Sentencia 13583 de mayo 4 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

TRABAJADOR QUE NO SE REINCORPORA LUEGO DE ORDEN DE REINTEGRO

EL TIEMPO CESANTE SIGUE SIENDO TIEMPO DE SERVICIOS

EXTRACTOS: «El criterio mayoritario de esta corporación en relación con los efectos del reintegro previsto en el numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965 se orienta a considerar que entre el momento del despido que da origen a la acción correspondiente y aquel en que se materializa el reintegro, no hay solución de continuidad y por tanto en ese interregno la relación laboral produce en general todos los efectos que son propios de la vigencia de la misma.

El tribunal en sentido estricto parte de ese entendimiento cuando analiza el mecanismo que da lugar a la reanudación de la relación de trabajo y concluye que es la prestación del servicio y no simplemente la sentencia que dispone el reintegro. También la demandada acepta aquel entendimiento jurisprudencial y por ello, tal como lo dice el mismo tribunal, da por terminado el contrato invocando para ello la falta de prestación del servicio por la trabajadora, al no presentarse para formalizar el reintegro. Por eso, no se trata ahora de estudiar lo atinente a la continuidad o no del vínculo laboral en la situación descrita, sino de determinar si es acertada o no la comprensión del tribunal sobre el acto en sí que concreta esa continuidad.

Los hechos, que como es natural en un cargo por la vía directa no se encuentran en entredicho, muestran que la demandante comenzó a trabajar el 9 de julio de 1962, lo hizo inicialmente hasta el 4 de agosto de 1974, adelantó un proceso ordinario que dispuso su reintegro mediante sentencia del 8 de marzo de 1982, no se presentó a trabajar y la demandada terminó el contrato por tal motivo el 17 de mayo de 1983. No se discute tampoco, lo cual es trascendente y determinante de la situación ventilada en este preciso caso, que la empleadora fue la que terminó el contrato el 17 de mayo de 1983 y que reconoció los salarios hasta entonces, lo que permitió la aceptación de la excepción de pago en el proceso ejecutivo que se adelantó entre las partes.

Para el tribunal la relación jurídica no se reanudó después del 4 de Agosto de 1974 porque no hubo reintegro debido a la actitud de la demandante y para el censor ese vínculo, a pesar de tal conducta, se extendió hasta el 17 de mayo de 1983.

La orientación mayoritaria de esta Sala ha entendido que la sentencia judicial por la cual se ordena el reintegro conlleva como consecuencia básica, la continuidad del vínculo laboral, que naturalmente se entiende vigente con la correspondiente declaración, sin perjuicio de lo que pueda suceder a partir de tal momento por las conductas que asuman las partes frente a la misma. Es decir, al declararse que está vigente el contrato de trabajo, en forma expresa o tácita, su desarrollo siguiente es el que corresponde a una relación normal de trabajo, lo cual significa que si el reintegro no se concreta por causa imputable al empleador, él deberá asumir de todos modos las consecuencias de una relación laboral vigente, pero si quien impide el reintegro, por acción u omisión, es el trabajador, deberá afrontar las consecuencias propias del incumplimiento de sus obligaciones naturales como parte de una relación jurídica que se encuentra en desarrollo.

Así lo entendió la demandada, que por tal motivo procedió a invocar el incumplimiento de la demandante de su obligación de prestar el servicio como causa de su decisión de terminar el contrato, y encuentra la Sala que ese entendimiento es el correcto, pues no es admisible que una decisión judicial, la de reintegro, deje de producir efectos jurídicos por la sola conducta de una de las partes, que es a lo que conduce lo concluido por el tribunal cuando señala que el contrato no se reanudó y por ello lo tiene por terminado en el momento del primer despido producido en 1974.

Ahora, si como se ha dicho, independientemente de la conducta de las partes la sentencia de reintegro produce sin efectos jurídicos y ellos se materializan en la vigencia de la relación laboral como lo ha enseñado la jurisprudencia mayoritariamente, tal consecuencia irradia en todos los estadios de la relación laboral, en principio. Por ello se entiende que genera la causación de verdaderos salarios e incide en las prestaciones de orden patronal y en las de la seguridad social.

Dentro de tal orden de ideas, es consecuente concluir que el tiempo transcurrido después del despido sucedido el 4 de agosto de 1974, hasta cuando se produjo el segundo despido en mayo 17 de 1983, forma parte de la duración total de la relación laboral que ligó a las partes y por tanto es susceptible de ser contabilizado para los efectos pensionales, con la advertencia de que la sola ausencia al trabajo por parte de la trabajadora no genera la suspensión del contrato, aunque pueda ser materia de alguna medida disciplinaria, y por ello no se presenta aquí la hipótesis prevista en el artículo 53 del Código Sustantivo del Trabajo que autoriza el descuento del tiempo de la suspensión del contrato dentro de la contabilización del que se toma para la causación de la pensión de jubilación.

Se tiene entonces que efectivamente el tribunal erró en el entendimiento que le dio al numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965 y ello condujo a la violación del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo en torno del cual la demandante construye todas sus aspiraciones.

El cargo prospera y por tanto habrá de casarse la sentencia acusada en cuanto revocó las condenas de primer grado de pensión de jubilación y de los servicios médico asistenciales, y en sede de instancia, se tiene en cuenta que, de acuerdo con lo señalado en el estudio de casación, la relación laboral en efecto tuvo una duración mayor a los 20 años, por lo que corresponde confirmar la determinación del a quo debido a que el único aspecto que fue cuestionado en la sentencia que es materia del quebrantamiento, es precisamente el de la duración de la relación laboral».

(Sentencia de casación, mayo 4 de 2000. Radicación 13.583. Magistrado Ponente: Dr. Germán G. Valdés Sánchez).

_____________________________