Sentencia 13480 de diciembre 4 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: R-3841

Proceso 13480

Consejero Ponente:

Dr. Germán Rodríguez Villamizar

Actor: Alexander Arango Fernández y otros

Ref.: Indemnizatorio

Demandado: Hospital San Juan de Dios de Armenia.

Bogotá, D.C., cuatro de diciembre de dos mil dos.

Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío el 6 de marzo de 1997, mediante la cual se dispuso:

Primero. Niéganse las súplicas de la demanda.

Segundo. Condénase en costas a los demandantes

Tercero. En firme esta providencia, archívese el expediente previa devolución a los demandantes del remanente, si lo hubiere, de la suma consignada para gastos del proceso.” (fl. 268, cdno. ppal. negrillas del texto).

I. Antecedentes

1. Las pretensiones.

Los señores Marina Hernández González, quien actúa en nombre propio y en representación de su hija menor María Nayibe Hernández, y Alexander Arango Fernández, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, el 30 de noviembre de 1995 formularon demanda ante el Tribunal Administrativo del Quindío, en contra del Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, para que se declare la responsabilidad patrimonial de tal entidad por el fallecimiento del recién nacido Santiago Arango Hernández, hijo de Alexander Arango Fernández y María Nayibe Hernández y, consecuencialmente, que se condene al pago de los perjuicios de orden moral causados a los demandantes.

2. Los hechos.

En la demanda, se narran los siguientes:

“1. ALEXANDER ARANGO FERNÁNDEZ Y MARÍA NAYIBE HERNÁNDEZ, iniciaron amores de noviazgo en el año de 1994 llegando a tener relaciones extra conyugales, quedando ésta en embarazo y decidiéndose iniciar entre ellos una unión de hecho, fijando su residencia en la casa de la madre y de la abuela de la menor hija, ubicada en la manzana (sic) 16 casa Nº 15 del barrio (sic) Zuldemayda de esta ciudad.

2. Durante el embarazo, la menor recibía ayudas económicas de su compañero y de la madre de ésta MARINA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ y, los controles prenatales estaban a cargo del doctor DIEGO LEÓN, médico (sic) adscrito a la UNIDAD INTERMEDIA DEL SUR, determinándose de conformidad con la historia clínica, un feto bastante grande, pero con un estado normal de desarrollo del embarazo.

3. El mencionado médico (sic) le había fijado a la primigestante un posible parto entre el ocho y el diez de junio (sic), con la posibilidad de ser antes debido a lo grande del feto y al hecho de ser primeriza, recomendándole una cesárea.

4. El 25 de mayo (sic) de 1995, a la gestante le sobrevino una hemorragia que le duro (sic) veinticuatro horas. El 28 del mismo mes a eso de las 11 y 30 de la mañana ingresó al Hospital San Juan de Dios por urgencia y de caridad, en razón a que los dolores de parto eran más fuertes y constantes y aún pintaba sangre.

En el departamento de urgencias, fue atendido (sic) por dos médicos (sic) internistas (sic) y algunos estudiantes de medicina, los cuales se encontraron con una paciente con un cuadro clínico de más o menos tres días de evolución consistente en dolor hipogástrico tipo contracción uterina regulares irradiados a la zona lumbrosaca acompañado de sangrado con coágulos.

6. Los médicos (sic) internistas (sic) responden a los nombres MARÍA DEL PILAR RÍOS BERNAL y JULIÁN MARULANDA CERÓN, quienes de conformidad con lo que se tiene conocimiento, observaron a una primigestante con un feto bastante grande y una estrechez pélvica, diagnosticando la necesidad de una cesárea, decisión que fue aceptada por la nulípara informándoles que el médico (sic) que le había controlado la etapa prenatal también lo había recomendado así.

7. Ese día, sólo se encontraba como médico especialosta (sic) en obstetricia (sic) y ginecología (sic) el doctor JOSÉ HERNANDO CELADES HERNÁNDEZ, adscrito a la entidad hospitalaria demandada, quien sólo vino a atender a la paciente entre las 15 y 30 a 15 y 50 (3:30 a 3:50 p.m.) de la tarde (sic), quien al escuchar los diagnósticos de los médicos internos (sic) y de un estudiante, de que la pelvis era estrecha y el feto al observar y palpar el abdomen era muy grande, ausculto (sic), descartando el diagnóstico aludido, arguyendo que el feto estaba bien con frecuencia cardiaca (sic) normal y sin desaceleraciones, y que en cuanto a la paciente, ella tenía una pelvis normal y adecuada para un parto vaginal sin complicaciones y, procedió a retirarse bajo el argumento que tenía otras pacientes.

8. Aproximadamente entre diez y quince minutos más tarde, el doctor Celades regresó y procedió a la ruptura de membranas con el fin de acelerar más el parto, lo cual le produjo a la paciente dolores más fuertes y nuevamente se alejó de la paciente con el mismo argumento anterior. Cada medía hora los médicos internistas (sic) le hacían tacto.

9. A eso de las seis de la tarde, los dolores fueron más intensos y tenía aproximadamente 10 de dilatación iniciándose el momento expulsivo, lo que motivé a que la llevaran a la sala de parto y uno de los médicos internos (sic), doctora MARÍA DEL PILAR RÍOS BERNAL al notar que la expulsión era prolongada, con desaceleraciones en la frecuencia cardíaca (sic) del feto y ante la ausencia del especialista, instruyó a la paciente para el pujo, pero mientras la paciente más pujaba ella sentía que el feto se le devolvía, atribuible a la pelvis estrecha. La mencionada doctora le comunicó al especialista quien no pudo bajar a atender de inmediato a ésta paciente. A las seis y cuarto de la tarde regresó el doctor Celades, excusando la demora en que tenía otra paciente con difícil parto, le solicitó más pujo y al ver que el parto se hacía más complicado, le aplicó pitosín y luego procedió a realizar un parto instrumental utilizando las espátulas de velasco, naciendo a las seis y treinta de la tarde un niño RNGEG (recién nacido grande para la edad gestacional), deprimido, cianótico, morado, con dificultad respiratoria, con líquido amniótico con meconio y con un peso de 8 libras 092 gramos (4.046 gramos.).

10. De inmediato el médico especialista (sic), ante la ausencia en ése (sic) momento de la pediatra (sic) de turno doctora MERCEDES PATRICIA CASTELO MESA y ante la no poca confianza que le prodigó al médico interno (sic) rotante de pediatría (sic), procedió a iniciar las actividades de reanimación del recién nacido, secado, ligadura de cordón, retiro del meconio, etc., para luego pasarlo a la unidad de recién nacidos, no sin antes mostrarle el bebé a la madre, quien lo observó sin llanto, sin abrir los ojos, morado y le pareció que maltrataban al menor al tomarlo de la cabeza.

11. La (sic) doctora MAURY FERNÁNDEZ comunicó a la doctora MERCEDES PATRICIA CASTELO MESA que en la unidad de recién nacidos se hallaba un bebé muy grande, cuyo parto fue complicado y había sido instrumentado. La mencionada profesional se acerco (sic) al lugar en donde se encontraba el niño, encontrándolo con sangrado por la nariz y la boca, más adelante observó que no respondía a estímulos, vislumbrando la posibilidad de que tuviera una hemorragia craneana.

(sic).

13. El padre del bebé fallecido ALEXANDER ARANGO FERNÁNDEZ, se trasladó al hospital e inició los procedimientos necesarios para retirar el niño y darle sepultura, no sin antes exigir explicaciones al doctor Cedales, quien le manifestó que había hecho todo lo posible, y que si se hubiera presentado cualquier lesión, no fue en el parto sino al momento del trabajo de expulsión que había sido prolongado y que el no había podido atender, debido a las múltiples ocupaciones que tenía con otros pacientes. Se le recriminó el porque (sic) no había hecho cesárea, respondiendo que la cesárea era demasiado tarde para el momento en que encontraba el problema de expulsión, que lo que el (sic) hizo no vario (sic) las circunstancias del bebe (sic) pero sí protegió a la madre, que le insistía en que pudo ocurrir una lesión cerebral por hemorragia en la expulsión que fue muy prolongada y que él bien pudo realizar antes un parto instrumental, pero no se encontraba muy disponible debido al trabajo que tenía.

14. Las anteriores situaciones nos sirven para definir sin lugar a dudas, que a pesar de la experiencia del médico especialista (sic) de turno, éste falló por las siguientes circunstancias: a) Por haber hecho caso omiso del diagnostico (sic) de los médicos internistas (sic) de que la paciente tenía un feto muy grande y una pelvis muy estrecha, debiendo practicarse una cesárea. b) Por la demora en la atención del parto bien hubiera sido por cesárea o instrumentado, pues si la primera ya no se podía por el momento grave en que se encontraba la expulsión, la segunda bien pudo ser correcta en el manejo de las espátulas, se hizo tardía y el bebé nació con lesión cerebral debido a la asfixia producto del parto o expulsión prolongado. c) Si él era consciente de que tenía demasiado trabajo, debió tomar las medidas pertinentes y solicitar la presencia de otros colegas especializados en la materia.

15. Si damos por cierta la manifestación del médico (sic) de que tenía mucho trabajo, falla también la propia entidad hospitalaria, puesto que es error grave y se violan normas constitucionales y legales, el hecho de no prever la necesidad de tener mas (sic) de un médico especialista (sic) en atenciones de parto, o sea obstetras y ginecólogos, para suplir las necesidades de atención para sus pacientes, sean éstos de caridad o no.

16. Es un hecho cierto que no se necesita ser un lego (sic) en la materia, para saber que cuando se tiene un parto muy prolongado puede sobrevenir el hecho de no llegarle oxígeno al feto causándole lesiones graves en el corazón y en el cerebro y, que debido al sufrimiento fetal por lo extenso del parto la presencia del sangrado es entre otros, signo o diagnostico (sic) de lesión o hemorragia en el cráneo.

17. Hay un claro error, o negligencia o falta de cuidado en la atención de parle del doctor Celades para con el parto de mi paciente (sic), pues desoyó los otros diagnósticos de (sic), porque (sic) no decirlo sus estudiantes, y procedió tardíamente en la solución del problema que allí mismo se creó; pero si lo atribuimos a falta de tiempo del mencionado profesional en la atención del paciente, que se traduce en negligencia y falta de precisión del hospital, al no tener sino un sólo médico especializado (sic) para estos casos, tampoco es salida exculpativa de responsabilidad, pues en uno u otro caso hay la falla en el servicio medico (sic) hospitalario, del cual se debe responder.(...)”. (fls. 3 a 8, cdno. ppal., mayúsculas fijas y negrillas del texto).

3. Llamamiento en garantía.

Mediante auto del 28 de marzo de 1996 (fI. 105, cdno. ppal.), se admitió el llamamiento en garantía al médico José Fernando Celades Hernández, realizado por el ministerio público (fIs. 30 a 33, cdno. ppal.).

A través de apoderado judicial, el llamado compareció al proceso (fIs. 112 a 135 cdno. ppal.), señalando que actuó dentro de los parámetros legales y éticos, habida consideración del estado de la paciente y los distintos estados del parto. Así mismo, propuso la excepción de carencia de culpa grave o dolo, la que fundamentó así:

“El médico especialista obró dentro de los parámetros legales y éticos, atendiendo las recomendaciones de la literatura médica universal (sic). Su comportamiento estuvo reglado a las (sic) valoraciones y evoluciones del trabajo de parto de la paciente; la ausencia de un comportamiento doloso o gravemente culposo por parte de mi defendido, lo debe separar de este proceso, lo que le viene a significar el inmerecido llamamiento en garantía; así lo entendió el hospital demandado y los mismos demandantes, quienes no lo vincularon en sus oportunidades de contestar o demandar” (fl. 135, cdno. ppal.).

4. Audiencia de conciliación.

Ante el a quo se adelantó el trámite de conciliación el 30 de octubre de 1996, sin que las partes pudieran definir sus diferencias (fls. 237 a 238, cdno. ppal.).

5. La sentencia recurrida.

Mediante proveído de 6 de marzo de 1997, el tribunal denegó las súplicas de la demanda y condenó en costas a los demandantes (fls. 253 a 268, cdno. ppal.). Consideró que el asunto debía ser resuelto con fundamento en el régimen de falla presunta del servicio y, que por lo tanto, correspondía a la entidad demandada acreditar que actuó con la eficiencia, prudencia e idoneidad que el caso requería.

A juicio del a quo, la supuesta demoro en la atención del parto, hecho este señalado por la parte demandante como constitutivo de la falla del servicio, fue desvirtuado con los medios de prueba que obran en el expediente, de acuerdo con los cuales, “... la paciente María Nayibe estuvo por debajo del promedio en la duración del parto, es decir, que no hubo demora, luego si en gracia de discusión se aceptara que la muerte del bebé ocurrió como consecuencia de graves lesiones en el corazón y en el cerebro, (las lesiones no pudieron ocurrir por la “demora en el parto”, porque tal demora no se dio, había que entrar en el campo de la especulación porque la única prueba que despejaría la incógnita sería la necropsia, que no se llevó a cabo porque los padres no permitieron su realización.” (fI. 265, cdno. ppal.).

Agregó, que con fundamento en la prueba pericial y el testimonio del médico que trató a la paciente durante el embarazo, puede concluirse que la causa de la muerte del menor estuvo asociada a la corta edad de la madre y a su ingestión de carbamazepina durante el embarazo, circunstancias éstas por las cuales denegó las súplicas de la demanda.

6. La apelación.

Inconformes con la decisión los demandantes la impugnaron (fIs. 272 a 278, cdno. ppal.), con apoyo en el siguiente razonamiento.

a) El especialista que atendió a la madre de la víctima actuó erróneamente o al menos con negligencia, por desatender los diagnósticos emitidos por los otros profesionales de la salud que en su momento atendieron a María Nayibe Hernández (fI. 272, cdno. ppal).

b) Además de lo anterior, existió falla del servicio imputable a la entidad demandada, al contar con un solo especialista para atender las situaciones médicas que pudieran presentarse, máxime cuando como en el caso presente, el especialista de turno se encontraba demasiado ocupado, lo que “... produjo la demoro en la atención que dio como consecuencia el sufrimiento fetal por período expulsivo prolongado, asfixia (...)” (ibídem).

c) De otra parte, manifestaron desacuerdo con las afirmaciones del tribunal relacionadas con la edad de la madre, el uso de carbamazepina y la no realización de la necropsia, por considerar que no tienen ningún soporte científico, pues no está demostrado que una menor de 16 años no sea apta para tener un hijo y, que por el contrario, de acuerdo con la literatura médica, esa especial circunstancia de minoría de edad de la madre nulípara, obligaba a la entidad a brindarle una mayor atención.

d) Afirman, además, que no está demostrado que la paciente fuera epiléptica, sino que tan solo sufría desmayos leves, tal como lo afirmó el médico que realizó la atención prenatal, quien autorizó el uso del medicamento, ni mucho menos se probé que la carbamazepina consumida hubiera generado malformaciones en el feto que condujeran a su muerte.

e) Por último, en cuanto a la circunstancia de que no se efectuare la autopsia de la víctima, señalaron que el “... padre que reclamo (sic) el cadáver fue enfático en afirmar que a él nada se le dijo sobre, necropsia...” (fI. 278, cdno. ppal.), y no hay ninguna prueba de que los progenitores se hayan negado a la práctica de aquella y, que dicha diligencia es obligatorio ordenarla por el médico legista o el patólogo y, en últimas, por el mismo hospital demandado, pero no por los padres de la víctima.

7. Alegatos de conclusión.

Ni las partes ni el ministerio público actuaron dentro de esta etapa procesal.

Consideraciones de la Sala

1. Las pretensiones.

En el caso bajo estudio, las pretensiones resarcitorias se fundamentan en la falta del servicio que, según los demandantes, incurrió el Hospital San Juan de Dios de Armenia, la que ocasionó la muerte de un recién nacido, porque el gineco-obstetra que atendió el parto no practicó oportunamente la cesárea que requería la madre, a pesar del diagnóstico realizado por otros médicos, no especialistas, quienes también examinaron a la paciente y, de otra parte, por considerar que la atención del médico fue tardía, esto es, inoportuna y, por último, porque la entidad no previó la necesidad de contar con más de un médico especialista para la atención de partos, debiendo precaver que se podían presentar situaciones que requieren el concurso de más de un especialista.

2. Los hechos demostrados en el proceso.

Con relación al caso examinado, obran en el proceso las siguientes pruebas:

1. Está demostrado que el menor Santiago Arango Hernández falleció al segundo día de nacido, según consta en el certificado individual de defunción expedido por el último médico tratante (fl. 17, cdno. ppal.), documento en el cual se consignaron como causas de la muerte, las siguientes: paro cardio respiratorio, síndrome de dificultad respiratoria, aspiración de meconio,“... cardiopatía congénita? ...”, sepsis y “...hemorragia intracraneana..”

2. Con relación a las condiciones en que acudió a la consulta la madre el 28 de mayo de 1995 y a las circunstancias en que tuvo lugar el parto, en el resumen de la historia clínica número 122498 de María Nayibe Hernández, suscrito por el jefe de Información del Hospital Universitario del Quindío San Juan de Dios de Armenia (fls. 53 y 54, cdno. ppal.), se registró lo siguiente;

Motivo de consulta: Tengo dolores y pinta con sangre.

“Enfermedad actual: Cuadro clínico de más o menos 3 días de evolución consistente en dolor hipogastrico (sic) tipo contracción uterina regulares irradiados a zona lumbosacra acompañado de sangrado abundante con coagulos (sic), el sangrado duró sólo 24 horas y luego quedó uno pinta café, en las últimas 14 horas los dolores en epigastrio han ido aumentado en intensidad y frecuencia. No refiere amniorrea y sin disminución de los movimientos fetales.

RxS Refiere enema de miembros inferiores inferiores principalmente extremidad derecha y en manos.

Antecedentes patológicos: Síndrome epiléptico? (tratamiento con carbamacepina (sic) actualmente una tableta de 200 mg. por día, varicela parotiditis en la niñez, no fuma no licor; tratamiento durante la gestación con carbamacepina (sic) 200mg. día, Ferro F.

AF: (-).

GO: Menarquía 11 años, ciclos 30/3-4 regulares, no planifica, citologías nunca; FUM 27 de Agosto (sic) del 94 (sic). FPP 07 de junio (sic) de 1995 EG= 39 semanas, IVS= 14 años, #Cs= 2, flujo vaginal abundante amarillo, no fetido, pruriginoso.

Examen físico: Aparente (sic) buenas condiciones generales, consciente, orientada, SV: TA 120/80 Fc 88/m. Fr 22/m T° afebril, cabeza normocefalo (sic), ORL (-) mucosas húmedas rosadas cuello móvil sin adenopatías. C/P limpios.

GU: Puño percusión renal bilateral (-).

G. Externos: Eritematosos, especuloscopia: Se observa abundante flujo amarillento, cuello con OCE dilatado, escaso moco sanguinolento.

IV: Vagina ne/nt (sic), dilatación 4 cms. borramiento del 90% estación 0, membranas íntegras.

Extremidades: Edema Gl en miembros inferiores, neurológico (sic) sin déficit.

Diagnosticos (sic): Embarazo de mas o menos 39 semanas por fum (sic) confiable

Trabajo de parto en fase activo

G1 PO AO CO VO

Estrechez pélvica

La paciente es valorada por el ginecobstetra donde descarto estrechez pélvica (sic) considerando que la pelvis es adecuada.

El 28 de mayo de 1995 a las 18+30 se presenta parto por espátulas de desprendimiento, producto sexo masculino, apgar 4/7-8 alumbramiento espontáneo (sic).

29 de mayo (sic) de 1995 salida con recomendaciones (a la madre)”.

Es de anotar que en la transcripción que hizo el jefe de información de la referida institución de salud, omitió señalar en la parte del diagnóstico, que el punto referido a estrechez pélvica de la paciente, se encuentra acompañado de un signo de interrogación (?), es decir, que éste era un aspecto dudoso para quien hizo el diagnóstico inicial y, que sólo vino a ser aclarado por el especialista, quien descartó tal hipótesis (fl. 58 vto., cdno. 1).

3. En el cuaderno 5 del expediente obra la declaración rendida ante el a quo por el médico general Diego León Martínez (fIs. 1 a 4 vto.), profesional de la medicina que asistió a la joven María Nayibe Hernández durante todo su embarazo, quien afirma recordar que se trataba de una “... paciente de quince años de edad, soltera, a quien se le iniciaron controles prenatales en la Unidad Intermedia del Sur, los cuales fueron hechos por mí durante todo el proceso del embarazo y los cuales fueron completamente normales” (fl. 1 vto. cdno. 5).

Precisa, además, que por los controles que hizo a la paciente ... no se tuvo la sospecha de un bebé muy grande (fl. 2, cdno. 5).

De otro lado, al ser interrogado sobre su indicación a la paciente de la práctica de una cesárea al momento del parto, contestó:

“Dentro del control prenatal como protocolo de manejo en la Unidad Intermedia del Sur siempre a las pacientes, a todas, nunca se les dice la forma de terminación del parto, siempre se le reafirma (sic) que esto lo determina el médico que va a atender el parto, porque es en este momento donde se tienen los parámetros adecuados paro hacer una valoración de la pelvis materna y tener parámetros precisos para determinar previo trabajo de parto que ese bebé va a tener posibilidades de tener un parto vaginal, por eso nunca se le recomendó cesárea y de hecho que (sic) hace el control nunca hace esa sugerencia en cuanto a que el bebé era muy grande nunca se le dijo esto como ya lo explique y además porque la altura uterina siempre fue adecuada para la edad gestacional (fls. 2 vto. y 3 cdno. 5 - resalta la Sala).

Afirmó, también, que la paciente informó que tomaba una tableta de carbamazepina al día como tratamiento contra la epilepsia y, que él no estimó necesario suspender tal medicación, por cuanto la dosis consumida “... actua (sic) más como placebo que como verdadero control de la epilepsia, no le cambié la dosis porque por una parte dudaba de la epilepsia que decía tener y como segunda medida hasta el momento al carbamazepina es le droga anticonvulsionante mas (sic) segura para utilizar en el embarazo...” (fl. 2, cdno. 5).

4. En cuanto a la atención misma del parto, en el expediente se cuenta con las declaraciones los médicos generales María del Pilar Ríos Bernal (fls. 1 a 5 vto. cdno. 4) y Julián Marulanda Cerón (fIs. 213 a 216, cdno. 2), quienes participaron, con otro personal, en la atención de la paciente.

La primera de los mencionados, relató lo siguiente:

“Yo hago el examen y hago la anotación, ingreso a la paciente y dejo que continúe su trabajo de parto hasta que sea valorada por el especialista de turno. Yo estuve en la sala durante todo el tiempo de trabajo de parto durante el cual fue valorada por un compañero mío, el doctor Marulanda y por el especialista de turno doctor Celades; el trabajo de parto transcurre dentro de la normalidad, cuando la paciente llega al período del expulsivo la traslado a la zona de partos, la paciente tiene muy mal pujo, empiezo a obscultar (sic) que tal está tolerando el niño las contracciones y encuentro que hay desaceleraciones en la frecuencia cardiaca (sic) fetal, o sea que el niño empieza a hacer sufrimiento fetal; le informo al especialista de turno, quien procede a instrumentar el parto, con una sola tracción se obtiene el feto, nace deprimido, es decir, con un bajo apgar (frecuencia cardiaca [sic], frecuencia respiratoria, tono, respuesta a estímulo y color), el gineco-obstetra procede a reanimarlo y es llevado a la sala de recién nacidos. No se observan lesiones ni en el feto ni en le madre por la instrumentación del parto y se atiende el alumbramiento o sea la salida de la placenta y luego se sutura la episiotomía, en relación con el bebé yo se hasta que se lo llevan a la sala de recién nacidos y solamente vulevo (sic) a saber cuando me citan de la Fiscalía...” (fl. 2, cdno. 4 — negrillas fuera del texto).

Por su parte, doctor Julián Marulanda Cerón, quien se desempeñó como médico interno de la entidad demandada para la época de los hechos, afirmó:

“...examino a la paciente y no noto ninguna anormalidad, el trabajo avanza normalmente lo cual queda consignado en la historia, el doctor Celades que es el médico especialista que está de turno, la doctora Ríos le presenta la paciente, él la examina y conceptúa que el trabajo de parto está evolucionando normalmente y que puede continuar con su trabajo de parto, posteriormente el doctor Celades y yo nos vamos a atender una cesárea y cuando regresamos a sala de partos la doctora Ríos le informa al doctor Celades que la paciente ya está en la mesa de partos y que el niño en ese momento ha comenzado a hacer desaceleraciones esto significa que la frecuencia cardiaca (sic) fetal ha comenzado a disminuir, entonces el doctor Celades se hace cargo inmediatamente de la situación, examina la paciente de nuevo y procede a extraer el niño con las valvas de Velásquez (fórceps), procedimiento que se lleva a cabo en pocos minutos sin traumatismo aparente, el niño nace un poco deprimido por lo cual es atendido por el mismo doctor Celades obteniendo una recuperación rápida del niño, posteriormente el niño es trasladado a sala de recién (sic) nacidos y la madre a sala de maternidad, cuando termina el turno yo examino a la madre y la veo bien le doy salida...” (fIs. 213 vto. y 214, cdno. 2).

5. Por su parte, la pediatra Mercedes Patricia Castela Meza, quien atendió al neonato, en declaración rendida ante el a quo (fIs. 5 vto, a 10 cdno. 4), expuso que ella examinó al niño en atención a un llamado de la unidad de recién nacidos, con el siguiente resultado:

“(...) cuando yo llegué, llevaba entre veinte minutos y media hora de nacido, yo lo revisé, el niño ya tenía oxígeno y estaba flácido, con tono muscular bajo y respirando espontáneamente pero con dificultad, había el dato de que el niño había nacido meconiado, entonces se examino (sic) completamente y en ese momento se plantearon las posibilidades diagnósticas de que siendo un niño grande tuviera una baja de azúcar en la sangre, además por el parto difícil que también es baja el azúcar en la sangre; que también tuviera falta de llegada de sangre al cerebro por el parto o que tuviera algún problema del corazon (sic), ya sea congénito, estructural o anatómico o funcional por falta de llegada de oxígeno; o que tuviera un problema pulmonar, porque hubiera aspirado meconio que había en el líquido, entonces se tomaron las medidas que cubren estas posibilidades que son: darle un soporte de oxígeno que ya lo tenía; colocarle líquidos que le mejoran la parte del azúcar y de circulación y ordenar exámenes de laboratorio. Esto se hizo, se dio el compaz (sic) de espera para la respuesta, nunca mejoró pasadas unas pocas horas cuando llegaron los resultado (sic) del laboratorio, la glicemia estaba normal, a la auscultación y al revisarle la boca no se le encontró meconio, el niño comenzó a presentar secreción de agua sangre por la nariz y por la boca, vomitó un poquito de sangre en poca cantidad, pensamos que era sangre declutida (sic) o de pronto un poquito por trauma local durante la aspoiración (sic) que hay que hacer la nacer, de todas maneras se le solicitó un examen de sangre para ver cómo estaban las funciones de coagulación del niño y también salieron normales. Yo entregué el turno en la mañana, el niño quedó en regulares condiciones, la idea que yo me llevé cuando salí del turno era que el niño estaba en un proceso de adaptación y que iba a mejorar al entregar el turno examinamos al bebé y seguía neurológicamente mal lo qu (sic) nos llamaba la atención (fIs. 6 vto y 7, cdno. 4).

Y, más adelante, señaló:

“Revisé la historia clínica encontrando que el niño nunca mejoró el color de su piel a pesar de recibir oxígeno constantemente, que la dificultad respiratoria empeoró, que aparecieron sonidos pulmonares (estertores) que no tenía cuando nació y que neurológicamente siempre estuvo muy mal, que se tomaron nuevos exámenes y todas medidas posibles para que el niño respondiera y nunca respondió; uno de los exámenes de sangre planteaba una infección por lo cual se le dieron antibióticos en las dosis usuales, neurológicamente presentaba la fontanela tensa (dura) que significa que hay aumento de presión que puede ser por sangrado o por una infección o porque el cerebro se hincha porque no está llegando suficiente oxígeno; el niño se fue deteriorando y falleció después de hacerle las maniobras de reanimación a las que nunca respondió”. (fl. 7 ibídem).

6. Dentro del proceso, se solicitó por los intervinientes que se practicara dictamen pericial para determinar si la atención a la madre durante el parto fue adecuada, probanza que fue ordenada por el a quo y cuyo resultado es el siguiente:

a) El médico gineco-obstetra Juan Guillermo Barrera, (fls. 222 a 231, cdno. 2), con base en la historia clínica de la paciente, al absolver el interrogatorio formulado por las partes conceptuó: “...ni aún con instrumentos tan avanzados como la ecografía es posible calcular con exactitud el peso fetal, el margen de error es del 10% lo cual es muy significativo al momento de la toma de decisiones” (fl. 224, cdno. 2); “... la estrechez pélvica sigue siendo una condición de diagnóstico clínico, que se diagnostica por examen físico, y en la cual los recursos tecnológicos más modernos han dado resultados similares a la experiencia del clínico (sic), siendo el médico especialista en ginecología y obstetricia la persona de mayor competencia para el establecimiento de esta circunstancia que en la vida real es rara. Rara, ya que esta circunstancia es muy escasa en una paciente sin deformidades o antecedente traumáticos pélvicos, concepto que indicó que en el caso de la paciente Nayibe Hernández no se presentó la desproporción feto pélvica; y que tampoco se encontraron enfermedades maternas, alteraciones de las posiciones placentarias o presentaciones anómalas del feto, que indicaran que su parto debía reaIizarse por cesárea.

Sobre las desaceleraciones fetales que tuvo la criatura fallecida, anotó que las mismas pueden presentarse y que son “... tipo 1 se provocan por comprensión de la cabeza fetal durante las contracciones uterinas y son normales durante el período expulsivo (período en el cual el niño está saliendo de la pelvis materna luego de completar la dilatación del cuello), las desaceleraciones de tipo 2 se presentan luego de la contracción uterina y usualmente se deben a hipoxia fetal (falta de oxígeno), que son las que se detectaron a la paciente al momento del expulsivo y las desaceleraciones tipo 3 que se presentan por compresión del cordón fetal, principalmente cuando existe poco líquido amniótico”.

En cuanto al uso de las espátulas de Velasco, como instrumento de asistencia utilizadas en el parto que se comenta, aclaró que éstas son distintas a los fórceps y, que “Los diferentes estudios no han demostrado mortalidad total atribuible al uso de ellas, las lesiones fetales imputables han sido mínimas, y no han dejado ningún tipo de secuelas, las lesiones faciales usualmente desaparecen al segundo día. En ningún caso se ha encontrado daño cerebral” (fl. 226).

De otra parte, puso de presente que de acuerdo con la historia clínica, al ser examinada a la paciente a las 3:50 de la tarde del día de ingreso al centro hospitalario, se encontró ruptura de membranas con un líquido claro que, es signo de bienestar fetal y que no hubo aspiración de meconio.

Ingresó al centro hospitalario, se encontró ruptura de membranas con un líquido claro que, es signo de bienestar fetal y que no hubo aspiración de meconio.

Así mismo, destacó que la historia clínica reflejaba que la paciente no ayudó al adecuado desarrollo del trabajo de parto, lo que condujo a que pudieran presentarse complicaciones en el mismo, aspecto éste sobre el que precisó lo siguiente:

“El inadecuado pujo y falta de colaboración de la paciente en el momento expulsivo puede hacer que el parto vaginal sea más demorado y por ende, incrementar la posibilidad de complicaciones, como el sufrimiento fetal agudo. El pujo de la paciente se une a la fuerza de contracción uterina para empujar el feto a través del canal del parto, por lo tanto es indispensable para la atención de un parto por la vía vaginal” (fIs. 226 y 227, cdno. 2).

Luego de indicar que no hubo un parto prolongado y que el proceso de dilatación de la paciente estuvo dentro de lo normal, concluyó:

“No encuentro desatención en el trabajo de parto ni en el parto mismo. Según la historia de la paciente al entrar en período expulsivo se pasó a sala de partos para la atención de éste por parte de los médicos internos, que están capacitados paro la atención de un parto normal, en dicho momento se apreciaron las desaceleraciones y se detectó el sufrimiento fetal en cuestión por lo que se requirió la presencia del médico especialista, el cual atendió el parto de manera instrumental como ya se refirió, acortando el expulsivo.

“Según los datos de la historia, se presento (sic) un trabajo de parto normal, por lo cual no era posible determinar que se presentaría (sic) complicaciones. El expulsivo no pudo tener una duración mayor de dos horas que es el tiempo determinado para hablar de expulsivo prolongado. Sin embargo se detecto (sic) sufrimiento fetal cuya causa no me es posible explicar a la luz de la historia, pudiendo ser o no desencadenado por alteraciones fetales o placentarias, el cual se atendió de la manera más rápida posible”. (fls. 229 y 230, cdno. 2 — se adicionan negrillas).

Posteriormente, en la ampliación del dictamen (fls. 261 y 261 bis, cdno. 2), este mismo especialista, precisó los siguientes aspectos:

— El hecho de que la madre fuera primigestante, en ningún momento constituye por sí sola una circunstancia que implique la necesidad de practicar cesárea.

— La evolución del período de dilatación y borramiento fue adecuada que encaja perfectamente con la graficación dada por el partograma sobre la evolución de un parto normal.

— El período expulsivo estuvo dentro del rango normal, es decir, que no existió trabajo de parto excesivo o prolongado, según lo expuesto por la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia.

— La historia clínica no registra un diagnóstico de macrosomía, aunque también afirma que “... la mayoría de los fetos macrosómicos nacen por vía vaginal...” (fl. 261, cdno. 2).

— No se trató de un parto traumático, porque

“...Basados en los hechos, y en la historia clínica, se puede concluir que no se trato (sic) de un parto traumático o difícil y que la extracción instrumental, cumpliendo a cabalidad con los requisitos consignados en la literatura para tal fin, fue oportuna y obedeció a la presencia de sufrimiento fetal agudo, situación esta que obliga al médico a intervenir y obtener el producto por la vía más rápida que para el caso que nos ocupa, tenía que ser la vaginal. La ausencia de lesiones de tejidos blandos en la madre y en el feto indica, que la extracción debió ser fácil como lo consigna el operador en la historia.” (fl. 261 bis, cdno. 2).

Por lo anterior, concluyó:

No encuentro basado en los hechos e historia un comportamiento o toma de conducta inadecuada por parte del médico tratante, considero que éstas están ajustados a lo que comúnmente se realiza y basada en la literatura que existe al respecto.

Al parecer la evolución del recién nacido no guarda relación con el evento del parto o la instrumentación y pudiera existir otras causas de muerte en el recién nacido que se pudiesen explicar por necropsia, máxime considerando la patología materna que hace más frecuente la aparición de malformaciones fetales” (resalta la Sala).

b) Igualmente, también con base en la historia clínica, rindió experticia la médica gineco-obstetra Aura Sofía Arbeláez Giraldo (fIs. 243 a 251, cdno. 2), quien coincidió, en lo sustancial, con lo señalado anteriormente, esto es, que la atención médica brindada a María Nayibe Hernández al momento del parto, fue adecuada y oportuna, y que la muerte del bebé no tuvo por causa la actuación del personal que tuvo a su cargo la atención de la paciente:

“Conclusión: El bebé no falleció directamente o indirectamente por acción u omisión del médico gineco-obstetra, su comportamiento y la toma de conductos (sic) se ajustaron totalmente a los protocolos de la atención médico obstétrica local o mundial. De acuerdo a los (sic) revisado, el resultado del recién nacido no tiene ninguna relación con la evolución del trabajo de parto y el expulsivo y la causa de la muerte como elemento independiente de la atención médico hospitalaria. (sic)

“Bien pudiera haber sido explicada por una necropsia, si bien es llamativa de acuerdo a los hechos, la necesidad de más médicos especialistas en el área de gineco-obstetricia y pediatría del hospital, en el caso en particular que nos ocupa es probable que su presencia hubiese cambiado el resultado final” (fl. 250, cdno. 2 — resalta la Sala).

7. La ginecóloga forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (fls. 209 a 211, cdno. 2), en informe rendido a la Fiscalía 8 con sede en Armenia (Quindío), respecto de la atención brindada a la paciente, luego de examinar la historia clínica y los testimonios de los médicos tratantes, arribó a la siguiente conclusión:

“Basados en la historia clínica (sic) con diagnósticos finales de: folio 18 “... 1. Hemorragia intracraneana. 2 Potencialmente infectado. 3. Sepsis. 4.Cardiopatía congénita. 5. Hiperbilirubinemia. 6. Broncoaspiración...” e inicio de sufrimiento fetal por período expulsivo prolongado según declaración del médico ginecobstetra. El parto instrumentado con espátulas de desprendimiento fue lo adecuado y oportuno ya que el recién nacido presentó Apgar 7-8 a los cinco minutos luego del expulsivo, lo que significa que el sufrimiento fetal no afectó gravemente al feto, pero al parecer tenía patología congénita como la cardiopatía, además sepsis, hiperbilirubinemia y posible hemorragia intracraneana que son hallazgos independientes del uso de espátulas para el expulsivo, las cuales fueron colocadas por médico gineco-obstetra con una basta experiencia en este campo. Para poder dar diagnóstico exacto era mandatorio la práctica de la necropsia. En resumen, el manejo de la paciente del recién nacido fue adecuado excepto que no se llevó a cabo la práctica de la necropsia que hubiera aclarado la causa real de la muerte del recién nacido. Vale la pena comentar que en este turno de gineco-ostetricia sólo se contaba con un especialista para atender las pacientes hospitalizadas, el servicio de urgencias y la docencia, lo cual demuestra escasez del personal científico en el servicio...Se recomienda investigar las fallas administrativas para aclarar este caso, en cuanto a falta de personal científico especializado en obstetricia y pediatría así como equipos. Finalmente la causa por la cual no se realizó la necropsia” (fls. 210 y 211, cdno. 2 — negrilla fuera del texto).

8. En relación con las pruebas trasladas del proceso penal, es importante precisar que las mismas no pueden ser valoradas en contra de la entidad demandada, porque no fueron ratificadas dentro del presente proceso, ni aquella tuvo oportunidad de controvertirlas.

En efecto, ha considerado la Sala que no es necesario ratificar la prueba testimonial trasladada del proceso penal cuando ambas partes la solicitaron pues la exigencia de la ratificación de la prueba testimonial trasladada tiene por objeto la protección del derecho de defensa de la parte que no intervino en su práctica, pero si ésta renuncia a ese derecho y admite que la prueba sea valorada sin necesidad de dicha ratificación, no le es dable al fallador desconocerla (1) .

(1) Ver por ejemplo sentencia de 7 de junio de 2001, expediente 13.442.

3. Conclusión.

Con las pruebas aportadas al proceso, para la Sala es claro que la ocurrencia de la falla del servicio médico, sobre la cual se edificaron las pretensiones resarcitorias, consistente en la inadecuada e inoportuna atención a la señora María Nayibe Hernández, carecen de respaldo probatorio y, por el contrario, se encuentra acreditado que el servicio médico-hospitalario a ella brindado fue idóneo y oportuno.

En ese sentido, en relación con la necesidad de que le fuera practicada una cesárea a la paciente, de acuerdo con las pruebas antes relacionadas, por razones de orden científico y por las condiciones naturales del desarrollo del parto, la práctica de dicha intervención quirúrgica no era el procedimiento a seguir en el caso particular de María Nayibe Hernández, ya que nada hacía indicar que la misma se requiriera, a efectos de proteger la salud de la madre o del que estaba por nacer.

El diagnóstico realizado por el gineco-obstetra, esto es, por el especialista en la materia, acerca de la aptitud de la pelvis de la madre para el parto natural, no se encuentra desvirtuado por ninguno de los medios probatorios allegados al expediente y, por el contrario, el hecho de que el feto se hubiera extraído con ayuda instrumental, así como el hecho de que ni éste ni la madre hubieran sufrido trauma alguno, indican que no existían claras dificultades para el parto natural; es decir, que la decisión del especialista tratante, fue la adecuada.

Las declaraciones de los profesionales de la salud que participaron en la atención del alumbramiento (María del Pilar Ríos Bernal y Julián Marulanda Cerón), según se vio (fls. 14 y 15 de esta providencia), revelan que el especialista llegó a la sala de partos cuando ya existía el sufrimiento fetal, es decir, cuando ya se habían presentado problemas en el trabajo de parto. En otras palabras, las complicaciones o daños que hubiera podido sufrir el feto, ya se habían producido cuando el especialista atendió a la parturienta y, tampoco pueden atribuirse, con certeza, a la atención médica brindada, pues, como lo señala el especialista Juan Guillermo Barrera, el uso de drogas antiepilépticas, como las que consumía la madre del occiso, puede generar el riesgo de malformaciones congénitas que, eventualmente, pudieron ocasionar la muerte del menor Santiago Arango Hernández. El médico en cita, en su dictamen expuso:

“Es cierto que el riesgo de malformaciones congénitas entre los niños expuestos in útero a drogas antiepilépticas es de 2 a 3 veces mayor que la población general.

Se han encontrado tres condiciones relativamente frecuentes entre los niños de padres epilépticos.

1. Malformaciones congénitas en la forma de cardiopatias (sic), y el (sic) la forma del labio y paladar.

2. Anomalías en la forma de la cara.

3. Síntomas (sic) de retardo en la maduración corporal y mental, intrauterino y postnatal.

Casi todos los tipos de malformaciones se han visto, siendo las más frecuentes las cardiovasculares y las de labio y paladar, siguiendo otros como las hipospadias, hernias diafragmaticas (sic) y microcefalia. Las malformaciones vasculares son las más comunes con una incidencia de 3 a 8 veces mayor que en la población general, en el 70% de los casos el defecto es el septo auriculoventral (sic) sólo o en combinación con otro tipo de anomalías cardiacas (sic). No existe una correlación estricta entre una droga en particular y la malformación específica sin embargo estas lesiones se han visto con el uso de barbitúricos (sic), carbamazapina y benzodiazepinas” (fIs. 227 y 228, cdno. 2).

En tales condiciones, la muerte del recién nacido pudo ser causada por una cardiopatía congénita, originada probablemente en los antecedentes de salud de la madre y la medicación durante el embarazo.

Por último, estima la Sala, que el hecho de que en el momento de la atención del parto no hubiera estado presente en el hospital demandado otro especialista (gineco-obstetra), tal ausencia no sería causa para imputar responsabilidad a dicha entidad, pues, como bien anotaron los expertos, la atención que efectivamente se le brindó fue adecuada a las condiciones en que se presentaba el parto, por lo que afirmar que el resultado fatal no se hubiera presentado de existir un número mayor de gineco-obstetras no pasa de ser una mera especulación, sin ningún respaldo probatorio en el proceso.

En otros términos, para la Sala el nexo causal entre la actividad desarrollada por los médicos que atendieron a María Nayibe Hernández y la muerte del recién nacido Santiago Arango Hernández, no se encuentra probado en el proceso. Por el contrario las declaraciones de los médicos que atendieron a la gestante, la historia clínica de la misma y las experticias rendidas, conducen a concluir que la atención fue no sólo adecuada, sino también oportuna, pues no existe prueba alguna que permita arribar a una conclusión contraria a ésta.

Ahora bien, en relación con la carga probatoria que compete a las partes, resulta oportuno invocar la tesis expuesta en el fallo de 10 de febrero de 2000 (exp. 11878), en el que se precisó:

“El problema de la responsabilidad por la prestación del servicio médico asistencial fue resuelto por esta Sala, durante mucho tiempo, con apoyo en la teoría de la falla del servicio probada, partiendo de la base de que se trataba de una obligación de medios y no de resultados. Esta postura, sin embargo, comenzó a cuestionarse en algunos fallos (2) , hasta llegar a la unificación de criterios en torno al tema, con la expedición de la sentencia de 30 de julio de 1992, con ponencia del magistrado Daniel Suárez Hernández (3) , donde se adoptó la tesis de la falla del servicio presunta (4) . Expresó la Sala en esa oportunidad:

(2) Ver, entre ortos. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, 24 octubre de 1990. M.P. Gustavo de Greiff Restrepo. Expediente 5902. Actora: María Helena Ayala de Pulido.

(3) Expediente 6897.

(4) De esta evolución da cuenta el fallo expedido por la misma corporación el 24 de agosto de 1992. Expediente 6754. Actor Henry Enrique Saltarín Monroy.

“...Por norma general corresponde al actor la demostración de los hechos y cargos relacionados en la demanda. Sin embargo, con mucha frecuencia se presentan situaciones que le hacen excesivamente difícil, cuando no imposible, las comprobaciones respectivas, tal el caso de las intervenciones médicas, especialmente quirúrgicas, que por su propia naturaleza, por su exclusividad, por la privacidad de las mismas, por encontrarse en juego intereses personales e institucionales etc., en un momento dado se constituyen en barreras infranqueables para el paciente, para el ciudadano común obligado procesalmente a probar aspectos científicos o técnicas profesionales sobre los cuales se edifican los cargos que por imprudencia, negligencia o impericia formula... contra una institución encargada de brindar servicios médicos u hospitalarios.

“Sin duda, resultaría más beneficioso para la administración de justicia en general.., si en lugar de someter al paciente... a la demostración de las fallas en los servicios y técnicas científicas prestadas por especialistas, fueren estos los que por encontrarse en las mejores condiciones de conocimiento técnico y real por cuanto ejecutaron la respectiva conducta profesional, quienes satisficieran directamente las inquietudes y cuestionamientos que contra sus procedimientos se formulan...”.

“En relación con esta posición, reiterada por la jurisprudencia de esta Sala a partir de la expedición del fallo citado, se considera necesario precisar que, si bien tiene origen en el llamado principio de las cargas probatorias dinámicas —cuya aplicación, aunque no tiene sustento en nuestra legislación procesal, puede decirse que encuentro asidero suficiente en las normas constitucionales que relievan el principio de equidad— ha resultado planteada en términos tan definitivos que se ha puesto en peligro su propio fundamento. En efecto, el planteamiento ha llevado a aplicar, en todos los casos de daño causado en desarrollo de la prestación del servicio médico asistencial, la teoría de la falla del servicio presunta, exigiéndosele siempre a las entidades públicas demandadas la prueba de que dicho servicio fue prestado debidamente, para poder exonerarse de responsabilidad.

Resulta, sin embargo, que no todos los hechos y circunstancias relevantes para establecer si las entidades públicas obraron debidamente tienen implicaciones técnicas o científicas. Habrá que valorar, en cada caso, si éstas se encuentran presentes o no. Así habrá situaciones en las que, sin duda, es el paciente quien se encuentra en mejor posición para demostrar ciertos hechos relacionados con la actuación de la entidad respectiva. Allí está, precisamente, la explicación del dinamismo de las cargas, cuya aplicación se hace imposible ante el recurso obligado a la teoría de la falla del servicio presunta, donde simplemente se produce la inversión permanente del deber probatorio”.

Lo anteriormente expuesto le permite concluir a la Sala, que en el sujudice (sic) no se demostraron las fallas de servicio aducidas por la parte actora en la demanda; por el contrario, se acreditó, suficientemente, que el servicio médico oficial fue prestado oportuna y eficientemente, razón por la que no es posible atribuir a la entidad demandada el fallecimiento del recién nacido, ni las consecuencias perjudiciales que ese hecho generó a los demandantes.

Por lo demás, no se demostró cuál fue realmente la causa que generó el fallecimiento de la criatura, entre otras razones, porque no se le practicó la necropsia que, a juicio de los expertos, hubiera permitido establecer el por qué de la muerte. Lo cierto es que en tal sentido no se demostró diligencia alguna por parte de los demandantes, quienes, en su momento, pudieron procurar la práctica de la autopsia con ocasión del proceso penal adelantado, examen éste que no se efectúo, según lo certificó la ginecóloga Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (fIs. 209 a 211, cdno. 2).

Los anteriores razonamientos conducen a la Sala a confirmar la decisión de primera instancia en cuanto denegó las súplicas de la demanda. No obstante lo anterior, se modificará la sentencia apelada en cuanto condenó en costas a la parte actora, por cuanto la conducta procesal adoptada por los actores no se evidencia que éstos hayan incurrido en conductas constitutivas de abuso del derecho o, que hubieran efectuado maniobras dilatorias, con perjuicio tanto de la otra parte como de la administración de justicia, conductas éstas que sí merecen tal sanción, la que no se debe imponer por el solo hecho de que sus pretensiones no hayan tenido vocación de prosperidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. CONFÍRMASE los ordinales primero y tercero de la sentencia apelada, esto es, la proferida el 6 de marzo de 1997 por el Tribunal Administrativo del Quindío.

2. REVÓCASE el ordinal segundo de la citada providencia.

3. En firme este proveído VUELVAN las diligencias al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

______________________________________