Sentencia 13536 de junio 8 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

CALIDAD DE TRABAJADOR OFICIAL

ACTIVIDAD DE ASEO EN UNA OBRA PÚBLICA

EXTRACTOS: «El tema puntual que suscita inconformidad del impugnante frente a la sentencia controvertida se circunscribe a la naturaleza jurídica de la vinculación que existió entre las partes; pues mientras el tribunal no obstante dar por demostrado que la actora ejercía labores de aseo en un edificio y obra pública, concluye que tenía la condición de empleada pública porque para él esas actividades no tienen la connotación de ser de la construcción y sostenimiento de obras públicas, la censura argumenta que esas tareas sí se encuentran involucradas en el concepto aludido, lo que ubica a la gestora del proceso como trabajadora oficial. De ahí que se ataque el fallo acusado por interpretación errónea de los artículos 292 del Decreto 1333 y el 42 de la Ley 11 de 1986 en relación con los demás preceptos legales que se singularizan en el cargo.

Acorde con la vía de ataque seleccionada, el censor no controvierte ninguna de las conclusiones fácticas deducidas en el fallo recurrido, circunscritas básicamente en el hecho de que la demandante desempeñaba labores de aseo en edificios y obras públicas. Por ello, el cuestionamiento que se plantea radica en que al tener en cuenta la premisa anterior (actividad de aseo en una obra pública), podría afirmarse que la actora era una trabajadora oficial por tener que ver su labor con el sostenimiento de obras públicas.

Planteada la situación así, se tiene, como lo cita el recurrente, que la extinta Sección Segunda de esta Sala de la Corte en sentencia del 31 de agosto de 1994, radicación 6562, en torno a la amplitud con que han de tomarse los conceptos relacionados con la construcción y sostenimiento de obra pública, dijo lo siguiente:

“El carácter de trabajador oficial vinculado a la construcción de obras públicas no puede circunscribirse, pues no es ese el criterio de la ley, al “obrero de pica y pala”. La Corte ha reconocido que dentro del concepto “sostenimiento de obras públicas” quedan comprendidas personas que, por ejemplo, realizan la actividad de sostenimiento de la maquinaria y equipo destinado a la construcción de las obras públicas, actividad esta no inmediatamente vinculada a la construcción de la obra que, sin embargo, no le priva el carácter de “trabajador oficial”.

Y si se califica como trabajador oficial a quien sostiene y repara las máquinas directamente vinculadas a las obras públicas, no aparece acertado dejar de clasificar como tal a quien con su actividad sustenta a las personas naturales que dedican su esfuerzo y actividad a dicha construcción. Vale decir, no se ve el por qué pierde el carácter de trabajador oficial quien, como en este caso está plenamente probado ocurrió, laboró al servicio del Ministerio de Obras Públicas vinculada por un contrato de trabajo y a quien se le despidió dando por terminado dicho contrato, ejecutando una actividad de sustento de los trabajadores oficiales, cual es la de preparar sus alimentos”.

Así mismo, en sentencias anteriores y posteriores a la ya rememorada (marzo 31 de 1964, noviembre 9 de 1989 y febrero 6 de 1996), la Corte ha dado por sentado que la especial condición de trabajador oficial que le otorga la ley a quienes laboran en la construcción y sostenimiento de obras públicas, tanto del orden nacional o territorial, no puede limitarse a los que cumplen labores simplemente materiales sino que además ha de extenderse al que desempeñe funciones administrativas o intelectuales, cualquiera que sea su naturaleza, y que no tienen una posición directiva en el desarrollo de su actividad.

Consecuente la Sala con el criterio que de tiempo atrás ha venido exponiendo la corporación, el término “construcción y sostenimiento de obra pública”, en primer lugar, habrá de analizarse con referencia a cada caso en que se discuta la incidencia del mismo y, en segundo término, ha de entenderse dentro de una mayor amplitud conceptual, que abarque toda aquella actividad que le resulta inherente tanto en lo relacionado con la fabricación de la obra, como en lo que implique mantenerla en condiciones aptas de ser utilizada para sus fines, como obra pública que es. Es por ello que en ese concepto va involucrado el montaje e instalación, la remodelación, ampliación, mejora, conservación, restauración y mantenimiento.

Por lo tanto, en el aludido contexto no puede aseverarse, sin que ello contradiga lo literal o el espíritu de las normas que definen la condición de trabajador oficial y empleado público, que como regla general las labores de aseo en una obra pública, confiera siempre el carácter de empleado público; que es lo que a la postre hace el tribunal cuando en la sentencia recurrida expresa:

“Considera la Sala que la labor de “aseo” en un edificio u obra pública no tiene la connotación de sostenimiento del mismo o misma, por lo que la función que cumplía la demandante en beneficio del ente territorial no está dentro de la excepción que contempla la norma precedentemente relacionada, por lo que forzosamente se debe concluir que tuvo la calidad de empleada pública”.

Quiere decir lo anterior, entonces, que sin lugar a dudas el tribunal restringió el alcance de los artículos 42 de la Ley 11 y 292 del Decreto-Ley 1333 de 1986 y, por ende, incurrió en la interpretación errónea que denuncia el ataque.

En consecuencia el cargo prospera, razón por la que se hace innecesario el estudio de la otra acusación formulada.

Consideraciones de instancia

Debe empezar la Sala por anotar que respecto a las labores que cumplió la demandante para la demandada, y ello no fue objeto de discusión en casación, el tribunal, dijo:

“(...) a su vez el presidente, vicepresidente y secretario de esta organización sindical, en su orden: Gustavo Alberto Monsalve; Francisco Alberto Ortíz y Mario de Jesús Loaiza, declararon en el presente proceso e indicaron como actividades desarrolladas por la accionante en cumplimiento de sus deberes, la de: “barrer, trapear, sacudir, limpiar paredes, ventanas, puertas, parques, plazoletas, lavar escalas de plazoletas”. “De tales deponencias se infiere que la función o actividades que cumplía la demandante era la de efectuar ASEO a distintas dependencias de la entidad municipal”.

Planteada la situación así, es indudable que lo oficios de aseo cumplidos por la actora no sólo en un inmueble destinado al servicio público, sino también en bienes de uso público como son los parques y plazoletas, son actividades que guardan relación con el sostenimiento de ella, en la medida en que tal labor posibilita no sólo su conservación y se impide su deterioro paulatino, sino que además contribuye para que esa obra en efecto preste la función que le es propio a su naturaleza misma de pública; pues basta tan sólo imaginar qué podría suceder en un bien de uso público o en una edificación de propiedad de una entidad pública, de no llevarse a cabo el servicio de barrido, recolección de basuras y limpieza en general.

En consecuencia, debe concluirse que los servicios que prestó la demandante a la demandada fue en condición de trabajadora oficial».

(Sentencia de casación, junio 8 de 2000. Radicación 13.536. Magistrado Ponente: Dr. Fernando Vásquez Botero).

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