Sentencia 13518 de enero 30 de 2003 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

TÉCNICA DE CASACIÓN PENAL

ERROR DE DERECHO POR FALSO JUICIO DE CONVICCIÓN

EXTRACTOS: «Segundo cargo (error de derecho por falso juicio de convicción). Se incurre en esta especie de error, de restringida aplicación en materia penal por haber desaparecido del sistema de valoración de la tarifa legal, cuando el juzgador niega a la prueba el valor prefijado en la ley o la eficacia que ésta le asigna, o le da uno u otra que ella no establece.

En el sistema de tarifa legal, como es de todos sabido, la ley asigna a las pruebas un valor que el juez no puede modificar a su criterio, pudiendo tan sólo limitarse a declarar probado o no un hecho a partir del valor que la ley asigne al medio que lo establece.

En el método de persuasión racional, por el contrario, el juzgador goza de libertad relativa para apreciar los medios y asignarles su mérito persuasivo, actividad que encuentra límite en los postulados de la lógica, las leyes de la ciencia y las reglas de experiencia en que se funda la sana crítica, debiendo en todo caso expresar el valor que atribuye a los medios de manera individual y en conjunto, y las razones que lo llevan a una tal conclusión.

En el medio colombiano, el Código de Procedimiento Penal anterior (D. 2700/91, art. 254) y el actual (L. 600/2000, art. 238), como criterio general descartan el sistema de valoración probatoria denominado de tarifa legal y expresamente acogen el de persuasión racional otorgándole al juez la facultad de apreciar las pruebas en conjunto siguiendo las reglas de la sana crítica.

De modo excepcional, el ordenamiento procesal anterior tenía previsto algunos casos de aplicación de tarifa legal, como así acontecía, por ejemplo, en el inciso final del artículo 247 al establecer que “en los procesos de que conocen los jueces regionales no se podrá dictar sentencia condenatoria que tenga como único fundamento, uno o varios testimonios de personas cuya identidad se hubiere reservado”, o la adición al artículo 313 incluida por el artículo 50 de la Ley 504 de 1999, según la cual “en ningún caso los informes de policía judicial y las versiones suministradas por informantes tendrán valor probatorio en el proceso”.

El nuevo estatuto, a su turno, aunque más que un asunto de tarifa legal sería de eficacia demostrativa, en el aparte final del artículo 314 determinó que las exposiciones rendidas ante funcionarios de policía judicial en cumplimiento de las labores previas de verificación de los hechos, “no tendrán valor de testimonio ni de indicios y sólo podrán servir como criterios orientadores de la investigación”, de suerte que carecen de capacidad probatoria suficiente para establecer la realización de una conducta punible o la responsabilidad del imputado.

Precisamente por tratarse de excepciones al sistema general de apreciación probatoria, no puede llegar a colegirse que el error de derecho por falso juicio de convicción tenga operancia respecto de la generalidad de los medios, como tal parece es el criterio del impugnante, pues está visto que es la sana crítica la que impera en nuestro medio.

Resulta pertinente aclarar, además, por razón del planteamiento en torno al punto que hace el libelista, que en tratándose del principio de in dubio pro reo, si bien en algún momento llegó a sostenerse que cuando el juez reconoce la existencia de duda razonable originada en el haz probatorio y deja de aplicar la consecuencia jurídica correspondiente, el demandante “debe invocar violación indirecta por error de derecho” (auto cas. de nov. 30/99, rad. 14535), es lo cierto que ello no corresponde a los desarrollos actuales de la jurisprudencia, pues en tal hipótesis lo que en realidad se presenta es violación directa de disposiciones de derecho sustancial en cuanto no se discuten los hechos ni el mérito asignado a la prueba, sino las consecuencias jurídicas de una tal declaración, que determinan la falta de aplicación del precepto sustancial que establece dicho principio (art. 445 del D. 2700/91, hoy erigido como norma rectora en la L. 600/2000, art. 7º) y aplicación indebida de la norma de derecho sustancial que define la conducta delictiva y prevé consecuencias punitivas por su realización.

Acorde con los ulteriores pronunciamientos de la Corte, resulta claro, entonces, que a la aplicación indebida o la falta de aplicación del principio in dubio pro reo (art. 445 del Código de Procedimiento Penal de 1991, hoy en día art. 7º de la L. 600/2000) puede llegarse tanto por la vía directa como por la indirecta, de manera que en cada eventualidad el desarrollo y demostración del cargo debe corresponder al camino escogido para su denuncia: si se acude a la vía directa, debe demostrarse que el sentenciador a pesar de afirmar duda acerca de la existencia del hecho o la responsabilidad del procesado, decidió proferir fallo de condena debiendo haber absuelto (falta de aplicación) o, en otro sentido, no empece observar certeza en estos dos extremos decide absolver debiendo haber proferido fallo de condena (aplicación indebida).

Y si lo invocado es la violación indirecta de dicho precepto, por haberse incurrido en errores de hecho o de derecho en la apreciación probatoria, además del señalamiento concreto de la especie de error probatorio, el casacionista debe demostrar que el fallador llegó a la errada conclusión de que las pruebas no conducen a la certeza del hecho o la responsabilidad del procesado (aplicación indebida), o erradamente concluye que los medios dan la certeza requerida y condena, cuando en verdad de ellos surge incertidumbre que debió ser resuelta a favor del procesado (falta de aplicación) (Cfr. Auto Casación. Sept. 7 /2000, M.P. Arboleda Ripoll).

Lo cierto del caso, es que el error de derecho por falso juicio de convicción presupone necesariamente la existencia de tarifa legal, es decir, de normas jurídicas que preestablezcan el valor de la prueba, o su eficacia probatoria, y que “en materia penal este error es de excepcional configuración, porque la valoración de la prueba se rige por el sistema de persuasión racional, y la demostración de los hechos por el principio de libertad probatoria (arts. 253 y 254 del estatuto procesal anterior, y 237 y 238 del actual). Esto significa que el mérito demostrativo del medio se deja al razonable criterio del juzgador, fundado en la sana crítica; y que los elementos del delito y la responsabilidad del procesado pueden ser establecidos a través de cualquier elemento de prueba” (Cfr. cas. nov. 14/02. Rad. 15459. M.P. Arboleda Ripoll).

Contrario entonces, al parecer del demandante, salvo los casos a que se ha hecho referencia, en el procedimiento penal colombiano no existe norma alguna que asigne al reconocimiento en fila de personas, los informes de policía judicial o el testimonio, un valor probatorio determinado o prevalente sobre otras pruebas, o que limite su eficacia demostrativa, ni mucho menos que establezca que los resultados o el contenido de alguno de dichos medios vinculan al juzgador, como se da a entender por el casacionista. La valoración de su mérito, al igual que de las demás pruebas, está deferida al juez, quien al cumplir dicha función goza de autonomía y libertad, estando sólo limitado por las reglas de la persuasión racional. De allí que deba descartarse, prima facie, la configuración de un error de la naturaleza que el casacionista postula.

Si bien es cierto los reconocimientos fotográficos o en fila de personas, entendidos como actos por medio de los cuales se pretende establecer la identidad de una persona que ha participado en la comisión de un delito, a través de otra que afirma haberla visto y que es puesta en contacto visual con ella o con su fotografía, no tiene en nuestra legislación la categoría de prueba autónoma, como sí sucede con la inspección, la pericia, los documentos, el testimonio, la confesión y los indicios, y por ello que en su condición de pruebas derivadas del testimonio han sido consideradas complemento de éste, ello no significa que inexorablemente tenga que valorárselas acorde con las reglas del testimonio como se pretende por el demandante, pues precisamente por tener entidad jurídica propia, en su práctica están sometidas al cumplimiento de inexcusables requisitos de validez, como la forma como debía estar integrada la fila de personas o el número de fotografías, y la presencia del defensor.

Sostiene el demandante que “el informe de policía judicial, tanto el inicial como el solicitado por la Fiscalía, suscritos por el TC Mendieta Ovalle, son por ministerio de la ley, atestaciones, declaraciones y así se deben evaluar. Igual suerte corre el informe suscrito por los investigadores del DAS, señores Duque y Martínez, y se repite, así se deben evaluar, por mandato de la ley: son documentos o diligencias que la ley les asigna el valor de testimonio”. No obstante, por parte alguna señala la disposición de derecho procesal que adscriba a tales diligencias una eficacia o valor predeterminado que vincule inexorablemente al juzgador al momento de establecer su mérito.

Igual sucede con la afirmación en el sentido que “las diligencias de reconocimiento en fila de personas y fotográficos son extensiones del testimonio y de esta manera se han de valorar”, pues tampoco señala la norma procesal que adscriba al testimonio un mérito o una eficacia determinada.

Lo que se observa en últimas en la postulación del reproche, es la discrepancia del censor con el mérito persuasivo atribuido a dichos medios de convicción, y que persigue el desquiciamiento del fallo no sólo por una vía equivocada, sino carente de fundamento, pues por parte alguna cuestiona las declaraciones del fallo en torno al mérito atribuido a las pruebas a que alude, sino que a partir de particulares razonamientos construye uno distinto.

Indica ello, que el casacionista simplemente enunció una hipótesis de error probatorio pero no la desarrolló ni demostró de modo técnico como se exige en casación, lo que de suyo conduce a la desestimación de la censura.

Al margen de estas inconsistencias de orden técnico, los juzgadores de instancia valoraron los informes de policía judicial y los reconocimientos en fila de personas y por medio de fotografías, y con criterio razonado, desestimaron su mérito persuasivo, después de tomar en cuenta que los mencionados informes acusan vaguedades e imprecisiones, y que los reconocimientos a más de presentar irregularidades “en su evaluación crítica no suministran al juzgador fuerza de convicción probatoria, interpretándose que los testigos no estuvieron en posibilidad de reconocer al acriminado” (fl. 32 cdno. trib.), lo cual, aunado a la incertidumbre que resulta de ponderar los otros medios de convicción allegados al informativo, impedía el proferimiento de una decisión de condena.

De manera que al amparo de un presunto error de derecho por falso juicio de convicción, lo que el casacionista ataca es el valor que en la sentencia se confirió a los informes de policía judicial y a los reconocimientos fotográficos y en fila de personas, pero sin demostrar tampoco que se hubiere transgredido las reglas de la sana crítica, de lo cual se colige que la censura no tiene ninguna vocación de éxito ya que en el enfrentamiento de criterios entre las partes y el juez prevalece el de éste por razón de la libertad relativa con que cuenta para apreciar los medios y asignarles su mérito persuasivo.

No sólo, entonces, por presentar falencias de carácter técnico insaneables, sino por resultar infundada, se desestima la censura».

(Sentencia de casación, 30 de enero de 2003. Radicación 13.518. Magistrado Ponente: Dr. Fernando Arboleda Ripoll).

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