Sentencia 13507 de diciembre 9 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-27-000-2000-0813-01-13507.

Consejero Ponente:

Dr. Héctor J. Romero Díaz

Actor: José Fernando Bustos Suárez.

Impuesto-renta-1995.

Fallo

Bogotá, D.C., nueve de diciembre de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «7. Consideraciones

De acuerdo con el recurso de apelación, la controversia se concreta en establecer si fue oportuna la notificación del requerimiento especial, en virtud del cual se propuso la modificación de la declaración de renta del año gravable 1995, teniendo en cuenta que para la administración operó la suspensión del término legal previsto para el efecto, en virtud de la notificación del auto que decretó inspección tributaria; mientras que para el contribuyente, esta ocurrió cuando ya había adquirido firmeza la liquidación privada, posición que fue acogida por el a quo.

7.1. Notificación del requerimiento especial.

Conforme al artículo 705 del estatuto tributario, el requerimiento especial “deberá notificarse a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar”, y según el artículo 714 ibídem, “la declaración tributaria quedará en firme, si dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento especial”.

Luego, si para el contribuyente el plazo para declarar vencía el 5 de julio de 1996, el término de los dos años para notificar el requerimiento especial se vencía el 5 de julio de 1998, por cuanto del texto de las normas antes referenciadas se infiere claramente que este se inicia el día en que vence el plazo para declarar (1) .

Sin embargo, está previsto en el artículo 706 del mismo estatuto, que el término para notificar el requerimiento especial se suspende en los siguientes eventos:

“Cuando se practique inspección tributaria de oficio, por el término de tres meses contados a partir de la notificación del auto que la decrete” y “... durante el mes siguiente a la notificación del emplazamiento para corregir”.

En el caso bajo análisis, la administración profirió el 1º de julio de 1998 emplazamiento para corregir la declaración privada, luego en virtud de la previsión legal anotada, el término para notificar el requerimiento especial se extendió por un mes más, esto es hasta el 5 de agosto de 1998.

El 5 de agosto de 1998 se notificó el auto que decretó inspección tributaria, entonces, en esta fecha se suspendió el término para notificar el requerimiento especial, o sea antes de su vencimiento que era a la media noche del mismo día 5 de agosto (CRPM, art. 59). En consecuencia, el requerimiento podía notificarse válidamente hasta el 5 de noviembre siguiente, por cuanto por disposición expresa del artículo 706, el término se suspende por tres meses “a partir de la notificación del auto” que decrete la inspección.

Como el requerimiento especial se notificó el 5 de noviembre de 1998, debe entenderse notificado dentro del término legal.

Así las cosas, no encuentra la Sala acertada la interpretación que hace el a quo en el sentido de que la suspensión de los tres meses, se inicia a partir del día siguiente a aquel en que se surte la notificación del auto que decreta la inspección, y menos que tal posición pueda respaldarse en la jurisprudencia de esta corporación, pues, una cosa es el inicio del término para que se notifique el requerimiento especial y otra, el momento en que opera la suspensión de ese término. En efecto, mientras el artículo 705 prevé cómo debe contabilizarse el término, el 706 indica el momento exacto en que se suspende.

7.2. Inspección tributaria

Debe precisarse que la inspección tributaria, en los términos del artículo 779 del estatuto tributario, no equivale a la inspección física de los libros contables, que obligue a los funcionarios comisionados a presentarse e iniciar la diligencia en los establecimientos del contribuyente, como lo entiende el actor, sino que la investigación se inicia con la práctica de distintas pruebas, entre ellas, la inspección contable prevista en el artículo 782 ibídem, que para el caso concreto fue decretada por Auto 00058 de 5 de agosto de 1998 (fl. 139 cdno. a.), tal como consta en el acta (fl. 147). Es decir, con dicha actuación se inició la práctica de la inspección tributaria, seguida de requerimientos ordinarios a las entidades financieras, declaraciones juramentadas, cruces de información, tal como lo evidencia el acervo probatorio que hace parte del acta.

No puede entonces negarse la realización efectiva de la inspección tributaria, y menos desconocer los efectos previstos en la ley para la notificación del auto que decretó dicha prueba, con el argumento de que el acta carece de numeración, y falta la firma de uno de los funcionarios comisionados, como lo pretende el actor.

7.3. Notificación de la liquidación de revisión.

Si el requerimiento especial se notificó el 5 de noviembre de 1998, los tres meses previstos en el artículo 707 del estatuto tributario para dar respuesta vencían el 6 febrero de 1999, es decir que de acuerdo con el artículo 710 ibídem, la administración podía notificar válidamente la liquidación oficial de revisión hasta el 6 de agosto de 1999, y comoquiera que dicho acto fue notificado el 6 de julio de 1999, no cabe argumentar su extemporaneidad.

Tampoco se excedió el término máximo de los tres años para notificar la liquidación oficial, que estaba previsto en el inciso 4º del mismo artículo 710, “contados desde la fecha de presentación de la declaración privada”, puesto que la declaración revisada se presentó el 3 de julio de 1996 y la liquidación de revisión fue notificada el 6 de julio de 1999, día hábil siguiente al 3 de julio, fecha del vencimiento de los tres años, que fue sábado, 4 domingo y lunes 5 festivo, es decir, dentro del término máximo legal (CRPM, art. 62).

Se advierte que respecto de las razones en que se sustentan las modificaciones propuestas por la administración a la liquidación privada, no contiene la demanda argumentación ni objeción alguna, por lo que en este aspecto no procede ningún análisis por parte de la Sala.

En conclusión, no se encuentran configuradas las violaciones en que se sustenta la pretensión de nulidad de los actos objeto de la demanda, como equivocadamente se concluyó en la sentencia apelada. En consecuencia, procede su revocatoria, para en su lugar negar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada. En su lugar se dispone:

NIÉGANSE las súplicas de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(1) Al respecto, ver sentencias de la Sección Cuarta del Consejo de Estado de 21 de febrero de 1997, Rad. 8125, C.P. Consuelo Sarria Olcos y de 28 de julio de 1991, C.P. Guillermo Chahín Lizcano, Rad. 3428, en las cuales se precisa que de conformidad con el inciso 2º del artículo 67 del Código Civil, el primero y último día de los plazos en meses y años deben tener el mismo número.

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