Sentencia 13598 de diciembre 5 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

TÉRMINO PARA NOTIFICAR EL REQUERIMIENTO ESPECIAL

SUSPENSIÓN CUANDO SE PRACTICA INSPECCIÓN TRIBUTARIA

EXTRACTOS: «El tribunal decretó la nulidad de la actuación por considerar que el requerimiento especial fue extemporáneo, toda vez que no se suspendió el término con ocasión del auto de inspección tributaria.

De conformidad con el artículo 705 del estatuto tributario, el término para notificar el requerimiento especial es de dos años contados desde la fecha de vencimiento del término para declarar, sin embargo, tratándose de las declaraciones del impuesto sobre las ventas y retención en la fuente, el artículo 705-1 ibídem dispuso lo siguiente:

“ART. 705-1.—Término para notificar el requerimiento en ventas y retención en la fuente. Los términos para notificar el requerimiento especial y para que queden en firme las declaraciones del impuesto sobre las ventas y de retención en la fuente, del contribuyente, a que se refieren los artículos 705 y 714 del estatuto tributario, serán los mismos que correspondan a su declaración de renta respecto de aquellos períodos que coincidan con el correspondiente año gravable”.

De acuerdo con esta disposición, en el presente caso, referido a la declaración del impuesto sobre las ventas del sexto bimestre de 1996, deberá atenderse el mismo término para notificar el requerimiento especial que rige para la declaración de renta y complementarios del año gravable 1996, esto es, desde el vencimiento del plazo para declarar, que de acuerdo con el decreto 2300 de 1996 fue el 11 de abril de 1997, por tratarse de un gran contribuyente.

El artículo 706 del estatuto tributario permite la suspensión del término para notificar el requerimiento especial cuando se practique inspección tributaria o durante el mes siguiente a la notificación del emplazamiento para corregir.

En lo que tiene que ver con la suspensión del término por la práctica de la inspección tributaria, esta disposición sufrió una modificación con la Ley 223 de 1995, en relación con el lapso durante el cual se entiende suspendido el término y frente al momento en que se inicia su contabilización.

Antes de la vigencia de la Ley 223 de 1995 la jurisprudencia de esta corporación reiteró que el lapso de suspensión del término para notificar el requerimiento era mientras durara la inspección tributaria, máximo por tres meses, lapso que empezaba a correr a partir de la fecha en que efectivamente se practique. No bastaba la notificación del auto que ordena la inspección para que operara la suspensión (1) .

(1) En este sentido entre otras las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta del 4 de noviembre de 1994, Exp. 5735, M.P. Jaime Abella Zarate; del 31 de marzo de 2000, Exp. 9794, M.P. Daniel Manrique Guzmán, o del 2 de noviembre de 2001, Exp. 12370, M.P. María Inés Ortiz Barbosa.

Con la modificación contenida en el artículo 251 de la Ley 223 de 1995, el texto del artículo 706 del estatuto tributario señala lo siguiente:

“ART. 706.—Suspensión del término. El término para notificar el requerimiento especial se suspenderá:

Cuando se practique inspección tributaria de oficio, por el término de tres meses contados a partir de la notificación del auto que la decrete.

Cuando se practique inspección tributaria a solicitud del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, mientras dure la inspección.

También se suspenderá el término para la notificación del requerimiento especial, durante el mes siguiente a la notificación del emplazamiento para corregir”.

La Sala ha interpretado que con esta modificación legal, el lapso de suspensión del plazo para dictar el requerimiento especial ya no es el mismo que dure la inspección, sino el término fijo de tres meses, los cuales se empiezan a contar a partir de la fecha de notificación del auto que la decrete, como lo señala de manera expresa la norma, criterio que se mantiene vigente y por tanto se reitera en esta ocasión (2) .

(2) Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 8 de marzo de 2002, Exp. 12300, M.P Juan Ángel Palacio Hincapié, y del 3 de mayo de 2002, Exp. 12625, M.P Germán Ayala Mantilla, entre otras.

A pesar de lo anterior, la Sala hizo una salvedad a la anterior posición con base en el texto de la norma transcrita, para aquellos casos en los que se dicta el auto que ordena la inspección, pero esta no se practica efectivamente. Así en la sentencia 12.635 del 18 de abril de 2002, magistrada ponente Ligia López Díaz, citada por el tribunal para sustentar su decisión, esta corporación reiterando al criterio ya expuesto señaló lo siguiente:

“Para resolver la Sala considera que según el artículo 705 del estatuto tributario, el requerimiento especial “deberá notificarse a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar (...)” sin embargo, la ley prevé que el citado plazo puede ser suspendido “cuando se practique inspección tributaria de oficio por el término de tres meses contados a partir del auto que la decrete”, según lo dispone el artículo 706 ibídem. Lo cual implica que la suspensión del término no es por el lapso que “dure la inspección”, sino por el término fijo de tres meses, contados a partir del auto que la decrete.

Ahora bien, para la Sala la suspensión del término para notificar el requerimiento especial, opera solamente cuando existe realmente una inspección tributaria, pues resulta perfectamente claro que mientras los comisionados o inspectores no inicien las actividades propias de su encargo, no puede entenderse como es obvio, que hubiesen ejercido alguna “inspección” ni menos que hubiese empezado la suspensión del mencionado término.

Igualmente la expresión “se practique inspección tributaria”, implica que efectivamente se realice esta, al punto de no admitir distinciones que la propia norma no hace, ni interpretaciones extensivas del concepto de inspección” (resalta la Sala).

Para la Sala, la suspensión del término para proferir el requerimiento especial empieza a correr desde la fecha en que se notifique el auto que ordena la inspección tributaria, pero opera solamente cuando la diligencia se practica, para lo cual basta que dentro del período se realice al menos una prueba relacionada con la inspección, pues resulta claro que mientras los funcionarios comisionados o inspectores no realicen alguna actividad propia de su encargo, no puede entenderse como es obvio, que hubiesen efectuado la “inspección” ni menos que hubiese empezado la suspensión del mencionado término.

En el caso sub examine, esta situación no se presenta, pues la administración practicó efectivamente la inspección tributaria ordenada, por lo que el término de suspensión se cuenta desde el 9 de abril de 1999, fecha de notificación del Auto 310481999000065 del 8 de abril de 1999, mediante el cual se ordenó su práctica.

Consta en los antecedentes administrativos que obran en el expediente, que el 22 de abril de 1999, durante el trámite de la inspección, se remitió a la sociedad American Airlines Inc. sucursal Colombia el requerimiento ordinario 310481999000084 solicitando una serie de informaciones relacionadas con la investigación, el cual fue respondido el 7 de mayo de 1999 (fls. 5 a 33 del cdno. de antecedentes).

También obra comunicación de la sociedad actora dirigida al funcionario comisionado para la inspección tributaria remitiendo información en medio magnético (fl. 64 del cdno. de antecedentes).

Adicionalmente, obra el acta de inspección tributaria, la cual se suscribió el 9 de julio de 1999 (fl. 73 del cdno. de antecedentes).

Por lo anterior, el tribunal se equivocó al señalar que la inspección tributaria tuvo lugar hasta el 12 de julio de 1999 (3) , pues como se indicó, en el expediente constan las diligencias adelantadas por los funcionarios comisionados y que constituyen la inspección tributaria practicada con anterioridad a esa fecha.

(3) Al parecer el tribunal equivocadamente le asignó al acta a la fecha del requerimiento especial 00071, con base en el sello que aparece en su primera página, pero que corresponda al mismo número y fecha del requerimiento. No tuvo en cuenta la fecha en la que el funcionario suscribió el acta.

La inspección tributaria es un medio de prueba que implica el examen directo por parte del fisco de lugares, personas, cosas o documentos para establecer la existencia de hechos gravables, sus características y demás circunstancias de tiempo modo y lugar. En ella se involucran otros medios de prueba como pueden ser la inspección contable, los testimonios, documentos, etc.

La expresión “constatación directa” no necesariamente implica que los funcionarios deban desplazarse a la sede del contribuyente para realizar la inspección tributaria, pues es viable que a través de otros medios de prueba se constate en forma directa la existencia de hechos gravados, como por ejemplo a través de testimonios, cruces de información con terceros, documentos, verificaciones, requerimientos, consagrados además de modo general en el artículo 684 del estatuto tributario, dentro de las “amplias facultades de fiscalización e investigación” (4) .

(4) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 7 de diciembre de 2000, Exp, 11080, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié. en el mismo sentido sentencia del 12 de diciembre de 2002, Exp. 13034, M.P. Ligia López Díaz.

Los artículos 779 y 782 también prevén la realización en el curso de la inspección, de la exhibición y examen parcial o general de los libros, documentos, comprobantes, tanto del contribuyente como de terceros legalmente obligados a llevar contabilidad, para “verificar la exactitud de las declaraciones o establecer la existencia de hechos gravados o no”.

Toda vez que, el plazo para la firmeza de la declaración del impuesto sobre las ventas del sexto bimestre de 1996 empezó a correr el 11 de abril de 1997, el término para proferir el requerimiento especial, contando el lapso de suspensión, concluyó el 11 de julio de 1999, que por ser domingo, se extendió hasta el primer día hábil, esto es el 12 de julio del mismo año.

En conclusión, la Sala revocará la sentencia de primera instancia, pues el requerimiento especial notificado el 12 de julio de 1999 fue oportuno».

(Sentencia de 5 de diciembre de 2003. Expediente 13.598. Consejera Ponente: Dra. Ligia López Díaz).

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