Sentencia 13551 de marzo 18 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

AUTOAVALÚO COMO COSTO FISCAL

SE ANULA LA CONDICIÓN PREVISTA EN EL NUMERAL 2º DEL ARTÍCULO 7º DEL DECRETO 326 DE 1995

EXTRACTOS: «Se demandó la nulidad del numeral 2º del artículo 7º del Decreto Reglamentario 326 del 20 de febrero de 1995, el cual se transcribe a continuación destacando el numeral y el aparte acusado:

“ART. 7º—Requisitos para aceptar el avalúo como costo. Para que los autoavalúos o avalúos mencionados en el artículo precedente puedan ser utilizados como costo fiscal en la enajenación de inmuebles, se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que el inmueble enajenado constituya activo fijo para el contribuyente, de acuerdo con el artículo 60 del estatuto tributario.

2. Si se trata de autoavalúo, el valor que se utilice como costo fiscal debe ser el mismo denunciado en la declaración del impuesto predial unificado y en la declaración del impuesto de renta y complementarios correspondientes al año gravable anterior al de la enajenación.

3. Si se trata de avalúo formado, el valor que se utilice como costo fiscal debe ser el mismo denunciado en la declaración del impuesto de renta y complementarios correspondiente al año gravable anterior al de la enajenación.

4. Para los fines previstos en los numerales 2º y 3º que anteceden, no se tendrán en cuenta las modificaciones a los avalúos o autoavalúos consignadas en las correcciones, adiciones o modificaciones a las declaraciones de renta y del impuesto predial unificado correspondientes al año anterior al de la enajenación.

5. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios sujetos al régimen de ajustes integrales por inflación, deben incrementar el costo a que se refiere el presente artículo con los ajustes realizados sobre el correspondiente avalúo o autoavalúo, declarando como contrapartida un ingreso en la cuenta de corrección monetaria fiscal.

PAR. 1º—Los requisitos previstos en los numerales 2º y 3º del presente artículo no serán exigidos a los contribuyentes que demuestren no estar obligados a presentar las correspondientes declaraciones de renta o del impuesto predial unificado.

PAR. 2º—La opción a que se refiere este artículo es sin perjuicio de la facultad que tienen los contribuyentes para determinar el costo fiscal de los activos fijos con base en lo dispuesto en los artículos 69, 70 y 73 del estatuto tributario.

PAR. TRANS.—Para los fines señalados en el numeral 2º del presente artículo, se tendrán en cuenta las modificaciones a las declaraciones del impuesto predial unificado correspondientes al año gravable de 1994, siempre que hayan sido presentadas a más tardar el 22 de diciembre de dicho año.

(...).

Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad del numeral 2º del artículo 7º del Decreto Reglamentario 326 del 20 de febrero de 1995, expedido por el Gobierno Nacional, específicamente si la partícula “y” contenida en la norma acusada, restringe el alcance de la disposición superior.

El demandante considera que se contraviene el texto del artículo 72 del estatuto tributario, de acuerdo con la modificación de que fue objeto por el artículo 4º de la Ley 174 de 1994 y cuyo texto es el siguiente:

“ART. 72.—Avalúo como costo fiscal. El avalúo declarado para los fines del impuesto predial unificado, en desarrollo de lo dispuesto por los artículos 13 y 14 de la Ley 44 de 1990 y 155 del Decreto 1421 de 1993, y los avalúos formados o actualizados por las autoridades catastrales, en los términos del artículo 5º de la Ley 14 de 1983, podrán ser tomados como costo fiscal para la determinación de la renta o ganancia ocasional que se produzca en la enajenación de inmuebles que constituyan activos fijos para el contribuyente. Para estos fines, el autoavalúo o avalúo aceptable como costo fiscal, será el que figure en la declaración del impuesto predial unificado y/o declaración de renta, según el caso, correspondiente al año anterior al de la enajenación. Para este propósito no se tendrán en cuenta las correcciones o adiciones a las declaraciones tributarias ni los avalúos no formados a los cuales se refiere el artículo 7º de la Ley 14 de 1983”.

Cuando un contribuyente enajena un bien que hace parte de sus activos fijos, el precio de venta que percibe constituye un ingreso constitutivo de renta o ganancia ocasional de acuerdo con los artículo 26 y 299 y ss. del estatuto tributario. Según dispone el artículo 71 ibídem, para determinar la utilidad en la enajenación de inmuebles, al precio de venta se le resta el costo fiscal.

Los contribuyentes tienen varias opciones previstas en la ley, para determinar el costo fiscal de los predios que sean activos fijos y se enajenen durante el año gravable.

El artículo 69 del estatuto tributario señala que el costo fiscal de los inmuebles se determina por el precio de adquisición o el valor patrimonial que aparezca en la declaración de renta del año gravable anterior, más el IPC correspondiente al período comprendido entre el primero de octubre del año anterior al gravable y la misma fecha del año anterior a este, más el costo de las construcciones, mejoras reparaciones locativas no deducidas y contribuciones por valorización.

A su vez el artículo 73 ibídem determina el costo fiscal de los bienes raíces ajustando su costo de adquisición, por el incremento porcentual de la propiedad raíz registrado entre el 1º de enero del año en que se adquirió el bien y el 1º de enero del año en el que se enajena.

Adicionalmente, y conforme al artículo 72 ibídem, transcrito anteriormente y citado por el demandante, es posible fijar como costo fiscal de los bienes inmuebles que enajenen dentro del año gravable y que constituyan activos fijos, el valor de los autoavalúos declarados para efectos del impuesto predial (1) , así mismo, los avalúos formados o actualizados por las autoridades catastrales (2) .

Las anteriores posibilidades, constituyen alternativas para el contribuyente declarante, de reportar como costo fiscal el valor que resulte de alguno de los tres métodos de valuación de los inmuebles, como lo reafirma el artículo 71 del estatuto tributario al señalar que:

“Para determinar la utilidad en la enajenación de bienes inmuebles que tengan el carácter de activos fijos, se restará al precio de venta el costo fiscal, establecido de acuerdo con las alternativas previstas en este capítulo” (destaca la Sala).

Si el declarante opta por tomar como costo fiscal el valor de los avalúos catastrales o el autoavalúo para fines del impuesto predial, el artículo 72 impone limitaciones al señalar:

“Para estos fines, el autoavalúo o avalúo aceptable como costo fiscal, será el que figure en la declaración del impuesto predial unificado y/o declaración de renta, según el caso, correspondiente al año anterior al de la enajenación. Para este propósito no se tendrán en cuenta las correcciones o adiciones a las declaraciones tributarias ni los avalúos no formados a los cuales se refiere el artículo 7º de la Ley 14 de 1983”.

La primera de estas limitaciones —que la Sala examinará por ser el punto de discusión en el proceso— señala que avalúo o autoavalúo debe figurar en la declaración del impuesto predial y/o en la declaración de renta del año anterior al de la enajenación.

Las partes discrepan del alcance de la expresión “y/o” contenida en el artículo 72 del estatuto tributario. Para el demandante, las dos conjunciones permiten que en cada caso, se utilice la cifra que aparezca en una de las dos declaraciones o en ambas, si coinciden, pero sin que ello sea obligatorio. Por el contrario, la Nación estima que la presencia de la conjunción “y” se refiere a los contribuyentes obligados a declarar renta e impuesto predial en el año anterior al de la enajenación del bien, caso en el cual el valor del inmueble debe coincidir en las dos liquidaciones tributarias.

El uso de la barra “/” suele resultar ambiguo, porque a veces se utiliza para separar y otras para unir (3) , sin embargo, en el presente caso, tiene una función disyuntiva, es decir, plantea la alternativa de utilizar en algunos eventos la conjunción “y” y en otros la conjunción “o”, como se pone de manifiesto en la norma al disponer que el valor debe figurar en la “declaración del impuesto predial unificado y/odeclaración de renta, según el caso”.

En consecuencia, el decreto reglamentario demandado al excluir la disyuntiva “o” y señalar, que tratándose de autoavalúo el valor debe ser el mismo tanto en la declaración de renta como de predial del año anterior, está excediendo la previsión legal que permite tomar como costo fiscal el valor que aparezca en cualquiera de las declaraciones (renta o predial) o en ambas, cuando estas coinciden.

Ahora bien, la determinación del valor real que debió declararse en cada caso corresponderá a la fiscalización que se ejerza y de allí resultará el costo fiscal válido.

La interpretación de la entidad demandada impediría la posibilidad de modificar la forma de valuación de los inmuebles en años posteriores, lo cual es contrario a la previsión del inciso segundo del artículo 73 del estatuto tributario que expresamente dispone:

“Cuando el contribuyente opte por determinar el costo fiscal de los bienes raíces, aportes o acciones en sociedades, con base en lo previsto en este artículo (4) , la suma así determinada debe figurar como valor patrimonial en sus declaraciones de renta, cuando se trate de contribuyentes obligados a declarar, sin perjuicio de que en años posteriores pueda hacer uso de la alternativa prevista en el artículo 72 de este estatuto, cumpliendo los requisitos allí exigidos” (resalta la Sala).

Esta disposición expresamente admite que en un año se tome como valor patrimonial del inmueble, para efectos del impuesto sobre la renta, el costo de adquisición ajustado por el incremento porcentual de la propiedad raíz —el cual podría no coincidir con el autoavalúo declarado para efectos del impuesto predial—; sin perjuicio que en el año siguiente establezca el valor patrimonial tomando el autoavalúo o avalúo catastral.

Lo anterior implica, la posibilidad legal de que en el año anterior a la enajenación, el valor aceptable como costo fiscal en los términos del artículo 72 ibídem sea el del autoavalúo o avalúo catastral que figure en la declaración del impuesto predial, sin que este valor necesariamente figure como valor patrimonial en la declaración de renta, toda vez que para estos efectos pudo valorarse el bien acudiendo a otros sistemas aceptados por las normas tributarias.

Por las razones expuestas, el reglamento contraría textos legales al disponer que para aceptar como costo fiscal el autoavalúo, el valor denunciado en la declaración del impuesto predial debe ser el mismo que aparece en la declaración de renta, pues las normas superiores no establecieron tal limitación.

En consecuencia, la Sala declarará la nulidad del numeral 2º del artículo 7º del Decreto 326 de 1995, pues, aunque el actor solicitó la nulidad de la partícula “y” contenida en esta disposición, en su demanda acusó la totalidad del numeral. Por tanto, debe aplicarse el artículo 72 del estatuto tributario, modificado por el artículo 4º de la Ley 174 de 1994, que es la norma legal vigente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE la nulidad de la expresión del numeral 2º del artículo 7º del Decreto 326 del 22 de febrero de 1995, cuyo texto es el siguiente:

“2. Si se trata de autoavalúo, el valor que se utilice como costo fiscal debe ser el mismo denunciado en la declaración del impuesto predial unificado y en la declaración del impuesto de renta y complementarios correspondientes al año gravable anterior al de la enajenación”.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase».

(Sentencia de marzo 18 de 2004. Expediente 13.551. Consejera Ponente: Dra. Ligia López Díaz).

(1) La Ley 44 de 1990 en sus artículos 14 y 15 señalan los parámetros para fijar el autoavalúo catastral de los inmuebles, en aquellos municipios que decidan establecer la declaración anual del impuesto predial unificado. El artículo 155 del Decreto 1421 de 1993, señala la obligación de liquidar el impuesto predial con base en el autoavalúo que establezca el contribuyente, en el Distrito Capital de Bogotá.

(2) El artículo 4º de la Ley 14 de 1983, compilado en el Decreto Extraordinario 1333 de 1986, artículo 174, señala la forma de determinar el avalúo de los predios a cargo de las autoridades catastrales.

(3) Manual de redacción de El Tiempo. 3ª edición, 1995, pág. 131. Cadavid Misas, Roberto “Argos”. Gazaperas gramaticales. Colección de periodismo. Ed. Universidad de Antioquia 2ª Edición, pág. 67.

(4) Se refiere al ajuste del costo de adquisición por el incremento porcentual del valor de la propiedad raíz.

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