 314 y 323 de la Carta Política.

La Corte Constitucional sobre la competencia que tiene la Procuraduría General de la Nación tanto para imponer sanciones como para ordenar su ejecución, dijo al respecto en sentencia C-229 del 25 de mayo de 1995, con ponencia del Dr. Alejandro Martínez Caballero:

“En tales circunstancias, y teniendo en cuenta la independencia del Ministerio Público, la Corte considera que la única interpretación adecuada del alcance de esta facultad de imponer sanciones, es que, como regla general, corresponde directamente al Procurador, a sus delegados o a sus agentes, no sólo adoptar la decisión disciplinaria correspondiente sino, además, hacerla efectiva. No otro puede ser el sentido de la facultad de “imponer las respectivas sanciones conforme a la ley” consagrado en el artículo 277 ordinal 6º, puesto que “imponer”, según el Diccionario de la Real Academia Española, significa “hacer valer su autoridad o poderío”. Es obvio que la potestad de supervigilancia disciplinaria del Procurador pierde parte de su autoridad o poderío si la ley limita la facultad del Ministerio Público a que éste “solicite” que el superior jerárquico o el nominador hagan efectiva la sanción correspondiente. En efecto, ello implica una concepción subalterna de la Procuraduría, pues da a entender que ésta sigue sometida a la suprema dirección del ejecutivo, tal y como sucedía en la Constitución derogada.

La Corte considera entonces que la expresión “conforme a la ley” hace referencia no a la posibilidad de que el legislador pueda trasladar a otras autoridades la imposición de las sanciones derivadas del poder disciplinario preferente del Ministerio Público sino al principio de legalidad que rige el derecho disciplinario, según el cual corresponde a la ley regular los tipos de sanciones disciplinarias, así como los procedimientos de investigación desarrollados por la Procuraduría. Ese es también el sentido del artículo 124 de la Carta, según el cual “la ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva”. Pero lo que no puede la ley es atribuir a otra autoridad distinta a la Procuraduría la facultad de imponer esto es, adoptar y hacer efectivas las sanciones disciplinarias derivadas de la potestad disciplinaria externa, puesto que ésta es una función constitucional propia del Procurador, que se extiende, por mandato expreso de la Constitución, a los funcionarios públicos de elección popular (C.P., art. 277, ord. 6º)”. Gaceta de la Corte Constitucional Tomo 5 Volumen I. Pág. 227.

Por consiguiente, como el acto acusado fue dictado por funcionario que conforme a la Carta Política tiene competencia para sancionar y ejecutar las sanciones, y dicha ejecución se ordenó cuando aún no había prescrito tal facultad, y los superiores jerárquicos del funcionario sancionado, tampoco se habían preocupado por hacer cumplir la sanción, y reiteradamente ha sostenido esta corporación que la facultad de sancionar que tiene la Procuraduría General de la Nación la ejerce conforme a sus propias normas, no se ve como el acto demandado pueda contrariar la ley o la Carta Política, motivo por el cual se concluye que no están llamadas a prosperar las súplicas de la demanda.

No puede admitirse como lo pretende el actor que la efectividad de una sanción quede impune, porque el superior jerárquico se abstenga de hacerla cumplir, y el Ministerio Público no pueda ordenar su ejecución, si además fue él quien adelantó el proceso disciplinario y sancionó. Pensar en un sentido contrario, sería propiciar la impunidad, lo cual no es procedente lograr mediante el empleo de mecanismos legales, como el propuesto de la demanda».

(Sentencia de enero 22 de 1998. Expediente 13457. Consejero Ponente: Dr. Javier Díaz Bueno).

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