Sentencia 13498 de enero 24 de 2001 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

ANTECEDENTES PENALES

PARA EVALUAR LA PERSONALIDAD DEL PROCESADO

EXTRACTOS: «El censor plantea, en el fondo, que se han tenido como “pasado judicial” del procesado sentencias que no lo constituyen, dado que para época de los hechos aquí juzgados no existían los fallos condenatorios invocados como antecedente, los cuales se empezaron a emitir a partir del año de 1993 (Cuaderno pasado judicial, fls. 19 y ss).

Es decir, como los hechos objeto de este proceso ocurrieron el 9 de agosto de 1991, fecha de presentación de la demanda ejecutiva con la letra de cambio espuria, ante el juzgado civil de circuito, significa que las sentencias condenatorias anteriores a la que se dictó en esta actuación, proferidas por otros hechos, no constituyen “antecedente penal”, porque fueron emitidas con posterioridad a aquella fecha, esto es, el 3 de febrero, 16 de febrero (dos de ellas), 26 de febrero y 19 de marzo de 1993.

Sin embargo, el juzgado de primera instancia observó:

“En el ordenamiento jurídico colombiano no existe norma que prohíba relacionar los antecedentes judiciales de una persona, en orden a examinar su personalidad. Al contrario, las normas penales autorizan tenerlos en cuenta para deducir de ahí, entre otros efectos, un indicio de responsabilidad, referido al de la capacidad moral para delinquir. Algo muy distinto y eso sí prohibido legalmente con justa razón, que se discrimine la persona en razón de su pasado judicial, cosa que el juzgado no tiene conocimiento que esté ocurriendo en el caso del señor José Roosevelth Salazar Herrera.

Debemos aclarar que revisados los fallos de condena proferidos contra el acusado, los hechos en cuatro de ellos ocurrieron con anterioridad a los que son materia de investigación (los descritos en los literales a, b, c y e). Entonces no es cierto el argumento de la defensa, en el sentido de que no cabe hablar de capacidad moral para delinquir, en virtud a que “los otros asuntos por los que se le condenó ocurrieron con posterioridad al que hoy juzgamos”, y así bajo tal supuesto, “mal podía invocarse ese mal llamado indicio porque al momento de los supuestos hechos que se le atribuyen a Roosevelth su pasado judicial era limpio”.

Recordemos que estos hechos se consumaron o tipificaron a partir del 9 de agosto del 9 de agosto de 1991”. (C.2, fls. 850 y 851. Se ha subrayado).

Y en el capítulo específicamente destinado a la condena de ejecución condicional, agrega:

“Ya vimos como sobre él han recaído cinco condenas anteriores. No tuvo inconveniente en falsificar los documentos necesarios para acreditarse como abogado titulado sin serlo, pues apenas cursó el primero año de derecho, el cual reprobó. Ejerció por varios años la profesión de abogado, sin serlo. Presentó ante distintos juzgados demandas ejecutivas con soportes documentales falsos cobrando judicialmente obligaciones inexistentes. Su modalidad predilecta: Falsificar documentos para engañar a la justicia, con fines lucrativos. Mejor dicho, remitámonos al repaso de los hechos anteriores (ya relacionados), para dejar al descubierto una personalidad de veras preocupante que exige el rigor del tratamiento penitenciario” (fl. 859 énfasis añadido).

De modo que, de acuerdo con las transcripciones hechas, el juez declara que en el proceso se ha demostrado cómo en relación con el procesado Salazar Herrera, antes de los fallos de primera y segunda instancia que se emitieron en este proceso (nov. 12/96 y abr. 10/97 respectivamente), fueron dictados otros fallos condenatorios en contra de la misma persona, en relación con hechos delictivos similares. Y como cuatro (4) de esos cinco (5) casos ocurrieron antes de la fecha de los presentes, ello era suficiente para tomarlos como antecedentes que afectaban el diagnóstico sobre la personalidad proclive al delito del procesado, argumento con el cual se le negó el subrogado.

En resumen: el juzgado declara que si cuatro (4) de los acontecimientos ocurrieron antes del 9 de agosto de 1991, fecha de comisión de los hechos examinados en este proceso, y además los respectivos fallos (también el quinto) igualmente son anteriores al correspondiente a esta actuación, ello constituye a los primeros en antecedentes penales. El demandante, en cambio, discute que si los fallos distintos al emitido en este proceso se profirieron después de la fecha de los hechos examinados, entonces no pueden considerarse antecedentes penales.

Como se ve, existe una discrepancia del demandante con el juzgador sobre los supuestos fáctico-temporales que marcan la definición del antecedente penal, pero el primero no ha demostrado los errores de hecho o de derecho cometidos en la apreciación probatoria del segundo.

Mas existe algo más relevante, porque el tribunal reforzó algunos criterios de la primera instancia y, a la vez, revaluó otros para la negación del sustituto de la condena de ejecución condicional. Dijo, por ejemplo:

“Los hechos que relata esta actuación procesal relevan su inusitada gravedad. Ellos son a la vez al fiel reflejo de la aviesa personalidad del procesado José Roosevelth Salazar Herrera. Por su iniciativa se dio la consumación de los hechos punibles que por el alto grado de perfección logró no sólo engañar a la administración de justicia, sino que puso en calzas prietas a la persona cuya firma se falsificó, atribuyéndole una obligación inexistente. Con esa actuación, tórnose más caótica la ya difícil situación económica de la persona perjudicada. Y no se trata de capitalizar como antecedentes las sentencias ejecutoriadas recáidas contra el justiciable, pero el marco que con ellas se conforma, refleja la personalidad antisocial del procesado, que no se aviene a los postulados del subrogado penal, amén de que la modalidad delictiva comporta un peligro latente para la comunidad y si no, adviértase la sucesión de hechos que originaron sendas averiguaciones penales que culminaron con fallos condenatorios (...).

No puede la administración de justicia convertirse en burla para la sociedad, concediendo el subrogado penal después de proferido un fallo de condena por hechos de la gravedad que trasunta este proceso. Sería ello un premio a la torcida personalidad del procesado, que sistemáticamente comete este tipo de delincuencias que además de su gravedad, tiene honda repercusión social. En este caso, el mismo hecho delictivo por su modalidad de ejecución, itérase, es viva imagen de la personalidad del sentenciado, que hace aconsejable el tratamiento intramural, mediante la efectivización del correctivo penal impuesto” (fls. 992 y 993. Subrayas fuera de texto).

De modo que el fallo de segunda instancia, que en realidad es el objeto de la casación, expresamente descartó la consideración de las sentencias condenatorias ejecutoriadas como antecedentes penales, pero estimó que la mayor gravedad del hecho, así como la reiteración y sucesión de hechos delictivos de la misma especie, era signo inequívoco de una personalidad necesitada de tratamiento penitenciario. A esta nueva connotación de la sentencia atacada debía referirse la censura, pero el actor prefirió hacer énfasis en la configuración o la ausencia del antecedente penal, aspecto que evidencia la carencia de razón suficiente por alejamiento del objeto de la censura.

La interpretación y el ámbito de aplicación de los artículos 248 de la Constitución Política y 12 del Código de Procedimiento Penal, ha sido definido por la Corte, entre otras, en la sentencia de casación del 22 de septiembre de 1999 (M.P. Carlos Augusto Gálvez Argote, en los siguientes términos:

“Pues de otra parte aun cuando referencia ninguna hace a esta circunstancia el demandante, no podría entenderse que al disponer el artículo 248 de la Constitución Política que “únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales”, se haya creado por esta norma superior una especial categoría de tarifación de la prueba, en la medida en que tal precepto tienen un claro poder de definición respecto de cuales informaciones en manos del Estado por concepto de investigaciones penales y contravencionales que se siguen en contra de una persona, constituyen antecedentes, pero no traduce al propio tiempo que si no se está frente a “sentencias judiciales” definitivas, las informaciones relacionadas con investigaciones penales adelantadas por otras autoridades no puedan servir a los administradores de justicia en un caso determinado, para fundar por ejemplo con mayor precisión la personalidad del procesado”.

Por otra parte, así o existieran sentencias condenatorias ejecutoriadas antes del 9 de agosto de 1991, fecha de los hechos averiguados en este proceso, lo cierto es que aparecía la imputación concreta de múltiples conductas de la misma naturaleza de la juzgada, cometidas con anterioridad por el mismo acusado, lo cual si bien no constituye “antecedente penal” en sentido estrictamente jurídico del término, de todas maneras revelaba la progresión de comportamientos delictivos más o menor fijos y estereotipados, como respuesta del individuo ante los estímulos externos e internos, determinación que es exactamente lo que corresponde a la personalidad delincuencial del procesado.

No obstante que el censor pretende capitalizar una presunta confusión del fallador entre “personalidad”, y “antecedentes”, porque jurídicamente son dos conceptos distintos (como lo hace ver el texto del C.P., art. 72), lo cierto es que el tribunal realmente declaró que la serie de conductas delictivas precedentes, de similar modo de comisión, revelaba una personalidad tendente al delito. En verdad aunque la personalidad comprende el temperamento y el carácter del individuo, además de otros rasgos que pertenecen a su ser, lo que mejor 1a caracteriza es el hacer del sujeto, la dimensión de sus comportamientos, sobre todo cuando ellos se convierten en actitudes o hábitos distintivos.

Así mismo, el concepto de personalidad inferido a partir de la magnitud de la conducta juzgada, o de la reiteración de comportamientos del mismo jaez, es el que más se aviene con una apreciación jurídico-penal del mismo, pues por más defectos de carácter o tensiones .súbitas 0 persistentes que padezca o se debatan en el alma de un individuo, ellas no podrían organizarse como rasgos de personalidad hasta tanto no se traduzcan en pautas de conducta.

En conclusión, no aparece errónea la interpretación del numeral 2º del artículo 68 del Código Peral, porque el tribunal motivadamente dijo cuáles eran los caracteres de la personalidad del procesado, además del alcance de la naturaleza y modalidades del hecho punible, como factores que aconsejaban el tratamiento penitenciario. Igualmente, no obedece a una confusión conceptual sino que es de la esencia de la personalidad de un sujeto su caracterización a través de un solo comportamiento de bastante trascendencia nociva (de acuerdo con los actores), o de una sucesión de conductas de la misma textura que evidencia la habitualidad».

(Sentencia de casación, enero 24 de 2001. Radicación 13.498 Magistrado Ponente: Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego).

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