Sentencia 13539 de noviembre 25 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Radicación 13.539 (1215) de 2004

Consejera Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Bogotá, D.C.,veinticinco de noviembre de dos mil cuatro.

Actor: Hernando Rodríguez Ruiz.

Demandado: Nación-Rama judicial y Consejo Superior de la judicatura.

Asunto: Acción de reparación directa.

EXTRACTOS: «Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, el 30 de enero de 1997, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, la cual será revocada para, en su lugar, acceder parcialmente a dichas pretensiones.

I. Antecedentes

1. Las pretensiones.

Por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, el señor Hernando Rodríguez Ruiz formuló demanda el 27 de julio de 1995, en contra de la Nación-Rama judicial-Ministerio de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, con las siguientes pretensiones:

“1. Se reconozca el daño producido por la conducta omisiva y delictuosa de la señora juez, así como por las irregularidades o cuasidelitos cometidos por la secretaría del juzgado, y que sufriere mi poderdante Hernando Rodríguez Ruiz, quien no puede demandar civilmente al autor responsable de las lesiones personales sufridas y padecidas, Pedro Corredor Forero.

2. Como consecuencia del anterior reconocimiento, se condene a la Nación representada por el Ministerio de Justicia y del Derecho y por el Consejo Superior de la Judicatura —Rama jurisdiccional—, a ejecutar la reparación del daño reconocido, pagando u ordenando pagar la indemnización debida, de acuerdo con la estimación justa y razonada de la cuantía que específico en el acápite respectivo.

(...).

Lucro cesante

... El monto de los ingresos que devengaba en su calidad de corredor de finca raíz (...) una suma de setecientos mil pesos M.L. ($ 700.000), durante los meses de agosto de 1988, tiempo dado por la incapacidad definitiva de 90 días, tenemos como total la suma de seis millones novecientos cincuenta y un mil pesos M.L. (6.951.000).

(...).

Réditos de las erogaciones efectuadas

En el mes de enero de 1989 se le cancelaron los honorarios profesionales por un monto de un millón doscientos mil pesos M.L. ($ 1.200.000) al arquitecto Jaime Bravo Martínez, que le correspondieron con ocasión de la demora por parte de Hernando Rodríguez Ruiz en suministrar los elementos para la construcción de las obras en los lotes 3 y 4 de la urbanización La Tertulia, en el Carmen de Apicalá. Esos honorarios no se hubieran causado de no ser por el daño sufrido por mi poderdante en el accidente de marras.

(...).

Entre los meses de agosto de 1988 y febrero de 1989, la doctora Ana Cecilia Sarmiento Solano prestó sus servicios como profesional de la odontología a Hernando Rodríguez Ruiz (...) su cuantía ascendió a la suma de dos millones ciento ochenta mil pesos ($ 2.180.000).

(...).

A la fecha del accidente, mi poderdante Hernando Rodríguez Ruiz se encontraba realizando unas obras (...) El presupuesto para esas obras, a la fecha de suscribirse el contrato con el arquitecto Bravo Martínez, sin honorarios, alcanzaba los doce millones de pesos ($ 12.000.000); sin embargo, como la obra se tuvo que interrumpir como consecuencia del accidente, ya que mi poderdante no podía estar al frente de la obra, cuando se reiniciaron las obras, los materiales de la construcción habían subido de precio y los costos de la obra ascendieron a un total aproximado dedieciséis millones de pesos ($ 16.000.000), es decir, cuatro millones de pesos extras ($ 4.000.000).

(...).

El día 15 de junio de 1992 celebró (...) contrato de servicios profesionales (...) para la defensa en el proceso penal en el cual se encontraba sindicado y para que lo representara en la parte civil en que se había constituido. El valor de ese contrato fue de un millón quinientos mil pesos ($ 1.500.000), los cuales fueron cancelados en su totalidad en la fecha referida...

Como consecuencia del accidente tuvo que hacer uso de la póliza de automóviles. Es así como la Compañía Aseguradora Skandia le pagó el valor del vehículo menos el deducible, esta última suma es de $ 133.333, que perdió el señor Rodríguez Ruiz así como los intereses o frutos civiles que hubiese generado esa suma durante los últimos seis años.

(...).

Daño emergente no valorable pecuniariamente

Estimo, de acuerdo con la ley penal sustantiva (CPP, art. 104) los daños emergentes no valorables pecuniariamente en la cantidad de cuatro mil gramos oro (4.000).

(...).

Perjuicios morales

Tasamos este perjuicio (...) en la cantidad de dos mil (2.000) gramos oro fino...

Perjuicios fisiológicos

... El señor Hernando Rodríguez Ruiz, como consecuencia del accidente que sufriera, no podrá ejercer el derecho constitucional y natural de la locomoción, ya que se encuentra prácticamente impedido para hacerla (...) Estimar un valor que pretenda estimar este daño fisiológico resulta difícil, pero podríamos calcularlo en la cantidad de dos mil (2.000) gramos de oro fino...”.

(...).

Consideraciones de la Sala

1. La competencia.

La Sala es competente para decidir las pretensiones formuladas por el señor Hernando Rodríguez Ruiz porque el hecho causante del daño se imputa a falla en la prestación del servicio de administración de justicia.

Aunque en la demanda se señala que esa falla se deriva de “la comisión del delito de prevaricato por omisión en que incurrió la señora juez y en las irregularidades administrativas cuasidelictuales en que incurrió el secretario del juzgado”, no debe perderse de vista que la responsabilidad del Estado derivada de las actuaciones surtidas por los funcionarios pertenecientes a la rama judicial, se produce al margen de la culpabilidad del funcionario. Esta importa pero frente al Estado, que podrá obtener el reembolso de lo pagado a la víctima, a través del llamamiento en garantía o de la acción de repetición, cuando aquel haya actuado con culpa grave o dolo.

2. La legitimación por pasiva.

En el caso concreto no hay discusión sobre la legitimación por pasiva, porque la demandada es la Nación-Rama judicial, que estuvo representada por el Ministerio de Justicia y la dirección nacional de administración judicial del Consejo Superior de la Judicatura.

Se advierte que el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo establecía que la representación judicial de la Nación-Rama judicial le correspondía al Ministro de Justicia, situación que no varió con la expedición del Decreto 2652 de 1991 (1) .

La ley estatutaria de la administración de justicia —270/96—, asignó al director ejecutivo del Consejo Superior de la Judicatura la representación de la Nación-Rama judicial en los procesos judiciales (art. 99 num. 8º).

Por lo tanto, para el momento en que se presentó la demanda (jul. 27/95), la representación de la Nación —Rama judicial— estaba en cabeza del Ministerio de Justicia, pero a partir de la vigencia de la Ley 270 de 1996, dicha representación correspondió al director ejecutivo de administración judicial (2) , funcionario quien también fue notificado de la demanda, como ya se señaló. Por lo tanto, tampoco existe problema de representación en este proceso.

3. El derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas.

En la Constitución de 1886 no existía una norma que se refiriera a la responsabilidad del Estado por el funcionamiento anormal de la administración de justicia. No obstante, esta sección admitió durante su vigencia, en algunas oportunidades, que procedía la responsabilidad patrimonial del Estado cuando resultara comprometida con ocasión de la actividad jurisdiccional por falla del servicio (3) .

Sin embargo, en sentencia del 24 de mayo de 1990, expediente 5461, se rechazó explícitamente la responsabilidad por retardo en la administración de justicia (4) .

El artículo 29 de la Constitución de 1991 establece como garantía del debido proceso, el trámite sin dilaciones injustificadas y el 228 ibídem consagra los principios de celeridad y eficacia en la actuación judicial, al disponer que “los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”. Por su parte, el artículo 8º de la Convención americana de derechos humanos reconoce esa garantía como elemento básico del debido proceso legal, aplicable a todos los procesos judiciales (5) y aunque en el artículo 8º del Pacto internacional de derechos civiles y políticos fue reconocido concretamente el derecho del acusado de delito “a ser juzgado sin dilaciones indebidas”, la jurisprudencia del Comité de derechos humanos considera que dicha garantía es aplicable a procesos de otra índole (6) .

En la Ley 270 de 1996 se estableció esta modalidad de responsabilidad del Estado como residual, con fundamento en la cual deben ser decididos los supuestos de daño antijurídico sufridos a consecuencia de la función jurisdiccional, que no constituyen error jurisdiccional o privación injusta de la libertad, por no provenir de una decisión judicial.

Según la doctrina, el funcionamiento anormal de la administración de justicia está referido a unos estándares de lo que se considera un funcionamiento normal:

“La comprensión de lo que es funcionamiento anormal de la administración de justicia, debe partir de una comparación de lo que sería o debía ser el funcionamiento normal, lo que remite a unos criterios de actuación, a unos standards de funcionamiento, a unos conceptos jurídicos indeterminados de una extrema variabilidad y sujetos a una serie de condicionamientos históricos, técnicos y políticos. Importa señalar que no todo funcionamiento anormal, que no toda deficiencia en la administración de justicia, son generadores de responsabilidad, sino aquellos que no van acordes con unos patrones básicos de eficacia y funcionamiento de acuerdo con las necesidades sociales y los intereses de los justiciables. El concepto de funcionamiento anormal es ajeno a toda idea de culpa o negligencia aunque tenga en estas su origen y se basa únicamente en la causación del daño que actúa como factor desencadenante de la imputación” (7) .

Por su parte, el Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre al interpretar el artículo 6º, número 1 de la Convención europea para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales ha considerado que el “carácter razonable de la duración de un procedimiento debe apreciarse según las circunstancias de cada caso y teniendo en cuenta fundamentalmente ‘la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente y la forma en que el asunto haya sido llevado por las autoridades administrativas y judiciales’.

Ese mismo tribunal ha precisado que no existe dilación indebida por el mero incumplimiento de los plazos procesales legalmente establecidos, esto es, que no se ha constitucionalizado el derecho a los plazos sino que la Constitución consagra el derecho de toda persona a que su causa se resuelva en un tiempo razonable (8) .

Ya en vigencia de la Constitución de 1991, la Sala ha reconocido el derecho a la indemnización por fallas en la administración de justicia y, en particular, por el retardo injustificado de adoptar decisiones que causan daño a las partes o a terceros (9) .

En síntesis, para resolver si en un caso concreto hay lugar a la responsabilidad del Estado por fallas en la administración de justicia derivadas del retardo en adoptar decisiones, debe decidirse si ese retardo estuvo o no justificado, conclusión a la cual se llegará luego de señalar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora, ya que este es un asunto que hay que tratar no desde un Estado ideal sino desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de congestión, derivados de una demandada que supera la limitación de recursos humanos y materiales disponibles para atenderla (10) .

4. El proceso penal.

Del proceso penal adelantado por el Juzgado Primero Penal Municipal de Fusagasuga contra el señor Pedro Corredor Forero, por el delito de lesiones personales (cdno. 2), se destacan las siguientes actuaciones:

— El 2 de agosto de 1988, el agente de la policía José Manuel Rico Sabogal dejó a disposición del Juzgado Penal de Reparto de Fusagasuga, los vehículos marca Toyota, de placas AO-6852, de propiedad del señor Pedro Antonio Corredor Forero y Nissan Patrol, de placas EW-8097, de propiedad del señor Hernando Rodríguez Ruiz, e informó que dichos vehículos colisionaron el 31 de julio de ese mismo año, en la vía Bogotá-Girardot, sitio Los Guasimos (fl. 4).

— El día 5 de agosto de 1988, el Juzgado Primero Penal Municipal de Fusagasuga, a quien correspondió por reparto el conocimiento del asunto, dictó auto cabeza del proceso y ordenó la práctica de varias pruebas, entre ellas, oír en indagatoria a los sindicados y enviar los lesionados al Instituto de Medicina Legal para la evaluación de las secuelas médicas (fl. 9).

— El 8 de agosto de 1988, el juzgado practicó diligencia de inspección judicial, con ayuda de perito a los vehículos puestos a disposición, con el fin de determinar los daños sufridos por los mismos (fls. 19-20). En la misma fecha ordenó la entrega provisional de los vehículos a sus propietarios (fls. 21 y 24).

— El 19 de septiembre de 1988, se recibió indagatoria al señor Pedro Antonio Corredor Forero (fls. 28-31) y se solicitó al Instituto de Medicina Legal disponer el traslado de un legista a la Clínica de Marly, con el fin de que se practicara reconocimiento médico legal al señor Hernando Rodríguez Ruiz (fl. 35).

— El 26 de octubre de 1988, el señor Hernando Rodríguez Ruiz confirió poder a una abogada para que se constituyera en su nombre en parte civil dentro del proceso penal (fl. 53). No obstante, el juzgado la posesiona como defensora del sindicado (fl. 57).

— El 27 de octubre de 1988 se recibió declaración a los señores Elizabeth Ruiz de Corredor (fls. 44-46), Leonor Páez Cubillos (fls. 47-48), Genevieve Corredor Ruiz (fls. 49-50) y Luis Eduardo Corredor Ruiz (fl. 51), pruebas decretadas el 11 de octubre anterior, de acuerdo con solicitud formulada por el defensor del señor Pedro Antonio Corredor Forero (fl. 41). La primera de los testigos afirmó que la colisión de los vehículos marca Toyota, conducido por el señor Pedro Antonio Corredor Forero y marca Nissan Patrol, conducido por el señor Hernando Rodríguez Ruiz, ocurrida el 31 de julio de 1988, se produjo porque el vehículo conducido por el primero se desplazó hacia el centro de la carretera, debido a que la vía se encontraba húmeda y este debió frenar para esquivar un vehículo Renault de color claro que en ese instante adelantaba al vehículo Nissan con el cual se estrellaron.

— El 15 de diciembre de 1988 se recibió declaración a los señores Jorge Enrique Navarrete Rojas (fls. 78-80), Manuel Guillermo Martínez Pachón (fls. 81-83) y Jaime Alirio Vega Herrera, según la solicitud de quien venía actuando como defensora del señor Hernando Rodríguez Ruiz (fls. 84-87), quienes aseguraron que la causa del accidente fue la imprudencia del conductor del vehículo Toyota, quien se desplazaba a gran velocidad e invadiendo el carril contrario. En esa misma fecha se recibió indagatoria al señor Rodríguez Ruiz, quien manifestó no recordar lo sucedido como consecuencia de las lesiones que sufrió en el accidente, además, nombró dentro de la diligencia otra abogada para que lo asistiera en el proceso (fls. 88-89).

— A solicitud de la apoderada del señor Hernando Rodríguez Ruiz, el 8 de febrero de 1989, el juzgado ordenó oficiar a la Clínica de Marly y al Instituto de Seguros Sociales para que enviaran copia de las historias clínicas de los señores Jorge Enrique Navarrete Rojas y Manuel Guillermo Martínez Pachón (fl. 92).

— El 13 de mayo de 1989 se recibió en el juzgado instructor el dictamen del psiquiatra forense del Instituto de Medicina Legal, practicado al señor Hernando Rodríguez Ruiz (fls. 107-110), prueba ordenada el 8 de febrero de 1989, a solicitud de su defensora.

— El 27 de mayo de 1989 se ordenó oficiar al Instituto de Medicina Legal, para que dictaminara la incapacidad definitiva y las secuelas sufridas por el lesionado Hernando Rodríguez Ruiz, prueba solicitada por la defensora del mismo (fl. 112).

— El 21 de junio de 1989 se ordenó requerir a la Clínica de Marly y al Instituto de Seguros Sociales para (sic) remitieran la copia de las historias clínicas solicitadas antes (fl. 115).

— El 26 de julio de 1989 se recibió en el juzgado de primera instancia el concepto del fisiatra forense del Instituto de Medicina Legal, correspondiente a la valoración realizada al señor Hernando Rodríguez Ruiz.

— El 22 de agosto de 1989, el juzgado ordenó realizar reconocimiento médico legal al señor Jorge Navarrete Rojas (fl. 121), examen que le fue practicado el día 22 siguiente (fl. 122).

— El 5 de septiembre de 1989 se recibió el resumen de la historia clínica del señor Manuel Guillermo Martínez, remitida por el jefe de la central de información y registro de la Clínica San Pedro Claver (fls. 123-124).

— El 5 de octubre de 1989, la juez ordenó practicar reconocimiento médico legal al señor Manuel Guillermo Martínez (fl. 125), hecho que se realizó el 9 de octubre siguiente (fl. 126).

— El 23 de octubre de 1989, la defensora del señor Hernando Rodríguez Ruiz solicitó al juzgado proceder al cierre de la investigación (fl. 127).

— Por auto del 25 de octubre de 1989, el juzgado se abstuvo de ordenar el cierre de la investigación solicitado, “hasta tanto no se dictamine en forma definitiva por parte de los médicos legistas del Instituto de Medicina Legal, sobre la incapacidad definitiva y posibles consecuencias del lesionado Manuel Guillermo Martínez Pachón” (fl. 128).

— El 6 de diciembre de 1989 se ordenó remitir al señor Manuel Guillermo Martínez al Instituto de Medicina Legal para reconocimiento (fl. 130).

— El médico legista requirió copia completa de la historia clínica y odontológica para rendir el dictamen (fl. 132). En tal sentido, el 7 de febrero de 1990, el juzgado ofició al jefe de bioestadísticas de la Clínica de los Seguros Sociales San Pedro Claver (fl. 133).

— El 28 de marzo de 1990 se recibió en el juzgado el resumen de la historia clínica del paciente Martínez Pachón, suscrita por el coordinador de servicios asistenciales de la Clínica San Pedro Claver (fl. 134), que fue remitida al legista por orden del juzgado, mediante auto la misma fecha (fls. 135-136).

— El 29 de octubre de 1990, el juzgado resolvió las solicitudes formuladas por el defensor del señor Pedro Antonio Corredor: declaró la inexistencia de algunas actuaciones surtidas con la abogada nombrada por el señor Hernando Rodríguez Ruiz para que se constituyera parte civil dentro del proceso penal, a quien no se le había reconocido personería porque no presentó dicha demanda, pero que erradamente se admitió como defensora del mismo señor, decretó algunas pruebas y ordenó la expedición de copias solicitadas por el defensor (fls. 150-154).

— El 29 de noviembre de 1990, se ofició al médico del Hospital San Rafael de Fusagasuga, a fin de que le practicara reconocimiento médico legal a la señora Leonor Páez Cubillos, quien también resultó lesionada en el accidente (fl. 157).

— La 18 de diciembre de 1990, la apoderada del señor Hernando Rodríguez presentó demanda de parte civil (fls. 469-471), la cual fue admitida por auto del 31 de enero de 1991 (fl. 473).

— En respuesta a las peticiones formuladas por el defensor del señor Pedro Antonio Corredor relacionadas con la práctica de reconocimiento médico legal a la esposa e hijos del sindicado, quienes se desplazaban en el vehículo, el día del accidente, en auto del 26 de octubre de 1991, el juzgado le solicita suministrar los nombres de los lesionados (fl. 163).

— El 30 de enero de 1992, se ordenó la ampliación de indagatoria del señor Pedro Antonio Corredor y de las declaraciones rendidas por algunos testigos, las cuales fueron solicitadas por su defensor (fl. 166).

— El 10 de febrero de 1992, se recibió la ampliación de indagatoria del señor Pedro Antonio Corredor (fls. 167-168).

— El 28 de abril de 1992 se recibió declaración a las señoras Genevieve Corredor Ruiz (fls. 172-176) y Leonor Páez Cubillos (fl. 177).

— El 18 de junio de 1992, el señor Hernando Rodríguez Ruiz confirió poder a un abogado para que ejerciera su defensa (fl. 180). Mediante auto del 2 de julio de 1992 se reconoció al abogado como defensor del procesado (fl. 181), quien en la misma fecha tomó posesión de ese cargo (fl. 182).

— El 2 de julio de 1992, el apoderado del señor Hernando Rodríguez Ruiz solicitó la recepción de los testimonios declarados inexistentes (fl. 183). Mediante auto del 10 de julio de 1992 se accedió a su solicitud (fl. 184).

— El 27 de julio de 1992 se recibió declaración a los señores Jorge Enrique Navarrete Rojas (fls. 189-193) y Manuel Guillermo Martínez Pachón (194-198). En esa misma fecha, el apoderado del señor Rodríguez Ruiz solicitó que se decretara el testimonio del señor Jaime Alirio Vega Herrera (fl. 199), solicitud que fue acogida por el despacho, mediante auto del 28 de julio de 1992 (fl. 200).

— El 10 de agosto de 1992 se recibió declaración al señor Jaime Alirio Vega (fls. 202-205). En esa misma fecha, el defensor del señor Rodríguez Ruiz solicitó al juzgado resolver la situación jurídica de los sindicados, “ya que el término para tal efecto se encuentra más que vencido (...) y teniendo en cuenta que en contra del señor Hernando Rodríguez Ruiz no existe el más mínimo indicio sobre su eventual responsabilidad penal en los hechos investigados, sino que por el contrario, está más que probada su inocencia, solicitó se le profiera auto de cesación de todo procedimiento a su favor (fl. 206).

— El 28 de agosto de 1992, el apoderado del señor Hernando Rodríguez presentó demanda de parte civil a nombre de la esposa e hijos del lesionado (fls. 481-4839(sic)), la cual fue rechazada por el juzgado, mediante auto del 1º de febrero de 1993 (fls. 496-498).

— Mediante auto del 5 de octubre de 1992, se profirió medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del señor Pedro Antonio Corredor Forero, a quien se concedió el beneficio de libertad provisional y se abstuvo de proferir medida de aseguramiento en contra del señor Hernando Rodríguez Ruiz (fls. 207-213).

— En memorial presentado el 9 de octubre de 1992, el defensor del señor Hernando Rodríguez Ruiz solicitó el embargo de una camioneta de propiedad del señor Corredor Forero (fl. 223). Por auto del 20 de octubre de 1992 se ordenó al solicitante prestar caución (fl. 224).

— Mediante auto del 1º de febrero de 1993, se decretaron algunas pruebas solicitadas por el defensor del señor Corredor Forero (fls. 229-232).

— El 1º de febrero de 1993, el juzgado dictó resolución de preclusión de la investigación en favor del señor Hernando Rodríguez Ruiz (fls. 233-234).

— El 24 de febrero de 1993, se nombró nuevos peritos para el avalúo de los perjuicios ocasionados con la infracción, porque de los nombrados para tal fin mediante auto del 29 de octubre de 1990, según la constancia secretarial, uno falleció y el otro manifestó que carecía de conocimientos técnicos en materia de medicina (fl. 250). En esa misma fecha, el juzgado decretó el embargo y secuestro preventivo del vehículo de propiedad del señor Pedro Antonio Corredor Forero, una vez el apoderado de la parte civil prestó la caución exigida por el despacho (fls. 501-502).

— El 9 de marzo de 1993 se recibió declaración a los señores Tito Julio Pardo Caro (fls. 256-261), Hernando Rodríguez Ruiz (fls. 262-263) y Manuel Guillermo Martínez Pachón (fl. 265). En la misma fecha, el juzgado practicó inspección judicial en la sección de urgencias del Hospital San Rafael de Fusagasuga, con el fin de establecer si el 31 de julio de 1998 fueron atendidos allí los señores Pedro Antonio Corredor, Elizabeth Ruiz, Genevive Corredor, Leonor Páez y Luis Eduardo Corredor (fls. 274-275).

— El 18 de marzo de 1993, el señor Pedro Corredor puso a disposición del juzgado el vehículo de su propiedad, objeto de la medida de embargo y secuestro ordenada (fl. 289). Mediante auto de la misma fecha se dispuso llevarlo al parqueadero Sumapaz, mientras se realizaba la respectiva diligencia de secuestro (fl. 289).

— El 12 de abril de 1993, el apoderado del señor Hernando Rodríguez Ruiz solicitó al juzgado proceder al cierre de la investigación y además advirtió que la acción penal estaba “a punto de prescribir” (fl. 321).

— El 13 de abril de 1993, los peritos presentaron el avalúo de los perjuicios materiales y morales causados a los señores Hernando Rodríguez Ruiz, Manuel Guillermo Martínez Pachón y Jorge Enrique Navarrete Rojas (fls. 304-306). En la misma fecha, el juzgado puso en conocimiento de las partes el dictamen pericial (fl. 307).

— El 16 de abril de 1993, el juzgado cuarenta y uno civil municipal de esta ciudad remitió las copias de la demanda de responsabilidad civil formulada por el señor Manuel Guillermo Martínez Pachón contra el señor Pedro Antonio Corredor Forero, así como el auto admisorio de la misma y la admisión del desistimiento presentado por el demandante, por haber llegado a un arreglo amigable con el demandado (fls. 314-320).

— El 13 de mayo de 1993, el juzgado se pronunció sobre las solicitudes formuladas por el defensor del señor Corredor Forero y resolvió: no acceder a la revocatoria del auto mediante el cual se definió la situación jurídica de los procesados; negar la práctica de las pruebas solicitadas por la defensa; negar la entrega del vehículo decomisado a su propietario; fijar fecha para la práctica de la diligencia de secuestro del vehículo y ordenar a los peritos la aclaración y ampliación del dictamen (fls. 339-343).

— El 18 de mayo de 1993, el apoderado del señor Hernando Rodríguez solicitó nuevamente el cierre de la investigación (fl. 344).

— El 21 de mayo siguiente, el defensor del señor Pedro Antonio Corredor interpuso los recursos de reposición y subsidiariamente de apelación, en contra del auto proferido el 13 de mayo anterior (fls. 347-349).

— El 27 de mayo de 1993 se llevó a cabo la diligencia de secuestro del vehículo de propiedad del sindicado Pedro Antonio Corredor Forero (fls. 351-352).

— Los días 15 y 16 de junio, el defensor del señor Pedro Antonio Corredor interpuso sendos recursos de reposición y, en subsidio, apelación, contra el auto que declaró cerrada la investigación y corrió traslado para alegar (el cual no obra en las copias allegadas a este proceso) y contra el auto que negó la práctica de inspección judicial al lugar donde se produjo el accidente, respectivamente (fls. 363-366).

— El 23 de junio de 1993, el juzgado primero penal municipal dispuso no reponer los autos de 25 de mayo del mismo año, mediante el cual se resolvió decretar el cierre de la investigación (fls. 388-389) y de 7 de junio del mismo año, mediante el cual se negó la práctica de la inspección judicial al lugar donde ocurrieron los hechos, solicitada por el defensor del procesado (fls. 390-392).

— El 2 de julio de 1993, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Fusagasuga avocó el conocimiento del proceso en segunda instancia (fl. 370).

— El 21 de julio siguiente, el juez de segunda instancia confirmó la providencia recurrida, esto es, el auto proferido por el Juzgado Primero Penal Municipal de Fusagasuga, el 13 de mayo de 1993 (fls. 372-375). El proceso fue remitido nuevamente al juez de primera instancia el 29 de julio de 1993 (fl. 376). Al día siguiente, se ordenó cumplir lo resuelto por el superior (fl. 377).

— El 21 de julio de 1993, el juzgado de primera instancia profirió resolución de acusación en contra del sindicado Pedro Antonio Corredor Forero, por el delito de lesiones personales de que fuera víctima el señor Hernando Rodríguez Ruiz (fls. 395-403), providencia que fue notificada por estados el 28 de julio siguiente (fl. 408).

— En providencia del 31 de agosto de 1993, al entrar a resolver el recurso de apelación interpuesto por el defensor del sindicado, contra la resolución de acusación, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Fusagasuga se declaró inhibido, por considerar que este fue extemporáneo, pues no se presentó dentro del término de ejecutoria que de acuerdo con la ley se produjo con anterioridad a la fecha en la cual el secretario del juzgado erradamente realizó la notificación de la providencia, error que no podía excusar al recurrente porque “quien ejerció el acto de impugnación lo fue un profesional a quien no solamente le asiste el conocimiento juris demostrado a lo largo de la investigación, sino, además, el deber de lealtad con la administración de justicia (fls. 433-435).

— El 3 de septiembre siguiente, el mismo juzgado revocó oficiosamente la providencia que había dictado, declaró prescrita la acción penal y dispuso el levantamiento de las medidas previas decretadas (fls. 437-443). Contra esta decisión, el apoderado del señor Hernando Rodríguez interpuso recurso de reposición, el cual fue decidido en forma desfavorable a sus intereses el 13 de septiembre de 1993 (fls. 449-451).

5. La dilación en el caso concreto fue injustificada.

Considera la Sala que en el caso concreto, la duración del proceso penal por más de cinco años, sin que hubiera quedado ejecutoriada la resolución de acusación, constituyó una dilación injustificada, que da lugar a la reparación de los perjuicios sufridos por el demandante, porque, además de esa falla de la administración de justicia, están acreditados en el expediente la probabilidad de que la decisión hubiera sido adversa al sindicado Pedro Antonio Corredor Forero y consecuencialmente, favorable a la parte civil y que la reparación del perjuicio hubiera sido posible, en consideración a la capacidad económica del responsable de los daños, si se tiene en cuenta que para tal fin le fue embargado y decomisado un vehículo de su propiedad.

La reseña del proceso muestra que a pesar de las funcionarias que tuvieron a su cargo el Juzgado Primero Penal Municipal de Fusagasuga dieron garantía a las partes y atendieron las continuas solicitudes de pruebas presentadas tanto por el defensor del sindicado, como por el apoderado de la parte civil y aun decretaron varias de ellas de oficio, existieron trámites que dilataron innecesariamente el proceso, como haber ordenado reconocimientos médico legales de manera sucesiva a los ocupantes de los vehículos que colisionaron, lo que a su vez implicó oficiar, también de manera sucesiva, a los centros médicos donde esas personas fueron atendidas para que remitieran las copias de sus historias clínicas; tardar dos años y medio en exigir a los peritos la rendición del dictamen, lo que finalmente dio lugar a sustituirlos porque uno de ellos había fallecido y el otro se consideró incompetente; no mantener al día el cuaderno de copias, al punto que la juez, mediante auto del 7 de julio de 1993, debió ordenar a la secretaría que lo complementara y foliara de nuevo antes de enviarlo a segunda instancia, puesto que “faltaban allí muchos folios que obraban en el original” (fl. 355); inclusive hubo necesidad de repetir algunos testimonios por haberse declarado la nulidad de parte de lo actuado, en razón del error del juzgado de admitir la constitución de parte civil, a pesar de no haberse presentado la demanda respectiva.

Es cierto que el proceso subió en varias oportunidades a segunda instancia para conocer de los recursos interpuestos por el apoderado del sindicado. Sin embargo, estas situaciones no justifican la omisión de adoptar en término razonable las decisiones de fondo, ya que en realidad no se trataba de un asunto de mayor complejidad.

La prolongación de la etapa de investigación en el proceso penal, sin que se hubiera proferido oportunamente la resolución de acusación, llevó a que este culminara con cesación de procedimiento, con lo cual, el demandante de la parte civil no pudo obtener la reparación de los perjuicios que sufrió, como sí lo logró el señor Manuel Guillermo Martínez, quien también resultó lesionado en el mismo accidente y frente al cual el demandado asumió su responsabilidad dentro del proceso civil que se instauró en su contra.

Se advierte que una vez declarada la prescripción de la acción penal, quedaba prescrita la acción civil intentada dentro de ese proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 108 del Código Penal —L. 100/80— y 62 del Código de Procedimiento Penal —D. 2700/91— vigentes en el momento de producirse la prescripción de la acción penal y, por lo tanto, el demandante no tenía oportunidad de demandar nuevamente ante la jurisdicción civil la reparación de los perjuicios causados con el hecho.

En consecuencia, el demandante tiene derecho a la reparación de los perjuicios que sufrió por la falla del servicio de la administración de justicia, al dilatar injustificadamente el trámite del proceso penal y no dictar en forma oportuna la resolución de acusación, que generaba la interrupción de la prescripción de la acción penal. Perjuicio que se concreta en la imposibilidad de que el proceso culminara con decisión de fondo, para obtener así la reparación de los perjuicios que demandó en el mismo y a la que parcialmente tenía derecho según se infiere claramente de todo lo narrado. Valga señalar que el retardo injustificado no le es imputable al demandante que en el proceso penal se dedicó a ejercer su derecho de defensa y contradicción, sin abusar del mismo y, además, durante el trámite del proceso, en varias oportunidades, puso de presente el inminente riesgo de que se produjera la prescripción; así lo advirtió a la funcionaria judicial, quien no atendió a tiempo su solicitud.

En efecto, fueron reiterados los llamados del señor Rodríguez Ruiz para que se procediera a cerrar la investigación y se resolviera la situación jurídica de los sindicados, tal como lo muestran los memoriales presentados el 23 de octubre de 1989 (fl. 127), el 10 de agosto de 1992 (fl. 201), el 12 de abril de 1993 (fl. 321) y el 18 de mayo de 1993 (fl. 344), sin que se le atendiera oportunamente.

Por otra parte, las actuaciones adelantadas en el proceso penal revelan que la responsabilidad del accidente en que resultó afectado el señor Rodríguez fue del señor Corredor, conductor del vehículo contra el cual chocó, es decir, que de haber llegado a término el proceso penal, se hubiera declarado la responsabilidad de Corredor por los daños sufridos por el señor Rodríguez Ruiz. El mismo señor Corredor admitió su responsabilidad al conciliar con otro de los lesionados en un proceso civil.

La probabilidad de sentencia penal condenatoria en contra del señor Pedro Antonio Corredor Forero y, en consecuencia, su obligación de pagar los perjuicios causados al señor Hernando Rodríguez Ruiz, que se había constituido en parte civil, se infiere de las pruebas que obran en el expediente, las cuales fueron analizadas por el juzgado instructor en la resolución de acusación que profirió en su contra, en la cual se consideró:

“En cuanto a la responsabilidad del sindicado Pedro Antonio Corredor, obran en autos las declaraciones del señor Jaime Alirio Vega Herrera, quien comentó la forma como sucedió la colisión de los dos vehículos y de donde se puede deducir que la camioneta conducida por el señor Corredor Forero al adelantar al vehículo del declarante se pasó al carril contrario, ocupando de esta manera el carril que les correspondía al Renault y al Nissan, porque en ese instante la camioneta conducida por el señor Pedro Antonio Corredor Forero la acorraló y estrelló contra el barranco. Afirma también en su declaración que la velocidad con la que venía la camioneta debía ser superior a la suya, ya que lo pasó a él rápidamente, versión corroborada por el señor Enrique Navarrete Rojas, quien afirmó que de pronto observó una camioneta que se les venía de frente y que le dio la impresión que se la había ganado al chofer ya que venía muy rápido y además aseguró que el vehículo venía bajando por el carril que les correspondía a ellos.

De estos testimonios se puede concluir que el vehículo conducido por el señor Pedro Antonio Corredor Forero se venía desplazando en contravía y que además no tuvo la prudencia necesaria, según la velocidad a la que se desplazaba y el terreno húmedo por el que transitaba, ya que de acuerdo con los demás declarantes y la propia versión del sindicado, dejaban un terreno seco para entrar en un terreno mojado, lugar en el que ocurrió el accidente; además, es de anotar que el accidente se presentó en una curva y ni el Renault ni el Nissan se habían desplazado del carril que les correspondía y en ningún momento invadieron el carril por el que debía transitar el señor Pedro Antonio Corredor.

En este caso se puede observar que la culpa recae en la persona de Pedro Antonio Corredor debido a su imprudencia, ya que debió prever que el piso estaba húmedo y disminuir la velocidad, y a su falta de previsión del riesgo, ya que confió equivocadamente que podía evitar la colisión, cosa que no sucedió debido a su exceso de velocidad que no le permitió hacerlo. Por lo tanto, el despacho considera que se satisfacen plenamente los requisitos exigidos para dictar en su contra resolución de acusación en lo que hace relación a las lesiones sufridas por el señor Hernando Rodríguez Ruiz” (fls. 395-403 cdno. 2).

De igual manera, está demostrado que el sindicado dentro del proceso penal y obligado a la reparación de los perjuicios causados a la parte civil en ese proceso, señor Hernando Rodríguez, tenía la capacidad económica que le permitía responder por los perjuicios y para tal efecto, se le había embargado y secuestrado el vehículo camioneta Toyota, modelo 1982, capacidad para cinco pasajeros, servicio particular, de placas AO 68-52 (fls. 322 y 369-370 cdno. 2).

6. La reparación del perjuicio.

Se advierte que los perjuicios sobre los que hay lugar a pronunciarse en esta sentencia son los que el actor pretendía en la acción penal, puesto que son los que permiten tasar el daño causado por no haberse dictado una decisión de fondo en ese proceso. Por lo tanto, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre los pedidos en esta demanda, que no figuren en aquella.

Tales perjuicios, según la demanda de parte civil aceptada en el proceso penal, de acuerdo con las pruebas que obran en este, fueron: a) perjuicios materiales por $ 15.000.000, “los cuales incluyen el lucro cesante y el daño emergente, teniendo en cuenta, además, la capacidad productora de don Hernando Rodríguez Ruiz (fls. 469-471), tales perjuicios fueron incrementados en una reforma posterior de la demanda en $ 25.000.000 (fl. 479) y b) morales, que fueron estimados en mil gramos de oro, porque el demandante “quedó limitado síquica y físicamente durante un período de tiempo bastante considerable”.

Para acreditar tales perjuicios se allegó: a) copia del contrato de prestación de servicios celebrado el 4 de julio de 1988, entre el señor Hernando Rodríguez y el arquitecto Jaime Bravo Martínez, para la construcción de “accesorios e implementos para la casa de los lotes 3 y 4, así como también en la casa de vigilantes”; acta de entrega de la obra, en la cual consta que los honorarios del profesional ascendieron a $ 3.402.752; declaración extrajuicio rendida por el arquitecto, en la cual consta haber recibido la suma de $ 1.200.000, por la vigencia del contrato en el segundo semestre de 1988 (fls. 511-514).

Además, obra dictamen del fisiatra forense del Instituto de Medicina Legal, en la valoración realizada al señor Hernando Rodríguez Ruiz, cuya conclusión fue la siguiente: “Se fija incapacidad médico legal definitiva de 90 días a partir de las lesiones. Como secuela presenta una deformidad permanente por las cicatrices, una perturbación funcional permanente de miembro (del miembro superior izquierdo y del miembro inferior izquierdo), una perturbación funcional permanente del órgano de la locomoción por la inestabilidad de la rodilla izquierda (fl. 120 anexo).

Aparece, además, certificación expedida el 23 de mayo de 1990, por la médica Ana Cecilia Sarmiento, de haberle efectuado tratamiento odontológico al señor Hernando Rodríguez, por $ 2.180.000, durante los meses de agosto de 1988 y febrero de 1989, por daños causados como consecuencia del accidente que sufrió el 31 de julio de 1988 (fl. 264).

Los peritos designados por el juzgado Penal valoraron los perjuicios materiales sufridos por el señor Rodríguez Ruiz en $ 3.000.000, “que consisten en los daños ocasionados al vehículo de placas EW-8097, sobre el salario dejado devengar durante la incapacidad, que fue de 90 días en forma definitiva y gastos odontológicos”, y los morales en mil gramos de oro, “teniendo en cuenta las heridas recibidas en el accidente de tránsito y por no ser estos valorables en dinero” (fls. 304-306 anexo). El dictamen fue puesto a disposición de las partes (fls. 307 y 313), sin que lo hubieran objetado.

Aunque el demandante adujo en el proceso penal como perjuicios materiales las sumas dejadas de percibir durante su incapacidad, no demostró la labor que desempeñaba ni la remuneración que obtenía con ella; tampoco demostró la relación causal entre el accidente sufrido y los honorarios que debió pagar al arquitecto Jaime Bravo Martínez, ni otros gastos médicos distintos a los odontológicos. Por lo tanto, la indemnización se concretará a estos últimos, sumas que serán actualizadas, de acuerdo con el índice de variación de precios al consumidor, desde la fecha en que se declaró la preclusión de la investigación penal, que concretó el daño y la fecha de esta sentencia.

 

Los perjuicios morales se valoran, de acuerdo con el último criterio jurisprudencial adoptado por la Sala (11) , en 30 salarios mínimos legales, que equivalen a $ 10.740.000.

7. La llamada en garantía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Constitución, el Estado deberá repetir contra sus agentes cuando sea condenado a la reparación de daños o perjuicios causados como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de estos.

Antes de la vigencia de la Ley 678 de 2001, la figura del llamamiento en garantía dentro en(sic) los procesos de reparación directa estaba prevista en el artículo 217 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 77 ibídem.

Se trata, en consecuencia de una responsabilidad personal subjetiva, en la cual el Estado tiene la carga de probar que su agente obró con culpa grave o dolo (12) .

En el caso concreto, se considera que la entidad demandada no acreditó que la funcionaria llamada en garantía hubiera obrado con culpa grave o dolo (13) . Por el contrario, de la carencia de esos elementos subjetivos de su conducta, se infiere, del hecho de que solo tuvo conocimiento del proceso en los seis últimos meses antes de producirse la prescripción de la acción penal, ya que el auto cabeza del proceso fue dictado por la doctora Fary Burbano Muñoz, el 5 de agosto de 1988 (fl. 9), quien conoció del mismo hasta que la sustituyó en el juzgado la doctora Dínora María Ferrer, cuya primera actuación en el proceso aparece realizada el 1º de febrero de 1993 (fls. 229 y ss.). En consecuencia, como la prescripción de la acción se produjo el 31 de agosto de ese año, no le era imputable esa dilación del proceso ocurrida durante los 4 años y seis meses anteriores.

Además, no se advierte el interés de la funcionaria llamada en garantía de favorecer al sindicado en el proceso penal, como lo afirma el demandante. Solo extremó las garantías de defensa para adoptar la decisión de fondo, lo cual resultaba innecesario si se tiene en cuenta que ya se habían practicado suficientes pruebas y que el sindicado tuvo oportunidad suficiente de controvertirlas.

Por lo tanto, aunque se considere que el Estado incurrió en falla del servicio por la dilación injustificada del proceso, no hay lugar a condenar a la llamada en garantía porque no se acreditó que esta hubiera actuado con culpa grave o dolo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 30 de enero de 1997 y, en su lugar, se decide:

1. DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Nación-Rama judicial-Consejo Superior de la Judicatura, por falla en el servicio de administración judicial, que consistió en la dilación injustificada de términos en el proceso penal adelantado contra el señor Pedro Corredor Forero, en el cual se constituyó parte civil el señor Hernando Rodríguez Ruiz.

2. CONDÉNASE a la Nación-Rama judicial —Consejo Superior de la Judicatura— a pagar al señor Hernando Rodríguez Ruiz, por concepto de perjuicios materiales la suma de ocho millones cuatrocientos cuarenta y un mil setenta y nueve pesos M.L. ($ 8.441.079) y por perjuicios morales, la suma de diez millones setecientos cuarenta mil pesos M.L. ($ 10.740.000).

3. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

4. ABSUÉLVESE a la llamada en garantía Dínora María Ferrer.

5. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 del 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la demandante serán entregadas al apoderado judicial que la ha venido representando.

6. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.».

(1) “De conformidad con el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo en concordancia con el Decreto 2652 de 1991, la representación judicial de la Nación —Rama judicial— para los efectos de las actuaciones judiciales contencioso administrativas en las que se encuentre comprometida la voluntad de aquella por actos, actuaciones o vías de hecho de sus funcionarios, corresponde al Ministerio de Justicia. De otro lado, la representación judicial de la Nación-Rama judicial en los aspectos administrativos y de gestión económica y contractual relativos a la misma, seguirá en cabeza de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, según lo dispone el numeral 4º del artículo 15 del Decreto 2652 de 1991”. Providencia del 5 de septiembre de 1996, expediente 12.087. En el mismo sentido, auto del 23 de enero de 1997, expediente 12.520.

(2) De acuerdo con la reforma introducida al artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, por el 49 de la Ley 446 de 1998, tanto el director ejecutivo de administración judicial como el Fiscal General de la Nación pueden representar judicialmente a la Nación.

(3) Por ejemplo, en relación con los actos de los secuestres que ocasionaran grave deterioro a los bienes o la sustracción de títulos o bienes que se encontraran bajo la custodia de las autoridades judiciales. Sentencias del 10 de noviembre de 1967, expediente 868; 31 de julio de 1976, expediente 1808 y del 24 de mayo de 1990, expediente 5451. Se distinguía entre la responsabilidad derivada de la administración de justicia, que se asimiló a la responsabilidad administrativa por falla del servicio y la derivada del error judicial, para considerar, en relación con la última, que solo generaba responsabilidad personal del funcionario judicial, en razón del principio de la cosa juzgada. No obstante, la Sala Plena de la corporación, en sentencia del 16 de diciembre de 1987, expediente R-01, admitió que había lugar a la responsabilidad del Estado cuando el funcionario judicial, aún en el ejercicio de sus funciones acudiera a una vía de hecho y causara lesión a una de las partes, sus apoderados, un auxiliar de la justicia o un tercero.

(4) En un asunto similar al que es objeto de esta decisión, se demandó la reparación de los perjuicios sufridos con el retardo de la administración de justicia en adelantar el proceso penal iniciado con base en la denuncia formulada por la demandante, retardo que dio lugar a que se declarara la prescripción de la acción penal. Dijo la Sala en esa providencia: “es verdad jurídica que en el derecho colombiano el Estado no responde en los casos en que el juez procede con dolo, fraude o abuso de autoridad, o cuando omite o retarda injustificadamente una providencia o el correspondiente proyecto, o cuando obra determinado por error inexcusable (...) El legislador optó por manejar la problemática (...) con la filosofía que informa la culpa personal y no con la que inspira y orienta la falta o culpa del servicio. Esta realidad explica que corresponda al juez responder con su propio patrimonio, y, por lo mismo, indemnizar el daño”. En su aclaración de voto el consejero Carlos Betancur Jaramillo precisó que “el funcionamiento moroso o tardío del servicio, tendrá que verse dentro de esta perspectiva, con criterio restrictivo, porque no deberá predicarse esa posible falla, en relación con un Estado ideal, con un servicio de justicia dotado de todos los medios y auxilios científicos y técnicos que merece y requiere. La falla del servicio tiene así que estudiarse consultando la realidad; y si dentro de esta la falla reviste especial y excepcional gravedad, nada impide que resulten comprometidos el juez y el Estado colombiano”. Para el consejero Gustavo de Greiff Restrepo, la falta de justificación del retardo en la administración de justicia “necesariamente implica una falla en la prestación del servicio de justicia, quizá el más sagrado, el más necesario, el más delicado en una sociedad que se precie organizada”.

(5) Esa norma dispone: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

(6) CIDH. Detención arbitraria, diez años de actividad. 1982, pág. 320. Citado por Daniel O''Donel. En: Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 2004, págs. 306-307 y 442.

(7) Perfecto Andrés Ibáñez y Claudio Movilla Álvarez. El poder judicial. Madrid, Edit. Tecnos, 1986, pág. 358.

(8) No obstante, sobre este criterio existe controversia en la doctrina. Por ejemplo, Montero Aroca considera que “Todo incumplimiento de los plazos debe dar lugar a declarar la existencia de un funcionamiento anormal de la administración de justicia, sin que ello signifique sin más el derecho a la indemnización, pero por la razón distinta de que puede o no puede haber existido daño o perjuicio”. Responsabilidad civil del juez y del Estado por la actuación del poder judicial. Madrid, Edit. Tecnos, 1988, pág. 35.

(9) Por ejemplo, el deterioro de un vehículo puesto a disposición de un juzgado penal, que no se entregó al secuestre sino que se ordenó su remisión a un patio donde permaneció a la interperie por un período prolongado. Sentencia del 3 de junio de 1993, expediente 7859; el embargo de un vehículo, que no era propiedad del demandado, decretado por un juez dentro de un proceso ejecutivo, y que permaneció varios años secuestrado, a pesar de que era fácil verificar la propiedad o posesión del bien. Sentencia del 4 de diciembre de 2002, expediente 12.791.

(10) “Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías y de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe todo cuanto esté a su alcance”. Sentencia del 15 de febrero de 1996, expediente 9940.

(11) Sentencia del 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232 y 15.646.

(12) “... la acción de repetición se define como el medio judicial que la Constitución y la ley le otorgan a la administración pública para obtener de sus funcionarios o ex funcionarios el reintegro del monto de la indemnización que ha debido reconocer a los particulares como resultado de una condena de la jurisdicción de lo contencioso administrativo por los daños antijurídicos que les haya causado. Para que la entidad pública pueda repetir contra el funcionario o ex funcionario, es necesario que concurran los siguientes requisitos: (i) que una entidad pública haya sido condenada por la jurisdicción contencioso administrativa a reparar los antijurídicos causados a un particular; (ii) que se haya establecido que el daño antijurídico fue consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario o antiguo funcionario público; (iii) que la entidad condenada haya pagado la suma de dinero determinada por el juez en su sentencia. Por último, es importante resaltar que la acción de repetición tiene una finalidad de interés público como es la protección del patrimonio público el cual es necesario proteger integralmente para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado social de derecho, como lo señala el artículo 2º de la Constitución Política. Si el legislador no hubiese creado mecanismos procesales para poder vincular a los funcionarios con el objeto de determinar si su conducta dolosa o gravemente culposa es la causa de la condena impuesta por el juez a la entidad, el Estado se encontraría sin herramientas para la defensa de la integridad de su patrimonio y para preservar la moralidad pública. Sentencia de la Corte Constitucional C-832 de 2001, mediante la cual declaró la exequibilidad condicionada de la expresión “contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad”, contenida en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo “bajo el entendido de que el término de caducidad de la acción empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4º del Código Contencioso Administrativo”.

(13) No desconoce la Sala que el numeral 1º del artículo 71 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, para efectos de la responsabilidad personal de los funcionarios y empleados judiciales, presume la culpa grave o el dolo frente a la negativa arbitraria o el incumplimiento injustificado de los términos previstos en la ley procesal para el ejercicio de la función de administrar justicia o la realización de actos propios de su oficio, salvo que hubiere podido evitarse el perjuicio con el empleo del recurso que la parte dejó de interponer. No obstante, esa norma no es aplicable en el caso concreto porque no estaba vigente al momento de ocurrir el hecho objeto de este proceso.

____________________________________