Sentencia 13574 de febrero 12 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 25000-23-27-000-2001-9596-01-13574

Consejero Ponente:

Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié

Actor: Frosst Laboratories Inc. c/ La DIAN.

Bogotá, D.C., febrero doce de dos mil cuatro.

Tributos aduaneros-IVA implícito

Fallo

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte demandada, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, el 29 de agosto de 2002, estimatoria de las súplicas de la demanda instaurada por la sociedad Frosst Laboratories Inc., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la actuación administrativa mediante la cual fue negada la solicitud de liquidación oficial de corrección para efectos de devolución, por la exclusión del IVA implícito de los productos clasificados en la partida arancelaria 30.04, objeto de importación.

Antecedentes

La sociedad Frosst Laboratories Inc., presentó el 16 de junio de 2000, declaración de importación 0901401069819-4, en relación con los medicamentos de nombre genérico “alendronato de sodio” y “losartan potásico”, clasificados en la partida arancelaria 30.04, indicando que estaban gravados con el IVA a la tarifa del 2% (fl. 36, cdno. ppal.).

La demandante solicitó por escrito, el 31 de agosto de 2000, ante la división de liquidación de la Administración Especial de Aduanas de Bogotá, la liquidación oficial de corrección sobre la mencionada declaración de importación con el fin de que se liquidara un menor valor por concepto de tributos aduaneros, concretamente por el IVA implícito cancelado en exceso, al considerar que los productos importados se encontraban comprendidos en la excepción a la que alude el parágrafo 1º del artículo 424 del estatuto tributario y que en consecuencia se ordenara la devolución de lo pagado por tal concepto que asciende a la suma de $ 7.860.556 (fl. 1, cdno. a).

Por medio de la Resolución 03-064-192-654-27488 de diciembre 22 de 2000, la administración negó la solicitud de liquidación de corrección de la declaración de importación, por considerar que los argumentos y pruebas presentadas no desvirtuaban la obligatoriedad del IVA implícito para los bienes importados y no se encontraban dentro de las causales establecidas por la norma para formular liquidación oficial de corrección (fl. 36 cdno. ppal.).

Interpuesto el recurso de reconsideración contra la resolución antes mencionada, este fue decidido por la división de liquidación de la administración mediante la Resolución 03-072-193-6201-5985 de marzo 16 de 2001, confirmando el acto recurrido (fl. 58, cdno. ppal.).

La demanda

Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la sociedad actora solicitó, por intermedio de apoderado, la nulidad de las resoluciones mencionadas y a título de restablecimiento del derecho que se declare que la liquidación correcta de los tributos aduaneros de la declaración de importación es de $ 35.729.802, que se ordene la devolución de la suma de $ 7.860.556 debidamente actualizada y con sus correspondientes intereses y que se condene en costas a la demandada.

Como normas vulneradas con el proceder demandado invocó los artículos 2º, 150 de la Constitución Política; 2º del Código Contencioso Administrativo; 470 del Decreto 2685 de 1999; 43 de la Ley 488 de 1998; 264 de la Ley 223 de 1995; 3º del Decreto 2085 de 2000, cuyo concepto de violación desarrolló así:

Consideró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas por error en su motivación debido a la equivocada interpretación que dio la demandada al IVA implícito, cuando sostuvo que se aplica por partida arancelaria y no por producto individualmente considerado. Si se acude a tal interpretación, todo producto que sea susceptible de clasificarse en una subpartida arancelaria, a la cual el Decreto 1344 de 1999 le asoció tarifa promedio implícita, se encuentra sujeto a dicho gravamen, aun en el caso en que se acredite que con relación a dicho producto la oferta no satisface la demanda interna. Esta posición es contraria al artículo 43 de la Ley 488 de 1998 que establece en forma expresa la excepción en el sentido de “aquellos productos cuya oferta sea suficiente para atender la demanda interna”, de lo que se advierte con claridad que el legislador excluyó a los productos individualmente considerados y no a las partidas y subpartidas.

La interpretación que dio la demandada no es válida porque conduce de un lado, a afirmar que el Decreto 1344 de 1999 reglamentó en su totalidad el IVA implícito, aun la excepción; pero la realidad es que tal excepción fue reglamentada por el Gobierno Nacional en el artículo 3º del Decreto 2085 de 2000, de conformidad con el cual se aplica por producto o bien específico y no por partida o subpartida y de otro lado, implica que la excepción al IVA implícito se aplica tanto a la subpartida, de acuerdo al Decreto 1344 de 1999, como al producto, de conformidad con el Decreto 2085 de 2000, es decir, que los productos importados por la demandante estarían gravados por el primer decreto y desgravados por el segundo, interpretación que viola el artículo 150 de la Carta Política que señala la competencia privativa del Congreso para el establecimiento de las contribuciones fiscales.

Manifestó que el concepto 048809 del 24 de mayo de 2000 emitido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales fue desconocido en los actos acusados, porque en el mismo, con relación a la figura del IVA implícito, se indicó que la entidad competente para certificar la insuficiencia de la oferta para atender la demanda interna es la dirección general de comercio exterior del Ministerio de Comercio Exterior, antes asignada al Incomex y que la certificación debe referirse al producto en forma concreta y no a la partida con el fin de que la norma cumpla su finalidad; no obstante tal interpretación oficial, se advirtió que en las resoluciones acusadas se acudió a argumentos y razones sin base alguna con el objeto de impedir la aplicación del mismo, con lo que se quebrantó el artículo 264 de la Ley 223 de 1995, relativo a la obligatoriedad de los conceptos.

Indicó que la demandada vulneró el artículo 2º de la Constitución Política y el 2º del Código Contencioso Administrativo, cuando para negar el derecho de la actora exigió procedimientos inexistentes, acudió a formalismos extremos y a argumentaciones distantes del sentido común.

Estimó que al negarse la solicitud de liquidación oficial de corrección y de devolución del IVA implícito pagado en exceso, se violó el artículo 470 del Decreto 2685 de 1999 que ha sido interpretado por la DIAN en forma reiterada, en el sentido de que del mismo surge el derecho del interesado para solicitar y la obligación para la administración de expedir, los actos necesarios dirigidos a que la determinación de las cargas impositivas sobre una operación de importación se encuentran ajustadas a la normatividad que sea aplicable.

Contestación a la demanda

La apoderada de la entidad demandada argumentó en defensa de la legalidad de los actos acusados lo siguiente:

Estimó en cuanto al presunto error en la motivación, que no es que la DIAN considere caprichosamente que las mercancías clasificadas en la partida arancelaria 30.04 deban pagar el IVA implícito, sino que así lo han entendido la generalidad de los declarantes de las mercancías incluidas en el Decreto 1344 de 1999 cuando lo declaran, autoliquidan y pagan, además no le es dado a la administración cambiar el universo de los productos gravados que ya consideró el Gobierno Nacional en el aludido decreto, porque se estaría violando la ley.

Precisó que el arancel de aduanas es de obligatorio cumplimiento y los códigos arancelarios hacen parte de tales disposiciones.

Consideró que de acuerdo con lo que precisó la corporación en la sentencia que resolvió la nulidad parcial del Decreto 1344 de 1999, es diferente la ausencia de producción, que es lo que intenta probar el accionante, de la insuficiencia para atender la demanda interna, que es lo que la norma dispone, para efecto de acceder al beneficio de excepción que trae el artículo 1º del parágrafo 1º del artículo 424 del estatuto tributario. Además esta disposición fue explicada por la DIAN mediante la Circular 16 de agosto de 1999 en la que se indica que “las importaciones efectuadas a partir del 26 de julio de 1999 de los bienes señalados en el artículo 424 del estatuto tributario se encuentran gravadas con la tarifa señalada en el Decreto 1344 de 1999” con las excepciones allí indicadas.

Sostiene con relación al concepto jurídico 048809 de mayo 24 de 2000, que en el caso en estudio no se cumplieron los presupuestos legales para que operara la excepción de que trata el artículo 424 del estatuto tributario, pues la misma se aplica a los productos cuya oferta sea insuficiente para atender la demanda interna y en la certificación que se allegó al proceso se hace referencia al producto que no tiene registrada producción nacional.

Argumenta que del análisis expuesto se colige que la demandada al expedir los actos acusados lo hizo bajo la aplicación juiciosa de las normas que regulan la materia, sin que pueda señalarse que se hubiera realizado un pago en exceso, en tanto que se liquidaron en forma correcta los tributos aduaneros.

La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B” mediante sentencia de fecha 29 de agosto de 2002, declaró la nulidad de las resoluciones acusadas y a título de restablecimiento del derecho, dispuso que los productos “alendronato de sodio” y “losartan potásico”, se encontraban excluidos del impuesto a las ventas por el año 2000 y en consecuencia ordenó a la demandada reintegrar las sumas canceladas por tal concepto con sus respectivos intereses moratorios.

Lo anterior, por considerar que el artículo 424 del estatuto tributario, modificado por el artículo 43 de la Ley 488 de 1998, no solo hace relación a una serie de bienes que se encuentran excluidos del IVA, sino que además prevé que cuando se trate de importación, la misma se encuentra gravada con una tarifa implícita en el costo de producción de los mismos bienes en el territorio nacional, salvo los productos cuya oferta sea insuficiente para atender la demanda interna; medida que busca la protección de los productores nacionales de bienes elaborados con menores costos de producción, que competirían, por tal circunstancia, en condiciones inferiores en el mercado interno, lo que afectaría la libre competencia y la estabilidad de la industria nacional, como lo señaló la Corte Constitucional cuando se pronunció sobre la exequibilidad de la norma.

De conformidad con la descripción de la mercancía que se indica en la declaración de importación y con la constancia expedida por el director médico de la demandante, los medicamentos importados se clasifican en la partida arancelaria 30.04, por lo que en principio estarían gravados con el IVA implícito del 2% salvo que encuadren en la excepción contenida en el parágrafo 1º del artículo 43 de la Ley 488 de 1998 de que trata el artículo 1º del Decreto 1744, es decir que se trate de productos cuya oferta sea insuficiente para atender la demanda interna. Para tal efecto la norma es clara cuando se refiere al producto individualmente considerado y no a la partida o subpartida del arancel de aduanas en la que pueda ser clasificado, tal como lo señaló la DIAN en el concepto 048809 de mayo 24 de 2000.

Para establecer lo que es oferta insuficiente no puede acudirse a la definición contenida en el artículo 3º del Decreto 2085 de 2000 porque fue declarada nula en sentencia de marzo 15 de 2002, expediente 11634. Consejero ponente Germán Ayala Matilla (sic), por lo que debe estarse a lo que define la Corte Constitucional, quien indica que la oferta insuficiente se presenta cuando la demanda interna por un bien o un servicio es superior a las cantidades producidas localmente, dando lugar a una escasez de la mercancía y a un incremento del precio.

El recurso de apelación

Inconforme con la decisión del tribunal, la parte demandada por conducto de apoderada judicial interpuso recurso de apelación, en el que insistió en la legalidad de los actos administrativos acusados.

Sostuvo que la tarifa del IVA implícito que debía cancelarse por la importación de los medicamentos “alendronato de sodio” y “losartan potásico”, de la partida 30.04, era la señalada por el Decreto 1344 de 1999, porque tal norma fue expedida previo estudio de la suficiencia o insuficiencia de la producción para atender la demanda nacional y en tal oportunidad estableció la “demanda insuficiente”. De esta manera, al estar determinada por mandato legal, la tarifa del IVA implícito aplicable para la importación de mercancías de dicha partida arancelaria, esta era la que debía cancelar el importador, como en efecto lo hizo.

Consideró que en virtud del principio de legalidad debía acudirse al Decreto 1344 de 1999, pues su legalidad no ha sido controvertida con respecto a la partida en cuestión. Si la demandante consideró que al ser expedido el decreto no se tuvo en cuenta la suficiencia de la oferta para atender la demanda interna respecto de los productos clasificados en la partida arancelaria 30.04, ha debido demandarlo en cuanto gravó tales bienes, tal como se hizo respecto de otros productos, entre ellos, los de la partida arancelaria 10.05 que gravó la importación de maíz y fue declarada nula en sentencia 9895 del 6 de octubre de 2000.

Estimó que resulta improcedente la devolución a la sociedad actora de los dineros cancelados por concepto de IVA, en tanto que no solicitó su exención en la declaración de importación, ni aportó en ese momento la prueba que acreditara tal derecho, pues de este solo pretendió hacer uso hasta el 30 de agosto de 2000, fecha en la que radicó la solicitud de liquidación oficial de corrección y en este sentido ya se pronunció el Consejo de Estado en sentencia de marzo 8 de 2000 expediente12198.

Alegatos de conclusión

La parte actora precisó que no se trata de establecer si el Decreto 1344 de 1999 goza de legalidad o no, o si la tarifa promedio implícita liquidada y pagada por la sociedad se encuentra o no contemplada en dicho decreto, sino que el debate jurídico se centra en determinar si la oferta de los productos importados, es insuficiente para satisfacer la demanda nacional y si tal hecho se encontraba debidamente acreditado por medio de los certificados del Ministerio de Comercio Exterior y en consecuencia se enmarcaban dentro de la excepción de que trata el parágrafo 1º del artículo 43 de la Ley 488 de 1998.

Estimó que no era viable contemplar la posibilidad de solicitar la nulidad del decreto, en tanto que lo que pretendía era hacer efectivo un derecho particular en referencia a una declaración de importación individualmente considerada.

Consideró que es procedente la devolución de los dineros pagados por concepto de IVA implícito pues se está ante la presencia del pago de lo no debido, generado en un error cometido al momento de la elaboración de la declaración de importación que surgió ante la ambigüedad de criterios relacionados con el tema.

La parte demandada reitera los argumentos expuestos a lo largo del debate.

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

Consideraciones de la Sala

Corresponde decidir sobre la legalidad de la actuación administrativa mediante la cual la Administración de Aduanas de Bogotá, rechazó la solicitud de liquidación de corrección de la declaración de importación, por medio de la cual la actora pretendió el reconocimiento de la excepción al IVA implícito consagrada en el parágrafo 1º del artículo 43 de la Ley 488 de 1998 para la importación de los medicamentos de nombre genérico “alendronato de sodio” y “losartan potásico”, clasificados en la partida arancelaria 30.04.

El problema jurídico a resolver se concreta en determinar si como lo afirma la sociedad actora, se encontraban demostrados en su totalidad los presupuestos que hacían viable el reconocimiento en mención y la devolución de la suma pagada por tal concepto con fundamento en la declaración de importación 09014010699819-4 de junio 16 de 2000 o si como lo sostiene la demandada, no procede la excepción del IVA implícito.

Al respecto proceden las siguientes consideraciones:

El artículo 43 de la Ley 488 de 1998, por el cual se modificó el artículo 424 del estatuto tributario, dispuso:

“ART. 424.—Bienes que no causan el impuesto. Los siguientes bienes se hallan excluidos del impuesto y por consiguiente su venta o importación no causa el impuesto a las ventas. Para tal efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria Nandina vigente:

Partida arancelariaDenominación de la mercancía
... 
30.04Medicamento (con exclusión de los productos de las partidas 30.03, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta por menor.

“PAR. 1º—La importación de los bienes previstos en el presente artículo estará gravada con una tarifa equivalente a la tarifa general del impuesto sobre las ventas promedio implícita en el costo de producción de bienes de la misma clase de producción nacional, con excepción de aquellos productos cuya oferta sea insuficiente para atender la demanda interna”.

“Para efectos de la liquidación y pago del impuesto sobre las ventas por las importaciones de esta clase de bienes, el Gobierno Nacional deberá publicar la base gravable mencionada en el inciso anterior aplicable a la importación de cada bien, teniendo en cuenta la composición en su producción nacional” (resalta la Sala).

En desarrollo de esta norma, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1344 de 1999, que en su artículo 1º estableció la tarifa promedio implícita aplicable a la importación de los bienes señalados en el artículo 424 del estatuto tributario, entre ellos, los medicamentos clasificados en la partida arancelaria 30.04, a los que asignó una tarifa del 2%, además de la comprobación previa de que tales bienes no se encontraban en la situación de excepción a que alude el parágrafo 1º del artículo transcrito, es decir, que la producción nacional era insuficiente para atender la demanda interna.

Conviene advertir sobre la existencia de antecedentes que evidencien por parte del Gobierno Nacional, el incumplimiento respecto de la comprobación previa de la situación en las circunstancias que la norma describe, que permiten la aplicación de la excepción al gravamen en mención, en relación con cada uno de los productos gravados con el IVA implícito.

Es así como en las sentencias de mayo 12 de 2000, expediente 9873 consejero ponente Daniel Manrique Guzmán; octubre 6 de 2000, expediente 9895, consejero ponente Julio Enrique Correa; febrero 8 de 2000, expediente 11864 consejero ponente Juan Ángel Palacio Hincapié; agosto 29 de 2002, expediente 12007 y septiembre 5 de 2002, expediente 11894, consejera ponente María Inés Ortiz Barbosa; septiembre 4 de 2003, expediente 13553, consejera ponente Ligia López Díaz, se declaró la nulidad del artículo 1º del Decreto 1344 de 1999, en cuanto gravó con el IVA promedio implícito la importación de los productos clasificados en las partidas arancelarias 10.05 (maíz), 10.04 (avena), 38.08 (plaguicidas e insecticidas), 31.02, 31.03, 31.04, 31.05 (abonos minerales y otros), 23.09 (preparaciones utilizadas para alimentación de animales), 30.04 (medicamentos).

En todos los procesos mencionados, los demandantes demostraron que la producción nacional de los bienes importados, era insuficiente para abastecer el mercado interno y que por consiguiente, operaba la excepción prevista en la ley; lo que ha permitido a la sala fijar su criterio en relación con el Decreto 1344 de 1999, en el sentido de indicar que según la ley, para gravar las importaciones, la autoridad debió previamente establecer el suficiente abastecimiento en el mercado nacional, con el fin de hacer efectiva la intención del legislador, que no es otra que la protección de la producción nacional frente a las importaciones de los mismos bienes amparados por el beneficio fiscal de la exclusión del gravamen, por lo que no puede soslayarse la comprobación de la condición prevista en la misma ley para que sean exceptuados los bienes cuya producción nacional sea insuficiente.

Con lo anterior, por el simple hecho de encontrarse vigente el Decreto 1344 de 1999 a la fecha en que la actora realizó las importaciones, no puede reconocerse la legalidad de la actuación administrativa acusada, puesto que de acuerdo con los antecedentes anotados, el derecho a la excepción del IVA promedio implícito reclamado por la demandante, surge directamente de la ley y no del decreto que se limita a fijar la base gravable y tarifa aplicables, porque los presupuestos fácticos que hacen viable el beneficio de la excepción del gravamen, están contenidos en la norma superior.

Ahora bien, en el presente asunto está demostrado que los productos con nombre genérico “alendronato de sodio” y “losartan potásico”, clasificados en la partida arancelaria 30.04, no tienen producción nacional registrada en el Ministerio de Comercio Exterior, de lo que dan cuenta los oficios 007842 de abril 24 de 2000 del Incomex (fls. 100 a 102 cdno. ppal.) y 2-2000-16485 S de junio 28 de 2000 del Ministerio de Comercio Exterior (fl. 103, cdno. p.), expedidos a solicitud de Frosst Laboratories Inc., por medio de oficio radicado el 4 de abril de 2000 (fl. 99, cdno. ppal.), en los que se indica:

“Respecto a los productos que a continuación se relacionan no se tiene producción nacional registrada, para lo cual se aclara que los productos son registrados con sus nombres técnicos o genéricos y no con sus nombres comerciales.

Nombre genéricoSubpartida arancelaria
8. Losartan potásico 50 mg30.04.90.29.90
20. Alendronato sódico, Msd 10 mg30.04.90.29.90

“El registro como productor nacional no es de carácter obligatorio, por lo tanto pueden existir en el país empresas que producen los anteriores productos y no se encuentren inscritos en el Ministerio de Comercio Exterior. Por tal motivo el concepto se emite con respecto a la existencia de los productos registrados ante ese ministerio, independientemente de los volúmenes de producción”.

De acuerdo con lo visto, en el caso bajo análisis, ciertamente como razonó el a quo, se cumple con la exigencia prevista en el parágrafo 1º del artículo 424 para que proceda la excepción del IVA implícito, toda vez que en virtud de la certificación emitida por la autoridad competente, se encuentra probada la insuficiencia de la producción nacional de los medicamentos para atender la demanda interna, ya que si los productos de que se trata, no tienen producción nacional registrada, tal situación implica que no hay una oferta interna suficiente para satisfacer la demanda de los productos objeto de importación.

En lo que hace referencia al contenido de la declaración de importación para efecto de obtener la exención solicitada, al momento en el que debe presentarse la certificación y a la improcedencia de la devolución del IVA implícito cancelado por la actora, bien puede acudirse a lo que consideró la Sala en anterior oportunidad(1), al resolver un asunto en el cual se presentó un problema jurídico de idéntica naturaleza al que ahora se plantea en el que se pronunció en los siguientes términos:

“En conclusión, la existencia de una norma superior de la cual emana directamente el derecho a la excepción del IVA implícito; los antecedentes que ponen de manifiesto los vicios de ilegalidad del Decreto 1344 de 1999 y las pruebas que obran en el proceso, son elementos que no pueden desconocerse, so pretexto de no haberse indicado en las declaraciones de importación “el fundamento de la exención” como esta previsto en el artículo 22 del Decreto 1909 de 1992, o no haberse allegado en dicha oportunidad la prueba pertinente, como lo pretende la recurrente, pues sobre tales formalidades prevalece el derecho sustancial, en cumplimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 228 de la Carta Política, toda vez que existe la facultad de corregir, y la demandante bien podía efectuar la corrección en su favor, determinando su derecho a la exención, cumpliendo como lo hizo, todos los requisitos que señalan las normas aduaneras aplicables.

Acerca de la improcedencia de la devolución del IVA implícito cancelado por la actora con ocasión de las declaraciones de importación, que sustenta la recurrente en que las certificaciones mediante las cuales se pretende hacer valer el beneficio de la excepción al gravamen, fueron expedidas y allegadas con posterioridad a la presentación de dichas declaraciones, la Sala en la sentencia donde se decidió acerca de la demanda de nulidad instaurada contra el concepto 029500 de 10 de abril de 2001, expedido por la división de normativa y doctrina tributaria de la DIAN, donde se pretendía sentar la tesis jurídica según la cual: “Solamente concede derecho a devolución y/o compensación el impuesto sobre las ventas pagado en forma improcedente o que conforme a la ley goce de tal beneficio”, precisó que del parágrafo 1º del artículo 43 de la Ley 448 de 1998: “no surge como condición para la exclusión que el importador obtenga o haya solicitado previamente una certificación emanada de entidad oficial, simplemente el tratamiento surge de la circunstancia de que la oferta sea insuficiente para atender la demanda interna” (2) .

Sobre la oportunidad probatoria se concluyó: “En efecto, de la normatividad interpretada no se desprende ninguna regulación probatoria acerca de la oportunidad en la que el importador debe acreditar el presupuesto de exclusión, como tampoco que la circunstancia de su no obtención o solicitud previa a la importación, tenga como consecuencia que se agote el derecho, ni colegirse que la causación del gravamen esté condicionada a la obtención o a demostración de la solicitud previa del certificado expedido por la dirección general de comercio exterior del Ministerio de Comercio Exterior, o que de no tramitarse previamente a la importación, surja que el bien importado está gravado y en consecuencia se pierda el derecho al tratamiento especial”.

De acuerdo con lo expuesto, procederá la Sala a confirmar la sentencia apelada en el sentido de considerar procedente en el presente caso la devolución del IVA implícito solicitada por la accionante, negando en consecuencia la prosperidad a los cargos en que se sustenta el recurso de apelación interpuesto.

Observa la sala que el tribunal incurrió en error de transcripción al hacer referencia en el numeral segundo del fallo impugnado a declaraciones de importación diferentes a la declaración de que trata el presente asunto que es la número 09014010699819-4 de junio 16 de 2000, por lo tanto la Sala modificará el numeral 2º para efectos de corregir dicha inconsistencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMANSE los numerales 1º, 3º, 4º y 5º de la sentencia de agosto 29 de 2002.

2. MODIFÍCASE el numeral 2º de la sentencia de agosto 29 de 2002, en consecuencia quedará así:

“A título de restablecimiento del derecho, se dispone que los productos “losartan potásico 50 mg y alendronato sódico” importados por la actora se encontraban excluidos del impuesto a las ventas por el año dos mil (2000). Como consecuencia de lo anterior la entidad demandada deberá reintegrar a la accionante la suma de siete millones ochocientos sesenta mil quinientos cincuenta y seis pesos moneda corriente ($ 7.860.556), según consta en la declaración de importación con autoadhesivo 09014010699819-4 de junio 16 de 2000 cancelada por ese concepto más los intereses moratorios”.

3. RECONÓCESE personería a la doctora Patricia del Pilar Romero Ángulo para representar a la Nación en los términos del poder que obra a folios 243.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

(1) Sentencia de septiembre 4 de 2003, Exp. 13553, C.P. Ligia López Díaz.

(2) Sentencia de agosto 2 de 2002, Exp. 12473, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

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