Sentencia 13582 de julio 16 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente

Dr. Jorge E. Córdoba Poveda

Aprobado acta Nº 78

Bogotá. D. C., dieciséis de julio de dos mil dos.

Vistos:

Se pronuncia la Corte respecto de la prescripción de la acción penal en el proceso que se adelanta contra Hugo Ferley Mosquera Gómez, José Antonio Correa Mosquera y Emanuel Gutiérrez Gaviria.

Hechos

Fueron relatados por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Quibdó de la siguiente manera:

“A. Hugo Ferley Mosquera Gómez, en su condición de gerente de la Electrificadora del Chocó S.A., celebró el 18 de enero de 1994, en esta ciudad, un contrato de obra por el sistema de contratación directa con José Antonio Correa Mosquera, quien se obligó a realizar, en el término de 30 días, todos los trabajos y actividades requeridas para la construcción de la línea eléctrica de interconexión de 13.200 voltios entre Playa de Oro del Pantano y La Molana municipio de Quibdó; y la empresa se obligó a suministrar todos los materiales que demandara la obra y a pagarle al contratista $ 12.500.000, suma que en efectivo recibió antes de iniciar la obra y $ 12.500.000 al momento en que entregara el trabajo a satisfacción, mediante un acta firmada entre las partes.

“B. El 6 de septiembre de 1994, Emanuel Gutiérrez Gaviria, quien para entonces se desempeñaba como jefe de la división técnica de la misma electrificadora y quien había sido designado por el aludido gerente como intenventor del contrato, firmó, junto con el contratista Correa Mosquera, el acta de recibo final del contrato en la que afirmaron que la obra se recibía a satisfacción, a sabiendas que tal hecho no era cierto, pues los trabajos que faltaban hacían inexistente el servicio de energía eléctrica para la comunidad de La Molana.

“C. Con esa acta de recibo final de la obra, el contratista le presentó a la electrificadora la cuenta de cobro por el restante 50% del precio convenido y con base en ella el gerente le pagó los restantes $ 12.500.000 pesos.

“D. Los materiales suministrados por la electrificadora para la elaboración del trabajo costaron $ 17.389.833 que sumados al precio pagado por el contrato $ 25.000.000 da un total de $ 42.389.833 cuando en realidad, según el experticio técnico, el valor total de la misma —incluidos mano de obra y materiales— no superaba los $ 10.863.500”.

Antecedentes

1. En estas condiciones, se adelantó proceso penal contra Hugo Ferley Mosquera Gómez, José Antonio Correa Mosquera y Emanuel Gutiérrez Gaviria.

El 30 de enero de 1996, la Fiscalía Delegada ante los jueces penales del circuito de Quibdó dictó resolución de acusación contra los sindicados, por los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, determinación que quedó ejecutoriada el 7 de marzo de 1996, cuando fue confirmada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de esta misma ciudad.

2. El Juzgado 2º Penal del Circuito de Quibdó, en decisión del 14 de junio de 1996, condenó a Hugo Ferley Mosquera Gómez, José Antonio Correa Mosquera y Emanuel Gutiérrez Gaviria a la pena de 3 años de prisión por el delito de falsedad ideológica en documento público de que trataba el artículo 219 del Decreto 100 de 1980, (que preveía una pena entre tres (3) y diez (10) años de prisión), no sin antes decretar la nulidad parcial a partir del cierre de investigación en lo referente al delito de celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, ordenando que, por separado, se investigara y calificara debidamente.

Apelado el fallo, fue confirmado integralmente por el Tribunal Superior de Quibdó, el 14 de abril de 1997 concediéndose el subrogado de la condena de ejecución condicional.

Oportunamente, el defensor del procesado Hugo Ferley Mosquera Gómez interpuso el recurso de casación y presentó la respectiva demanda, motivo por el cual se remitieron las diligencias a esta corporación.

3. Corrido el traslado de ley a la procuraduría delegada en lo penal, ésta emitió el concepto de rigor.

La Corte considera

Sería del caso emitir el fallo de casación respectivo de no encontrarse que la acción penal se ha extinguido por el fenómeno de la prescripción. En efecto:

1. Con la entrada en vigencia del nuevo ordenamiento penal (L. 599/2000) se produjo un cambio sustancial en cuanto al método para calcular el lapso de prescripción de la acción penal en la etapa de juzgamiento, cuando se trata de delitos cometidos dentro del país, por un servidor público en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasión de ellos.

Una interpretación sistemática de los artículos 80, 82 y 84 del Código Penal derogado (D. 100/80) y 83 y 86 del vigente (L. 599/2000), llevan a las siguientes conclusiones:

1.1. En ambos, el aumento de la tercera parte se aplica de manera autónoma tanto en el sumario como en el juicio.

1.2. En los dos, interrumpido el término prescriptivo de la acción penal, con la ejecutoria de la resolución de acusación o su equivalente, éste comenzará a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del máximo señalado en la ley (arts. 80 del C. Penal derogado y 86 del actual).

1.3. En ambos estatutos el lapso prescriptivo no puede ser inferior a cinco (5) años (arts. 80 y 83, respectivamente).

1.4. En el Decreto 100 de 1980, para calcular el término de prescripción en la etapa de juzgamiento, primero se dividía por dos el máximo de la pena privativa de la libertad previsto en la ley y luego se aumentaba la tercera parte, lo que significaba que si, por ejemplo, ese máximo era de ocho años, se dividía por dos, lo que daba cuatro. Como el resultado era inferior a cinco (5) años, entonces se aumentaba a ese guarismo, y a éste se le incrementaba la tercera parte, lo que daba seis (6) años y ocho (8) meses.

Este método de contabilización traía como consecuencia que cuando se trataba de delitos cometidos dentro del país por servidores públicos en ejercicio de sus funciones o de su cargo o con ocasión de ellos, el lapso de prescripción de la acción penal en el juicio, nunca podía ser inferior a seis (6) y ocho (8) meses.

En el nuevo Código Penal (L. 599/2000), al tenor de los incisos 1º y 5º del artículo 83, al máximo de la pena privativa de la libertad previsto en la ley, primero se le suma la tercera parte y luego si se divide por dos.

En el ejemplo, partiendo de un máximo de ocho años (96 meses), se aumentará una tercera parte, lo que nos dará 128 meses que al dividirse por dos, dará un guarismo de 64 meses, esto es, cinco (5) años y cuatro (4) meses.

Como se observa, este segundo procedimiento de cálculo es más favorable al procesado, por lo que se deberá aplicar.

2. En el caso que ocupa la atención de la Sala, si consideramos que la resolución de acusación proferida en contra de Hugo Ferley Mosquera Gómez, José Antonio Correa Mosquera y Emanuel Gutiérrez Gaviria quedó ejecutoriada el 7 de marzo de 1996 y que si bien es cierto el máximo de pena fijado para el delito de falsedad ideológica por el artículo 219 del Decreto 100 de 1980 era de diez (10) años de prisión, debe tenerse en cuenta, para efecto del principio de favorabilidad, el monto señalado en el artículo 286 de la Ley 599 de 2000, que oscila entre cuatro (4) y ocho (8) años de prisión, lo que lleva a concluir que el lapso de la prescripción de la acción penal, en la fase de juzgamiento, es de cinco (5) años y cuatro (4) meses, que ya transcurrieron, por lo que se impone la declaratoria de tal fenómeno procesal y, en consecuencia, se dispondrá la cesación del proceso seguido contra los mencionados acusados, por punible de falsedad ideológica en documento público.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. DECLARAR que la acción penal por el delito de falsedad ideológica en documento público al que se contrae este expediente, y en el que aparecen como procesados Hugo Ferley Mosquera Gómez, José Antonio Correa Mosquera y Emanuel Gutiérrez Gaviria, se encuentra prescrita.

2. En consecuencia, se dispone la cesación del proceso.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.

SALVAMENTO DE VOTO

No creo que el Código Penal adoptado por la Ley 599 de 2000 y vigente desde el pasado 24 de julio de 2001 contenga un cambio normativo que justifique la nueva posición de la mayoría de la Sala acerca de la forma de contabilización del término de prescripción durante la etapa del juicio para acusados que lo han sido por haber delinquido en ejercicio de la función pública.

Tanto en el Código Penal de 1980, como en el actual la redacción es la misma. Cambio la forma, pero no el fondo. Simple y llanamente lo que eran artículos independientes en el anterior (80, 81 y 82) se convirtieron en incisos de un solo artículo en el actual. El inciso 1º del artículo 83 del Código Penal era el mismo inciso del artículo 80 anterior. Solo se le agregó una salvedad para incluir un término prescriptivo mayor para los delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura y desplazamiento forzado.

El inciso 5º del artículo 83 del actual código era el mismo artículo 82 del anterior. No hay allí ninguna variación de fondo en esa redacción, ni siquiera en la ordenación. Si la norma es la misma, la interpretación ha debido mantenerse. No se trata de un cambio normativo, sino de uno jurisprudencial. Pero la mayoría de la Sala no entrega ninguna razón suficiente para variar su postura. Lo que ofrece es una excusa —el cambio normativo— inexistente.

Esta nueva posición hermenéutica termina prohijando, hacia atrás —como en este caso concreto— o hacia el futuro como en muchos otros, impunidad en delitos contra la administración pública. Eso, en una sociedad en la que en uno de los pocos temas en los que hay consenso es en la percepción de altos niveles de corrupción en el manejo de la cosa pública, no deja de ser, por lo menos, paradójico, y por mi parte extremadamente lamentable.

A ello se agrega que la intención declarada del legislador, reseñada en la exposición de motivos presentada al Congreso Nacional y en otros documentos como informes y ponencias que la acogieron fue explícita: en materia de prescripción ninguna propuesta modificatoria había y se “mantenían las reglas actuales”. Entonces en este proceso no debió declararse la extinción de la acción penal y esa la razón para haber salvado el voto.

Con todo respeto,

Carlos Eduardo Mejía Escobar 

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